Red de radios

03.08.2026

La puja por el control de la Ciudad de Buenos Aires de cara a los comicios ejecutivos de 2027 sumó un nuevo capítulo de fricción interna en el arco oficialista porteño-nacional. La legisladora y presidenta de La Libertad Avanza (LLA) en el distrito, Pilar Ramírez, afirmó que el espacio aún no definió si competirá en alianza con otros sectores y dejó abierta la posibilidad de presentar un esquema puramente libertario, desafiando el liderazgo que el PRO ejerce en la Capital desde hace casi dos décadas.

En declaraciones a Radio La Red, la dirigenta afín a Karina Milei marcó una distancia explícita respecto del jefe de Gobierno, Jorge Macri. “Ni siquiera sabemos si vamos a compartir el proyecto de Ciudad”, disparó al ser consultada sobre la viabilidad de un acuerdo institucional o electoral.

La declaración contrasta con la postura asumida días atrás por el propio Macri, quien había condicionado la política de alianzas porteñas a las negociaciones globales que adopten ambas estructuras a nivel nacional.

Reproches por la “paternidad” de las leyes y “sobreactuación”:

El choque entre la Casa Rosada y la sede de la calle Uspallata no se limita a la construcción de listas, sino que expone la disputa por el electorado conservador de la Capital Federal. En su intervención mediática, Ramírez acusó al Poder Ejecutivo porteño de apropiarse de banderas legislativas e iniciativas impulsadas originalmente por la administración nacional de Javier Milei:

– Apropiación de agenda: La legisladora recriminó que el gobierno porteño pretenda adjudicarse iniciativas como la denominada Ley Hojarasca de desregulación administrativa, las modificaciones al régimen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el endurecimiento de sanciones contra los cuida-coches (“trapitos”).

– “Sobreactuación” ideológica: Para la conducción de LLA en la Ciudad, las decisiones del PRO responden a una “sobreactuación de las ideas de la libertad” dictada por el oportunismo político y no por convicciones doctrinales.

– Reclamación territorial: “Queremos que Buenos Aires sea la ciudad de La Libertad Avanza”, aseveró Ramírez, ratificando la meta de arrebatarle el bastión histórico al macrismo.

– Guiño a Bullrich: La legisladora elogió la figura de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, a quien definió como “una gran jugadora y una gran política”, ratificando el peso que la funcionaria conserva en el armado del oficialismo nacional dentro del territorio porteño.

Especulación partidaria frente a los problemas urbanos:

El cruce de acusaciones entre LLA y el PRO revela que la gestión de la Ciudad se encuentra supeditada a un permanente cálculo de conveniencia electoral. Mientras los referentes libertarios acusan al macrismo de copiar su libreto desregulador, y la gestión de Jorge Macri sobreactúa controles punitivos para evitar el drenaje de votos hacia la extrema derecha, las demandas centrales de los vecinos continúan desatendidas.

En un contexto donde la inflación, el aumento de los alquileres y el deterioro del transporte público golpean diariamente la calidad de vida en los barrios porteños, la dirigencia de ambos espacios opta por dirimir “quién es más liberal” o quién redactó antes un proyecto de ley. La disputa por la marca electoral rumbo a 2027 confirma que la prioridad tanto del Gobierno nacional como del Gobierno de la Ciudad no es resolver la crisis social del distrito, sino garantizar su propio loteo del aparato estatal.

31.07.2026

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresó su rechazo a la decisión del Gobierno porteño de reducir la remuneración de los docentes y auxiliares que trabajan durante el receso invernal en el programa “Vacaciones en la Escuela”. La declaración fue impulsada por bloques de la oposición luego de que cientos de trabajadores denunciaran que, una vez iniciado el programa, fueron informados de que cobrarían cerca de un 30% menos que el monto originalmente ofrecido.

El conflicto comenzó cuando los docentes ya habían aceptado las designaciones y se encontraban desempeñando sus tareas. Según denunciaron los sindicatos, las condiciones salariales fueron modificadas de manera unilateral después del inicio de las actividades, situación que consideraron una vulneración de los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación porteño.

Desde el Gobierno de la Ciudad explicaron que la diferencia respondió a un error en la información difundida inicialmente sobre la liquidación de los haberes. Como consecuencia de esa corrección, los docentes pasarían a percibir alrededor de 530 mil pesos y los auxiliares unos 320 mil pesos por su participación en el programa, cifras inferiores a las comunicadas al momento de la convocatoria.

