Muerte de la vendedora ambulante: el FIT pidió explicaciones en la Legislatura porteña

13.10.2018

El 7 de octubre María Barrechea murió atropellada queriendo resguardar su mercadería del acoso policial. El FIT presentó un proyecto en la Legislatura para que el gobierno dé explicaciones

 

Myriam Bregman y Patricio del Corro presentaron un pedido de resolución en la Legislatura para que el organismo dé explicaciones sobre la muerte de María Barrechea, que murió atropellada por un colectivo mientras escapaba del acoso policial que responde a Horacio Rodríguez Larreta.

El proyecto le exige al Poder Ejecutivo de la Ciudad que “a esta Legislatura, en el plazo de 30 (treinta) días, de recibido el presente, sobre la situación que culminó en la muerte de la vendedora ambulante María Barrechea, quien fuera atropellada por un colectivo mientras cruzaba corriendo, perseguida por la Policía de la Ciudad, cuyos integrantes cumplen funciones en la Comisaría 7º.”

La muerte de María se dio en el marco de los constantes acosos que reciben las vendedoras ambulantes por parte de la Policía de la Ciudad, que mediante represión y amenazas les incautan la mercadería, que es su única fuente de ingresos.

Sobre la aprobación de la Ley de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana de los Barrios Populares

12.10.2018

Jonatan Emanuel Baldiviezo

La tierra es de quien la habita

1. El día diez (10) de octubre de 2018, se aprobó en Senado (ya contando con la aprobación de la Cámara de Diputados) el proyecto de Ley sobre "Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana".

Esta Ley reconoce el derecho a la tierra de 930.000 familias a nivel país, cuatro (4) millones de personas que viven en 4.416 Barrios populares.

1.1. En un contexto dónde el Pro tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires está llevando adelante una monarquía inmobiliaria y un plan sistemático de venta y privatización de tierras públicas, esquivando la autoridad del Congreso, con el único objeto de alimentar un salvaje mercado inmobiliario absolutamente desregulado y especulativo, los Movimientos Sociales (CTEP -Mov. Popular la Dignidad, Mov. Evita y MTE-, Barrios de Pie, CCC, TECHO, Caritas, entre otros), con trabajo colectivo y un norte común, lograron instalar que la relación de las familias con el suelo, con su hábitat, también es un derecho humano.

En 1907 la ciudad fue el epicentro de la larga “Huelga de las Escobas”, llamada así porque las mujeres y los/as niños/as portaban una escoba “para barrer la injusticia” de los alquileres de los conventillos. A pesar de que este histórico conflicto urbano se produjo a principios del siglo pasado, la cuestión urbana y habitacional no logró traducirse en un cúmulo de nuevos derechos humanos urbanos.

1.2. Las graves violaciones de derechos humanos cometidos en la última dictadura (1976-1983) inoculó en la conciencia jurídica de los argentinos el valor de las libertades y garantías. La relación vertical del Estado y sus habitantes tiene su correlato en el reconocimiento de derechos civiles y políticos que protegen a la población en dicha relación de poder. Así también, los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos alrededor de la cuestión social y del vínculo de dependencia laboral entre el empleador y el empleado tienen raíces muy profundas en la conciencia colectiva argentina. Cualquier retroceso en el ejercicio o reconocimientos de ambos grupos de derechos genera una reacción muy profunda y generalizada de la ciudadanía. Muestras de que el avasallamiento de estos derechos tocan fibras muy sensibles en la sociedad fueron las grandes manifestaciones a fines del año 2017 en defensa del monto de las jubilaciones que el Gobierno Nacional pretendía disminuir y las concentraciones masivas por la sentencia de la Corte Suprema que decidió extender la posibilidad de contabilizar por dos los años detenidos en prisión preventiva a los detenidos por crímenes de Lesa Humanidad cometidos en la última dictadura.

