“Se ha terminado una pesadilla”

6.10.2018

por Kay Pacha / Equipo Pueblos Originarios del SERPAJ

Hoy estamos contentxs, porque hace unas horas se supo que el joven José Luis Zurita Delgadillo, detenido durante más de un mes, por transportar paquetes de hoja de coca, le acaban de dictar el sobreseimiento y libertad.

De esta manera la colectividad boliviana en Buenos Aires se vio conmocionada por la difícil situación que tuvo que atravesar José Luis, de 28 años. Esto tiene que ver con que llevaba los paquetes de coca para una festividad religiosa boliviana a realizarse en La Plata, adonde vive con su familia.

Esta injusta medida, ya que existe una Ley, la 23.737 (Ley de drogas), excluye explícitamente a la hoja en estado natural. Su artículo 15 dice: “La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”.

A pesar de esto el joven universitario, que estudia Ingeniería Civil y es integrante del grupo Caporales del Sur, fue procesado en un expediente que no agrega ninguna otra prueba más que la posesión.

Una de las diferentes actividades que se llevaron a cabo en su apoyo, fue una conferencia de prensa en nuestra sede del Serpaj, el 1º de octubre, en donde participaron su familia, el abogado y estuvieron presentes también Benito Espíndola de ORCOPO y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo (L.F.).

Los cesanteados de la fiesta

5.10.2018

Silvana Melo

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sacude su título grandilocuente en las espaldas de los que sobran. Esta semana se vistió de luces y oropeles para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud y no se cambiará hasta noviembre, cuando las cabezas mundiales del capitalismo, coronadas en el G20, se sienten a comer barbacoa en el Sheraton. O en el Four Season. Desde donde se ve, clarita y contundente, la Villa 31.

Cuatro mil niños y adolescentes de 15 a 18 años, de 206 países, vivirán en la villa olímpica y pasearán la antorcha por el centro de la ciudad, ese del que serán desalojados sin piedad los malabaristas de la miseria, los que dejan a San Cayetano en los parabrisas a cambio de una moneda, los que limpian vidrios y ópticas compulsivamente, los que aún no caminan y son cargados por sus padres que, entre los autos dibujan un círculo con el pulgar y el índice, los que se cuelgan de las polleras de sus madres mientras ellas recitan su letanía de una ayuda por favor en los pasillos de los subtes, los que se crían bajo los puentes, los que amanecen en la vereda y se peinan sin espejo para ir a la escuela con la esperanza de ligar un desayuno. Es decir, los chicos y chicas de acá, que serán cesanteados esta semana para que no oscurezcan los brillos ni se manche la capa.

Pocos días antes, el horror presupuestario recortaba 450 millones de Desarrollo Social -casi 127 millones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia-, para transferirlos a la policía federal. La primera infancia, la más vulnerable, la que no sobrevive sin sostén, la que está sola de toda soledad en asentamientos y en la mismísima calle, a merced de todos los monstruos, como otras seis mil personas que, negadas por los que gobiernan, reciben los granizos en la cabeza y en el alma, se empapan y se enferman cuando llueve, les cae la helada en un presente continuo atroz en las noches de invierno, el viento les lleva los techos de plástico, sus propios coexistentes de la calle, la policía y los funcionarios les barren su patrimonio, les roban, los cargan en los contenedores, los tiran a la basura.

Seis mil trescientos que cuentan organismos privados contra los 1097 con los que insiste el gobierno porteño en una nube donde no existe la criminalidad del hambre, el desalojo, el ajuste feroz y una desigualdad que se saca de encima el descarte y lo deposita en las bolsas negras de la gente residual. El golpe de gracia lo dará la policía o los hospitales en ajuste extremo o el hambre que dispara en la nuca.

Si se salta una frontera invisible, cuando la CABA se vuelve provincia y no hay Juegos ni G 20, ahí no más, a cuadras, a minutos, casi el 64 % de los niños tiene déficit de vivienda. Casi un 40% depende de los comedores escolares para una alimentación básica y escuálida. El 55% es pobre.

A veces saltan la frontera con dos naranjas y las arrojan al cielo y las atajan porque vuelven, siempre vuelven. Por obra y gracia de la gravedad y de la esperanza.

