Peligra el inicio de clases en CABA: los docentes pidieron 30% y una compensación por 2018

12.2.2019

Los gremios ya hicieron su reclamo de una recomposición salarial el 30% más una compensación por lo perdido el año pasado. Desde la gestión de Larreta dijeron que no discutirán salarios en este momento

 

El titular del gremio docente porteño Ademys, Jorge Adaro, dijo que la reunión en el Ministerio de Educación “no fue lo que esperaban” y que el gobierno ofrecería un tope de aumento del 23%.

Representantes de los 17 gremios de docentes participaron ayer del primer encuentro de la mesa técnica convocada por el gobierno que, entre otros temas, iba a abordar la cuestión salarial. La reunión fue en el Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad, ubicado en la avenida Paseo Colón al 200, en el barrio porteño de San Telmo.

Al finalizar el encuentro, el titular de Ademys, afirmó que “no fue lo que esperaban” y que si bien “el debate paritario no fue abordado durante el encuentro, el gobierno ofrecer un tope de aumento del 23%”.

En la jornada de hoy los docentes porteños vuelven a las escuelas tras las vacaciones y los gremios tienen prevista hacer una asamblea el próximo 20 de febrero para definir las medidas a seguir. Adaro anticipó que “si no hay una respuesta satisfactoria, vamos a considerar el no inicio del ciclo lectivo -previsto para el 6 de marzo-y el inicio de un plan de lucha”, según el diario Tiempo Argentino.

“Hoy se hablaron temas técnicos intrascendentes. Nosotros vamos a pedir un 15 por ciento de aumento para recuperar el salario de 2018 y otro 30 para 2019 con el objetivo de hacer frente a la inflación que se especula para este año”, explicó el dirigente-

Caso Lucas Cabello: postergaron el comienzo del juicio

10.2.2019

Por Colectivo de Medios Populares

El juicio oral en donde el ex Policía de la Metropolitana Ricardo Ayala debe ser juzgado por intento de homicidio agravado contra Lucas Cabello, quedó suspendido hasta nuevo aviso. El Tribunal Oral en los Criminal N° 1 informó la suspensión, aunque aún no se conocen los motivos.

 

Después de más de 3 años de lucha en búsqueda de justicia, este martes 12 de febrero iba a comenzar el juicio al policía de la Metropolitana, Ricardo Ayala. Sin embargo, de manera imprevista, llegó la noticia de la suspensión, una práctica habitual del poder judicial: muy cerca del día esperado, informa la suspensión y reprogramación. Madres en lucha, vecinos y vecinas del barrio de La Boca, medios comunitarios y organizaciones sociales están a la espera de la nueva fecha para poder hacerse presentes en Talcahuano 550 y desarrollar las actividades previstas, entre ella una radio abierta.

Cabello fue baleado por un oficial de la entonces Metropolitana que le disparó tres veces a quemarropa el 9 de noviembre de 2015 en la puerta de su casa de La Boca. Desde el día en que Lucas se despertó del coma, comenzó a hacer tratamiento de recuperación, ya que como consecuencia de los disparos a quemarropa de Ayala, quedó cuadripléjico. Luego de los hechos, María Eugenia Vidal -vicejefa de gobierno porteño y recién electa gobernadora de la provincia- se sumó a la versión policial que trataba de justificar el fusilamiento contra Lucas: dijo que Ayala había respondido a un llamado por violencia de género, algo que nunca sucedió. La versión fue rápidamente desmentida por la compañera de Lucas, como así también por el colectivo Ni Una Menos. 

Los jueces Luis Salas, Adrián Pérez Lance y Fernando Ramírez, tendrán la responsabilidad de condenar un acto de puro atropello e impunidad de parte de las fuerzas policiales. No es la primera vez que el poder judicial parece ser insensible a la situación que viven las familias y las víctimas de la represión estatal, quienes luchan hace años y se preparan emocionalmente para enfrentar el juicio. Hoy Lucas y Carolina Vila, su madre, luchan contra la impunidad y esperan nueva fecha del juicio para qué se haga justicia porque, como muchas veces Lucas expresó, él hoy es el hijo de todas esas madres que perdieron a los suyos.

 

(*) Radio Gráfica, FM Riachuelo, La Retaguardia, Sur Capitalino, FM La Caterva, AGENCIA PACO URONDO, ANCAP.

El Ministerio de Educación porteño falseó información para justificar el traslado de la Escuela de Cerámica

9.2.2018

La lucha de la comunidad de la emblemática escuela de Almagro, en contra del traslado compulsivo a 8 kilómetros de su sede, sufrió un traspié tramposo. Rápidamente, sortearon la zancadilla.