En cambio, la cuestión de la tierra y la vivienda no logró calar al mismo nivel que los derechos precedentes. Cuando las topadoras del Pro desalojaron el Barrio Papa Francisco en la Ciudad de Buenos Aires fue un hecho más para la gran mayoría de la población. Los desalojos de barrios populares enteros, el aumento de los alquileres exponencialmente, el sacrificio de cientos de hectáreas de espacios verdes o el padecimiento de miles de familias por la falta de servicios públicos o una deficiente prestación, no son fuente de manifestaciones sociales transversales y generalizadas de la sociedad.

En el pensamiento jurídico el derecho a la educación o los derechos laborales son reconocidos como "verdaderos" derechos en contraposición al derecho a una vivienda o a un hábitat adecuado que socialmente se lo entiende como algo aspiracional o "programático". Se piensa que el Estado no tiene la obligación de garantizar a cada habitante el acceso a una vivienda digna. Pero no se duda que el Estado tiene que garantizar a todo habitante la educación o la salud. Esto a pesar que cada uno de dichos derechos tienen la misma jerarquía constitucional.

1.3. Los Movimientos Sociales y las Asambleas en los últimos años están logrando transformar esta cultura jurídica desfavorable que no otorga igual valor jurídico a la relación de los ciudadanos con la tierra y el espacio urbano.

La Ley de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana de los Barrios Populares que se acaba de aprobar constituye un hito trascendental para la lucha urbana como lo fue la huelga de las escobas .

Reconocer que la tierra cumple su fin social cuando está en manos de quiénes la habitan implica:

a) enraizaruna dimensión más (el territorio y el espacio urbano) en nuestra cultura de derechos humanos;

b) iniciarun camino para que cientos de miles de familias dejen de vivir con necesidades extremas y con el peso de la constante amenaza de expulsión; y,

c) repensar las reglas de concentración de la tierra y establecer los cimientos para una profunda Reforma Urbana.

2. Los Movimientos Sociales, hace más de dos años, ya habían logrado que el Estado Nacional decidiera iniciar un relevamiento de Barrios Populares y un relevamiento de las familias que los habitaban. De allí surgió el Registro Nacional de Barrio Populares (RENABAP) aprobado por el Decreto N° 358/2017 en mayo de 2017.

Desde ese momento ya se dejaba en claro que no era una mera cuestión de conocer cuántos Barrios Populares existían en el país o la realidad que viven cotidianamente millones de familias. Este era el primer escalón hacia el reconocimiento del derecho a la re-urbanización de dichos Barrios (técnicamente, el derecho a la integración social y urbana). Se estipulaba en el decreto que el Registro Nacional era de Barrios Populares "en Proceso de Integración Urbana". Actualmente, se encuentran registrados y, por lo tanto, reconocidos por el Estado Nacional, alrededor de 4.400 Barrios Populares en todo el país.

3. Este decreto reconoció a la integración social y urbana como un derecho colectivo de los Barrios Populares . En el Considerando del decreto se expresa: "Que se reconoce a la integración urbana como un proceso indispensable para la superación de situaciones de segregación, que propende a la inclusión de las personas y la ampliación de sus niveles de ciudadanía, respetando las idiosincrasias y garantizando una urbanidad plena de derechos".

4. Ahora, el Proyecto de Ley aprobado en el Senado finaliza el camino parlamentario para la consolidación legal de este derecho. El derecho de todo Barrio Popular a ser integrado social y urbanamente, que implica principalmente el derecho a la radicación definitiva en el lugar que actualmente habitan, la seguridad de no ser desalojados por la fuerza y la igualación en el acceso a los servicios públicos y equipamiento urbano al resto de la ciudad respetando la identidad social y cultural construida comunitariamente.

5. El art. 1 del Proyecto de Ley aprobado declara de interés público el régimen de integración sociourbana de los Barrios Populares registrados en el RENABAP. Define qué debe entenderse por integración social y urbana para que ningún gobierno adopte un modelo de re-urbanización en forma arbitraria y parcial como ha sucedido, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires cuando adoptó el modelo Medellín o el peruano que consistía solamente en entregar títulos de propiedad despreocupándose de la situación de precariedad de las viviendas y la ausencia de servicios públicos formalizados. Para definir la integración socio urbana se adoptó el criterio que durante décadas han impulsado los movimientos villeros y territoriales. Esta integración debe alcanzar a cada una de las dimensiones de la vida urbana: "al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en el accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial".