Pero en estos días serán desalojados otra vez. Como sus familias que salen a investigar la basura para ver qué descartan los otros. Para volver y armar una cena en un hall bancario o en la esquina con escalones y persiana baja. Los que no tienen la calle atravesada en sus vidas pero que la pérdida de trabajo formal o de changas, la suba de los alquileres y los servicios inalcanzables les cerraron las puertas en la nariz.

Son unas 16.000 las personas que se calculan en la calle o en el cordón de la vereda, a punto de bajar. Inquilinos de hoteles, ocupas, presos a punto de salir, habitantes de villa al borde de ser desalojados, ocupantes de terrenos en asentamientos. Que terminan compitiendo con la voracidad de los gobiernos que pretenden esos mismos terrenos para negocios inmobiliarios.

Pero ya no queda ni suelo para vivir. Ni tierra para caerse muertos. Y hasta la baldosa donde se sientan a ver pasar a la gente que no los ve será ocupada estos días por la fiesta de los pocos. Por la 9 de Julio cortada e iluminada, por los atletas de cuerpos cuidados y alimentación delineada. En los que se mirarán tal vez los niños de los confines, desde los confines. Para tener bien en claro qué no les permitirán ser jamás.

¡Marcela Lesich presente!

5.10.2018

Por Boca Antifascista

“Lamentamos el fallecimiento de Marcela Lesich, ex jugadora, técnica y dirigente del fútbol femenino de Boca. Marcela fue campeona en ocho ocasiones como arquera xeneize y luego cosechó otros siete títulos como DT. Jamás olvidaremos el accionar machista y misógino de los dirigentes que en el año 2016 la despidieron por el sólo hecho de ser mujer. No es un detalle menor que Marcela haya luchado durante años contra el cáncer, sin cobertura médica y sin ningún tipo de apoyo de parte de Boca, demostrando un desprecio enorme hacia su persona. “Me siento discriminada” había dicho en aquella ocasión. Marcela complementaba su labor en el club, trabajando como taxista y al igual que gran parte de la clase obrera argentina, su precariedad laboral hizo que afronte su lucha en condiciones adversas, acudiendo a colectas solidarias, para poder financiarse”.

 

Si te pega no te quiere, si te echa tampoco.

Jamás olvidaremos el accionar machista y misógino de los dirigentes que en el año 2016 la despidieron por el sólo hecho de ser mujer. “Pensamos que es mejor tener un CT masculino”, fue la explicación que dieron desde el Club.

No es un detalle menor que Marcela haya luchado durante años contra el cáncer, sin cobertura médica y sin ningún tipo de apoyo de parte de Boca, demostrando un desprecio enorme hacia su persona. “Me siento discriminada” había dicho en aquella ocasión. Marcela complementaba su labor en el Club, trabajando como taxista y al igual que gran parte de la clase obrera argentina, su precariedad laboral hizo que afronte su lucha en condiciones adversas, acudiendo a colectas solidarias, para poder financiarse. Esta situación es responsabilidad del Estado que promueve esas condiciones de trabajo y de la dirigencia de Boca en perpetuarlas y en haber abandonado a Marcela durante su tratamiento.

El caso de Marcela, es consecuencia directa de la gestión capitalista de nuestro CABJ. Donde al igual que en las empresas, los empleados son material descartable. Aquí, además, se ve exacerbado por el machismo y la misoginia. Por ello reafirmamos la lucha por un Boca de lxs Trabajadorxs, que organice a sus hinchas contra todo tipo de discriminación. Que no se acuerde de las mujeres sólo el 8 de Marzo para sacarse una foto. Exigimos medidas concretas:

– Igualdad salarial entre hombres y mujeres en todas las disciplinas

– Triplicación del presupuesto para los deportes amateurs

– Por un convenio colectivo para el fútbol femenino

– Por una secretaría de Género con independencia política.

– Basta de machismo y misoginia en el fútbol.

BOCA ANTIFASCISTA

Subte: multan a Metrovías por negar el uso del servicio a miles de discapacitados

4.10.2018

Daniel Satur

La empresa del coimero Roggio incumplió un fallo que la obligaba a arreglar o instalar medio centenar de escaleras, ascensores y rampas. Se confirma el desprecio por la vida de pasajeros y empleados.

El juez Roberto Gallardo, titular del juzgado nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, declaró “incumplida” la medida cautelar que había dispuesto la Cámara de Apelaciones contra la empresa Metrovías Sociedad Anónima, la concesionaria del subte porteño denunciada por un colectivo de personas por graves problemas en la accesibilidad al servicio por parte de personas con discapacidad motriz.