 

A fines de diciembre de 2018, el juez de primera instancia Francisco Ferrer dispuso suspender la mudanza del bachillerato de la Escuela de Cerámica Nº 1 del barrio de Almagro a Liniers, a casi 8 kilómetros de distancia, impuesta unilateralmente por el Ministerio de Educación porteño. La medida judicial establecía una pre-cautelar que suspendía temporalmente el traslado y exigía a la cartera educativa una serie de requerimientos que debía informar para justificar el acto administrativo que disponía la mudanza del bachillerato al edificio destinado a la Escuela Artística Rogelio Yrurtia.

Entre la lista de requerimientos Ferrer, quien preside el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 23, dispuso: “Remitir copia de la nómina de personal docente y no docente que ejerce cargos actualmente en el Bachillerato. En caso de ejercer funciones de manera exclusiva en el funcionamiento del Bachillerato, deberá informar también el horario y las tareas desempeñadas. En caso de que no ejerza tareas de manera exclusiva en el Bachillerato, deberá informar: a) si presta tareas para alguna otra de las tres modalidades que componen la Escuela de Cerámica N° 1 (Bachiller, Auxiliar y Técnico), aclarando, en caso de corresponder, en cuál de los tres niveles presta tareas, las funciones y horario de las mismas, b) si presta tareas además en otra dependencia, informando el lugar de trabajo, el horario y las tareas desempeñadas en cada una de estas”.

La maniobra del gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta fue esperar la feria judicial. Y mientras ésta sucedía, esperaron el turno de la jueza Andrea Danas para presentar el informe. Según señala la abogada de la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), Silvana Graciano, que acompaña a los docentes de la escuela, “es una jueza que tradicionalmente no hace lugar a cierto tipo de derechos. En esa oportunidad, el gobierno presentó la información. La jueza no nos la mostró y dictó una resolución judicial a partir de la misma”. UTE, entonces, pidió “vista” y “traslado” de la información presentada por el gobierno, antes de que se resolviera el pedido, y Danas no hizo lugar aunque se trata de un derecho de la parte denunciante.

Recién en instancia de apelación, señala la letrada, fue cuando tuvieron acceso al informe, lo circularon entre los docentes y al revisar las listas, con los que pudieron comunicarse en período de receso, “el 90% dijo que la información era falsa o incompleta”. Otros docentes no aparecían en el listado. Y ocho, que el gobierno presentaba como docentes que no tenían problemas en cambiar de horario, no trabajaban en la escuela. “Respecto de estos ocho, estamos evaluando que ellos denuncien esta situación, ya que se los muestra como personal de la escuela y en realidad algunos se jubilaron, otros renunciaron y otros tienen baja administrativa”, aclara la abogada.

 

Información trucha

 

A continuación, el listado proporcionado por UTE de los docentes nombrados en el informe presentado por el Ministerio que dirige Soledad Acuña, que no prestan servicio en la institución:

  1. Abadie: renunció a la escuela.
  2. Abal: jubilado.
  3. Bogado: con licencia por art. 71 en la Escuela Mastrazzi.
  4. Chechetto: jubilada.
  5. Di Paolo: Jubilada.
  6. Gomez Camacho: con baja administrativa.
  7. Groisman: renunció
  8. Riganti: con baja administrativa.

Cabe agregar que además de esta información falsa, hay en el listado otros 60 docentes sobre los cuales se brinda información errónea y con omisiones. Lo que cometen los funcionarios es el crimen de “falsedad ideológica de un documento público”, cuya pena está prevista entre seis meses y seis años.

Entonces, la jueza Danas revoca la pre-cautelar basándose en información falsa, errónea e incompleta, y la oculta a la parte denunciante. “Es grave lo que hizo el gobierno. No es que están respondiendo a una entrevista en un canal de televisión como políticos. Son el Estado y en esa calidad, están dando información falsa motivados por una orden judicial. Un instrumento público, producido por el estado es falso. Esto es un delito”, sostiene Graciano.

 

No se metan con los pibes

 

Así las cosas, tras la decisión de la jueza Danas, la mudanza volvía a ser posible y la comunidad del “Cera” veía jaqueado todo su esfuerzo por permanecer en la sede de Bulnes 45 y porque se amplíe allí el edificio.

Pero aparece un nuevo actor. La Asesora Tutelar Mabel López Oliva, de turno en la feria judicial, recibió a más de cincuenta chicos en entrevistas individuales que le plantearon los distintos problemas que se les presentaban frente al traslado de la escuela, y la cantidad de derechos que se les vulneraba. “Hay un chico que va con muletas y vive a una cuadra y media, no podés mandarlo con dos colectivos a más de 70 cuadras. Hay varios chicos con discapacidad; chicos que participan en la organización familiar y se ocupan de sus hermanos. El 80% de la matrícula de la escuela es de Almagro”, describe la letrada de la UTE. A raíz de estas presentaciones la asesora tutelar solicita una nueva medida cautelar que es concedida por el juez Guillermo Scheibler, de turno al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, frenando nuevamente el traslado. “Ella pide una nueva medida cautelar y dice que no sólo no tendría que mudarse la escuela sino que además no tendría que haber ninguna modificación en la planta docente. Porque hay muchísimos derechos afectados”, comenta Graciano.

