CABA: cooperativistas movilizan contra los ataques de patotas del PRO

13.5.2019

Con la consigna «No queremos más violencia, ¡queremos trabajar!», diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras cooperativistas se concentraron desde las 9 en la avenida Fernández de la Cruz 1651, en el barrio porteño del Bajo Flores, para luego movilizar en repudio a la agresión física y verbal que una cuadrilla de recolección de residuos de la Villa 1.11.14 del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) recibió de parte de Estela Tirado, conocida puntera del PRO en la zona. «Quiso desplazarnos y quedarse con nuestros puestos de trabajo», denunciaron las organizaciones, que convocaron a movilizar a «organizaciones sociales y actores sociales que trabajan en las villas de la ciudad enfrentando estas prácticas a diario, a participar de esta movilización». 

 

El lugar elegido para la concentración es porque allí las cooperativas sociales tienen su guardería popular. Una vez encolumnados, marcharán por el barrio para repudiar el ataque que una cuadrilla de limpieza del FOL recibió el viernes pasado. La consigna con la que recorrerán la zona será «No queremos más violencia, ¡queremos trabajar!».

«La patota de la puntera del Pro Estela Tirado, agredió física y verbalmente a nuestras compañeras de la cuadrilla de recolección de la Villa 1.11.14, todas ellas cooperativistas del FOL, con el fin de desplazarnos del territorio y quedarse con nuestros puestos de trabajo», había denunciado la organización en un comunicado, al cual luego adhirieron una gran cantidad de organizaciones sociales y políticas.

La organización remarcó que este tipo de ataques «no pueden ser toleradas por el Gobierno de la Ciudad ni por la comunidad del barrio», por lo cual convocaron a los vecinos y vecinas, organizaciones sociales y actores sociales «que trabajan en las villas de la ciudad enfrentando estas prácticas a diario, a participar de esta movilización»

 

Se conocerá la sentencia para cuatro policías cómplices de trata de personas

10.5.2019

Por Malena Ambas y Julia Pascolini

El lunes 13 se dará a conocer el veredicto de la causa en la que están imputados dos subcomisarios, un comisario y un subinspector de la Comisaría N° 38 del barrio de Flores, CABA, por complicidad activa en el sostenimiento de prostíbulos donde se explotaba sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Este lunes 13 de mayo los Tribunales Orales en lo Criminal N°20 darán a conocer el veredicto de la causa en la que está siendo investigada la cúpula de la Comisaría N° 38 de Flores por proteger y encubrir a tres prostíbulos de la zona. En este marco, la Fiscalía General solicitó condenas de entre 1 año y medio y 3 de prisión para cada uno e inhabilitación total para los cuatro imputados como coautores del delito de “encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos y por no denunciar la perpetración de un delito que debían perseguir penalmente”. Se trata del comisario Roberto A. Cabrini, de los subcomisarios Jorge Durán y Alfredo O. Martínez, y del subinspector Sergio D. Rodríguez de la Policía Federal.

El juicio comenzó en marzo de este año, ocho años después del mega operativo en el que se allanaron 47 prostíbulos entre los que se encontraban los tres investigados, Doly's, Fama y Envidia. La licenciada Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, hizo mención al respecto de esto en su testimonio y dijo que la investigación había sido iniciada en el marco de la posible existencia del delito de trata de personas. A pesar de la prescripción de la causa en la que estaban imputados el dueño y encargados de Doly’s, el juicio pudo avanzar y se ofrecieron 35 declaraciones de testigos.

En la última audiencia la auxiliar fiscal, Priscila Eisenchlas, explicitó en varias ocasiones que en los tres locales se ejercía la explotación sexual de las mujeres. Además remarcó el vínculo estrecho que existía entre los funcionarios públicos acusados y los dueños de los diferentes locales investigados. Ésto, según publicó Fiscales.gob.ar, se tradujo en la cantidad de llamadas que existieron entre unos y otros en los momentos previos y posteriores a los allanamientos sucedidos entre 2008 y 2011. 

