Piden perpetua para el acusado por las dos muertes en La Boca

12.9.2018

por Red Eco Alternativo

Los abogados de la familia de las dos jóvenes que fueron asesinadas a puñaladas en una plaza de ese barrio porteño solicitaron la pena de “prisión perpetua” para el acusado, Mariano Bonetto, durante los alegatos del juicio que se lleva a cabo por el caso. La fiscalía, por su parte, pidió 30 años de prisión y la defensa que sea declarado inimputable. El próximo jueves 13 de septiembre se conocerá el veredicto.

 

Mariano Bonetto está siendo juzgado por los crímenes de Natalia Grebenshikova, de 15 años, y Nuria Couto, de 18, cometidos en la Plaza Irala, en La Boca, el 11 de octubre de 2016.

El juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°22 comenzó en junio pasado, sin la participación del imputado en ninguna de las audiencias.

En la jornada del jueves 7, ante los jueces Patricia Cusmanich, Gabriel Nardiello y Sergio Paduczak, la fiscal auxiliar Gabriela Ferreiro realizó la primera parte del alegato donde describió los hechos y las pruebas que vinculaban a Bonetto con el caso. Luego, el fiscal Martínez Burgos aseguró que el acusado podía comprender y dirigir sus acciones. Consideró también como agravantes la edad de las víctimas y lo sorpresivo del ataque perpetrado por Bonetto, y solicitó que fuera condenado a 30 años de prisión. El Tribunal comunicó que las últimas palabras y el veredicto se conocerán el próximo jueves 13 de septiembre, a partir de las 10.

Los letrados Liliana Borisiuk y Juan Santiago Maldonado, representantes de Anna Radionova, madre de la adolescente rusa asesinada, y Carlos Traboulsi y Mario Kenny, quienes patrocinan a la familia de Nuria Couto, señalaron que “Bonetto tenía plena capacidad de comprensión y control de su conducta y, además, que su acción fue premeditada, demostrando un total desprecio por la vida. Todo esto apoyado en las pruebas y testigos presenciales de los femicidios que declararon en el juicio”.

Previo a la elevación a juicio, en dos instancias, la jueza Wilma López había dado cuenta del argumento de la defensa que indicaba que el femicida era inimputable por problemas psicológicos y psiquiátricos. La querella apeló este fallo y la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional lo revocó, además de dictaminar la reapertura de la causa.

La jueza Wilma López había ordenado su detención durante 25 años en el sector correspondiente al Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PR.I.S.M.A.) del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza. Dicho fallo fue revertido también por la Cámara, en línea con lo planteado por la Fiscalía General N°3, a cargo de Mauricio Viera.

Escuela de CABA reclama haber sido difamada por el multimedio Clarín

12.9.2018

Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela N° 7 D.E 2, de la Ciudad de Buenos Aires denuncia haber sido difamada en la nota periodística “Pastel de papas con lentejas, el plato escolar que trajo polémica y que ahora revisarán”, escrita por Pablo Sigal para el diario Clarín. Mediante un comunicado las Familias activas de la Escuela expresaron “la vergonzosa nota periodística miente al intentar ocultar el recorte en alimentos que están sufriendo las escuelas del GCBA”

Compartimos la carta de las Familias activas de la Escuela N° 7 DE 2, en defensa de la Educación Pública

 

Una vez más, nos vemos obligadas como familias de la Escuela N° 7 D.E 2, a manifestar nuestro más enérgico repudio a la nota periodística mal intencionada y mentirosa que Clarín publicó el día martes 11/9 titulada “Pastel de papas con lentejas, el plato escolar que trajo polémica y que ahora revisarán”, escrita por Pablo Sigal.

Por iniciativa de 150 familias de la comunidad educativa se elevó al Ministerio de Educación del GCBA una nota con el pedido de “rectificar / ratificar la información que se difundió, también comentada por nuestros hijos e hijas que almuerzan todos los día ahí, respecto a la reducción de gramaje y calidad de la alimentación en el comedor de la Escuela “Del Centenario” Nro. 7 D.E. 2, de la Ciudad de Buenos Aires, así como también la reducción de becas otorgadas a principio de año.” La nota presentada no fue aún respondida. Sin embargo, el director de Comedores Escolares del Ministerio de Educación porteño, Gonzalo Lazzarín, ya otorgó entrevista al diario Clarín; de esta forma, la comunidad educativa recibe una respuesta en forma de ataque a través del Grupo Clarín.

