Macri está haciendo desaparecer La Boca

7.4.2018

Por Gabriela Massuh y Jonatan Baldiviezo

Su carrera política comenzó en La Boca y terminará liquidando al barrio

El barrio de La Boca fue hasta la asunción del gobierno amarillo uno de los más emblemáticos de la historia política, económica y cultural de la ciudad de Buenos Aires. En 1871 tenía ya la misma fisonomía que conocimos hasta la primera década del segundo milenio: un barrio muy popular con sus contradicciones de pobreza, viviendas obreras, bellos edificios históricos, inseguridad, cantinas italianas y el teatro Caminito, esa colorida fisonomía que aprendieron a valorar turistas y locales. Allí nació el primer cuartel de bomberos voluntarios del país, en 1884, para atender los frecuentes incendios de los conventillos; los dos clubes de fútbol más grandes de la Argentina fueron fundados por sus habitantes (River Plate y Boca Juniors). Desde allí se elevó a Alfredo Palacios como primer diputado socialista de América Latina en 1904. En 1907 fue epicentro de la larga “Huelga de las Escobas”, llamada así porque las mujeres y los niños portaban una escoba “para barrer la injusticia” de los alquileres de los conventillos. Aquel movimiento popular fue modelo de las luchas de la clase obrera contra el mercado inmobiliario que culminó en la creación de una Corporación de Propietarios y Arrendatarios a la que se le sumaron muchos anarquistas luego encarcelados o deportados. Hasta los años ’90 del siglo pasado se recomendaba en cualquier guía como el paradigma de un hábitat genuino muy difícil de encontrar en otras partes del mundo, por su diversidad social y cultural, por su historia viva, por esa rara belleza labrada por sus habitantes.

Todo esto está siendo arrasado por la especulación inmobiliaria en detrimento de los pobladores genuinos del barrio que sufren la amenaza con la que convive quien no nace en la abundancia: ser expulsado por la riqueza especulativa hacia ninguna parte.

 

La historia reciente

 

Durante la década del ’70 sufrió distintas políticas que afectaron el carácter industrial de algunas de sus zonas, dando inicio a un proceso de deterioro de las condiciones sociales y económicas de las familias del barrio. Un nuevo código de planeamiento restringió la instalación de actividades industriales y, simultáneamente, se promovió la creación de parques industriales en el área del Gran Buenos Aires. En 2006 la Legislatura de la Ciudad reconoció la grave crisis causada por estas políticas y sancionó la Ley N° 2.240 que declaró la Emergencia Urbanística y Ambiental en lo que hace a la vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y de actividades productivas. A cien años de la Huelga de las Escobas, los habitantes de La Boca, haciendo honor a su historia, siguen luchando por el derecho a la vivienda adecuada y a un hábitat digno. Han impulsado y conquistado dos leyes de vanguardia a nivel nacional en materia de política habitacional y urbana.

Una de ellas es la Ley N° 341/2000, actualmente vigente, que creó el Programa de Autogestión para la Vivienda. Se trata de un programa de otorgamiento de créditos con garantía hipotecaria a familias individuales u organizadas colectivamente en cooperativas, asociaciones civiles o mutuales (operatoria colectiva para organizaciones sociales). La ley fue impulsada por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), la Mutual de Desalojados de La Boca y el comedor Los Pibes. Desde que asumió la gestión del PRO en la ciudad se frenó la operatoria colectiva y no se otorgaron nuevos créditos para la compra de terrenos.

La otra es la Ley N° 2.240, que reniega de la construcción de grandes complejos habitacionales. En su lugar propone la adquisición por parte del Gobierno de la Ciudad (por expropiación o compra) de los abundantes inmuebles ociosos existentes para construir en ellos pequeños edificios diseminados por todo el barrio e integrados a la trama urbana. Y propone que los grandes predios libres sean destinados a crear nuevos parques públicos. Por ejemplo, ese es el destino que establece la ley para los predios de la ciudad conocidos como Casa Amarilla. Una de las primeras medidas del por entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, fue disolver la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental de La Boca y, en consecuencia, frenar cada uno de los mandatos y derechos establecidos por esta ley.

La gestión del PRO paralizó las dos leyes que establecían políticas populares de acceso a una vivienda y que estaban orientadas a garantizar que los habitantes de La Boca alcanzasen una solución habitacional sin resultar expulsados a otros territorios.