Por otro lado, se hizo referencia a la declaración de uno de los mozos de Doly’s, quienes aseguraron que las mujeres realizaban los denominados “pases” en un domicilio lindante y que un 50% del valor de los mismos era para el dueño del boliche, que era el responsable de pagarles al finalizar la noche. Según el testigo, ese porcentaje podía reducirse si las chicas se demoraban más de la cuenta e inclusive podían no pagarles si así lo consideraban los “regenteadores”.

Además, la auxiliar fiscal remarcó la existencia de actas falsificadas por parte de los funcionarios en las que era utilizada la firma de vecinos que habían realizado algún trámite en la Comisaría N° 38. Las pericias determinaron que dichas firmas no pertenecían a los testigos/vecinos sino que eran falsificaciones.

Por su parte el fiscal Carlos Gamallo explicó que lo que se le demanda a cualquier comisario es el conocimiento neto de su jurisdicción, por lo cual, y siendo que los propios acusados dijeron ser conocedores de la existencia de los cabarets, sus actuaciones pueden ser juzgadas en el carácter de coautoría. El hecho de saber que en los locales habían personas extranjeras indocumentadas o en situación de vulnerabilidad y no volcarlo en las actas como “anomalías” o “novedades”, lo reafirma. Además, según sostuvo Fiscales.gob.ar,  “adulteraron documentos públicos y ‘se tomaron el trabajo’ de inventar la presencia de personas en determinados procedimientos y falsificaron la firma de Cabrini para que funcionara como una falsa constancia de los operativos. ‘Se inventaron documentos de vecinos que decían que en los boliches no había inconvenientes’”.

El representante del Ministerio Público Fiscal expresó que “son todos coautores ya que todos tenían un deber común y cada uno hizo su aporte. Se trata de un delito muy grave ya que su rol  principal era el de prevenir el delito” y señaló que todas las maniobras mencionadas durante el alegato tenían como fin encubrir investigaciones para el beneficio personal de los dueños de los locales nocturnos.

Recordamos que en 2011 allanaron Doly’s, un prostíbulo conformado por tres domicilios utilizados para la explotación sexual de mujeres (spa, bar y un último destinado a la realización de pases “vip”). El local funcionó desde 2006 hasta 2011. En 2012, la Protex especializada solicitó la elevación a juicio del principal imputado, el verdadero dueño del prostíbulo y de dos de sus encargados. A partir de ese momento comenzaron las peripecias judiciales que desencadenaron la disposición en 2016 de la extinción de la acción penal por prescripción por parte del Juzgado Nacional en lo Correccional n°3. 

Patota del PRO agrede a cooperativistas del FOL en la 1.11.14

10.5.2019

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) denuncia que una patota oficialista agredió a sus cooperativistas. «Hoy nuevamente la patota que responde a la puntera del PRO, Estela Tirado, volvió a golpear y amenazar a nuestras compañeras que trabajan en la cuadrilla de recolección del barrio de Bajo Flores, con el objetivo de amedrentarlas y quitarles los puestos de trabajo». Sostienen que el ataque busca «desplazar a las cooperativas que trabajan en los barrios populares de la ciudad». Exigen a los funcionarios del GCBA que «no sean cómplices de esta mafia» e intervengan para frenar «la actividad de una puntera a la que le están dando trabajo».

 

Difundimos comunicado:

PATOTA DEL PRO AGREDE A COOPERATIVISTAS DEL FOL EN LA 1.11.14

Como viene sucediendo hace unos días, hoy nuevamente la patota que responde a la puntera del Pro, Estela Tirado, volvió a golpear y amenazar a nuestras compañeras que trabajan en la cuadrilla de recolección del barrio de Bajo Flores, con el objetivo de amedrentarlas y quitarles los puestos de trabajo.

De esta manera pretenden desplazar a las cooperativas que trabajan en los barrios populares de la ciudad, en este caso, limpiando las calles de la 1. Labor ganada por el esfuerzo y la organización popular, con amplio reconocimiento de las y los vecinos del barrio.

Exigimos a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad que no sean cómplices de esta mafia, deben intervenir y hacerse cargo de la actividad de una puntera a la que le están dando trabajo.

