El destape de la cana porteña

16.3.2019

Por Sebastián Ortega

Las postales de la Policía de la Ciudad reprimiendo en el distrito más rico de la Argentina ofrecen un panorama cada vez más violento de la crisis de Cambiemos. Pero el desborde represivo tiene causas políticas que remiten al nacimiento y devenir de la novel fuerza de seguridad. Un mapa de los conflictos, los intereses y los ajustes policiales al calor del año electoral.

La teoría del fruto del árbol envenenado es una doctrina jurídica que plantea la invalidez de toda prueba obtenida a partir de una acción ilegítima. Todo fruto que nazca de ese árbol indefectiblemente arrastrará consigo el veneno. En el caso de la Policía de la Ciudad, en 2008, la Legislatura porteña aprobó la ley de Seguridad Pública que abrió la posibilidad para que Buenos Aires pudiera tener su propia policía. Por miedo o pragmatismo, el deseo publicitado de una fuerza transparente fue corrompido por la decisión política de entregar la conducción de la Metropolitana (antecedente de la Policía de la Ciudad) a ex policías federales con prontuario, integrantes de las fuerzas durante la última dictadura militar, espías, o efectivos vinculados al robo de vehículos y desarmaderos ilegales.

Ese “pecado original” en la génesis de la policía porteña desterró para siempre el sueño de una fuerza de proximidad moderna y democrática, como demostraron las imágenes de las últimas semanas: represión a artesanos en pleno domingo de San Telmo, cita turística por excelencia; corridas y gases contra el verdurazo de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en Constitución, con palazos a periodistas y fotógrafos incluidos; entre otras.

 

El origen de la fuerza

 

Cuando surgió la policía porteña, entre sus 52 altos mandos el 82% fueron ocupados por ex funcionarios de la Federal. Nueve de ellos habían sido pasados a disponibilidad durante la purga encabezada por Néstor Kirchner a un año de asumir la presidencia. Mauricio Macri, por su lado, eligió a un viejo conocido suyo para comandar la Metropolitana: Jorge el “Fino” Palacios, quien había sido jefe de seguridad de Boca Juniors durante su gestión del club. El nuevo jefe de policía acumulaba acusaciones por complicidad en el encubrimiento del atentado a la AMIA, un procesamiento durante la represión policial de diciembre de 2001 y vínculos con un reducidor de autos que integraba la banda que secuestró y asesinó a Axel Blumberg.

El “Fino” Palacios abrió la puerta para que entraran con él una decena de ex federales ligados a la seguridad privada. En ese grupo figuraban dos nombres que se destacarían años después: Carlos Kevorkian, futuro jefe de la policía porteña, y Ricardo Raúl Ferrón, quien como jefe de la División Operaciones Especiales Metropolitana (DOEM) comandaría las represiones en el Parque Indoamericano, el Borda y la sala Alberdi. Hoy el accionar represivo contra la protesta social ya no está al mando de una figura como Ferrón, sino de la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD), que históricamente tuvo a su cargo la seguridad en los partidos de fútbol en la Ciudad y ahora se ocupa del control de la calle.

El “Fino” Palacios duró apenas un mes y medio en el cargo. Renunció en agosto de 2009, acorralado por las acusaciones de complicidad en el atentado a la mutual israelí y dos meses después fue preso en la causa por espionaje ilegal a opositores. En el allanamiento a su oficina encontraron la carta de renuncia donde enunciaba los ejes de una disputa silenciosa entre el poder policial y el poder político, que casi una década después todavía permanece abierta: “la falta de autarquía” para administrar el presupuesto, la prohibición de que la policía desarrolle sus propias investigaciones internas, el manejo operacional de la central de monitoreo de las cámaras de seguridad y “el control de las agencias de policía privada”.

Marcelo Saín sostiene que la policía es la institución clave de la “baja política”: los ojos, los brazos y los sentidos de la clase gobernante. Las internas en la fuerza amenazan hoy con hacerle perder al poder político ese control.