6. El art. 15 suspende los desalojos por el plazo de cuatro (4) años y se establece que dicha norma es de orden público. Es decir, al día siguiente de la entrada en vigencia de esta ley, en todo el país, deben suspenderse las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los barrios populares incluidos en el RENABAP.

La suspensión de los desalojos y el reconocimiento del derecho a la integración social y urbana constituyen un punto de inflexión en el abordaje de la cuestión de los Barrios Populares a nivel nacional. Una vez promulgada y publicada esta ley, cientos de miles de familias que habitan en Barrios Populares dejarán de vivir entre la incertidumbre del desalojo y la permanencia en sus casas. En cambio, los Barrios Populares empezarán a destinar sus tiempos y esfuerzos a pensar y llevar adelante, conjuntamente con los estados, los procesos de integración social y urbana, y de esta forma empezar a solucionar las actuales necesidades de las familias, actual violación sistemática de derechos humanos.

7.  Para lograr este objetivo, el art. 2 ordena la expropiación de la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares, principalmente, los que se encuentren en manos privadas. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tendrá a su cargo operativizar las expropiaciones. Existen otros mecanismos alternativos a la expropiación, quizás menos onerosos, para adquirir derechos sobre los suelos que pertenecen a privados y que se encuentran ocupados por los Barrios Populares. Pero la gran ventaja del mecanismo de expropiación es que el Barrio y el Gobierno adquieren la posesión casi en forma inmediata si se deposita el valor fijado por tasación oficial para el inmueble, y la propiedad del terreno, sin tener que esperar la finalización de largos juicios. Es una herramienta que permite avanzar sin dilaciones prolongadas con los procesos de integración social y urbana.

El Tribunal de Tasaciones deberá realizar la tasación para el impulso del proceso expropiatorio dentro de los dos (2) años posteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley (Art. 7). El Estado tiene un plazo de 10 años para iniciar el juicio de expropiación en caso de que no haya acuerdo (avenimiento) con el propietario (Art. 18).

8. La integración social y urbana se ejecutará a través de planes de desarrollo y convenios específicos firmados entre el Estado Nacional y las jurisdicciones locales. Se establece un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas fijando un límite para las cuotas mensuales que no podrán superar el 20% del ingreso familiar (Art. 7).

9. Otro elemento destacable es que las obras a realizarse dentro del marco de los proyectos de integración socio-urbana deberán adjudicarse en un 25% como mínimo a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas por los habitantes de los Barrios Populares (Art. 12).

10. Tendrán prioridad para la expropiación, los inmuebles respecto de los cuales se celebren los convenios establecidos entre el Estado Nacional y las provincias, municipios o la Ciudad de Buenos Aires (Art. 3).

11.  Luego de la promulgación y publicación de la Ley, el paso siguiente es su reglamentación que estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 5).

12. El Ministerio de Desarrollo Social también deberá promover acciones con los organismos competentes con el objeto de facilitar el acceso a los servicios públicos básicos para los habitantes de los Barrio Populares (Art. 6).  

13. Los derechos que se reconocen en esta Ley serán operativos inmediatamente con posterioridad a su publicación, con independencia de la adhesión de las provincias o los municipios. Esta Ley constituye una ley de presupuestos mínimos en materia de hábitat y vivienda para todo el país en relación a los Barrios Populares. Derechos fundamentales para la vida de millones de personas que tardaron décadas en ser reconocidos y que abrirán las puertas para nuevos debates también impostergables como la regulación del mercado inmobiliario y el ordenamiento territorial, para evitar que sigan surgiendo barrios populares y para que disminuya la crisis habitacional de nuestro país.  