Mafias y sicarios: confusión y especulación alrededor de un asesinato

9.5.2019

Por Francisco Lucotti

Hay un funcionario ejecutado y un legislador en grave estado después de recibir disparos desde un auto en las inmediaciones del Congreso, en pleno centro de Buenos Aires. El dueño del vehículo y su colaborador, todavía prófugos, habrían sido identificados pero se desconoce el móvil del crimen.

«Estamos todos realmente conmovidos con el ataque que sufrió esta mañana el diputado de Cambiemos Héctor Olivares, que tiene como consecuencia el asesinato de su asesor Miguel Yadon. (…) Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para entender qué es lo que pasó y para encontrar a los culpables», dijo el presidente Mauricio Macri en un video.

Minutos después, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el video capturado por las cámaras ubicadas en las cercanías del lugar del crimen en el que se ve el momento en el que son baleados el legislador y el funcionario.

«Esto es la constatación de las mafias que trabajan en nuestro país. Se ve como a Yadon lo asesina un auto que estaba esperándolo», dijo Bullrich y luego advirtió que «al diputado no lo remataron», por lo que se especula que el objetivo del atentado habría sido el asesor.

Gracias a la identificación de las placas del auto a través de las cámaras de seguridad, se allanó el domicilio del dueño del auto y se encontró el vehículo en un estacionamiento de la zona, en el que se encontraron casquillos de balas y múltiples huellas digitales.

Según los testimonios obtenidos por los medios, al propietario del vehículo le decían ‘gitano’. Junto con su acompañante, estarían dedicados a negocios irregulares, pero aún no están claras las razones por las que habría cometido el ataque. El juez que lleva la causa dictaminó secreto de sumario y las fuerzas de seguridad se encuentran en la búsqueda de los implicados.

Peritos y policías no descartan que se trate de sicarios, asesinos a sueldo sin vínculo con el móvil del asesinado, aunque el comportamiento de los dos atacantes, la parsimonia con la que se desenvuelven después del crimen y la «desprolijidad» en el acto —bajo la luz de la mañana, en una zona céntrica donde abundan las cámaras y los testigos, fácilmente reconocibles— pone en cuestionamiento esta hipótesis.

Olivares está en terapia intensiva en estado crítico a la espera de ser nuevamente operado luego de que los cirujanos le salvaran la vida, que en estos momentos sigue pendiendo de un hilo debido a que recibió impactos de bala que afectaron varios de sus órganos y por haber perdido mucha sangre.

Segundo censo popular de calle: los números de las políticas de hambre

8.5.2019

Por Paula Carrizo

De acuerdo a datos oficiales publicados por la Dirección de Estadísticas y Censos, en el último trimestre de 2018 se registraron 654.000 personas en situación de pobreza y 204.000 en situación de indigencia en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual supuso un incremento de 113.000 y 83.000 respectivamente, en relación al mismo período del 2017. Resulta indefectible asociar estos números a las políticas de miseria planificada implementadas en los últimos años. 

 

En 2017, un grupo de organizaciones sociales que venía trabajando articuladamente hace varios años para acompañar a personas que se encontraban viviendo en las calles porteñas, se propuso la desafiante tarea de desarrollar el primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle. El objetivo era contar con datos duros que dieran cuenta de la magnitud de un escenario a esa altura innegable -y creciente- así como problematizar las cifras oficiales para poner en agenda sus reivindicaciones en el marco de la ley 3706. Los resultados fueron contundentes: mientras que el censo oficial llevado adelante por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta informaba la existencia de 1.066 personas subsistiendo en las calles de la Ciudad, la cifra presentada por las organizaciones sociales ascendía a 4394.

A dos años de aquella primera experiencia, y fortalecidos con el conocimiento adquirido a través de la misma, la Asamblea Popular de Plaza Dorrego, No Tan Distintas, Proyecto 7-Gente en situación de calle, la asociación civil Abrigar Derechos y la Red Puentes (Movimiento Popular La Dignidad), decidieron lanzar una nueva convocatoria. En esta oportunidad, más de 50 organizaciones sociales y voluntarios/as no organizados/as respondieron a la misma y se sumaron entre el 25 y el 28 de abril a recorrer durante día, tarde y noche las calles de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer realidad el segundo Censo Popular. Estiman que la sistematización final de los resultados llevará más de un mes, instancia en la cual se llevará a cabo una conferencia para su difusión.