 

Cartografía del despojo

 

El gobierno macrista, perteneciente a la clase empresarial inmobiliaria, tuvo otros planes para el barrio desde el inicio de su gestión. Eran, como siempre, negocios para los amigos disfrazados de políticas públicas. En el contexto del capitalismo financiero del nuevo milenio, los gobiernos de Macri-Rodríguez Larreta y sus adláteres como Riva, Angelici, Elsztain o Nicky Caputo adoptaron decisiones para fortalecer los negocios inmobiliarios y favorecer la expulsión de las familias del barrio. El valor cultural y ambiental subvertido en un recurso para aumentar la rentabilidad del capital inmobiliario. Estas fueron las medidas:

 

1.Creación del Distrito de las Artes:

La Ley N° 4.353/12 crea un territorio libre de impuestos (paraíso fiscal) para las actividades relacionadas con las Artes Visuales, Musicales, Literarias y Escénicas. Se otorga exención del Impuesto a los Ingresos Brutos y del ABL por 10 años, del Impuesto de Sellos y del pago del Derecho de Delineación y Construcciones. La Ley fue aprobada sin respetar el procedimiento de doble lectura y la convocatoria a audiencia pública que exige la Constitución de la Ciudad. Al poco tiempo de aprobada se conoció el mega proyecto inmobiliario que transformó el antiguo edificio de Alpargatas en un lujoso edificio de lofts y estudios de diseño llamado “Molina Ciudad”. El fideicomiso Oficinas Caminito, que Macri incluyó en su declaración jurada de bienes, lo adquirió en 2011 y remodeló la ex fábrica Alpargatas. Además el Ministerio de Seguridad porteño decidió alquilar, en Molina Ciudad, cuatro lofts de 200 m2 cada uno para instalar oficinas de la Subsecretaría de Administración de Seguridad. Un informe de la Auditoría  de la Ciudad indicó que el Distrito de las Artes no benefició a demasiados artistas ni creó empleos en el sur, sino que estuvo más cerca de ser un negocio del banco Santander Río.

Desde que se conformó por ley el Distrito de las Artes, el GCBA avanza como una gran telaraña con grandes obras de supuesta renovación urbana en La Boca, con la finalidad de acelerar el flujo de inversiones, el incremento del valor del suelo y, en consecuencia, la gentrificación de la población originaria, un anglicismo que refiere al desplazamiento de población pauperizada por otra de alto poder adquisitivo. Estas obras comprenden desde la recuperación de zonas degradadas y subutilizadas en torno a la Usina de las Artes, el bajo autopista y el Dique 0, hasta obras más puntuales como la nivelación de la calle Necochea. En 2015 se conformó un consorcio de propietarios e inversores del Distrito de las Artes como una asociación civil que presiona constantemente al gobierno porteño para que el lanzamiento político sea acompañado con políticas concretas para solucionar temas como el de los ocupas, drogas e inseguridad y, por otro lado, para que se elabore un plan de desarrollo urbano. Un informe de la Auditoria General de la Ciudad deja en claro las intenciones al señalar qué partes de la ley se cumplen y cuáles no. Así expresa que el GCBA no ha realizado acción alguna para atender la situación de vulnerabilidad social relevando la necesidad de soluciones habitacionales y para facilitar la permanencia de las familias radicadas actualmente en el Distrito de las Artes. La Renovación Urbana sin medidas de protección de las familias más pobres es igual a una política expulsiva para generar más renta y plusvalía urbana para los empresarios inmobiliarios. Un Distrito creado para negocios inmobiliarios concretos y para organizar a un sector de empresarios que demanden la expulsión de los habitantes de La Boca, “responsables” de la falta de inversión, de la inseguridad y del freno al aumento del valor de las propiedades.

 

2.Creación del Polo de Desarrollo Urbano en la Isla Demarchi:

 

El 9 de Marzo de 2017, el presidente Macri creó la estructura legal para un nuevo negocio inmobiliario con la privatización de tierra pública del Estado Nacional, al dictar el Decreto 153/2017 que dejó sin efecto el destino de Polo Industrial Audiovisual de la Isla Demarchi  y estableció que allí se construirá un Polo de Desarrollo Urbano. Se creó Nuevos Aires del Sur S.A. a la cual se autorizó la venta de los predios de la Isla Demarchi, sin contar con la previa autorización del Congreso Nacional, el único con competencia para vender y disponer de tierras nacionales.