“Este tercer juez de la feria judicial, con la presentación de los chicos, dice que aquí no está contemplado ninguno de los derechos de los pibes. No se puede hacer una mudanza resuelta en dos días. En 48 horas el gobierno inició y terminó un acto administrativo. El Estado debe rendir cuenta de sus actos -agrega la abogada-. Los funcionarios deben dar cuenta de los fundamentos, de las causas, del objeto de sus actos. No es la empresa privada que el patrón decide lo que quiere. Los funcionarios deben aplicar la ley, no pueden hacer otra cosa que aplicar la ley”.

¿Qué ves cuando pensás en Iron Mountain?

6.2.2019

Por Mariano Pagnucco

Un día como hoy, hace cinco años, el depósito de Barracas de la empresa especializada en archivo de documentación Iron Mountain fue devorado por el fuego. En el incendio perdieron la vida ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil. La causa, donde confluye una investigación por lavado de dinero, está frenada y sin funcionarios de jerarquía procesados.

 

¿Hacia dónde hay que mirar hoy para entender Iron Mountain?

Tal vez haya que mirar el enorme vacío edilicio que dejó el incendio en la esquina de Jovellanos y Benito Quinquela Martín, el único rincón de la manzana de Barracas donde hay más cielo que ladrillos. Junto al vacío de esa esquina, a las 9:15 de este 5 de febrero suena una sirena y las personas presentes, que no son más de cien, forman un semicírculo para iniciar su ceremonia.

Tal vez haya que mirar las caras de Facundo Ambrosi, Pedro Barícola, Sebastián Campos, Eduardo Conesa, Leonardo Day, Anahí Garnica, Maximiliano Martínez, José Méndez, Juan Monticelli y Damián Véliz. Esas caras se multiplican en carteles, remeras y fotografías que inundan una casilla de chapa que hace las veces de altar sobre la calle Jovellanos. En medio de la casilla hay un tronco de árbol partido y lleno de ofrendas, sobreviviente tras el derrumbe de la pared sobre la vereda que causó las muertes.

Tal vez haya que mirar los gestos y los abrazos y las lágrimas de madres, padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas y compañeros que hoy han vuelto al lugar de la tragedia para honrar lo que dice un cartel que se erige como una señal de tránsito: “Héroes de Barracas. Justicia, Memoria y Verdad”.

Hay dos causas unificadas: una corresponde al “incendio culposo seguido de muerte” y la otra a maniobras de lavado de dinero

¿Adónde hay que mirar para entender Iron Mountain?

Tal vez haya que mirar la escasa presencia de medios de comunicación (tres cámaras, dos micrófonos, algunos grabadores), que cinco años atrás alentaron el morbo y hoy establecen otras prioridades en sus agendas informativas siempre cambiantes.

Tal vez haya que mirar las ausencias que señalan los familiares de las víctimas: ni una sola autobomba (años atrás llegó a haber 20, dicen), ni un funcionario político (años atrás, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo en un homenaje que las personas fallecidas “eligieron morir” y recibió insultos varios, dicen).

 

¿Adónde hay que mirar para entender?

 

Tal vez haya que mirar los antecedentes de Iron Mountain, que se vende como “líder en archivo y manejo de información” pero tuvo incendios previos en sus depósitos de Estados Unidos (1997), Canadá (2006), Inglaterra (2006) e Italia (2011).

Tal vez haya que mirar a las empresas que perdieron información confidencial en el incendio y que eran investigadas por lavado de dinero: Banco Patagonia (57 mil cajas consumidas por el fuego), HSBC (perdió unas 30 mil cajas), JP Morgan (4.000 cajas) y BNP Paribas (1.200 cajas), entre otras.

Entre las 17 personas procesadas no aparecen ni Gómez Centurión ni Macri ni los altos mandos de Iron Mountain

Tal vez haya que mirar la composición del Gobierno porteño en 2014, cuando sucedió el incendio. El jefe de Gobierno era Mauricio Macri, miembro de una familia empresaria que tiene bajo su órbita compañías como Servicio Electrónico de Pago S.A. (Pago Fácil), que perdió unas 6.500 cajas con información que podría estar vinculada al escándalo de los Panamá Papers.