 

Convivencia forzada

 

“Vestir el uniforme de la Federal es un orgullo”, dice Victoria, sentada en un café a unas pocas cuadras de la comisaría porteña donde cumple funciones. Nadie en el bar puede pensar que es policía. Como integrante de la brigada recorre las calles de civil, con la 9 mm en la cintura, oculta debajo de la ropa, y el chaleco celeste que dice Policía de la Ciudad guardado en la mochila por si le toca intervenir en un allanamiento o una manifestación. “Por suerte no tengo que usar el de la Policía de la Ciudad, parecen empleados de las estaciones de servicio Axion o de Burger King”, se queja.

El traspaso de la estructura de la PFA a la ciudad de Buenos Aires era un viejo anhelo del PRO que Macri no pudo concretar mientras el kirchnerismo ocupó la Casa Rosada. Pero cuando llegó a la presidencia, el proceso se puso en marcha a toda velocidad. El 5 de enero de 2016, a menos de un mes del recambio de autoridades, firmó con su reemplazante en la Jefatura de Gobierno porteño el Convenio de transferencia progresiva de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales a la capital. Nueve días después la Legislatura porteña aprobó el Convenio en sesiones extraordinarias. “Mientras más se estiraran los plazos, más capacidad de resistir iban a tener la cúpula de la Federal y del Ministerio de Seguridad nacional”, explicó en voz baja un funcionario con despacho en Avenida Regimiento de Patricios 1142.

El proceso se diseñó en dos etapas. Durante el primer año convivieron la Metropolitana y la estructura de la Policía Federal transferida. A partir de enero de 2017 se fusionaron en una nueva y única fuerza: la Policía de la Ciudad. El traspaso incluyó la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, de la que dependían las 54 comisarías de la Ciudad, la Policía Montada, la Superintendencia de Bomberos, la Guardia de Infantería y parte de las áreas de Policía Científica y de Investigaciones (Homicidios, Robos y Hurtos, entre otras). Casi 19.000 de los 35.000 efectivos que tenía la PFA pasaron a vestir el uniforme bordó de la policía porteña. No se transfirieron únicamente recursos humanos y estructura. El gobierno nacional también giró ingentes fondos. Con el fin de “consolidar la organización y funcionamiento” de la seguridad pública el presidente firmó el decreto 194/2016 que llevó la coparticipación de la Ciudad de un 1,4% a un 3,75% en un abrir y cerrar de ojos.

Hoy, la convivencia al interior de la fuerza es un campo minado. Según su origen, cada linaje de efectivos tiene un apodo que expresa la bronca acumulada en un año y medio de convivencia forzada. Los federales traspasados desprecian a los “sangre sucia” o “traidores”: ex compañeros de armas que abandonaron la fuerza cuando estaba naciendo la nueva policía porteña. Mucho menos respetan a los “metropolitangas”, como catalogan a los policías formados en la nueva fuerza, a quienes consideran policías de segunda, sin formación ni capacidad para intervenir en situaciones de riesgo.

En esa mixtura también convive un grupo menor de efectivos que provienen de las fuerzas armadas o de otras fuerzas de seguridad federales o provinciales. “¿Qué diálogo puede tener con los vecinos un gendarme o un militar? ¿O un ‘pata negra’ (como suelen ser llamados los policías bonaerenses) acostumbrado a otro tipo de trato con la gente? Acá tratás a un vecino como si estuvieras en el Conurbano y se te arma un quilombo bárbaro”, se queja un federal traspasado.

 

La sangre en el ojo de los federales

 

El desguace de la PFA en la ciudad estuvo a cargo de Guillermo Calviño, cercano a Sergio Berni, que en enero de 2016 fue nombrado jefe de la Policía Federal en la Ciudad, cargo al que renunció un año después para asumir como asesor del Ministerio de Seguridad porteño. En enero de 2017, cuando se puso oficialmente en marcha la Policía de la Ciudad, José Potocar -hombre de confianza de Calviño- se convirtió en su primer jefe. “Tiene un legajo intachable”, explicó Rodríguez Larreta, y nadie desconfió. Potocar conocía el funcionamiento de la seguridad en la Ciudad. El policía con título de abogado y formación en el FBI pasó por varias comisarías porteñas y fue jefe de las circunscripciones I y III. Su último cargo en la Federal fue como jefe de la Dirección General de Comisarías (DGC). Desde ahí controlaba las 54 taquerías de la ciudad.