Escuela porteña con lactario cerrado y graves problemas de infraestructura

11.101.2018

Por Lorena Sokol

Se trata de la Escuela Infantil N°6 del barrio de Balvanera. Además denuncian irregularidades en la inscripción on liney muchas promesas incumplidas por el gobierno de Rodríguez Larreta.

 

Las familias de la comunidad de la Escuela Infantil 6 de 6 (ubicada en el barrio de Balvanera) hace varios días que denuncian las irregularidades en la inscripción on line. La desidia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desenmascarada muestra que juegan con los derechos de miles de familias trabajadoras. La sala de lactarios no aparece directamente en el sistema.

En julio de este año las familias organizadas lograron que se refaccionen tres aulas del jardín con grandes filtraciones de agua. Las obras se terminaron el 14 de septiembre, pero aún no se dio la orden de que los niños vuelvan. Las autoridades del área hicieron saber a la comunidad educativa que las aulas permanecerán cerradas hasta fin de año.

Esta situación comenzó a tener repercusión en la inscripción on line de octubre, que ya el año pasado dejó afuera de las escuelas a 12 mil pibes.

Este miércoles por la tarde familias, docentes y miembros de diversas agrupaciones se volvieron a convocar para exigir, por quinto año consecutivo, que la ministra Soledad Acuña atienda a las familias que ven vulnerado el derecho del acceso a la educación pública de sus hijos e hijas desde los 45 días de vida.

Hace años que llevamos el mismo reclamo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se necesitan 35 escuelas primarias en zona sur y Retiro y 40 escuelas infantiles de 45 días a cinco años en toda la Ciudad para garantizar escolaridad a más de 17 mil niños y niñas que quedan afuera cada año.

Se excusan en la falta de presupuesto. Pero en 2017 destinaron más de $ 2 mil millones para publicidad oficial. Con ese monto podrían haber construido esas escuelas que faltan. No falta dinero, falta voluntad política de resolver el problema.

Las fallas en el sistema de inscripción, que haya sido impuesto de manera arbitraria y que sea expulsivo especialmente para las familias de bajos recursos no son errores involuntarios sino que forman parte de una política planificada de vaciamiento y privatización de la educación pública, no podemos permitir que sigan avanzando.

Las prioridades del Gobierno, cómo garantizar millones a especuladores financieros, son opuestas a las de las familias trabajadoras.

Va de nuevo, a ver si la ministra y Horacio Rodríguez Larreta escuchan: #NoSobranNiñxs #FaltanEscuelas. ¡Vacantes para tod@s en las escuelas públicas!

Patricia Pines comenta que “hay dos proyectos de ley presentados por el Frente de Izquierda hace cuatro años de creación de 35 escuelas primarias en zona sur y Retiro y de 40 escuelas infantiles en toda la ciudad. Ningún otro bloque adhirió a esos proyectos. Se necesitan soluciones urgentes”.

Escribanía PRO: escandalosa sesión en la Legislatura porteña contra los vecinos de la Villa 31

11.10.2018

En una Legislatura vallada, con decenas de efectivos policiales, motos e Infantería para impedir el paso y la movilización de los vecinos de la Villa 31, se realizó una sesión escandalosa para votar en primera lectura la "urbanización" de la Villa 31. Un nuevo guiño del gobierno de Larreta para los negociados inmobiliarios.

 

El PRO logró su objetivo y consiguió con lo justo los 40 votos que necesitaba para la aprobación de este proyecto de ley. ¿Quiénes fueron los que lo votaron?: la Coalición Cívica, el bloque Peronista y el Partido Socialista. La mayoría de los vecinos de la Villa 31 que se hicieron presentes en el recinto, abuchearon a los legisladores oficialistas y al coro de chupamedias del gobierno. La nota la dio Roy Cortina, el socialista trucho, que más aplausos recibió del PRO cuando con una arenga encendida se peleó casi en un mano a mano con los vecinos presentes.

El proyecto presentado por Larreta no cuenta con el consenso de la gran mayoría de los habitantes del barrio Padre Mujica. Desde el Frente de Izquierda, denunciaron que el mismo apunta a favorecer a los pulpos de los negocios inmobiliarios, además de otorgarle al Banco Interamericano de Desarrollo terrenos de la misma villa que pertenecen a los vecinos... ¡por 100 años!