La situación generó una inmediata reacción de los gremios docentes, entre ellos Ademys y la UTE, que calificaron la decisión como un nuevo ajuste sobre los trabajadores de la educación y realizaron jornadas de protesta y visibilización para reclamar que se respete el salario originalmente comprometido. Las organizaciones sostienen que el cambio fue comunicado cuando los docentes ya habían organizado su disponibilidad laboral para cubrir las actividades del receso escolar.

Durante el debate legislativo, los impulsores de la declaración de repudio cuestionaron que el recorte afecte a un programa destinado a garantizar propuestas educativas y recreativas para miles de chicos durante las vacaciones de invierno. Además, advirtieron que el episodio se suma a otros reclamos que distintos sectores educativos vienen formulando respecto de las condiciones laborales y presupuestarias en el sistema público de enseñanza de la Ciudad.

El pronunciamiento aprobado por la Legislatura no tiene efectos vinculantes sobre la decisión administrativa, pero representa un respaldo político a los reclamos de los docentes y aumenta la presión sobre el Ejecutivo porteño para que revierta la reducción salarial. Mientras tanto, los sindicatos mantienen sus demandas para que se liquiden los haberes conforme a los montos originalmente ofrecidos y no descartan nuevas medidas si el conflicto no encuentra una solución.

30.07.2026

El proyecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conceder la construcción y explotación comercial de una red de estacionamientos subterráneos disuasorios ingresó en su fase final de resolución. A través de la Disposición N.º 262/DGCOYP/26, la Dirección General de Concesiones y Permisos aprobó la preselección de las ofertas técnicas (Sobre N° 1), dejando la compulsa pública al borde de la adjudicación con un único oferente habilitado.

La iniciativa, lanzada originalmente en abril bajo el régimen de Concesión de Obra Pública por un plazo de 20 años, tiene su origen en una propuesta de Iniciativa Privada presentada por la firma E-ARG S.R.L., la cual fue declarada de interés público por el Ministerio de Desarrollo Económico y encuadrada en las Leyes locales 469 y 3.058. Aunque el discurso oficial argumenta que la medida busca desalentar el ingreso de automóviles particulares al macrocentro facilitando la intermodalidad, el proceso administrativo avanza recortando la competencia y entregando subsuelos de alto valor patrimonial y comunitario a la explotación privada.

La descalificación técnica y la apertura económica:

Tras el análisis de la documentación técnica y las observaciones presentadas, la Comisión Evaluadora preseleccionó únicamente al consorcio “Establecimientos Disuasorios Consorcio de Cooperación”, tras dictaminar que superó los requisitos mínimos del pliego. En la misma resolución, la administración porteña desestimó la oferta de la firma Explotaciones Coloniales S.R.L. por considerar que no alcanzó los estándares exigidos.

Con este escenario de oferente único, el cronograma oficial fija los siguientes pasos e hitos financieros:

– Apertura del Sobre N° 2 (Oferta Económica): Se realizará el próximo miércoles 5 de agosto a las 11:00 horas en la sede de Concesiones y Permisos (Av. Martín García 346), ante escribano público.

– Canon oficial: El consorcio en carrera deberá igualar o superar el canon base fijado por la Ciudad en $95.596.312,00 para quedarse con la concesión por dos décadas.

Los 5 espacios públicos que serán excavados:

El plan contempla el diseño, financiamiento, edificación, mantenimiento y explotación comercial de módulos subterráneos bajo cinco plazas y parques ubicados en nodos urbanos estratégicos de las Comunas 4, 13 y 14:

Parque España (Barracas – Comuna 4).

Lavardén y Los Patos (Parque Patricios – Comuna 4).

Plaza Inmigrantes de Armenia (Palermo – Comuna 14).

Parque de la Innovación (Núñez – Comuna 13).

Plaza Noruega (Belgrano – Comuna 13).

Si bien el pliego estipula que las obras serán financiadas por la adjudicataria -debiendo incluir equipamiento, normativas de impacto ambiental, sistemas de ralentización de agua de lluvia y la restitución del espacio verde en superficie-, la iniciativa reaviva los cuestionamientos sobre el modelo de desarrollo urbano del Ejecutivo local.

Privatización del subsuelo y desinversión en el transporte masivo

El avance de una concesión a 20 años con un único grupo empresarial expone la orientación política de la gestión porteña en materia de infraestructura y movilidad. Mientras el transporte público masivo y guiado -encarnado por la red de Subterráneos- sufre la postergación de obras históricas como la Línea F y severos problemas de mantenimiento en las líneas vigentes, la Ciudad destina capacidad administrativa a facilitar negocios privados sobre el patrimonio público.