Los enfrentamientos subterráneos en la Federal ya habían tenido algunos rebotes en la superficie: en marzo de 2016 la interna se había llevado puesto al jefe de la Federal, Román Di Santo, enfrentado con el sector que lideraba Calviño. Calviño y Potocar sobrevivieron poco tiempo más. El 12 de mayo de 2017, apenas cuatro meses y medio después del nacimiento de la nueva policía, fueron detenidos acusados de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a comerciantes y trapitos en la zona de Núñez. En el Ministerio de Seguridad Porteño y en la Policía de la Ciudad muy pocos creen en la imparcialidad de la investigación que encabezó el fiscal José María Campagnoli. “A Calviño lo podían meter en cana por mil cosas, pero esa huele a operación”, dice una fuente del Ministerio porteño.

“Le prometieron un alto cargo en el Ministerio, él hizo el trabajo sucio y luego lo traicionaron”, cuenta el oficial primero Juan José Mármol, expulsado de la fuerza por liderar las movilizaciones de los transferidos que exigen volver a la Federal. Con la salida de Potocar, la Policía quedó acéfala. Durante cinco meses la dirección operativa estuvo a cargo del secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro, el hombre que detenta el control real de la fuerza. D’Alessandro, un peronista amadrinado por la jueza federal Servini de Cubría, desembarcó en la administración pública porteña de la mano del ex secretario de Seguridad Juan José Álvarez. Con la llegada del macrismo al poder se hizo cargo del Tribunal de Faltas de la Ciudad. En 2013 entró a la Cámara de Diputados de la Nación en las listas del massismo, cargo al que renunció dos años después, cuando el recién asumido Horacio Rodríguez Larreta lo convocó para asumir el control político de la nueva policía.

 

Una bomba a punto de estallar

 

El nuevo jefe Carlos Kevorkian, un histórico de la estirpe del Fino Palacios pero sin comando real sobre la tropa, duró apenas unos meses más que su antecesor. A poco de asumir, estalló el conflicto con los federales traspasados. El 26 de marzo de 2018 cientos de ex-federales se movilizaron a Casa Rosada para pedirle al presidente el regreso a la PFA. Después cruzaron hasta Legislatura y finalmente marcharon al departamento Central de la Federal. El listado de reclamos incluía la degradación de los agentes que provienen de la PFA y la "deshonra" de pasar a integrar a una "policía municipal". Pero no es todo. El conflicto tiene un trasfondo económico. Junto con el personal, la Federal también traspasó a la Ciudad los aportes jubilatorios de cada uno de los 18.227 efectivos. “Ahora Ciudad no nos hace los aportes. Y toda la plata que teníamos no está más”, dice Juan José Mármol, el vocero de los federales transferidos. Mármol saca varias hojas de una carpeta. Es la sábana de aportes de Anses. Hasta diciembre de 2016 figuran los aportes que cada mes le hacía la PFA. A partir de enero de 2017 el valor es de $0,00.

Durante meses el gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación ignoraron los reclamos. En abril, cerca de 800 de policías con el uniforme de la Federal -camisa, corbata y gorra- se formaron frente a la sede del gobierno porteño y cantaron el himno nacional. Después del escrache a Horacio Rodríguez Larreta el conflicto parecía encauzarse. Kevorkian abrió el diálogo con los policías disconformes y armaron una lista de 200 policías que serían reintegrados a la Federal. Pero el pacto nunca se cumplió. El 26 de junio, durante el partido Argentina-Nigeria por el mundial, una bomba casera explotó dentro de la comisaría 28 de Barracas. Los jefes adjudicaron el atentado a los policías rebeldes y suspendieron el diálogo. Veinte días después Kevorkian renunció a su cargo. El jefe de policía alegó motivos personales. Los policías transferidos lo celebraron como un triunfo propio.

 

Nadie pasa de esta esquina

 

Aunque el gobierno lo minimice, el reclamo de las bases con sus nuevos jefes políticos está lejos de saldarse. “Hoy no tenés ni un poli contento”, explica un efectivo transferido para graficar la relación. En el cálculo del gobierno, los disconformes no superan los 200. Para los voceros de los rebeldes se cuentan por miles. Marcelo Saín sostiene que la policía es la institución clave de la “baja política”: los ojos, los brazos y los sentidos de la clase gobernante. Las internas en la fuerza amenazan hoy con hacerle perder al poder político ese control.