La Ley 3.343 de urbanización de la Villa 31 fue sancionada en diciembre 2009. Es una ley con historia, la de la lucha de los vecinos que resistieron tanto las topadoras de la dictadura militar como los intentos de desalojos en democracia.

El 31 de mayo de 2011, luego de 14 meses de trabajo de aprobada esa ley, la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 bis firmó el Dictamen definitivo. Este dictamen fue presentado en los años 2011, 2013 y 2015. El oficialismo nunca quiso tratarlo hasta este año que el Jefe de Gobierno presentó un proyecto propio de tratamiento express. El nuevo plan de Larreta no respeta la esencia misma del original, por lo que el PRO armó una mesa ad hoc para esquivar la participación vecinal establecida en la ley 3.343 y poder votar a libro cerrado todo lo que manda el Poder Ejecutivo.

Al respecto el diputado del PTS-FIT Patricio Del Corro planteó: "¿Es este un gobierno del diálogo? Creo que está más que claro que no, porque acá hay una situación que es concreta. Calculo que todos los vecinos del barrio Mujica están de acuerdo en realizar una verdadera urbanización. Todos están de acuerdo también en integrar el barrio a la Ciudad y sin embargo hoy vemos cómo el oficialismo apurando el tratamiento de este proyecto, cerrando el diálogo con la mayoría de los vecinos, lo que está haciendo es dividirlos en pos de sus propios intereses. ¿Qué diálogo fomenta el gobierno cuando incluso no escucha a gran parte de los vecinos, sino que los incita al enfrentamiento para sacar un proyecto que tiene como eje la especulación y los negocios inmobiliarios? La postal de cómo ingresamos hoy a la Legislatura es una muestra de que no hay ninguna integración, una legislatura vallada con policías en motos esperando en las esquinas aledañas y con la infantería ¿qué tipo de integración es?"

"Se habla de que no va a haber más muros. Los muros no tienen por qué ser físicos. La Policía es un gran muro que transforma a los barrios populares en guetos y persigue a todo aquel que tiene que salir a la calle a ganarse el pan. ¿Qué integración hubo para la vendedora ambulante que murió atropellada, escapando de la Policía porque quería secuestrarle las pocas cosas que tenía? ¿A esos vecinos, a esos trabajadores le van a decir que porque le concesionan terrenos al BID por 100 años y hacen un puente para hacer una galería fotográfica que la Ciudad se integra?"

El proyecto de ley del Ejecutivo fue duramente cuestionado por los mismos que habían trabajado en la concreción del proyecto original. Javier Fernández Castro, arquitecto especializado en hábitat y pobreza urbana y autor de ese proyecto declaró: "Ese proyecto fue modificado y algunos de los terrenos donde se preveía la mayor densidad para que entraran todas las viviendas se han dejado sin destino claro. Las manzanas que eran para viviendas ahora están destinadas a otros usos. El proyecto original, al que se llegó luego de años de reuniones con los vecinos por sectores, calculaba diez mil soluciones de viviendas, que es la cantidad de familias que viven en el barrio aproximadamente. Además, se preveían 2500 viviendas nuevas y 7500 para arreglar. Mejorar lo que existente. El nuevo proyecto del Ejecutivo llega apenas a la mitad de viviendas previstas". "En los terrenos que hoy son de YPF y están dentro del barrio se preveían 2500 viviendas y terminan siendo 1200 que se realizarán con financiamiento externo. Hay un defecto de base, y es que este proyecto no parte de un diagnóstico claro de la situación actual del territorio. “El tema es qué va a pasar con esas familias que no van a tener vivienda nueva. (...) Si uno quiere pensar mal, puede concluir que el proyecto está pensado para solucionar una parte del problema y la otra parte del barrio se va a tener que ir del lugar. O se está pensando en un proceso de gentrificación a largo plazo cuando la población original de un barrio, es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo".