La vergonzosa nota periodística miente al intentar ocultar el recorte en alimentos que están sufriendo las escuelas del GCBA. En relación específicamente de la Escuela N° 7 D.E. 2, se intenta disfrazar un recorte en la cantidad de carne que contiene el pastel de papas, haciéndolo pasar por un error de las cocineras de la escuela -agraviándolas como trabajadoras- que dicho sea de paso, hacen malabares para hacer rendir las raciones.

El recorte es un hecho consumado: las raciones de cada mes se calculan de acuerdo al presentismo del mes anterior, y no de la nómina de alumnos/as inscriptos/as en la escuela. Las raciones entregadas disminuyeron mes a mes, situación que se arrastra desde el año 2017.

Nos indigna la liviandad y falta de responsabilidad con la que Gonzalo Lazzarín hace sus declaraciones con respecto a este grave recorte que afecta la alimentación de nuestros/as hijos/as. Al igual que la falta de respuesta por parte del Ministerio de Educación de CABA a lo solicitado por el conjunto de familias de dicha Escuela.

Queremos que el GCBA nos muestre que “no bajó la inversión por chico” (sic). Exigimos respuestas, y rechazamos las declaraciones del funcionario del GCBA que difaman a la Escuela Pública y a sus trabajadoras/es.

Repudiamos también la práctica – ya convertida costumbre- de Pablo Sigal, periodista del diario Clarín, quien se encarga por segunda vez de lavar la cara a la política de ajuste del GCBAy habilita el avance simbólico sobre la Escuela Pública y sus trabajadores/as (la primera fue en el 2017 con una nota mentirosa y prejuiciosa sobre la misma Escuela, titulada “La odisea de 29 alumnos de primer grado que cambian de maestra cada 47 días”).

En un contexto de feroz recortes del presupuesto público, con un desguace vergonzoso del Estado y un retroceso enorme del presupuesto público, nos declaramos defensoras y defensores de la educación pública y nos pronunciamos en contra del ajuste en los comedores escolares de la CABA.

Solicitamos de forma *URGENTE*, pronta respuesta a lo requerido en la nota presentada, donde se informe a este grupo de familias, cantidad de raciones que se envían a la Institución Escolar N° 7 D.E 2, y el menú de comedor actualizado a la fecha.

A su vez, convocamos a la comunidad educativa de todas las Escuelas de la Ciudad para enfrentar este gravísimo problema de conjunto, ya que no es un hecho aislado de una escuela, sino una política de hambre y ajuste al que este gobierno nos quiere acostumbrar.

*¡ CON LXS CHICXS NO !*

*Familias activas de la Escuela N° 7 DE 2, en defensa de la Educación Pública.*

Maestras y maestros villeros: “Con hambre no se puede estudiar ni enseñar”

11.9.2018

Por Santiago Asorey

Un grupo de trabajadores de la educación emitió un texto denunciando la situación social en los barrios populares. “Con estas políticas de ajuste y hambre, las villas estamos en situación de emergencia”, sostuvieron.

Un grupo de maestros y maestras de barrios populares emitió un duro documento denunciando la situación social derivada de las políticas económicas del Gobierno de Mauricio Macri. En el marco del “Día del Maestro y la Maestra” los docentes de barrios populares destacaron: “Este 11 de septiembre volvemos a las calles a gritar que con estas políticas de ajuste y hambre, las villas y los barrios populares del país estamos en situación de emergencia” y advirtieron “con hambre no se puede estudiar ni enseñar".

Por otro lado, los trabajadores de la educación recordaron que se movilizaron “hace un año en el Obelisco” para denunciar “cuatro situaciones de emergencia” que afectan a los vecinos de los barrios populares del país. De esta manera, señalaron la gravedad de “la emergencia educativa, la emergencia laboral, la emergencia alimentaria y la emergencia en la protección frente a la violencia institucional”.