A esto se suma el impacto socioambiental que generará la perforación de plazas emblemáticas en barrios como Palermo, Belgrano o Barracas. La decisión de mercantilizar el subsuelo de los parques en favor de un consorcio privado consolida una lógica donde la infraestructura pública se pone al servicio de la renta corporativa, subordinando la preservación ambiental y el sistema de transporte colectivo a las necesidades del automóvil individual.

29.07.2026

El programa Vacaciones en la Escuela, que funciona en instituciones públicas durante el receso escolar, se convirtió en el centro de la polémica tras la decisión del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires de pagar menos de lo prometido a los docentes y auxiliares convocados. Según la información inicial, los salarios rondaban los $758.000 para maestros y $533.000 para auxiliares por dos semanas de jornada completa. Sin embargo, tras la primera semana, se notificó que los montos serían reducidos en un 30%, bajo el argumento de un “error de cálculo”.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) calificó la medida como un ajuste encubierto y exigió que se respete lo pactado. Por su parte, Ademys denunció que los trabajadores fueron “estafados”, ya que aceptaron la convocatoria con un salario establecido que luego fue modificado. La secretaria general Soledad Mosquera advirtió que el gobierno “juega con la necesidad de los docentes” y que la respuesta oficial fue que quienes no aceptaran las nuevas condiciones podían renunciar, dado que había listas de reemplazo disponibles.

El conflicto se suma a otros recortes recientes en el sistema educativo porteño, como la eliminación de 44 cargos docentes en escuelas primarias para adultos y la reducción de materias en secundaria. La gestión de Jorge Macri enfrenta críticas por lo que los gremios interpretan como una política sistemática de ajuste en educación, pese a que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor presupuesto del país.

La reducción salarial no solo afecta directamente a los docentes y auxiliares, sino que también pone en cuestión la continuidad y calidad de un programa que busca garantizar actividades educativas y recreativas para miles de estudiantes durante el receso. Los sindicatos anticipan nuevas medidas de protesta y advierten que el conflicto podría escalar si el Gobierno porteño no retrocede en su decisión.

28.07.2026

En los hospitales neuropsiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires crece la preocupación por una crisis que combina desfinanciamiento, infraestructura deteriorada y equipos de trabajo cada vez más exigidos. En el Hospital Moyano, sus trabajadores denuncian carencias de personal, salarios insuficientes y un estado general de abandono, al tiempo que señalan que la cantidad de pacientes aumentó de manera marcada en los últimos años.

La guardia del Moyano pasó de recibir alrededor de 60 consultas diarias a superar las 200, un salto que expone la tensión cotidiana dentro del establecimiento. A eso se suma la situación edilicia, con pabellones dañados, filtraciones, sectores en mal estado y problemas de mantenimiento que los trabajadores describen como persistentes.

El cuadro es similar en el Hospital Borda, donde también se multiplican los reclamos por la falta de recursos y el deterioro de las instalaciones. Distintas coberturas periodísticas vienen advirtiendo desde hace años sobre baños en malas condiciones, problemas de calefacción, cortes de luz y agua, y pabellones con graves fallas de infraestructura, en una institución que históricamente fue uno de los principales referentes de la salud mental pública en la Argentina.

La discusión no se limita al estado físico de los hospitales. Un informe citado por Tiempo Argentino y el análisis presupuestario difundido por Chequeado coinciden en que la ejecución de fondos para salud mental en la Ciudad muestra señales de retroceso, con caídas reales respecto de años previos y un impacto directo sobre insumos, mantenimiento y funcionamiento general de los servicios.

Desde el Gobierno porteño, en cambio, se remarca que la Ciudad mantiene una red de atención en salud mental integrada por hospitales generales con guardias las 24 horas, dispositivos específicos y hospitales especializados como el Alvear, el Borda, el Moyano y el Tobar García.

La distancia entre ese esquema formal y la situación denunciada por los trabajadores vuelve a poner en el centro el debate sobre el modelo de atención y las condiciones reales para sostenerlo. Mientras la demanda de asistencia aumenta, los hospitales atraviesan problemas estructurales que, según advierten sus propios equipos, comprometen tanto el cuidado de los pacientes como el trabajo cotidiano de quienes los asisten.