Red de radios

30.06.2026

El bloque Fuerza por Buenos Aires presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución para solicitar al Gobierno de la Ciudad un informe detallado sobre la situación de la Escuela N.° 22 del Distrito Escolar 14, ubicada en el barrio de Agronomía (Comuna 15) Desde la comunidad educativa se informa que hubo problemas con el funcionamiento de una caldera.

La iniciativa pide que el Ministerio de Educación responda, en un plazo de 30 días, una serie de consultas vinculadas con el desperfecto, el estado de la reparación y las medidas adoptadas para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza mientras persista el problema.

Entre los puntos requeridos, el bloque solicita conocer desde cuándo se encuentra fuera de servicio la caldera, cuál fue la falla detectada y remitir los informes técnicos elaborados tras las inspecciones realizadas. Además, el proyecto reclama información sobre la empresa responsable del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de calefacción, el contrato vigente, el último servicio integral realizado sobre la caldera y si la firma fue intimada o sancionada por posibles incumplimientos.

La iniciativa también consulta cuál es el plazo previsto para restablecer definitivamente el servicio y qué medidas implementó el Ministerio de Educación para garantizar el desarrollo de las actividades escolares durante el período sin calefacción. Entre otros aspectos, solicita informar si se instalaron equipos alternativos, si hubo reorganización de aulas o suspensión de actividades y cuántos espacios del edificio resultaron afectados.

Otro de los ejes del pedido apunta a los reclamos realizados por la conducción de la escuela, docentes y familias, así como a los antecedentes de problemas similares registrados en el establecimiento durante los últimos cinco años. El bloque también solicita conocer si existen otras escuelas públicas de la Ciudad que actualmente presenten inconvenientes con sus sistemas de calefacción y qué acciones se están llevando adelante en cada caso.

En los fundamentos del proyecto, Fuerza por Buenos Aires sostiene que, según la información difundida por integrantes de la comunidad educativa, la escuela lleva aproximadamente dos semanas con parte de sus aulas sin calefacción debido a la rotura de la caldera. Agrega que el reemplazo del equipo habría sido autorizado por el Ministerio de Educación, aunque la obra todavía no se habría ejecutado ni existiría un plazo definido para concretarla.

El texto señala que al menos siete aulas se encontrarían afectadas y advierte que la falta de calefacción durante el invierno no solo dificulta el desarrollo de las actividades pedagógicas, sino que también compromete las condiciones de salud y bienestar de estudiantes, docentes y personal no docente.

Asimismo, los autores recuerdan que la Legislatura aprobó recientemente otro pedido de informes relacionado con la infraestructura escolar, luego del incidente ocurrido en la Escuela N.° 16 D.E. 17 “Padre Nores”, donde la explosión de un caño de una caldera motivó cuestionamientos sobre los controles y el mantenimiento de estos sistemas.

Para el bloque, ambos casos ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de mantenimiento preventivo y de supervisión sobre las empresas contratadas para garantizar que los establecimientos educativos cuenten con condiciones adecuadas y seguras para el dictado de clases.

29.06.2026

Bajo la premisa de sumar tecnología a la persecución del delito, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación del Registro de Perfiles Genéticos (RPG). La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo local, se presenta como un salto cualitativo para el sistema judicial porteño. Sin embargo, su amplio alcance reabre un histórico debate sobre el avance del control social, la protección de los datos biométricos y los límites constitucionales de la intervención estatal sobre los ciudadanos.

El nuevo dispositivo estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad porteño y funcionará en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El objetivo formal es digitalizar y cruzar datos de ADN para agilizar el esclarecimiento de delitos graves, optimizar la identificación de personas desaparecidas y unificar la base de datos local con los sistemas de seguridad de la Nación.

El alcance de la medida y las zonas grises del almacenamiento:

A diferencia de los registros genéticos tradicionales, limitados estrictamente a personas con condenas firmes por delitos sexuales, la nueva legislación porteña amplía los criterios de recolección de muestras biológicas.

El universo de almacenamiento de datos alcanzará a tres grupos diferenciados:

– Imputados y condenados: Personas investigadas, procesadas o con sentencia firme por un abanico más amplio de delitos penales transferidos a la órbita de la Ciudad.

– Personal de seguridad: Integrantes de la Policía de la Ciudad, guardiacárceles y peritos, bajo el argumento técnico de descartar la contaminación involuntaria de las escenas del crimen.

– Víctimas y familiares: Aportes voluntarios realizados en el marco de causas por búsqueda de personas o agresiones.

El nudo de la controversia radica en el almacenamiento preventivo de los datos de personas imputadas que aún no han sido declaradas culpables por la Justicia. Diversas organizaciones civiles advierten que mantener el código genético de ciudadanos bajo investigación vulnera el principio de inocencia y abre la puerta a arbitrariedades, en un contexto político donde la criminalización de la protesta y la persecución judicial son moneda corriente.