Tal vez haya que mirar al entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión, militar retirado que en los últimos años -siempre cobijado por el macrismo- sumó medallas como negar la cifra de los 30 mil desaparecidos y abandonar su cargo de director general de Aduanas por sospechas de corrupción. Él tenía a su cargo a los inspectores que firmaban las habilitaciones de lugares como el depósito de Barracas, donde también perdieron documentación Jumbo, Cencosud y Banco Velox… todas empresas donde había trabajado Gómez Centurión tras dejar el Ejército.

Tal vez haya que mirar a Francisco “Pancho” Cabrera, en aquel tiempo ministro de Desarrollo Económico porteño e impulsor de los Distritos Económicos, entre ellos el Distrito Tecnológico donde se radicó formalmente Iron Mountain para percibir beneficios impositivos. Como otros funcionarios de Cambiemos, Cabrera tuvo un pasado ligado al sector privado, puntualmente al banco HSBC, investigado por operaciones ilícitas y afectado en la pérdida de documentación que guardaba en el depósito.

Hoy la causa está frenada en la Cámara de Casación Penal, donde debe resolverse si los familiares tienen posibilidad de ser querellantes

 

¿Adónde hay que mirar?

 

Tal vez haya que mirar la etapa de instrucción de la causa (que en verdad son dos causas unificadas: una corresponde al “incendio culposo seguido de muerte” y la otra a maniobras de lavado de dinero), donde quedó claro que hubo intencionalidad en el incendio, falta de medidas de seguridad básicas e irregularidades varias, como una habilitación fraudulenta de instalaciones que no cumplían con las exigencias legales.

Tal vez haya que mirar las maniobras económicas de Iron Mountain, que mediante la compañía de seguros Zurich indemnizó a un grupo de familiares extrajudicialmente y de esa manera buscó que no prosperara la acción penal. De hecho, hoy la causa está frenada en la Cámara de Casación Penal, donde debe resolverse si los familiares tienen posibilidad de ser querellantes o si la querella será solamente de la Fiscalía.

Tal vez haya que mirar los nombres de las 17 personas procesadas sin prisión preventiva (12 ex-funcionarios porteños, 3 directivos de la empresa y 2 empleados de empresas proveedoras), entre los que no aparecen ni Gómez Centurión ni Macri ni los altos mandos de Iron Mountain.

Tal vez haya que mirar y seguir mirando.

Para entender Iron Mountain y los complejos laberintos del poder en la Argentina.

Trabajadores del subte y estudiantes rechazaron el tarifazo y las pistolas Taser

5.2.2019

Una nutrida delegación encabezada por Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado de la AGTSyP y Patricio del Corro, diputado porteño (MC) por el PTS/Frente de Izquierda, se manifestaron en la tarde de este martes en la estación Carlos Pellegrini.

 

Trabajadores del subte, docentes, miembros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), estudiantes de la facultad de Derecho y del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras realizaron este martes una actividad en la estación Carlos Pellegrini contra la suba del boleto en el Subte, el pésimo estado del servicio que presta el grupo Roggio (concesionario de las cinco líneas y el Premetro) y el intento de uso de las pistolas Taser que quiere implementar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Dellecarbonara explicó que "hemos puesto en pie una campaña para rechazar la intención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de poner en práctica el uso de las pistolas Taser bajo el pretexto de cuidar la seguridad de los trabajadores y el subte cuando sabemos muy bien que se trata de una campaña para criminalizar, perseguir y reprimir a aquellos que protestamos, no solo por las condiciones de trabajo, sino también por el mal servicio”.

"Para nosotros hablar de seguridad significa hablar del mantenimiento y de la inversión en el servicio que no se realiza, del dinero que se lleva Roggio a través de Metrovias. Para nosotros la seguridad y el mantenimiento es que no se nos sigan muriendo compañeros en nuestros lugares de trabajo y que el subte deje de ser una bomba de tiempo", agregó el dirigente gremial y referente del PTS.

Por último, Dellecarbonara señaló que "es por estas razones que planteamos que el subte no puede estar en manos privadas, sino que para que sea un verdadero servicio público debe ser estatizarse bajo control de los trabajadores y los usuarios".

Por su parte Del Corro expresó que “en los próximos meses el subte va a valer $ 21, mientras todos los días vemos que hay demoras en las líneas, no andan los ascensores, se traban las escaleras mecánicas. La explicación de por qué pagamos un tarifazo terrible y el servicio es malo y la seguridad de los trabajadores es nula es porque toda esa plata va a los bolsillo de Roggio que admitió ante la justicia haber pagado coimas con los subsidios”.

Y por último, agregó que “queremos discutir una salida de fondo que es un subte controlado por los trabajadores y los usuarios al servicio de los trabajadores y usuarios que viajan todos los días y no de las ganancias de unos pocos”.

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