Así como un "dejar hacer", el escándalo en la final de la Libertadores terminó de eyectar de la función pública al ex ministro de Justicia y Seguridad Martín Ocampo, personaje del riñón del influyente Daniel Angelici. El descontento de los que ponen el cuerpo en la calle se convierte en una olla a presión de cara a un año electoral.

En el gobierno porteño hoy prometen que no van a “transformar un reclamo social en un tema de seguridad”, pero aseguran que harán que “se respeten los derechos de todos”. Aunque, como quedó demostrado en las escenas de represión de las últimas semanas, ese “todos” incluya antes a los ciudadanos que reclaman el derecho a la libre circulación que a los que protestan en las calles. Incluso si para garantizarlo tengan que apalear, armar causas, y detener a trabajadores de prensa y de la economía popular. En un contexto de inflación y recesión y con la imagen del gobierno devaluada, la seguridad vuelve a ser el imán para retener al electorado.

 

Las y los artesanos de San Telmo continúan resistiendo

16.3.2019

Por Ignacio Marchini

Luego de la brutal represión del domingo pasado, las y los artesanos de la feria de San Telmo siguen exigiendo la legalización de sus puestos de trabajo y el cese de las hostilidades del gobierno y la Policía de la Ciudad. El conflicto se expande y la Feria de las Artes de Defensa también peligra.

Luego de los hechos del domingo pasado, cuando la Policía de la Ciudad reprimió a feriantes, turistas y a cualquiera que tuviera la mala suerte de encontrarse en el barrio porteño de San Telmo a esa hora de la tarde, los y las artesanas organizadas en Artesanos Unidos de la calle Defensa continúan presionando para que la jueza Tesone, a cargo del  Juzgado Nº1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, de lugar a los amparos y se legalicen los puestos sobre las cuadras que ocuparon durante 12 años, en la calle Defensa. El Gobierno de la Ciudad tenía que dar una respuesta integral el día viernes a los dos amparos presentados por los y las artesanas de San Telmo pero pidió una prórroga y tiene hasta el lunes para dar una solución superadora.

Durante la represión del domingo pasado, 18 personas fueron detenidas. Ahora pesa sobre ellas las imputaciones de atentado contra la autoridad, resistencia y lesiones. La causa se encuentra en mano de la fiscal Celsa Ramírez. Desde Artesanos Unidos de la calle Defensa aseguran que Ramírez es quien dispuso las detenciones del domingo y los operativos de las manifestaciones previas y que “se agarró de una causa y un operativo viejo para disponer las detenciones”, ya que hoy en día San Telmo no se encuentra más dentro de su jurisdicción.

 

Defensa y Justicia

 

Las y los artesanos de San Telmo están presionando por todas las vías legales. Por un lado, el jueves por la mañana se acercaron a la legislatura porteña para pedirles a los y las legisladoras que firmen un Hábeas corpus Colectivo Preventivo que garantice su integridad física. Dentro del recinto también se trató un proyecto para repudiar el accionar de la policía durante el pasado domingo y fue respaldado por el FIT, Unidad Ciudadana, Autodeterminación y Libertad, el bloque Peronista y el Partido Socialista. El oficialismo, que tiene mayoría en la Legislatura, votó en contra y el proyecto no prosperó aunque sí se aprobó un pedido de informes sobre el accionar de la Policía de la Ciudad. Por su parte, el legislador porteño de Vamos Juntos, Claudio Romero, respaldó el accionar policial y atribuyó los sucesos del domingo a la “cultura de la violencia de unos pocos artesanos”. En ese sentido se expresó también el Vicejefe de Gobierno Porteño y actual Ministro de Seguridad de la Ciudad, Diego Santili, quien aseguró en un programa de radio que unos “20 artesanos con cuchillos atacaron a los puesteros de la calle Chile”. Estuve presente el domingo y no sólo no se vi ningún tipo de armamento, sino que la totalidad de la protesta fue en paz. Además hay un enorme registro fotográfico y audiovisual de la represión del domingo y no hay ninguna evidencia que sustente los dichos del Ministro, lo cual vuelve muy grave la acusación, tratándose del principal responsable político del operativo junto con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Los y las artesanas de la calle Defensa están a la expectativa de lo que suceda con los amparos presentados. Desde Ferias y Mercados dicen que esas cuadras no se encuentran contempladas dentro de la Ley de Ferias n° 4121, sancionada el 7 de diciembre de 2011. En el artículo 2 se establece el emplazamiento de varias ferias de la Ciudad, entre ellas la de la calle Defensa. En el texto se puede apreciar que las cuadras comprendidas entre el 100 y el 150 y entre el 200 y el 600 inclusive de la calle Defensa se encuentran legalizadas para la venta de manualidades. ¿Qué pasa con ese hueco de Defensa entre el 150 y el 200?