Entre la retórica punitiva y la falta de controles civiles:

La aprobación de esta ley expone la convergencia ideológica entre la administración de Jorge Macri y el modelo de seguridad promovido por el Gobierno nacional. Ambas gestiones centran su agenda en el endurecimiento normativo y la saturación tecnológica del espacio público -siguiendo la línea del reconocimiento facial y las cámaras de vigilancia-, presentándolos como soluciones mágicas frente a problemas sociales de raíz mucho más profunda.

Desde la oposición parlamentaria y los organismos de derechos humanos se cuestionó la falta de salvaguardas claras respecto a la custodia del material biológico. El hecho de que un registro con información tan sensible e íntima sea administrado directamente por la cartera de Seguridad local, y no por un ente civil o científico autárquico, enciende alarmas sobre potenciales filtraciones, hackeos o usos políticos de los perfiles genéticos.

Con la puesta en marcha del RPG, la Ciudad de Buenos Aires consolida un esquema donde la eficiencia punitiva se prioriza por encima de los derechos individuales, dejando en manos de una estructura policial hipertrofiada el control de la información más privada e inviolable de sus habitantes.

26.06.2026

La polarización socioeconómica experimentó una visible profundización durante los primeros meses del año en la Argentina. De acuerdo con el último reporte sobre la evolución de la distribución del ingreso publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la brecha entre los extremos de la pirámide social ratificó un piso alarmante. Al analizar el reparto por franjas de la población urbana, el segmento con mayores recursos concentró el 33,5% de la masa total de ingresos, mientras que el sector más postergado apenas logró captar el 1,8% del total general.

Esta disparidad se traduce en que los ciudadanos ubicados en el escalón más alto perciben mensualmente quince veces más dinero que quienes integran la base de la estructura social. Si bien esta distancia replica la diferencia registrada en el mismo período del año anterior, representa un desmejoramiento respecto al cierre del último trimestre, cuando la relación se ubicaba en trece veces. El fenómeno se explica en gran medida por la expansión de las rentas financieras y otros ingresos no vinculados al empleo formal, que ganaron terreno dentro del financiamiento de los estratos superiores, trepando del 17,1% al 20,3% del total general.

La profundización de la asimetría quedó reflejada formalmente en el Coeficiente de Gini, un indicador internacional donde el valor cero representa la equidad absoluta y el uno señala la exclusión total. Este índice escaló hasta ubicarse en 0,442, una cifra que supera tanto el 0,435 consolidado en el primer trimestre del año pasado como el 0,431 correspondiente al tercer trimestre de ese mismo ciclo. El retroceso en las condiciones distributivas también exhibe una fuerte marca de género, dado que la diferencia de remuneraciones individuales promedio entre hombres y mujeres se amplió hasta el 29,1%, profundizando la disparidad preexistente.

En el mercado laboral, la devaluación del poder adquisitivo se evidencia con claridad en el umbral medio de los salarios. La mitad de la población que cuenta con un empleo formal o informal percibe ingresos mensuales que no llegan a los 900.000 pesos, una cifra que contrasta de manera drástica con los presupuestos del décimo decil familiar, cuyo promedio se sitúa por encima de los 6,7 millones de pesos. Los analistas del sector privado señalan que la creciente precarización de las condiciones de contratación ejerce una presión a la baja en los sectores desprotegidos. En la actualidad, el universo de asalariados sin aportes jubilatorios ya alcanza el 37,9% y sus retribuciones se ubican un 47% por debajo de las que perciben los trabajadores registrados.

Frente a este escenario de estancamiento salarial y encarecimiento del costo de vida, los especialistas en la materia ya anticipan un impacto directo sobre las condiciones de vida de la población general. Al procesar las variables de la Encuesta Permanente de Hogares, economistas de la Universidad Torcuato Di Tella proyectaron que el índice de pobreza urbana para el primer trimestre se ubicaría en torno al 30,7%. Desde el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) confirmaron esta tendencia al observar que la tasa general de pobreza habría experimentado un incremento cercano a los cuatro puntos porcentuales en comparación con los valores medidos a mediados del año pasado.

Las proyecciones para los próximos meses no contemplan un cambio de tendencia inmediato. Las consultoras económicas coinciden en que los esfuerzos estatales por sostener el equilibrio fiscal mediante el recorte de las partidas de asistencia social, sumados al uso de las pautas salariales como herramienta para contener la inflación, dificultarán la recuperación de los ingresos reales. Con un esquema productivo que muestra dinámicas de crecimiento marcadamente dispares entre sectores económicos, los especialistas advierten que los indicadores distributivos mantendrán la inercia actual, consolidando un panorama de alta fragmentación social para los desafíos institucionales inmediatos del país.

25.06.2026

El Golden Center de Parque Norte se transformó en el escenario de un choque frontal entre dos diagnósticos económicos irreconciliables. Durante la apertura del Encuentro Federal por el Día Internacional de las PyMEs, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ensayó una férrea defensa de la desregulación de mercados y el achicamiento del Estado, marcando una sintonía conceptual con la Casa Rosada que colisionó de frente con los datos de recesión expuestos por las entidades empresarias y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La postura de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires consistió en ratificar una agenda focalizada en la simplificación administrativa y el marketing impositivo. Macri anunció el impulso del Régimen de Incentivo para la Mediana Inversión (RIMI-CABA) y prometió la derogación de lo que consideró “leyes inútiles y regulaciones absurdas”. Sin embargo, el discurso oficial local evitó abordar la drástica caída del consumo y el encarecimiento de los costos operativos que asfixian al comercio de cercanía, delegando el éxito del tejido productivo a la libre competencia y al orden en el espacio público. “Sabemos que donde hay orden, hay progreso”, sentenció el mandatario porteño, ligando de forma lineal el desarrollo económico al desalojo de manteros en 670 cuadras de la Ciudad.