Gallardo impuso una multa a la empresa por un total de $ 5 millones, a razón de $ 100 mil por cada una de las 50 fallas o medios inaccesibles denunciados. A su vez le dio un plazo de quince días a Metrovías para que arregle todo lo que está roto o cree directamente lo que no existe en términos de accesibilidad. Frente a tamaña multa, Roggio se debe estar riendo a carcajadas.

De todos modos, el juez le otorgó a la empresa tres días de plazo para que haga su descargo sobre la resolución, algo que podría trastocar la resolución anterior de ser “convincentes” los argumentos de la empresa del Grupo Roggio.

El juez destacó que es de “extrema gravedad” que Metrovías haya incumplido con diversas resoluciones judiciales. Hace dos años personas damnificadas presentaron el recurso de amparo y hace más de seis meses fue dictada la medida cautelar “que dispuso una serie de medidas destinadas a garantizar a las personas con discapacidad motriz las condiciones de accesibilidad a la red de transporte público de subterráneos de la ciudad”.

Para Gallardo, además de “la violación de las obligaciones legales y de la orden judicial impartida”, Metrovías condenó con su actitud “a las personas con discapacidad motriz a la casi total exclusión de la posibilidad de utilizar la red de transporte subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires”.

Al hacer las constataciones de rigor en el marco del recurso de amparo, se comprobó que “más del quince por ciento de los medios de accesibilidad (ascensores y escaleras mecánicas) existentes se encuentra fuera de servicio, sin que la empresa Metrovías S.A. haya invocado alguna causa que razonablemente justifique tal situación”, escribió el juez.

Y agregó que “a nadie escapa que los ascensores y escaleras mecánicas existentes en un medio de transporte de uso masivo como es el subterráneo, están expuestos, por la propia dinámica de su funcionamiento, a sufrir fallas y desperfectos con relativa frecuencia. Pero para eso, las empresas que tienen a su cargo la prestación del servicio se encuentran obligadas a implementar mecanismos de mantenimiento preventivo continuo y a contra turno del uso de los trenes por parte del público”.

En ese sentido el juez concluyó que Metrovías no tiene “un esquema de mantenimiento eficaz que garantice el normal y regular funcionamiento de los medios de acceso a las estaciones del subterráneo” y que, pese a haber sido notificada de la resolución de la Cámara de Apelaciones hace más de un mes, la empresa “no ha acreditado en modo alguno que los desperfectos e irregularidades detectadas en los medios de acceso obedezcan a razón de fuerza mayor”.

Esta nueva multa a Metrovías por no realizar las obras que está obligada a hacer o por no reparar durante largos períodos la infraestructura del subte que naturalmente requiere de mantenimiento permanente, no hace más que demostrar un secreto a voces: que la empresa del Grupo Roggio amasa enormes fortunas pero no usa casi nada de esas ganancias para brindar un servicio de transporte mínimamente eficaz, rápido y seguro al tiempo que persigue y precariza a sus trabajadoras y trabajadores.

Metrovías recibe cifras multimillonarias por mes por varias vías: el cobro de boletos (con tarifas que aumentan constantemente), la recepción de jugosos subsidios del Estado, las carísimas publicidades en trenes y estaciones y de más de una exención impositiva. A su vez el empresario Aldo Roggio viene de “arrepentirse” en la causa del #CuadernoGate, donde está procesado por coimero y confesó ser uno de los socios principales del “club de la obra pública”, con el que desde hace décadas se viene garantizando pingües negocios con el Estado a cambio de unas “monedas”.

Mientras tanto, viajar en los subtes de Buenos Aires es cada vez más tedioso y peligroso. Cancelaciones por razones que nunca se explican, frecuencias horarias cada vez más largas y cada vez menos respetadas por la gerencia, hacinamiento en horas pico y, como acaba de demostrarse con el fallo del juez Gallardo, una verdadera “exclusión” a parte de las pasajeras y los pasajeros por no garantizarles medios de accesibilidad indispensables.

Y al mismo tiempo, como lo vienen denunciando desde hace años las propias trabajadoras y trabajadores del subte, “puertas adentro” la cosa no es diferente. El personal de Metrovías trabaja en condiciones cada vez más precarias, donde las enfermedades, los accidentes y hasta las muertes laborales son moneda corriente.

