5×1: un proyecto que ataca la salud de los porteños

12.7.2018
 
La iniciativa del gobierno de Rodríguez Larreta conocida como Complejo Hospitalario Sur planea destruir 5 hospitales para erigir uno. Y generar un fenomenal negocio inmobiliario a costas de la salud de los porteños, de la pérdida de fuentes de trabajo y del avance en la privatización de la salud pública.
 
El gobierno porteño impulsa el proyecto del Complejo Hospitalario Sur. El mismo implica el cierre y traslado de cinco hospitales monovalentes a un único complejo ubicado en el predio que hoy ocupa el Hospital Muñiz.
El plan pretende trasladar los hospitales especializados de gastroenterología, Hospital Udaondo (Caseros 2061); de rehabilitación respiratoria, María Ferrer (Finochietto 849); de oncología, Marie Curie (Parque Centenario); y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP, en Núñez) al predio que hoy ocupa el Hospital Muñiz, especializado en enfermedades infectocontagiosas.
En estos terrenos de Parque Patricios, luego de demoler casi totalmente el hospital de enfermedades infectocontagiosas se construiría un nuevo hospital que albergaría a cinco. La Legislatura debe tratar el proyecto y de aprobarse se licitará su construcción en 2019.
Si el proyecto prospera, los lotes ocupados actualmente por los hospitales trasladados serían puestos a la venta para emprendimientos inmobiliarios. En su mayoría, se trata de terrenos en ubicaciones preferenciales y con un alto valor de mercado.
Sin garantías de continuidad laboral y ante el desabastecimiento de las instituciones, trabajadores de la salud, asociaciones gremiales y profesionales, vecinos y organizaciones sociales y políticas se están organizando en una multisectorial: “No al 5×1”.
Este jueves 12 de julio, marcharon del Hospital Muñiz al Ministerio de Salud porteño, en la avenida Amancio Alcorta al 2100.
“Este plan de 5 x 1 de reconversión hospitalaria, reconcentración, no significa ni más ni menos que una disminución de la oferta del servicio de salud público hacia la ciudad. Por otra parte va a significar una reducción de personal”, sostiene Luis Trombetta, médico infectólogo del Hospital Muñiz
Jorge Yabkowski, presidente de la FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) señala: “Esto que llaman modernización no es más que ajuste. Ajuste con exclusión estructural, con pérdida de derechos, ajuste que romperá los tradicionales servicios públicos de salud que tiene la Argentina para transformarlos en un mix público privado”… ni más ni menos que la implementación de la CUS (Cobertura Universal de Salud) que tanto la FESPROSA, como ATE y otros gremios y asociaciones profesionales denuncian que el gobierno quiere instalar.
Natalia Castrogiovanni de la Asociación de Profesionales del Servicio Social de la ciudad de Buenos Aires, en consonancia con Yabkowski señala: “Esto cierra para el macrismo en función del negocio inmobiliario y el negocio que implica la instalación de la CUS que no es más que la instalación de los seguros de salud en la Argentina y que implica la privatización del sistema sanitario”.
El legislador porteño Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad, integrante de la Comisión de Salud, señala que el proyecto debe ser aprobado en la Legislatura, cuestión que al oficialismo de Cambiemos no le ofrece dificultad ya que cuenta con mayoría propia y también tiene aliados como los legisladores de Evolución que responden a Martín Lousteau. Según Vilardo el oficialismo está midiendo fuerzas y viendo que reacción genera el proyecto, antes de avanzar. “El desafío es construir fuerza desde abajo y resistir este proyecto del oficialismo que va a atacar las fuentes de trabajo y seguir desfinanciando a la salud pública”, concluye el legislador.

Artistas callejeros denunciaron nuevamente la reforma del Código Contravencional porteño

11.7.2018

Continuó este martes con una nueva jornada de artistas la denuncia a la reforma contravencional de CABA que permite la represión al arte callejero.

De nuevo como en la semana pasada, la cuadra de la legislatura, Perú 160, se llenó de artistas callejeros, desde murgas hasta payasos, músicos y malabaristas, cantantes y bailarines, y muchos más que a diario pueblan las calles porteñas, en el subte, en las plazas, y que les permite también hacerse de un ingreso.

En particular, desde el escenario, la murga Escalada sin regreso se expresaron a favor del aborto legal, que próximamente nos tendrá en las calles para exigir su legalización y que se vote en el senado. También estuvo el EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y Músicos Organizados.

Como denuncia al igual que la semana pasada, Patricio del Corro, legislador de la ciudad por el PTS en el Frente de Izquierda, porque con la modificación que quiere hacer el intendente Larreta del código contravencional, los artistas pueden ir preso y hasta quitarles los instrumentos o elementos de trabajo. "Decimos con ellos el arte no es ningún delito. ¡¡Defendemos el derecho a trabajar y a cualquier manifestación artística!!".