La cruda realidad del sector y el fantasma de la desindustrialización:

El optimismo discursivo de la jefatura porteña encontró un rápido contrapeso en los planteos de los propios anfitriones y de la dirigencia productiva regional. El titular de la CAME, Ricardo Diab, junto a representantes del entramado pyme, contextualizó el debate en un escenario de extrema gravedad, marcado por la pérdida de competitividad, las dificultades de financiamiento con tasas inaccesibles y un persistente derrumbe de las ventas minoristas que erosiona la rentabilidad diaria.

Por su parte, Axel Kicillof subió al escenario con un crudo informe técnico que contrastó con las apelaciones al “sentido común” de su par capitalino. El gobernador bonaerense calificó el rumbo macroeconómico implementado por el Gobierno nacional -y respaldado políticamente por el PRO en la Ciudad- como una “catástrofe” planificada que busca la primarización y exclusión social.

Kicillof aportó datos alarmantes sobre el impacto del ajuste ortodoxo:

– Morfología de la crisis: El comercio acumula un retroceso cercano al 10%, los supermercados un 16%, la construcción un 23% y la industria manufacturera un 11%.

– Mortalidad empresarial: Desde el cambio de ciclo macroeconómico nacional, se destruyeron 26.000 empresas y se perdieron 340.000 puestos de trabajo formales (cifra que roza el medio millón al sumar la informalidad).

Un Estado facilitador vs. un Estado protector:

El cruce de exposiciones en la CAME dejó en evidencia la desprotección estructural que sufren las pequeñas empresas bajo el actual diseño de políticas públicas. Mientras el resto del mundo avanza hacia esquemas de resguardo del empleo y subsidios dirigidos ante los cambios globales, la administración nacional promueve una apertura irrestricta de importaciones combinada con tarifas de servicios públicos en alza cronológica y un evidente atraso cambiario.

La respuesta de Jorge Macri ante esta encrucijada consistió en limitar las herramientas locales a un paliativo fiscal superficial, homologando la premisa de que el esfuerzo actual “tiene que valer la pena”. Al esquivar las variables estructurales que hunden el mercado interno, tanto el Gobierno de la Ciudad como la Casa Rosada consolidan un modelo donde las pymes -principales generadoras de empleo en el ámbito porteño- deben sobrevivir por sus propios medios a una reestructuración económica que, lejos de dinamizarlas, amenaza con extinguirlas.

24.06.2026

El inicio del invierno expuso nuevamente las limitaciones del sistema energético argentino. Las distribuidoras de gas suspendieron el suministro interrumpible a estaciones de servicio e industrias, una medida que se aplica cada vez que la demanda residencial se dispara. En La Plata, donde el 90% de las estaciones opera bajo contratos interrumpibles, el corte dejó a la mayoría sin servicio y generó largas filas en los pocos puntos habilitados.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la situación es similar: Metrogas y Naturgy limitaron el despacho de GNC a los cupos firmes contratados**, lo que derivó en colas y faltantes en distritos como Moreno, Merlo, La Matanza y San Martín.

La normativa vigente establece que, ante picos de consumo, los hogares, hospitales y escuelas tienen prioridad absoluta en el abastecimiento. Por eso, las estaciones de servicio con contratos interrumpibles son las primeras en sufrir cortes. El Enargas informó que el 22 de junio la demanda total de gas alcanzó los 155,5 millones de m³, de los cuales más de 80 millones correspondieron al consumo residencial.

El problema no radica en la producción: Vaca Muerta genera volúmenes récord de gas, pero la red de transporte por gasoductos no logra acompañar el salto de consumo en invierno. Según la Cámara de Expendedores de GNC, la capacidad de transporte ronda los 120 millones de m³ diarios, suficientes para gran parte del año, pero insuficientes en los meses más fríos.

La crisis golpea especialmente a taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones, que dependen del GNC por su menor costo frente a la nafta. En la Autopista La Plata-Buenos Aires se registraron protestas bajo la consigna “Basta de restricción al GNC”.

En provincias como Córdoba y Santa Fe también se reportaron cortes, mientras que en San Juan las autoridades locales aseguraron que el suministro se mantiene normal gracias a la previsibilidad de la cuenca neuquina.

El Gobierno y las distribuidoras monitorean el sistema de manera constante y esperan reforzar la oferta con la llegada de buques de Gas Natural Licuado (GNL). Sin embargo, las restricciones podrían mantenerse mientras persistan las bajas temperaturas, un escenario que se repite cada invierno y que evidencia la necesidad de ampliar la infraestructura de transporte.