Con el Polo de Desarrollo Urbano se pretende expandir Puerto Madero hacia el Sur para llegar a la Ribera del Riachuelo. En una de las primeras versiones del borrador del proyecto de nuevo Código Urbanístico, que se está discutiendo en la ciudad, la Isla Demarchi y los terrenos aledaños estaban destinados a la construcción de altas torres de perímetro libre, es decir, un barrio de edificios al estilo Puerto Madero. Para no explicitar futuros negocios con la tierra pública o para no adelantar costos políticos, en versiones posteriores decidieron mostrar que no se modificaba la normativa urbanística de estos predios. La sociedad anónima dueña ahora de la Isla Demarchi va a funcionar como la Corporación Antiguo Puerto Madero, que también es una sociedad anónima y fue la encargada de la urbanización y venta de las tierras estatales que conformaron Puerto Madero.

 

3.La Urbanización y venta de los predios conocidos como Catalinas Sur 2:

 

El 7 de agosto de 2017, una semana antes de las PASO, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, remitió a la Legislatura de la Ciudad el proyecto de ley (Expte. 2237-J-2017) para habilitar la construcción de un emprendimiento inmobiliario de gran envergadura en los terrenos que se nombran como “Catalinas Sur 2 “. Este proyecto fue aprobado como Ley N° 5.912 y nace de un convenio entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el GCBA. La AABE se obligó a vender los predios en un plazo máximo de 24 meses, sin contar con la previa autorización del Congreso Nacional. El GCBA se obligó a autorizar la capacidad constructiva para la realización del proyecto inmobiliario. La ley autorizó la construcción de 150.000 m2distribuidos en edificios de perímetro libre con una altura de 75 m sobre la Avenida Brasil y colectora de Autopista (25 pisos) y de 60 metros sobre las calles Gualeguay y Caboto (20 pisos).

Este proyecto debería haber surgido del Plan elaborado por la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental del barrio de La Boca de acuerdo a la  Ley 2.240 que PRO ignoró. El proyecto también forma parte de la intención del GCBA de extender Puerto Madero hacia la ribera del Riachuelo, en este caso, desde el norte de La Boca. Los vecinos presentaron el proyecto de ley N° 1.250-P-2017 para crear la Unidad Ambiental, Deportiva, Cultural y de Gestión Catalinas Sur, es decir, transformar estos predios en un gran parque público. Pero su proyecto fue descartado para avanzar con el emprendimiento inmobiliario. La Ley N° 5.912 constituye una mutilación de la identidad y posibilidades urbanas del barrio en aras de garantizar altas rentabilidades inmobiliarias.

 

4.El negocio de Angelici, la venta de los predios de Casa Amarilla al Club Atlético Boca Juniors:

 

Los terrenos conocidos como Casa Amarilla fueron comprados en 1981 al Estado Nacional para mitigar el déficit habitacional en La Boca. El 11 de abril de 2005 comienza la inscripción para el Programa Habitacional Casa Amarilla. En un principio se deciden hacer 1.231 viviendas. Este programa quedó paralizado. En el marco de una acción judicial presentada por la Asociación Civil Casa Amarilla, el GCBA llegó a un acuerdo con dicha Asociación. La cantidad de viviendas a construir bajó de 1.231 a 438 viviendas, liberando de esta forma varias manzanas. A cambio, el GCBA delegó sus facultades a la Asociación y le otorgó el poder de designar a las familias que serían las adjudicatarias de las viviendas.

En 2010 las manzanas liberadas fueron transferidas al Poder Ejecutivo por el Instituto de la Vivienda (IVC), propietario de las tierras. Mediante el decreto N° 723/2010, el Poder Ejecutivo las transfirió a su vez a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Los terrenos de Casa Amarilla eran codiciados por el Club Boca Juniors desde 2008, con la intención de construir un nuevo Estadio-Shopping. Como hubo una fuerte oposición, se decidió fragmentar la estrategia.

Por un lado, Oscar Moscariello (Vicepresidente de Boca y diputado de la Ciudad por el PRO), presentó el Proyecto de Ley N° 2462-D-2014 para rezonificar estos terrenos como “Distrito de Zonificación E4 56 -Estadio y Complejo Deportivo del Club Atlético Boca Juniors”.