Estuvieron presentes miembros de la Junta Interna de la Dirección General de Música, quienes llevaron su solidaridad:

Desde la Junta Interna de ATE de la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires queremos expresar nuestro más enérgico repudio al intento del ejecutivo de la Ciudad de reformar el Código Contravencional, lo que constituye un gravísimo ataque a nuestros artistas callejeros, trabajadores independientes y principales exponentes de la cultura en la calle. El proyecto incluye la categoría de “ruidos molestos” en la esfera pública, así cualquier actividad artística realizada en la calle puede considerarse un “ruido molesto”. También, a partir de esta reforma, las denuncias pueden ser anónimas. De esta manera se le da vía libre a las fuerzas represivas para arremeter contra cualquier artista que trabaje en una plaza, peatonal o cualquier otro espacio público. Otro punto de la reforma es el aumento de las multas que pueden ser de hasta 2 mil pesos y hasta 5 días de arresto. Por último, se puede incautar los elementos de trabajo de los artistas.

Esta es una estrategia para deshacerse de los trabajadores independientes, como hemos visto con los conflictos de los vendedores ambulantes de Once o los trabajadores Senegaleses en Flores que son perseguidos constantemente y muestran claramente el envalentonamiento de las fuerzas represivas en la Ciudad.
Frente a este avance arbitrario de la Comisión de Justicia se proponen asambleas abiertas, campañas en las redes sociales y manifestaciones en repudio a la reforma.

El arte callejero lejos de ser un delito o un “ruido molesto” es una expresión genuina y popular en la cual hay una gran riqueza y diversidad de manifestaciones artísticas. A su vez es un trabajo para muchas personas que todos los días tocan, cantan, actúan, bailan en diferentes espacios públicos.

Incluso el ataque va más allá e intenta penar a los trabajadores informales que tienen como único sustento limpiar vidrios de autos, o pegar carteles en la vía pública.

Como trabajadores de la cultura organizados apoyamos las medidas que se decidan contra este ataque a las libertades democráticas y convocamos el próximo martes 10 en la puerta de la legislatura (Perú 160) al festival a realizarse en el momento que traten la modificación en el recinto.

La jornada convocó a centenares de artistas, aquellos que a diario vemos musicalizar el trajín en el subte antes o después del laburo, que hacen de las plazas en los fines de semana un escenario al aire libre, o en las mismísimas veredas nos sorprenden con algo inesperado.

Mientras el ajuste no se detiene, Larreta se aumenta el sueldo un 34 % y ganará $ 150.000

11.7.2018

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, alcanzó la mejor paritaria del año en el marco de un ajuste imparable.

Se trata del Jefe de Gobierno porteño que mientras despide y ajusta a los trabajadores, logró una de las mejores paritarias en este 2018: su sueldo ya subió un 34% de forma interanual y alcanza los 150 mil pesos. Así, duplica el incremento dispuesto para el resto de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad que recibieron un 16% de aumento con excepción del vicejefe.

Los datos se conocieron por un relevamiento que realizo el diario matutino El Cronista, donde se destaca que el sueldo del Jefe porteño subió un 34,8% entre mayo del año pasado y mayo del 2018 al pasar de los 112 mil pesos a los 151 mil en 12 meses.
Los montos son en bruto. En total, el jefe de Gobierno pasó de percibir $58.389 de salario de bolsillo a $79.734,12. Supuestamente Larreta le había puesto un techo a los sueldos de los funcionarios para lograr un ahorro total de 0,22% del presupuesto pero parece que ante el plan de ajuste decidió diferenciarse ampliamente de los trabajadores que lo padecen.

Esto es así porque el sueldo del jefe de Gobierno está atado a los aumentos otorgados a los jueces del Tribunal Superior de Justicia porteño.
Es de un grado de cinismo brutal aumentarse el sueldo en momentos en el que el Gobierno avanza en un plan de ataque a las condiciones de trabajo, precarizando y despidiendo trabajadores en el ámbito público y privado además de una inflación que directamente influye sobre el bolsillo de los trabajadores a los que se les niega discutir paritarias libres y al nivel del costo de la canasta familiar.
El Gobierno de los ceos arroja migajas para el pueblo trabajador mientras en el bolsillo de los funcionarios se acumulan billetes para enriquecerse aún más.

Centro Gallego: El personal reclama el pago de sueldos desde noviembre

11.7.2018

Trabajadores de la institución realizaron una olla popular para pedir el pago de los haberes adeudados hace ocho meses, los aguinaldos y una deuda de años anteriores. También denunciaron el vaciamiento y la falta de suministros, producto de la actual gestión interventora.

Este mediodía, trabajadores del Centro Gallego realizaron una olla popular en la puerta del establecimiento para pedir el pago de los sueldos desde noviembre del 2017, los aguinaldos, y exigir la renuncia del actual interventor, Martín Moyano Barros.

Desde 2012, el centro se encuentra en situación de crisis económica, y fue intervenido en tres oportunidades.