 

¿Y por qué un nuevo Censo Popular?

 

De acuerdo a datos oficiales publicados por la Dirección de Estadísticas y Censos, en el último trimestre de 2018 se registraron 654 mil personas en situación de pobreza y 204 mil en situación de indigencia en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual supuso un incremento de 113 mil y 83 mil respectivamente, en relación al mismo período del 2017. Resulta indefectible asociar estos números a las políticas de miseria planificada implementadas en los últimos años, y resulta aún más urgente dejar de entenderlos como simples “números”, y concebirlos como identidades, con sus respectivos cuerpos, historias y trayectorias de vida, invisibilizados por un Estado que les niega cotidianamente el acceso a los derechos más básicos.

Florencia Montes Páez, referente de No Tan Distintas (organización que acompaña a mujeres cis, trans, lesbianas en situación de calle y/o vulnerabilidad social), señaló en relación al contexto, “sabemos que la situación empeoró. Queremos saber cuánta gente más hay que la que contamos en el 2017, cuál es la situación de esos nuevos compañeros y compañeras que no estaban hace un par de años y fueron quedando en la calle, cómo empeoró la situación de los que hace tiempo ya estaban en la calle y cómo se configura esta problemática en este contexto de crisis social político económica del país y de la gestión del macrismo.”

En 2010 se sancionó en la Ciudad de Buenos Aires la ley 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos por las Personas en Situación de Calle, producto de la lucha y el trabajo conjunto de diversos espacios y organizaciones, que apunta a restituir los derechos de las personas en situación de calle y a generar políticas específicas para que no estén en situaciones de tan extrema vulneración. Sin embargo, el gobierno no sólo incumple la norma, sino que además reduce el relevamiento anual de la problemática que ésta  exige a un limitado conteo que no contempla las singularidades de la población a la que apunta, por lo que lejos está de poder dar cuenta de la situación en su complejidad. A esto se agrega el hecho de que el censo oficial no contempla –tal como sí exige la ley- a las personas en calle que hacen uso de los paradores de alojamiento nocturno, ni arroja cifras certeras respecto a las personas en riesgo a la situación de calle (quienes se encuentran en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional, con amenaza firme de desalojo, quienes habitan en estructuras temporales o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento). Sin datos certeros, resulta impensable que una gestión pueda asignar presupuesto suficiente e implementar políticas públicas integrales, de calidad, acordes a la dimensión de la problemática.
Ante este panorama, el Censo Popular emerge con una propuesta diferente en términos metodológicos y epistemológicos, que contempla a quienes están en situación en calle efectiva pero también apunta a poder construir el número de riesgo de situación de calle. “Nosotros venimos discutiendo de que la única manera de saber cuántas personas hay en situación de calle es justamente hacer un censo que tenga un formato móvil, flexible, que permita dar con la itinerancia de las personas que están circulando por la ciudad. Justamente la situación de calle se trata de no tener un lugar donde vivir, vos no estás ubicado fijo en un lugar donde se te pueda localizar, y hay que poder dar cuenta del movimiento que las personas hacen. Entender que los flujos urbanísticos implican flujos diversos de las personas”, destacó Montes Paez.
 

Develar lo que desde lejos no se ve

 

Gabriela ‘Pipi’ Fernández forma parte de la organización YoNoFui (colectivo feminista que trabaja en proyectos artísticos y productivos dentro y fuera de las cárceles), donde hace talleres de periodismo y comunicación e integra un grupo de acompañamiento. Este año participó por primera vez como censista, recorriendo el barrio de Floresta junto a su hija de tres años. Manifestó que fue una experiencia “muy grosa pero a la vez muy fuerte”. Al respecto, describió que “con la primer persona que censé sentí un reflejo propio, mío, recordar cuando estuve en situación de calle, y cómo una transita la calle. Todo lo que implica. La calle es ver la vida pasar delante tuyo, y sentir la indiferencia de la sociedad como si no fuéramos parte de ella misma. Sentí estando con mi hija que realmente la calle no es un lugar para vivir”.
Gabriela abrió también la pregunta respecto a los imaginarios sociales imperantes, que se traducen en prejuicios y una condena social que se asienta muchas veces en el desconocimiento y la falta de empatía.