En este mismo sentido, los maestros y maestras villeros enfatizaron: “Luego de un año de organización, de luchas, de encuentros, de trabajo, debemos reiterar este reclamo gritando más alto, porque este gobierno no escucha; más unidos y unidas porque así somos más fuertes”.

En relación al ajuste sobre la educación pública, los docentes señalaron: “Desfinancian a las universidades públicas nacionales; en la Ciudad de Buenos Aires intentan eliminar los Institutos de Formación Docente con la creación absurda de una universidad antidemocrática que pretende atropellar años de trabajo y de educación de prestigio. Los docentes no sólo no contamos con material suficiente para las clases -porque varios programas que acercaban libros y computadoras han sido desmantelados- sino que lo alarmante de este ajuste es que los edificios escolares no están en condiciones”.  

Asimismo, recordaron la explosión de la escuela de Moreno que terminó con la vida de una trabajadora y un trabajador de la educación. “La desidia y el abandono al que nos somete el gobierno, se cobró la vida de dos compañeros de Moreno: Sandra y Rubén", señalaron. 

Por otro lado, el documento expresó preocupación por “los incesantes aumentos en transportes, nafta, servicios y la devaluación del peso argentino en más de un 70 % que dejan a nuestros salarios por debajo de la línea de pobreza”. 

Además, los trabajadores de la educación se expresaron sobre el agravamiento de la violencia de las fuerzas de seguridad contra los vecinos de los barrios populares. “La violencia institucional y la inseguridad son dos caras de la misma moneda para la vida cotidiana de nuestros estudiantes que viven en las villas y barrios populares. Afuera y adentro de la Escuela se viven situaciones que ponen en jaque sus derechos como ciudadanos. Nuestro deber como maestros y maestras es preservar el ámbito de la Escuela Pública como un territorio de ejercicio pleno de derechos”.

Finalmente, sintetizaron: “Al tercer año de gobierno de Macri, las políticas de ´seguridad´ en las villas y los barrios populares se han recrudecido a niveles alarmantes: lejos de acercar tranquilidad, las fuerzas conducidas por Patricia Bullrich han violentado, estigmatizado y hasta asesinado a las y los vecinos, en especial a los jóvenes”.

El legislador del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó un proyecto de ley por la separación de la Iglesia del Estado porteño.

9.9.2018

Durante la tarde del miércoles 5 de septiembre, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presentó el proyecto de ley que plantea poner fin a las eximiciones impositivas con el que cuentan las propiedades religiosas según el código fiscal, anular las cesiones de tierras e inmuebles y eliminar los subsidios que reciben las entidades religiosas.

De la presentación participaron miembros de CAEL (Coalición Argentina por un Estado Laico), de la Campaña Nacional por un Estado Laico, algunas compañeras del colectivo Actrices Argentinas, estudiantes secundarias que vienen librando una lucha por la aplicación efectiva de la ESI en las escuelas, la dirigente del Plenario de Trabajadoras Vanina Biasi y Marcelo Ramal.

Los beneficios económicos que cede el Estado porteño ascienden a sumas millonarias, todos estos recursos son utilizados por el clero para ser un factor de bloqueo y contención de la lucha de las masas y a su vez para oponerse a la implementación de reivindicaciones elementales de las mujeres como lo demostraron contra el aborto legal, seguro y gratuito. Para dar cuenta de esto Solano denunció  “con las 612 instituciones religiosas y educativas que están exentas de pagar ABL, la iglesia, se ahorran 400 millones de pesos anuales y representa un 5% del ingreso total de ABL que tiene la Ciudad, mientras que los trabajadores de la Ciudad sufren aumentos de  este impuesto que confisca su salario. A esto se le suman las exenciones impositivas, y las propiedades de uso privado como garajes y hasta el propio Luna Park.”

“Estos beneficios económicos dan cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un Estado confesional. La capacidad coercitiva del Estado está puesta a disposición de imponer un dogma oscurantista al conjunto de la población. La manifestación más evidente de esto ocurre en materia educativa, donde casi la mitad de la matrícula estudiantil está en la educación privada-confesional. Esta política confesional ha sido aplicada por todas las fuerzas políticas que gobernaron la Ciudad, desde la centroizquierda ibarrista hasta el macrismo, pasando por el kirchnerismo”.