Sobre la situación, Yolanda Guitian, enfermera por más de 25 años en el Centro Gallego, explicó: “Estamos acá, denunciando con esta olla popular, porque estamos hartos de falsas promesas, de las mentiras del interventor Moyano Barros. Hay funcionarios oficiales que deben salir a responder por qué están permitiendo el vaciamiento del Centro Gallego. Esos funcionarios son el ministro Jorge Triaca –que no desconoce la situación de que de 1500 trabajadores hayan quedado alrededor de 800, debido al vaciamiento y saqueo que está haciendo esta intervención-, del INAES, del Ministerio de Desarrollo Social, todo con la complicidad de una Comisión interna que responde a Héctor Daer, del gremio de la sanidad”.

Por su parte, María, que es también enfermera hace 8 años del lugar, dijo: “Ya no podemos vivir de esta manera. Estamos al límite. Con mil pesos por semana no llegamos. Muchos de los compañeros tienen situaciones críticas. En mi caso particular, tengo dos hijos, uno con discapacidad, y tratamos de salir adelante con esto que nos pagan. Esto viene desde noviembre. Son ocho meses sin recibir un sueldo completo”.

Además, denunciaron la falta de suministros, al punto de faltar jabón para el lavado de manos, antibióticos y analgésicos. “Hay pacientes con enfermedades crónicas que no tienen cómo afrontar sus tratamientos”, agregó María.

Por otra parte, Guitian advirtió que la intervención de Moyano Barros pretendía reactivar el hospital, sin embargo la situación empeoró. “Los trabajadores también estamos reclamando el saqueo a nuestro bolsillo, porque hace ocho meses que no nos pagan, ni los aguinaldos, más una deuda que quedó pendiente de años anteriores. Su única respuesta es intentar vender el centro al grupo Ribera Salud, denunciado en España por fraude y estafa, que dice querer comprar este establecimiento para que el hospital siga funcionando para los socios y trabajadores. Nosotros sabemos que es mentira, porque este grupo también administra la Fundación Favaloro, y hoy, 60 trabajadores de esa clínica están pidiendo su reincorporación. Si no pueden salvar a su  gente, menos van a venir acá a darnos una solución”.

Actualmente, el hospital cuenta con 4.000 socios que también reclaman la falta de médicos para su atención. “Están sufriendo estas penurias después de haber abonado por muchos años su cuota de afiliado”, expresó Yolanda.

Finalmente, sentenció: “Este hospital es necesario para la comunidad en esta gran ciudad, y reclamamos a los funcionarios que, si hay plata para la timba financiera, hay plata para sostener un hospital y ponerlo a funcionar en la red de hospitales públicos”.

Villa 31: anciana murió en incendio por desidia de Larreta y Edenor

11.7.2018

Rufalda tenía 90 años. Una vela prendió una frazada. Los vecinos intentaron salvarla pero los matafuegos que les entregó la Ciudad no andaban.

Rufalda Lescano era una vecina de la manzana 12 de la Villa 31. Tenía 90 años, padecía artrosis e iluminaba su casa con velas. Murió en las últimas horas atrapada en el incendio de su casa que se desató por una de esas velas.

La vivienda no tenía luz eléctrica, a pesar de haber efectuado reclamos a Edenor recurrentemente. La situación que vivía Rufalda cotidianamente ya habla de la desidia estatal. A esto se suma que los bomberos tardaron 40 minutos en llegar hasta el lugar. Los vecinos intentaron apagar el fuego como pudieron y descubrieron que no funcionaban 17 de los 20 extinguidores que el Gobierno de la Ciudad entregó a las familias.

“Se iluminaba con velas porque también sufría a Edenor, como muchos de nosotros… Y sí, mil veces llamamos a la empresa que nos ofrece parches cuando debería brindarnos una solución real, como también lo hacen la UGIS y la Secretaría de Integración Social y Urbana”, denunció el colectivo villero La Poderosa.

“Los villeros llamamos a los bomberos, que llegaron 40 minutos después de iniciado el fuego con un vehículo sin agua suficiente y ¡otro que estaba vacío, directamente! Pero no terminó ahí la trama de ciencia ficción, pues quisieron conectarse a una boca que no tenía presión. Entonces, pidieron los extinguidores con los que el gobierno proveyó a los vecinos relocalizados… 20 familias prestaron los suyos, pero funcionaban tres: ¡17 tragedias potenciales, y nos enteramos mientras apagábamos otra! Los propios vecinos sofocamos las llamas voraces que consumían la precaria vivienda, con arena de construcciones aledañas y agua de pozo, pero no alcanzó, porque Rufalda falleció abandonada dentro de su hogar”.

Cambiemos no hace más que favorecer las ganancias de las empresas y en particular, de las concesionarias de los servicios públicos. Mientras la población padece cada vez más duramente los efectos de los tarifazos y la inflación, la muerte de Rufalda es un lamentable nuevo ejemplo de la desinversión y el desprecio de las empresas y el Gobierno de la Ciudad por la vida de los más pobres.

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