Por el otro, la Corporación Buenos Aires Sur S.E. llamó a Licitación Pública para la venta de estas tierras a raíz de una iniciativa privada del Club Atlético Boca Juniors. La Licitación fue camuflada a través del engaño de la construcción de bibliotecas, clubes sociales y culturales, salones de juegos, gimnasio. En ningún momento se habla de construir allí un Estadio, sin embargo es lo que el presidente del Club, Daniel Angelici, ha promocionado en reiteradas oportunidades. La licitación para la venta de estos terrenos fue adjudicada el 25 de febrero de 2016 al Club Boca Juniors, por 180 millones de pesos a pagar en cómodas cuotas.

Esta venta violó la Constitución de la Ciudad cuyo artículo 82.4 establece que la Legislatura aprueba transacciones, dispone la desafectación del dominio público y la disposición de bienes inmuebles de  la  Ciudad. Es decir, no se puede vender tierra pública de la Ciudad sin aprobación de la Legislatura. La venta al Club Boca Juniors ni siquiera fue tratada en la Legislatura. Los predios de Casa Amarilla de acuerdo a la ley N° 2.240 debieron dar lugar a un nuevo parque público para el barrio de La Boca en lugar de ser vendidos al club en el que Macri inició su carrera política.

Además de estas ilegalidades, organizaciones internas del Club Boca Juniors también cuestionan la voluntad de construir un nuevo estadio porque va en contra de la identidad del club y del barrio y porque el endeudamiento para construirlo crearía las condiciones para que Boca se transforme en una Sociedad Anónima Deportiva de capitales privados, viejo proyecto de Macri.

En diferentes entrevistas, Rodríguez Larreta sostuvo que la venta de estos predios fue aprobada por la Legislatura. La justicia lo desmintió. La violación de leyes, los reclamos vecinales y los grandes intereses en juego tuvieron como el mayor punto de violencia el 5 de mayo de 2016. Durante la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna N° 4 un grupo de personas agredieron física y verbalmente a integrantes del Consejo y de organizaciones sociales mientras se discutía la venta de los terrenos de Casa Amarilla. Resultaron heridos de gravedad Matías Scínica, de la agrupación Boca es Pueblo, quién sufrió un corte a la altura de la garganta, y Fernando Abal Medina que a raíz de múltiples golpes tuvo una hemorragia cerebral.

La Boca Resiste y Propone con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una acción de amparo en el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad para que se declare la ilegalidad de esta venta. En esta causa se dictaron dos medidas cautelares por distintos jueces (Guillermo Scheibler y Paola Cabezas Cescato). Aún así, Daniel Angelici decidió avanzar durante el verano con el vallado de los predios e instalar seguridad privada. En la última sentencia, actualmente vigente, se ordenó suspender los efectos de la Resolución N° 207/GCABA/CBAS/15 que autorizó la venta de los predios de Casa Amarilla por licitación pública. El tribunal declaró que la venta no tuvo ninguna aprobación por parte de la Legislatura porteña.

 

5. La no navegabilidad del Riachuelo y su saneamiento para negocios inmobiliarios:

 

En el año 2008, la Corte Suprema en la causa "Mendoza" dictó sentencia ordenando la recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo, encomendó dicha tarea a la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, (ACUMAR) y delegó la ejecución de la sentencia al Juez Federal de Quilmes, Luis Armella. Este en el fallo de fecha 28 de marzo de 2011 ordenó la suspensión preventiva de la navegación fluvial comercial por el Riachuelo. La cuestión de la navegabilidad del Riachuelo define cuál será el destino productivo de toda la Cuenca y quiénes disfrutarán y capitalizarán los frutos del Riachuelo saneado. Están aquellos que sólo piensan en un Riachuelo para la contemplación desde una ribera urbanizada al estilo Puerto Madero sin importarles las necesidades de los que actualmente viven en la cuenca. Para este caso recuperar la navegabilidad del Riachuelo no es necesario. Para otros, el Riachuelo debe ser un corredor turístico productivo ribereño que mejore la conectividad de la cuenca y genere trabajo para las clases populares. Para este proyecto de ordenamiento territorial la navegabilidad del Riachuelo es imprescindible.

La cuenca aún no cuenta con su Ordenamiento Ambiental del Territorio que ha sido ordenado por la justicia desde el año 2010.