“En la calle vas creciendo y te vas rodeando de otras cosas, consumos, adicciones, violencias, abusos, frío, hambre, vulnerabilidad, todo lo que implica.  Y sobre todo la indiferencia. Está tan naturalizado ver familias durmiendo en las entradas de las iglesias, en las veredas, en todos lados. Pero cuando la calle te lleva a delinquir ahí sí lo ven como una amenaza. Es impresionante como no pueden ver cómo son esos procesos, por qué por ejemplo un niño está en la calle, qué lo lleva a delinquir, y te machacan entonces con bajar la edad de imputabilidad. Son personas vulneradas, violentadas, abandonadas, y la sociedad no lo ve. No entiende tampoco la falta de amor, de abrazo, de contención”

Consultada respecto a la importancia de llevar a cabo esta iniciativa, agregó que “las personas que están en situación de calle muchas veces no tienen información, desconocen los recursos que hay. Si bien los recursos como los habitacionales o las tarjetas alimentarias funcionan muy caóticamente, es importante conocerlos. Por otra parte, sirve para visibilizar el abandono del Estado, de los derechos, y la violencia policial, que mencionaron en todas las entrevistas. Hay muchas personas que ni siquiera llegan a los paradores.”

 

Obstruir, esconder, hostigar 

 

El alto grado de visibilidad que cobró esta iniciativa, así como su crecimiento en términos de participación y organización respecto al  2017, encendió la alarma al interior del gobierno de la Ciudad. En este aspecto, las organizaciones denunciaron diferentes estrategias llevadas adelante para disminuir el número de personas relevadas. Desde la Asociación Civil Abrigar Derechos indicaron que tanto en los días previos como durante el Censo se vivieron situaciones de violencia y hostigamiento concreto, como es el caso de una ranchada numerosa frente al Teatro Colón, donde indicaron que las personas fueron agredidas físicamente por la policía. Señalaron también que varias personas censadas refirieron haber recibido la oferta por parte de gente del gobierno de plata en mano para hotelarse, sin pasar por los circuitos institucionales para el acceso al subsidio habitacional. 

Al respecto, Montes Páez indicó “El gobierno lo que hizo fue tratar de trabar, obstruir y esconder lo que estaba pasando. Unos diez días antes del Censo hotelaron a un montón de familias por el plazo de dos meses, en hoteles a los que no suele llevarlas, pero ante la desesperación pautaron con ellos. Las llevaron a otros barrios, y levantaron ranchadas principalmente de Monserrat y Parque Patricios, Boedo. Barrios que después fuimos a censar y nos dimos cuenta quienes estaban que suelen estar y quienes no. La reacción fue esa y salir a hacer un conteo propio dos días antes, el martes, buscando confundir a la gente. Acá se pusieron en juego las miradas reales del gobierno. Por más que a la gente le pagues el hotel por dos meses, no se desconfigura sólo con eso el ‘estar en calle’, al día siguiente la gente está itinerando, revolviendo la basura, con el carro, yendo a los comedores.”

Trabajadores del BAP (programa Buenos Aires Presente, de atención a personas en situación de calle) señalaron que si bien hubo una modificatoria del decreto 690/06 (programa Atención para Familias en situación de calle)  a comienzos de este año, duplicando los montos del subsidio habitacional, ésta se dio a la par del aumento del monto de los alquileres, por ende resulta igualmente insuficiente para cubrir la suma necesaria para pagar un cuarto de hotel. A modo de ejemplo, un grupo familiar compuesto por tres integrantes recibe hasta siete mil pesos mensuales, mientras que una persona sóla cinco mil como máximo. El circuito institucional para solicitar el aumento resulta un obstáculo para acceder a este derecho por los trámites que implica.