Patricio del Corro denunció en el recinto: "Voy a leer unas declaraciones de la hoy vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti que explica hace varios años cuál era el fundamento de este proyecto que se está votando. La actual vicepresidente declaró el 25/8/2013 en el programa de Mirta Legrand: “La villa 31 es el único lugar de las villas que es muy difícil transformar en un barrio, entonces mi sensación es que hay que hacer la regularización dominial para que cada persona tenga su casa y su propia escritura. Lo que ha sucedido en otros lugares del mundo con esto es que como esos terrenos son muy apetitosos para el sector privado y el sector inmobiliario, lo que termina pasando es que el sector inmobiliario compra esos lugares y la gente puede irse a otro lugar con esa plata. Lo dijo la vicepresidente de la Nación y lo están efectivizando los diputados hoy.

Al BID se le regalan 100 años en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad y a los vecinos, hipoteca. No estamos hablando de una universidad, estamos hablando del BID y para los vecinos, hipoteca. ¿Por qué hipoteca? porque quieren hacer lo que decía la vicepresidenta, que esos lotes, esos terrenos, esas casas después se puedan vender por migajas para desarrollar los intereses de las grandes empresas inmobiliarias de la Ciudad".

Al finalizar su discurso Del Corro planteó: "Acá no estamos hablando de integración ni de diálogo, no estamos hablando de mejorar las condiciones de quienes habitan en el barrio Mujica, de lo que estamos hablando es de un plan para expulsar a gran parte de los vecinos que viven hoy en la 31, de un plan para favorecer los negocios inmobiliarios de unos pocos y un plan que solo se va a poder sostener con represión, con la misma policía a la cual hoy están mandando a perseguir a los vendedores ambulantes, vecinos y cualquier otro que venga a protestar acá incluso a la misma Legislatura. Hemos acompañado todos los proyectos de urbanización, pero este proyecto donde se le va a regalar terrenos por 100 años al BID y para los vecinos lo que hay es una hipoteca es invotable. Vamos a rechazar este proyecto y vamos a exigir en las audiencias públicas y en la sesión donde se vote la segunda lectura que se integre a todos los vecinos. La división del mismo barrio que ustedes como oficialismo generan puede terminar muy mal, porque están jugando con la desesperación de la gente, están jugando con la necesidad de una vivienda y están enfrentando a los mismos vecinos que tienen un interés común: la vivienda propia, que el barrio se urbanice y que no los expulsen, que el barrio sea integrado a la ciudad sin muros de concreto y sin muros policiales".

A Larreta se le apagó la llama olímpica: ¿será por el tarifazo?

11.10.2018

Por Beatriz Glass

Miles de publicidades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promueven los juegos Olímpicos de la Juventud como un gran evento. Pero por primera vez en el mundo, a Larreta se le apagó la llama.

 

Supuestamente tiene que estar siempre encendida y, de hecho, siempre lo está. La antorcha olímpica sale encendida de su lugar original y milenario en Atenas y llega encendida al país que oficie de anfitrión para cada uno de los eventos deportivos.

Hasta que termine la competencia en cuestión, la llama no se apaga: tradición que data de la antigua Grecia y que se mantuvo siempre, siglo tras siglo... hasta que llegó a Buenos Aires...

Resulta que la ciudad gobernada por Larreta es sede de los juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Seguramente ya lo sabés porque el chabón no para de hacerse autobombo por eso (porque eso si que funciona como un relojito: las publicidades amarillas de Larreta).

Después de unos días de comenzada la competencia, en un hecho inédito en la historia, la antorcha -que funciona a gas- se apagó por unos minutos y hubo que recurrir a la llama de emergencia.

Dato de color: la cosa ocurre en las puertas de un nuevo tarifazo que enciende otras llamas: las del descontento popular. ¡Y miren si no habrá descontento que hasta el peronismo más conservador, que le vota todo a Macri, dice que está en contra!.

Sea como sea, parece que el aumento de tarifas no le garantiza servicio ni a los dioses del Olimpo.

Esta página ha sido visitada
veces