La prohibición de la navegabilidad del Riachuelo, la ausencia luego de 10 años de un Ordenamiento Ambiental Territorial de la cuenca y el nuevo Código Urbanístico para la Ciudad de Buenos Aires están creando las condiciones para destinar la ribera del Riachuelo, especialmente a la altura del Barrio de La Boca y Barracas, a ser la continuación de Puerto Madero.

 

6.El Nuevo Código Urbanístico para la Ciudad de Buenos Aires:

 

En una nota anterior se trató el nuevo Código Urbanístico, su protección a los negocios e interés por asegurar rentabilidad a los desarrolladores inmobiliarios. En el punto 7.2.12 el proyecto oficial regula sobre el “Área de Renovación Urbana Riachuelo” como un ámbito de la ciudad destinado a la transformación de la situación urbana existente y la recepción de Equivalencia de Capacidad Constructiva Transferible. Se describen tres polígonos: a) Polígono Avenida Sáenz, b) Polígono Avenida 9 de Julio y c) Polígono Avenida Vélez Sarsfield. En estos se podrán construir edificios de hasta 45 metros de altura de plano límite. Igual altura se establece para todo el corredor de la avenida Almirante Brown. El desarrollo inmobiliario avanza sobre un barrio de edificios bajos ejerciendo presión por el sur y por el medio.

Esta presión inmobiliaria, más intensa que en cualquier otra zona de la ciudad, incrementa el costo de vida, el precio de los alquileres, los desalojos y los incendios. El Grupo de Vivienda y Hábitat en “La Boca Resiste y Propone” viene realizando un acompañamiento a todas las familias con procesos de desalojo en curso y sistematizando los desalojos ya producidos. Para el año 2017 más de mil personas habían sido desalojadas y existen más de cien desalojos en curso. Es el barrio con mayor cantidad de desalojos y a la par con mayor cantidad de inmuebles ociosos y casas tapiadas esperando el momento oportuno para hacer negocios, clara muestra de la especulación inmobiliaria. Se suman los incendios frecuentes de los conventillos y la desocupación de viviendas por peligro de derrumbe, una especie de desalojo forzoso encubierto. No existe política habitacional seria para las familias que son expulsadas del barrio ni políticas urbanas para evitar la gentrificación del barrio. Las leyes que así lo obligan nunca fueron cumplidas.

La Boca está siendo colonizada por la clase especulativa, con grandes proyectos inmobiliarios que avanzan sobre el barrio por el norte, el sur, el este y por sus avenidas principales, modificando toda su fisonomía y su identidad social y cultural. Luego de cien años sigue luchando por el derecho a la vivienda y al hábitat adecuado, y resistiendo heroicamente los intereses inmobiliarios.

Catalano, de ATE Capital: “Hay que tratar de acortar los tiempos y volver a la CGT”

6.4.2018

Como ya lo había propuesto Hugo Yasky, Daniel Catalano pidió que las CTA regresen a la CGT para “unificar el movimiento obrero y discutir en sus adentros”. Además dijo que “no hay tiempo para armar experiencias sindicales distintas”.

Daniel Catalano, secretario General de ATE Capital, uno de los emblemas ceteistas, se sumó a la propuesta de Hugo Yasky y sostuvo que “si fuera por mí, tenemos que ir todos a la CGT y discutir ahí adentro”.

En una entrevista en el marco del anuncio de la jornada de lucha que llevarán adelante hoy los gremios porteños, “El tanito” señaló que ya “no hay más lugar para seguir armando experiencias sindicales distintas. Hay que dejar de perder tiempo y unificar el movimiento obrero para discutir en sus adentros”.

El titular de la seccional porteña de ATE pidió acelerar los procesos y reunirse en Azopardo: “Hay que tratar de acortar los tiempos y volver a la CGT”, tiró uno de los pilares del armado del 21 de febrero que tuvo a Hugo Moyano como epicentro.

“Lo que está haciendo Macri es muy grosero y muy peligroso para nuestro pueblo y por eso hay que conseguir ese marco de unidad”, justificó Catalano.

Días atrás Yasky se había expresado en forma similar: “Nosotros planteamos que si es para constituir un reagrupamiento combativo, para recuperar la iniciativa frente al Gobierno que quiere avanzar con la reforma laboral, para poner en la calle al movimiento obrero, podemos discutir la reunificación en la CGT”, había dicho.