 

El conflicto se expande

 

Luciana, una de las artesanas que no puede trabajar hace más de dos meses, contó en diálogoque “el gobierno pretende ponernos en Defensa del 0 al 600. Hasta agosto estaban completas esas cuadras. Ahora hay 70 lugares”. ¿De dónde salieron?

Ana es fotógrafa y fue una de las primeras en llegar a la Feria de las Artes II que se estableció en el barrio de San Telmo en el año 2003. Ubicada en un primer momento en la plazoleta San Francisco, en la esquina de Defensa y Alsina, hace cerca de 10 años que la Feria de las Artes II se mudó a la calle Defensa entre el 150 y el 200, justamente el espacio que la Ley de Ferias deja por fuera de la normativa. “Cerca de 40 artistas trabajamos ahí desde hace 16 años: pintores, escultores, grabadores, fotógrafos, dibujantes, un montón de ramas artísticas. Ahí vendíamos nuestras obras. Hay extranjeros, argentinos de todas partes del país. Tenemos gente premiada, una compañera expuso en Londres hace poco, otra ganó un premio nacional de pintura y otro compañero un premio nacional de grabado. Es una feria artística de muy buen nivel”, explicó.

“Nosotros no dependemos de Ferias y Mercados sino del Museo de la Ciudad, que está ubicado ahí en Defensa al 200. Este a su vez depende del Ministerio de Cultura”, desarrolló Ana, integrante del recientemente conformado grupo de Artistas en Defensa que, al igual que los y las artesanas, fueron expulsadas de sus históricos lugares de trabajo. “En la Ley de Ferias hay un hueco. Legaliza los puestos de ferias del 0 al 150 y del 200 al 600. Ese espacio en el medio es el nuestro, figura como vacío, no como si estuviera la Feria de Arte. Ese era el paso siguiente que debía tramitar el Museo de la Ciudad y nunca lo hizo”, desarrolló la fotógrafa.

Hoy, Ferias y Mercados se quiere quedar con esos metros para reubicar a algunas de las personas que están involucradas en el conflicto de la calle Defensa entre el 700 y el 1000. Ricardo Pinal Villanueva, actual Director del Museo, nunca logró la legalización de la Feria de las Artes II. “El 10 de febrero fue la última vez que pudimos armar todos los puestos. Se hizo una asamblea donde nuestro delegado de ese momento nos avisó que teníamos que trasladarnos y unificarnos con la Feria de las Artes I, que es la que está en Humberto Primo y Bolívar. Nos dijeron que había muchas presiones y que probablemente nos trasladen. Al otro día, el lunes 11, nos dicen que nos mudan, sin posibilidad de réplica. No nos dicen nada tampoco, todo lo que fuimos averiguando fue por otros lados”, contó la artista. Los próximos dos domingos solo algunos puestos se animaron a armar pero ante las amenazas de que les decomisen la mercadería, el domingo 24 de febrero fue la última vez que trabajaron ahí. “Desde el domingo 3 de marzo estamos visibilizando el conflicto, haciendo carteles, intervenciones, juntando firmas. Los artesanos del 700 vinieron a dar su apoyo porque es general el hostigamiento y el acoso de los funcionarios del Gobierno”, contó Ana.