Las exigencias de los organizadores del Censo podrían sintetizarse en una: el cumplimiento efectivo de la ley. Esto implicaría que las personas en esta situación tengan acceso prioritario  al sistema de  salud, a espacios terapéuticos y de tratamiento de consumos problemáticos, la existencia de paradores abiertos las 24 hs donde puedan dormir, montos dignos para el decreto 690, el cese inmediato de la violencia institucional y la participación de las organizaciones sociales involucradas en la elaboración de las políticas públicas pertinentes.

 

La Ciudad del Capitán Veto
 
Cuando en 2011 Mauricio Macri -en aquel entonces Jefe de Gobierno porteño- vetó el artículo Nº5 de la Ley 3706, no quedaron dudas respecto a qué modelo de ciudad busca construir el Pro. Dicho artículo precisamente incluía en la reglamentación el concepto de “derecho a la ciudad”, definido como “una atribución de libertad sobre el uso igualitario y no discriminatorio del espacio público, su uso y disfrute y el derecho al acceso a los servicios por parte de todos los habitantes, conforme los principios constitucionales”. Es la gran discusión subyacente cada vez que oímos en los medios cómo colocaron ‘tachos inteligentes’ para evitar que los recicladores urbanos saquen cartón de allí, o desalojan y reprimen vendedores/as ambulantes, avanzan sobre espacios emblemáticos como la tradicional feria de libros de Parque Rivadavia, enrejan parques y plazas, o hacen uso de personal de ‘espacio público’ para barrer a la gente en situación de calle del mismo.
En este sentido, Montes Páez resaltó que “Son todos mecanismos, políticas de exclusión y marginalización de los estados neoliberales, donde dejan a la gente sin opción. Todavía se piensa como un problema individual de ciertos compañeros y compañeras que tomaron pésimas decisiones en su vida y por eso terminaron en esa situación. Esa trampa de pensar que son decisiones individuales las que nos llevan a estar excluidos, al margen del sistema,  nos las proponen para no admitir que acá hay un plan sistemático donde lo que está en juego es el derecho a vivir en la ciudad. Son producciones políticas y económicas de gente con muchos intereses para que determinados cuerpos y cuerpas no tengamos acceso a la ciudad, que tiene una mirada elitista y no quiere que nuestros cuerpos disidentes, lastimados, cicatrizados por haber sobrevivido tanto tiempo en la calle tengamos derecho a los espacios públicos, a compartir al ciudad, intercambiar y ser parte del flujo urbano”.
Tanto No Tan Distintas como varias organizaciones que trabajan la problemática identifican como un gran obstáculo esta versión “individualista, meritocrática, capitalística  de la vida”, que consideran tiene una doble función:  “primero perpetuar a las personas que están ahí en una situación de mucha culpa y autoflagelo, por creerse que son completamente responsables de esa situación, y también operar como modelo disciplinante del resto de la sociedad que aún no se mandó ese tipo de “cagadas”, pero que mira expectante, sabiendo que en la puerta de tu casa hay un cuerpo que rostrifica qué significa hacer las cosas mal”.

Para finalizar, señaló “es muy importante que podamos visualizarlo desde ahí, se producen todo el tiempo políticas que buscan excluirnos y cercenarnos, relegarnos a ámbitos cada vez más reducidos. Nosotros tenemos que dar ahí la lucha para poder acceder a esa ciudad que también es nuestra”.
 
Las siguientes organizaciones e instituciones apoyan esta iniciativa: Acción Cannábica, Acción PSC, Amigos en el Camino, Barrios de Pie, Cátedra de Ingeniería Comunitaria de Facultad de Ingeniería (UBA), Ciudad Sin Techo, Colectiva Paulo Freire, Colombia Humana, Comunes, El Hormiguero, Escuela Isauro Arancibia , FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), Frente Social Peronista, Fundación Vignes, La Ría, La Rosa Naranja, MTE (Movimiento de Trabajadores Excluídos), Multipolar, Ni una persona más en la calle, Nueva Mayoría, Nuevo Encuentro (CABA), Olla Popular de Parque Lezama, Partido Social de la Ciudad, Proyecto de Investigación "Sociogénesis de las marginaciones urbanas" de Facultad de Psicología (UBA), Ser con vos, Socialismo para la Victoria, Sopa de Letras, Varones Antipatriarcales, y siguen las firmas.

 

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