Hay paro de subtes este viernes 6 de abril a partir de las 20.30

6.4.2018

La medida afecta también al Premetro hasta el horario final del servicio. Los metrodelegados reclaman una paritaria sin techo.

Los metrodelegados ratificaron el parode subte de este viernes a las 20.30 y hasta el final del servicio en apoyo a la huelga y movilización de los gremios docentes porteños y las organizaciones por una paritaria sin techo y salarios justos.

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) ratificaron el paro en un horario que“es el que menos impacta de forma negativa sobre quienes deben volver a sus hogares” , explicó Enrique Rositto, vocero de la organización.

“Se paralizarán los servicios de las seis líneas de subte y el Premetro en el contexto de una masiva jornada de lucha realizada hoy por parte de los trabajadores en rechazo del plan de ajuste oficial del gobierno de la Ciudad contra trabajadores y vecinos”, puntualizó el dirigente gremial.

Rositto anticipó que la semana que viene “se evaluará la visión que tuvo el plan de lucha en el seno del gobierno porteño”, tras lo cual se determinará “si se regresa a la protesta callejera o si se retoma el diálogo en las mesas” de cada gremio.

Por su parte, la concesionaria Metrovías descalificó la decisión de los trabajadores de paralizar las tareas desde las 20.30 de hoy, argumentó que “no existen razones valederas para realizar una huelga” y reclamó la intervención del Ministerio de Trabajo.

Además de los metrodelegados también se sumaron a la protesta de los docentes los empleados judiciales, estatales, guardavidas y camioneros -quienes adhirieron pero no se sumaron a las marchas-.

Recalde repartió en la sesión huevos de Arrufat, la cooperativa que tiene que pagar $86.000 de luz

5.4.2018

“Vinimos a traerles un poco de dulzura frente a esta economía tan amarga”, explicó el legislador porteño y enumeró las distintas cooperativas de la Ciudad que están atravesando una crisis por las políticas del gobierno.

El bloque Unidad Ciudadana presentó en la sesión de hoy en la Legislatura Porteña un proyecto de preocupación por la situación que están viviendo los trabajadores de la fábrica de plásticos Oropel, del barrio de La Boca, que hace dos meses no cobran su sueldo porque los dueños abandonaron la empresa y dejaron a 75 familias sin respuesta.

En ese marco, el legislador Recalde explicó que “las empresas están sufriendo el cóctel explosivo que implica la apertura de importaciones, la caída del consumo y los brutales tarifazos” y que esto impacta aún más en aquellas que fueron recuperadas por los trabajadores. La pizzería “Mi Tío” de San Telmo, el restaurant “La Pascana” de Palermo y la gráfica “Patricios” de Barracas son algunos ejemplos.

Para finalizar, Recalde repartió huevos de la cooperativa Arrufat para todos los legisladores. El último fin de semana la fábrica convocó a una campaña solidaria para pagar la factura de luz de $86.000, la convocatoria se volvió viral y cientos de vecinos se acercaron a comprar.

“Les trajimos estos huevos para ponerle un poco de dulzura a esta economía tan amarga y para mostrar que las cooperativas pueden ofrecer productos de calidad. Queda claro que se puede producir sin los empresarios pero nunca sin los trabajadores. Lo que necesitan es que el gobierno no les ponga un pie encima”, concluyó.

Más impunidad: Sólo tres años para el policía que sin sirena y de contramano atropelló y mató a Nehuén

4.4.2018

Por Carlos Rodríguez

El fiscal del caso, Marcelo Saint Jean, hijo del ex gobernador de la dictadura, encontró atenuantes para lo hecho por el policía, que manejaba el patrullero con exceso de velocidad, cruzó el semáforo en rojo y embistió una moto.

El móvil policial que atropelló y mató al joven Nehuén Rodríguez, de 18 años, circulaba de contramano, con exceso de velocidad, cruzó el semáforo en rojo y nunca hizo sonar la sirena, pero su conductor, el agente de la ex Policía Metropolitana Daniel Germán Castagnasso, fue condenado sólo a tres años de cárcel en suspenso y por lo tanto seguirá en libertad. La pena que le aplicó el Tribunal Oral 4 fue por “homicidio culposo”, pero no se tuvo en cuenta el agravante, por todas las infracciones cometidas, planteado por la parte querellante, que ahora apelará la decisión judicial para insistir que se apliquen los cuatro años y seis meses que solicitó en el juicio oral que finalizó ayer. “Tuvimos la contra de tener como fiscal a Marcelo Saint Jean, hijo de Ibérico Manuel Saint Jean (el genocida ex gobernador bonaerense de la dictadura), que encontró atenuantes a lo hecho por Castagnasso y pidió sólo tres años”, le dijo a PáginaI12 Roxana Cainzos, la madre de Nehuén.