Desde Artistas en Defensa contaron que del Museo de la Ciudad les dijeron que tienen muchas presiones desde Ferias y Mercados y que no pueden sostener más esa feria. A medida que pasa el tiempo, el Gobierno de la Ciudad trata de arreglar el conflicto ubicando a unos trabajadores sobre los puestos de otros, lo que está generando que el conflicto se expanda y que cada vez más gente se quede sin la posibilidad de trabajar ya que nadie acepta sacarle el puesto de trabajo a otro compañero o compañera. “Estamos hace mucho tiempo, tenemos derecho de preexistencia y es un ataque a la cultura y la identidad del barrio. Menos de la mitad de mis compañeros se fueron a la Feria I porque tenían miedo de quedarse sin trabajo. Y de cualquier manera, esa feria tampoco está legalizada, por lo que el día de mañana puede volver a pasar lo mismo”, concluyó la fotógrafa.

 

Paredón y después

 

Luciana, una de las artesanas que hace más de 10 años trabaja en la Feria de Artesanos de San Telmo, expresó su enorme malestar por lo que está pasando. “Estamos muy preocupados por lo que pueda pasar porque ya es la segunda vez que la Policía de la Ciudad nos reprime. Siempre fuimos pacíficos y tratamos de intervenir mediante el arte”.

Los y las artesanas sacaron un comunicado convocando a mañana domingo 17 de marzo a una jornada de apoyo pacífica a su reclamo de 13 a 16 horas en Defensa e Independencia. Abogados y abogadas populares, la Garganta Poderosa, la CORREPI y organismos de Derechos Humanos se sumaron a la convocatoria y dictarán una clase abierta sobre el derecho al trabajo y la protesta.  En ese mismo comunicado, Artesanos Unidos de la calle Defensa expresaron su “repudio a la feroz represión sufrida el pasado domingo” y exigieron “el sobreseimiento de lxs detenidxs y la resolución inmediata del conflicto. Pedimos que el Gobierno de la Ciudad garantice la regularización de todxs lxs trabajadorxs que históricamente trabajan en la calle Defensa”.

Otro tarifazo en el transporte público de Buenos Aires

15.3.2019

Mientras el índice inflacionario sigue creciendo y el dólar continúa inestable, los porteños deberán apretar desde este viernes 15 de marzo otro poco más el bolsillo por la nueva alza en los servicios de los ómnibus y trenes.

Este viernes vuelve a subir el valor de los boletos de los llamados colectivos y de los trenes que conectan a la ciudad con la provincia de Buenos Aires, en un incremento escalonado que llevará el precio del billete mínimo de los ómnibus a 18 pesos (0,43 centavos de dólar).

Con este, será el tercer aumento registrado en el transporte público en estos primeros tres meses del año y aún falta los del servicio del subterráneo (subte), que deberá llegar en mayo a 21 pesos (0,52 centavos de dólares al cambio actual).

Si en diciembre el costo del pasaje en el bus era de 13, ahora se montará en 18 pesos tras las alzas de enero (15) y febrero (16,50 pesos).

La línea de trenes también estará impactada desde este viernes con los nuevos cambios del precio del boleto en las conexiones de Mitre, Sarmiento, Roca y Belgrano Sur.

Las constantes subidas en el precio del transporte han modificado las costumbres de al menos siete de cada 10 trabajadores, quienes usan más bicicleta o prefieren caminar para ahorrar tiempo y el precio del boleto.

Así lo reveló un informe de la consultora Adecco Argentina, difundido por el portal especializado Ámbito Financiero, que señala cómo el incremento de las tarifas en el metro, los ómnibus y el alza de combustible modificó los hábitos de muchos empleados.

Para ahorrar el gasto mensual del pasaje, que se lleva hasta el 10 por ciento del sueldo, muchos optan por ir caminando y otros por utilizar bicicleta, que además permite llegar a tiempo a los lugares en algunos casos por los ya conocidos trancones en horas pico.

Ratas y goteras en la vuelta a clases de Mataderos

15.3.2019

La comunidad educativa del Liceo 8 en Mataderos se encontró con ratas en donde deben dar clases y cursar docentes y estudiantes.

 

"¡Así no se puede cursar!", les pibes denuncian la desidia del Estado hacia la escuela pública.

Además de las ratas, las goteras ya denunciadas siguen ahí. Les estudiantes de planta alta se encontraron con el suelo lleno de charcos.