Todo esto bajo el amparo de los poderes Ejecutivo y Judicial porteños, quienes garantizan las ganancias de Roggio y jamás, salvo contadísimas excepciones como en este caso, obligan al empresario corrupto y criminal a hacer lo mínimo indispensable para que el pasaje viaje dignamente y el personal no se lastime o muera.

¿Hay alguna duda de que si el subte fuera re-estatizado y lo manejaran de forma directa sus propias trabajadoras y trabajadores, sin parásitos que “intermedien” entre el servicio y el manejo de las cuentas (empresarios y gerentes), con control de comités de usuarios conformados de forma democrática, el servicio no sería infinitamente de mayor calidad y el personal no estaría en condiciones extremadamente mejores para hacer su trabajo?

Obviamente, tanto para el macrismo como para la “oposición” peronista, que desde hace años “cogobiernan” la Ciudad, esa perspectiva resulta imposible, utópica y hasta muy revolucionaria. Por eso prefieren que siga el esquema de negociados para unos pocos y de lamentos y bronca para las grandes mayorías.

Rodríguez Larreta quiere legalizar la vigilancia total sobre la población

4.10.2018

Daniel Satur

La Legislatura se apresta a reformar este jueves el Código Procesal Penal de la Ciudad. Espías, control de celulares, computadoras y demás avances represivos. La oposición y organismos de derechos humanos lo repudian. Qué dice el proyecto del PTS-FIT.

Desde la bancada del PTS en el Frente de Izquierda, representada por Myriam Bregman y Patricio del Corro, presentaron este miércoles en la Legislatura porteña una “observación” y pedido de que se archive el “expediente Nº 1790-J-2018”, ingresado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta con el objetivo de modificar el Código Procesal Penal (CPP) de la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación de Bregman y Del Corro será expuesta este jueves en el recinto minutos antes de que el oficialismo intente convertir en ley esa reforma. Y los argumentos esgrimidos por el FIT para evitarlo son más que contundentes, tanto como el repudio generalizado de la oposición y de organismos defensores de los derechos humanos.

Así se manifestaron por estas horas Sergio Maldonado, la Correpi, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el CELS, Amnistía Internacional y demás referentes y organismos.

 

Armado de causas y espionaje sin control

 

En el proyecto de observación de Bregman y Del Corro se especifica que el artículo 28 del proyecto de reforma incorpora “medidas especiales de investigación” en materia penal que “implican mayores facultades persecutorias e investigativas para jueces y fiscales, y una mayor vulneración sobre derechos elementales” de las personas investigadas, tales como los derechos “a la defensa, a la intimidad y a la privacidad”.

Resaltan desde el FIT que esa vulneración de derechos revestirá una gravedad especial cuando se trate de investigaciones “contra las organizaciones sociales, gremiales, de la izquierda y de la oposición en su conjunto”.

A su vez denuncian que “el nuevo artículo 145 bis permite al fiscal requerir ‘medidas probatorias no contempladas expresamente en este código que impliquen una intromisión en la intimidad del imputado’, debiendo simplemente solicitar la autorización en una entrevista personal con el juez, quien lo registrará en un acta de carácter reservado”.

De esta manera, destacan los legisladores, “fiscales y jueces tendrán a su disposición no solo todas las nuevas medidas que incorpora la reforma, sino también la discrecionalidad para solicitar cualquier medida de investigación que vulnere la intimidad de un imputado, aun cuando no se encuentre previsto en el CPP”.

Las nuevas medidas de investigación que pretende implementar el macrismo porteño conceden además “un mayor poder de actuación a la Policía de la Ciudad, la fuerza represiva responsable del gatillo fácil en la Ciudad, compuesta por miembros provenientes de la dictadura y exonerados de la Federal, que ahora será la responsable de realizar espionaje e infiltraciones”, denuncian desde el PTS-FIT. En ese sentido, “el armado de causas y el espionaje quedan legalizados y sin control”.

 

Agentes peligrosos

 

Otro elemento que Bregman y Del Corro denuncian especialmente es que en el proyecto de Rodríguez Larreta se incorporan figuras como las de “agente encubierto” y “agente revelador”, que no serían otra cosa que miembros de la Policía de la Ciudad infiltrados en la sociedad civil con supuestos fines detectivescos, enviados por jueces a pedido de fiscales. Esas figuras, denuncian, “son altamente vulneratorias de todos los derechos y garantías del imputado y del derecho de reunión y organización”.