“El atenuante que argumentaron fue que cometió todas esas infracciones porque había recibido un alerta dos, que no es el más grave, a través del servicio de emergencias 911”, señaló Cainzos. “El solo hecho de acudir a un llamado de emergencia cuya gravedad, si la tuvo, nunca se precisó, sirve para disminuir la pena del policía que mató a mi hijo; es una barbaridad”, puntualizó la mujer. Además de los tres años de prisión no efectiva, el Tribunal Oral 4 le aplicó a Castagnasso una inhabilitación de seis años para conducir vehículos, al tiempo que ordenó abrir una causa por “falso testimonio” contra el policía Daniel Soria Barba, quien iba en el vehículo como acompañante. Durante el juicio, Soria Barba incurrió en varias contradicciones en su relato como testigo presencial de lo sucedido.

Al declarar ante los jueces, Soria Barba, que tiene un grado superior al de Castagnasso, dijo que no había visto cómo fue que el móvil policial en el que iban atropelló la moto Gilera GLA 110 en la que se movilizaba Nehuén. Como justificativo, sostuvo que iba escribiendo un supuesto informe, pero en ningún momento pudo precisar de qué se trataba exactamente, porque no lo recordaba. De todos modos, estimó que había entregado el misterioso informe. Sí señaló, en cambio, que había hecho sonar la sirena –algo que fue desacreditado en el juicio–, pero sin que se encendiera la luz que suele acompañar a ese dispositivo.

Soria Barba aseguró que luego del choque, bajó del móvil policial, una Ford Ranger, para interesarse por el estado del joven atropellado. Ante una serie de preguntas, el oficial declaró que nunca le preguntó a su subordinado Castagnasso cómo es que había ocurrido la tragedia. Cuando se le insistió si a la semana, al mes, o en algún momento había interrogado al conductor de la Ranger sobre el hecho aunque fuera “por curiosidad”, primero respondió que no lo hizo. Después creyó recordar algo y comentó: “Bueno, sí, creo que le pregunté y creo que me dijo que había cruzado con luz verde”. Por todas estas vacilaciones y respuestas poco convincentes, el Tribunal pidió que se le abra una causa por “falso testimonio”, aunque dado su cargo y el tenor de las vacilaciones, bien podría tratarse de un caso de encubrimiento.

Lo que quedó probado en el juicio, a través del relato de otros testigos presenciales, filmaciones y pericias, fue que la camioneta conducida por Castagnasso iba de contramano por Ramón Carrillo cuando cruzó Brandsen, por donde venía Nehuén con su moto, en el barrio porteño de Barracas. La prueba demostró que cruzó en rojo, tres testigos dijeron no haber escuchado la sirena del móvil y los peritos determinaron que la Ranger desarrollaba una velocidad estimada entre 48 y 68 kilómetros por hora, que es excesiva para una calle que tiene una máxima de 40 por hora. El hecho ocurrió a la 0.20 de la madrugada del 15 de diciembre de 2014.

El testigo presencial Alberto Mazzarela, que vio el choque, dijo que el impacto fue “como una explosión”. La mamá de Nehuén insistió ante este diario en señalar que Mazzarela “vio y dijo claramente que mi hijo cruzó el semáforo en verde y las pericias demostraron que la moto fue embestida desde la mitad hacia atrás, lo que indica que Nehuén estaba cruzando la calle, ya estaba pasando cuando lo embistieron”. Esto desmintió lo dicho por el conductor de la Ranger, quien indicó que cuando cruzaba Brandsen “vio una sombra que lo chocó a él”, recordó Cainzos.

Roxana Cainzos espera ahora que la apelación que presentarán sirva para “elevar la pena y que Castagnasso vaya preso por lo que hizo”. La madre de Nehuén lamenta haberse enterado tarde del vínculo familiar del fiscal Saint Jean. “Tendría que haber pedido que lo saquen del caso”, como ocurrió en el juicio por el travesticidio de Diana Sacayán. El hoy fiscal fue defensor de genocidas como el comisario Etchecolatz.

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