13.08.2025
El plenario de comisiones incluyó a las de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires continúa con el debate sobre dos proyectos clave impulsados por el jefe de Gobierno, Jorge Macri: la creación de un sistema penitenciario propio para la Ciudad y una nueva Ley de Ejecución Penal. El objetivo de estas iniciativas es establecer un marco legal y operativo que permita a la Ciudad gestionar sus propias instituciones carcelarias, un paso fundamental en la autonomía del distrito.
La discusión se llevó a cabo en un plenario de comisiones, que incluyó a las de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales, con el fin de analizar los proyectos desde múltiples perspectivas. La participación de especialistas y funcionarios en este proceso busca garantizar que la nueva legislación sea robusta, completa y efectiva.
El encuentro contó con la presencia de una variedad de actores del ámbito jurídico y de seguridad. Funcionarios de alto rango del Ministerio de Justicia de CABA, como los subsecretarios Leandro Halperín y Adrián Patricio Grassi, expusieron la visión del Poder Ejecutivo. Además, se sumaron expertos de diversas instituciones, lo que aportó una visión crítica y especializada. Entre ellos se destacaron figuras como Marta Monclús Masó, del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria, y Gabriela Gusis, investigadora en Derecho Penal.
El plenario también contó con la voz de la Justicia nacional, representada por Carla Cavalieri, vicepresidenta de la Cámara de Casación, Apelación Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas. Su intervención, junto con la de otros especialistas como Eduardo Villalba, se centró en la necesidad de establecer una ley clara y precisa que evite interpretaciones ambiguas por parte de los jueces. También se escuchó la perspectiva de organizaciones de la sociedad civil, con la participación de Gerónimo Vega, de la Asociación de Pensamiento Penal, y Manuel Truffó, del CELS.
Los expertos y legisladores coincidieron en la urgencia de crear una ley que sea precisa para evitar arbitrariedades judiciales y garantizar la correcta aplicación del sistema. El objetivo central de la nueva normativa es la resocialización, capacitación y el trabajo de las personas privadas de su libertad, pilares esenciales para su futura reinserción en la sociedad. Se discutieron puntos cruciales como la necesidad de una política postpenitenciaria para evitar la reincidencia, la promoción de la oralidad para agilizar procesos, el uso mínimo del encierro, y la búsqueda de alternativas a la prisión.
El proyecto de creación:
El texto impulsado por el jefe de Gobierno porteño fue presentado en marzo y propone crear e instaurar el Sistema Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires local “como institución civil armada, jerarquizada y depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad”, que actúe “como auxiliar permanente de la administración de justicia” y forme parte del Sistema Integral de Seguridad Pública.
La estructura tendrá como objetivo -en caso de aprobarse la ley- la “custodia y guarda de detenidos, imputados y condenados, que se encuentren alojados en establecimientos penitenciarios de la Ciudad” y que estén “sometidos a ejecución de penas privativas de la libertad” y a disposición del sistema judicial porteño.
Entre sus objetivos figuran “procurar que durante la ejecución de dichas penas el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley”, además de posibilitar “su reinserción social”, tal como indican la Constitución Nacional y su contraparte de la Ciudad, además de organismos y normas internacionales.
El Sistema Penitenciario de la CABA dependerá del Poder Ejecutivo por lo cual su gestión será ejercida por las autoridades civiles que ocupen los cargos administrativos del Gobierno porteño, a través del Ministerio de Justicia. El Instituto Superior de Seguridad Pública se constituirá como “órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente” de quienes integren el Sistema Penitenciario.
El proyecto, enviado al Palacio Legislativo en marzo, propone también habilitar la gestión privada de los establecimientos carcelarios, bajo control público. “Las personas jurídicas de derecho privado podrán construir y/o administrar establecimientos penitenciarios, previa autorización del Ministerio de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que fijará los requisitos específicos para su construcción y gestión”, señala uno de los apartados.