Eso es así porque, de acuerdo al proyecto oficial, el agente encubierto oculta su identidad o utiliza una falsa para “introducirse en organizaciones delictivas” y el agente revelador ejecuta el transporte o compra de dinero, bienes, servicios, armas “o participa de cualquier otra actividad de una organización delictiva”.

Bregman y Del Corro afirman que mientras “en el caso del agente revelador se establece que su accionar ‘no es de ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo’”, el agente encubierto “tendrá -a falta de previsión en el proyecto de reforma- la facultad de infiltrarse por tiempo indeterminado”.

A su vez, denuncian, se habilita a la Policía de la Ciudad “al armado de causas, ya que bajo el ropaje de estos nuevos ‘agentes’ podrán realizar detenciones arbitrarias y recolectar pruebas plantadas previamente”.

El proyecto oficial también incorpora la figura del “informante”, que actuaría bajo reserva de identidad y aportaría datos, documentación o “cualquier elemento o referencia útil” para iniciar o guiar una investigación penal.

 

Independencia cero

 

El proyecto del PRO consuma lo que de hecho sucede desde siempre en relación a la falsa “independencia de poderes”. Por caso, la designación de los agentes “encubiertos” y “reveladores” estará a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, que como denuncian Bregman y Del Corro “actuará en relación directa con el fiscal”.

De esa manera, denuncian desde el PTS-FIT, el proyecto “reconoce la fraudulenta división de poderes, ya que en definitiva el Ejecutivo y los fiscales podrán trabajar en forma coordinada para planificar y direccionar determinadas investigaciones de acuerdo a las necesidades políticas del momento”.

 

Vigilancia a todo trapo

 

El proyecto de Rodríguez Larreta modifica el artículo 117 del actual Código Procesal Penal, referido a medidas de investigación y espionaje. Con esa modificación, en lugar de poder intervenirse los teléfonos solo una vez (como es actualmente) se “habilita la renovación de intervenciones telefónicas en forma ilimitada”, denuncian desde el FIT.

A su vez, el nuevo artículo 118 bis (previsto en el artículo 30 del proyecto que se discutirá este jueves) incorpora nuevas formas de espionaje: la “vigilancia acústica”, la “vigilancia remota”, la “vigilancia a través de dispositivos de captación de imagen” y la “vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización”.

La primera (acústica) permite usar tecnología para escuchar y grabar conversaciones privadas. La segunda (remota), habilita el uso de software para el acceso al contenido de ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos, bases de datos o instrumentos de almacenamiento masivo; es decir que se permite lisa y llanamente el hackeo por parte del Poder Judicial de celulares y computadoras.

La tercera vigilancia (dispositivos de captación de imagen) permite sacarle fotos y/o videos a un imputado en espacios públicos. Y la cuarta (a través de dispositivos de seguimiento y de localización), habilita el uso de tecnología para el seguimiento y localización de quien sea considerado imputado en una investigación.

Bregman y Del Corro denuncian que “todas estas nuevas medidas de investigación, aunque se indica en el proyecto oficial que “no serán autorizadas respecto de terceros ajenos a la investigación”, de todas maneras podrán llevarse a cabo “aún cuando tuvieren efectos inevitables sobre terceros ajenos a la investigación”.

Así, “la vigilancia y el espionaje sobre personas no investigadas no podrá decretarse ‘oficialmente’, pero sí hacerse en los hechos a través de la investigación de personas imputadas”, denuncian desde el PTS.

 

Mayor represión e impunidad

 

Bregman y Del Corro denunciaron que, de votarse favorablemente el proyecto, “los jueces también podrán decretar prisiones preventivas si durante los alegatos la fiscalía solicita la aplicación de pena de prisión efectiva o si existiere sentencia con condena a prisión en primera o segunda instancia, por lo que la sentencia no deberá estar firme para que pueda ordenarse la prisión preventiva”.

Y recuerdan que “esta peligrosa figura es decretada con especial énfasis en sectores de bajos recursos, ya que actúa como parte de la criminalización de la pobreza”.

Para los legisladores del PTS-FIT la reforma del Código Procesal Penal no deja lugar a dudas: generará “una mayor impunidad” y será “un salto en calidad en el accionar represivo del Gobierno” en el marco la “profunda crisis social y económica” en la que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires. Y recuerdan que con, el Código vigente, gran parte de los delitos penales que fueron transferidos de Nación a Ciudad ya “son utilizados arbitrariamente por la Policía local contra manifestantes, artistas callejeros, vendedores ambulantes y no-ambulantes, trapitos y personas en situación de calle”.