El presupuesto de 2019 del PRO votado por diputados del PJ/FpV, destina centavos a la educación pública, les pibes no pueden cursar con ratas ni con goteras, es un problema sanitario. Pasan muchas horas cientos de niñas, niños y adolescentes en esas condiciones.

"Nos piden $ 800 pesos del salario de nuestros padres, cuando en los cursos no hay ni siquiera borradores. En los baños no hay ni papel higiénico ni jabón para lavarse las manos, los ventiladores tampoco andan. El abandono es total, mientras se llenan la boca hablando de educación, están desfinanciando el único colegio secundario público del barrio", dice Milagros que cursa ahí.

El recorte a la educación se siente y no de ahora, desde hace años les pibes pelean por la ampliación de la escuela y las autoridades nos responden vendiendo el terreno de la escuela para sus negociados.

Les pibes le exigen al Estado desinfección en la escuela y la ampliación ya de el Liceo 8.

"Nos quieren sacar las nocturnas donde cursan los que peor la pasan porque la mayoría de les pibes tienen que trabajar, además con la reforma educativa quieren que trabajemos gratis en quinto año. No es casual que tuvimos que padecer el derrumbe de la escuela infantil y primaria N° 21 de Villa Lugano que estaba en construcción, donde hubo al menos 5 heridos, es una decisión política que sigan faltando miles de vacantes y el barrio este lleno de colegios privados religiosos. Que el salario docente sea una miseria, que nuestros profesores tengan que tener varios cargos son muestras de que cada vez notamos más el nivel de crisis en la educación pública", cuenta Dante, que también cursa en el Liceo 8, en estas condiciones.

 

Médicos denuncian falta de insumos, salas sin agua y comida con gusanos en el Hospital Gutiérrez

15.3.2019

“En los últimos meses tuvimos tres casos de comida con gusanos”, contó la presidenta de los Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez. Además habló de salarios depreciados, ascensores parados, falta de agua y aires acondicionados rotos.

La situación de la salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es crítica. Es que en el distrito más rico de la Argentina, la salud pública agoniza y lo sufren tanto los pacientes como el personal que presta servicios en ellos.

“En los últimos meses tuvimos tres casos de comida con gusano. Ademas de ascensores que no funcionan, falta de agua en algunas salas, los aires acondicionados no anduvieron durante el verano y los pacientes padecieron las altas temperaturas”, expresó la presidenta de la filial de Médicos Municipales del Hospital Gutierrez, Claudia Berrondo en comunicación con Radio Caput.

“Lo sueldos básicos no solo están bajos, sino que hay profesionales que cobran por debajo de la canasta básica”, informó Berrondo y agregó: “Algunos trabajadores empezaron a cobrar en marzo las guardias de julio, había más de mil guardias sin pagarse. Y se están pagando sin el aumento de noviembre”.

“La infraestructura está a cargo de una empresa tercerizada que no responde en el tiempo necesario, al igual que el servicio de comedor. Siempre hay problemas: la calidad no es tan buena y no se respetan las dietas especiales de los pacientes pero los más grave fue en los últimos meses tuvimos tres casos de comida con gusano”, expresó Berrondo sobre los concesiones impuestas por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Además, mencionó los problemas en la infraestructura: “Ascensores que no funcionan, falta de agua en algunas salas, los aires acondicionados no anduvieron durante el verano y los pacientes padecieron las altas temperaturas” y agregó: “Hay 18 trabajadores y trabajadoras que no han podido inscribir a sus hijos en la guardería del hospital, lo que les dificulta cumplir su horario”.

Asimismo, Berrondo se refirió a las posibilidades de reclamo que tienen y afirmó: “Las denuncias las hacemos a través de la vía jerárquica, pero no siempre se elevan. La única respuesta que tuvimos fue con el faltante de insulina pero mandaron en formato para adultos que es imposible fraccionar para niños. Estas situaciones generan una mala atención, por más que se tenga la mejor intención”.

“Las situaciones de menos personal, el menor control de los tercerizados evidencian la subejecución del presupuesto, a pesar de que se están haciendo arreglos en algunos sectores” explicó Berrondo sobre la falta de priorización sobre el sistema de salud público.

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