Solano invitó a los presentes a impulsar una campaña por el tratamiento del proyecto en todos los colegios, hospitales y barrios porteños enviando mails a la comisión de hacienda (comhacienda@legislatura.gov.ar) donde actualmente está el proyecto. A su vez abrimos una cuenta de mail para recibir adhesiones: separacioniglesiaestadocaba@gmail.com donde ya se han sumado las de: Cristina Banegas, Laura Azcurra, Zuleika Esnal, Adriana Salonia, Elvira Onetto, Alejandra Aristegui, Valentina Cooke, Músicos Organizados, Agrupación Actuemos, CAEL, Campaña Nacional por un Estado Laico, Estudiantes Secundarias por el derecho al aborto, Plenario de trabajadoras.

Hospital Ramos Mejía. Es médica residente y denunció a su jefe: “Me equivoqué y me dio una cachetada delante de todos”

10.9.2018

Por Gisele Sousa Dias

Una paciente le dejó una nota en la que decía haber visto al doctor “abofetearla”. Lo confirmó cuando fue citada como testigo. La médica residente: “Me sentí humillada, indignada”

Hacía un mes que Belén era médica residente cuando sucedió el episodio que la llevó a denunciar a su superior, el jefe de la Unidad de Internación Ginecológica. “Me puse nerviosa y me equivoqué -cuenta -. Le pedí disculpas pero me pegó un cachetazo delante de todos”. Ocurrió en una sala del Hospital Ramos Mejía, a pocos metros de una paciente que lo vio y lo confirmó ante la Justicia.

La declaración de una de las pacientes internadas: “Le propinó un golpe con su mano abierta”.

Belén (30) se recibió de médica en la UBA y eligió el Hospital Ramos Mejía, en Balvanera, para comenzar la residencia en la especialidad de tocoginecología. Lo que denunció (ante las autoridades del hospital, en el Ministerio de Salud y penalmente) sucedió el 30 de junio de 2017.

Yo era nueva, hacía un mes y pico que había empezado. Esa mañana me tocó hacer el pase de sala”, comienza.  Es decir, debía ir cama por cama a evaluar a las pacientes internadas para transmitir, luego, los datos importantes al médico.

“En la primera cama había una paciente que se iba a operar por un quiste de ovarios. Yo tenía que decirle al Dr. Ramiro Fuleston, que era el jefe de internación ginecológica: ‘La paciente tiene tal edad, tales antecedentes, está internada por tal cuestión'”. Belén se equivocó.

“Tenía todo anotado pero me puse muy nerviosa y, cuando me preguntó si tenía cirugías previas, dije que no. Pero la paciente interrumpió y dijo ‘sí, me operaron de apendicitis cuando era chica”. Cuando terminamos con el resto de las pacientes de la sala, él se me acercó y me dijo: “Tenía una apendicectomía”. Le contesté: ‘sí, disculpe doctor, me equivoqué’. Y me pegó un cachetazo”.

Belén dice que se quedó “helada” y que una colega que estaba al lado (residente de tercer año) “saltó”: “Le dijo ‘doctor, usted no puede hacer eso, por eso los residentes se van de este hospital’. Y él entonces se enojó más y me dijo: ‘Encima estoy perdiendo el tiempo enseñándote, porque te vas a ir'”. Esa médica fue citada a declarar: dijo que no había visto nada.

Belén declaró que ella fue hasta “la pecera” donde guardaban las historias clínicas y se puso a llorar cuando otra colega, residente de cuarto año, le preguntó qué le pasaba. “Ella me dijo: ‘a mí me pegó ayer. Lo que tenés que hacer es decirle ‘doctor, no me pegue'”. Esa médica también fue citada a declarar: dijo que había visto llorar a Belén pero que no había visto ninguna marca en su rostro que diera cuenta de que había sufrido una agresión.

A medida que fueron pasando las horas “me fueron cayendo las fichas de lo que había pasado -sigue-. Caminaba por los pasillos y lloraba, me sentía muy humillada”. Según su relato, después se acercó la instructora de residentes: “Me dijo que el año anterior también le había pegado a ella durante una operación”.

Según las declaraciones testimoniales, la instructora de residentes confirmó que a ella también le había pegado en 2016. La Justicia, sin embargo, omitió ese dato de contexto.

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