“Si en los albores del gobierno del PRO en la ciudad, sufrimos el espionaje de Ciro James y el Fino Palacios que le costó a Mauricio Macri asumir en calidad de procesado la presidencia de la Nación, estas reformas legitiman todas esas prácticas”, sentencian Bregman y Del Corro, al tiempo que definen que “así como nos pronunciamos en absoluta minoría contra leyes nefastas como la del arrepentido, o de aumentar las atribuciones en torno a la de flagrancia a nivel nacional, nos oponemos con todas nuestras fuerzas, a cada avance punitivo y represivo del Estado”.

 

Repudios

 

La postura de los legisladores del PTS en el Frente de Izquierda coincide con la de diversas organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales y sociales.

Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) manifestaron que el proyecto de Rodríguez Larreta “contempla como medidas probatorias válidas e incuestionables una serie de normas violatorias de las garantías constitucionales y consagratorias de un verdadero estado de excepción”. La organización cuya referente es María del Carmen Verdú afirma que “en sintonía con la concepción de Cambiemos y su vocación antidemocrática, esas prácticas devienen en definitivamente ‘legales’”.

“Si pasa, el gobierno del tándem Macri-Larreta habrá demostrado cómo se construye un estado policíaco: sospecha, control, delación, espionaje. Es imperativo movilizarnos para que esta reforma no prospere”, dicen desde Correpi.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, víctima directa del espionaje ilegal del Gobierno y testigo de las represiones en las movilizaciones por aparición con vida y justicia de su hermano, dijo que "estamos atravesando un momento muy complicado donde el Estado de derecho está siendo vulnerado día a día. La Reforma del código Procesal Penal que pretenden llevar adelante servirá para legitimar el espionaje y la invasión a la privacidad que se viene haciendo desde hace tiempo ilegalmente".

"En el caso de Santiago, desde un comienzo, necesitábamos saber dónde estaba mi hermano y quiénes eran responsables de la desaparición forzada, pidiendo que se investigara a la Gendarmería, quien era la fuerza federal que había ingresado de forma ilegal reprimiendo brutalmente a la comunidad mapuche. Teniendo como respuesta, tanto de jueces y fiscales de todas las instancias judiciales, que validaran investigarme, interviniendo mi teléfono como el de otras personas ligadas a la causa,
cuando deberían haber investigado a la Gendarmería por la desaparición forzada de Santiago", dijo Sergio.

"Esta Reforma acrecentara más el desamparo y la violencia que debemos soportar todas las familias víctimas de la violencia del Estado, ya que el espionaje indiscriminado será usado de forma indebida para amedrentarnos, hacernos sentir miedo y que estemos condicionados a fiscales y jueces funcionales al gobierno de turno", finalizó Maldonado.

Para Carlos Zaidman, sobreviviente de la dictadura y miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el proyecto de Rodríguez Larreta “es una barbaridad, estamos ante un avance muy peligroso sobre las garantías constitucionales a los derechos tanto personales como a la protesta social. Se busca ir imponiendo a través de estas leyes y decretos (que se dan en la Ciudad de Buenos Aires pero tienen proyectos parecidos a nivel nacional y de otras provincias) un verdadero estado de sitio en el que se van anulando los derechos fundamentales”.

“No podemos olvidarnos de que la base del informe RAM contra los hermanos mapuches, que hizo la ministra Bullrich el año pasado, es información privada, de redes sociales y de teléfonos, realizada con inteligencia sobre las personas. Ahora quieren legalizar esto que ya se está utilizando”, concluyó Zaidman.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a otras organizaciones como Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Vía Libre y Poder Ciudadano (entre otras) también rechazan el proyecto macrista. Según su declaración, de aprobarse el proyecto implicaría “afectaciones muy negativas a la privacidad y la intimidad”.

“Nada de todo esto fue debatido en profundidad en la Legislatura de la ciudad”, dijeron desde ese grupo de organizaciones. Y agregaron que “en la medida en que esta modificación del Código Procesal de la Ciudad vulnera las garantías procesales y el derecho a la vida privada (…) rechazamos su aprobación y solicitamos que se inicie un proceso de debate serio en el ámbito correspondiente”.

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