Red de radios

23.07.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo un nuevo operativo de saturación en la villa 1-11-14, en el barrio de Bajo Flores (Comuna 7), un asentamiento populoso que concentra a más de 40.000 habitantes en cerca de 5.000 viviendas. La intervención combinó controles policiales, fiscalización comercial y tareas de limpieza, en el marco de la política de seguridad que el Ejecutivo local despliega en zonas catalogadas como prioritarias por el Mapa del Delito.

El procedimiento estuvo encabezado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Seguridad, Horacio Giménez. Del despliegue participaron más de 120 efectivos de diversas divisiones de la Policía de la Ciudad, junto a inspectores de la Agencia Gubernamental de Control, agentes de Tránsito, personal ambiental, efectivos de Migraciones y cuadrillas del área de Limpieza.

Los resultados del despliegue en el Bajo Flores:

De acuerdo con la información oficial distribuida por la administración de la Ciudad, las acciones en el territorio arrojaron los siguientes resultados punitivos y administrativos:

– Secuestro de estupefacientes: Se incautaron dosis de cocaína, pasta base y marihuana.

– Controles vehiculares: Se retuvieron 47 vehículos por irregularidades en la documentación y se removieron 10 automóviles abandonados de la vía pública para su posterior compactación.

-Clausuras comerciales: Se inspeccionaron locales de compraventa de metales y se dispuso la clausura de tres chatarrerías que operaban sin la habilitación correspondiente, bajo la premisa de combatir la venta ilegal de autopartes.

– Higiene urbana: Se realizaron tareas de retiro de escombros, remoción de basura y desarme de estructuras precarias en distintos sectores del barrio.

La doctrina de la saturación frente a la deuda de urbanización:

Este operativo se suma a los más de 1.400 procedimientos de saturación que, según datos oficiales, la Ciudad ha realizado en los últimos dos años en puntos como Constitución, Balvanera, Retiro, Once y Saavedra. La estrategia visibiliza la sintonía doctrinaria entre el Gobierno porteño y el Gobierno nacional en materia de seguridad, priorizando la presencia policial intensa y el efectismo fotográfico antes que un abordaje socioeconómico integral.

Desde organizaciones territoriales de la Comuna 7 se advierte que la respuesta punitiva estatal resulta insuficiente si no se abordan los problemas estructurales del Bajo Flores. En un contexto de ajuste nacional que impacta de lleno en los sectores más vulnerables, el despliegue de 120 agentes y la remoción de chatarra no resuelven la falta de vacantes escolares, la precariedad habitacional ni el déficit en la atención primaria de la salud, convirtiendo a los operativos de saturación en una puesta en escena que maquilla la retirada del Estado en sus funciones sociales esenciales.

22.07.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que durante el receso invernal intensificará obras de infraestructura en más de 45 escuelas porteñas. Las tareas incluyen mejoras en sistemas de climatización, impermeabilización de edificios, instalaciones eléctricas, pintura integral y renovación de sanitarios, y forman parte del plan de infraestructura escolar 2026, que contempla una inversión superior a los 160.000 millones de pesos.

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, sostuvo que el receso representa “una oportunidad para acelerar los trabajos en las escuelas” y que las mejoras buscan acompañar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Desde el inicio de la gestión, el Gobierno afirma haber finalizado más de 6.000 obras de distinta escala en establecimientos educativos de la Ciudad.

Lo que el anuncio no dice:

El comunicado oficial presenta un panorama de gestión prolija y sostenida. El contexto educativo porteño de los últimos meses, sin embargo, muestra una imagen bastante más compleja.

Hace apenas una semana, estudiantes tomaron la Escuela de Teatro Nini Marshall en rechazo al plan “Buenos Aires Aprende”, denunciando despidos docentes y convocando a un abrazo simbólico frente al establecimiento. El plan en cuestión es la misma iniciativa que la ministra Miguel usó como paraguas para justificar la reforma del Estatuto Docente implementada por decreto en pleno receso, sin negociación con los gremios y sin pasar por la Legislatura.

Ese conflicto docente tuvo otro capítulo en junio, cuando el Ministerio de Educación reincorporó a los 19 trabajadores despedidos de las orquestas Virgen de Itatí y Violeta Parra, luego de cuatro meses de conflicto iniciado por el cierre dispuesto en febrero. Una reincorporación que llegó tarde, bajo presión, y que no modifica el patrón de decisiones unilaterales que caracterizó a la cartera educativa porteña en los últimos meses.

Que el GCBA realice obras de mantenimiento en las escuelas durante el receso es una práctica razonable y necesaria. Lo que genera tensión es la coexistencia de ese anuncio con un modelo de gestión que, en paralelo, avanza sobre las condiciones laborales de los docentes por decreto, cierra programas artísticos sin consulta y responde a la protesta estudiantil con silencio institucional.

Arreglar el sistema eléctrico de una escuela y reformar el Estatuto Docente sin paritaria no son decisiones contradictorias en sí mismas. Pero cuando una gestión acumula conflictos con sus trabajadores y al mismo tiempo anuncia inversiones de infraestructura, la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿cuánto de este plan de obras es gestión genuina y cuánto es comunicación de crisis en año electoral?

21.07.2026

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó el envío a la Legislatura porteña de un paquete de propuestas para cubrir 21 cargos estratégicos dentro del nuevo fuero del Trabajo local. La medida, que marca el tramo decisivo en la transferencia de competencias desde el ámbito nacional, se fundamenta en los órdenes de mérito definitivos de los concursos públicos llevados a cabo durante 2025 y busca dotar de magistrados y funcionarios a una estructura judicial que el Ejecutivo porteño pretende poner en marcha en el corto plazo.

La documentación remitida al Parlamento de la Ciudad incluye las resoluciones aprobatorias de los concursos, los dictámenes de la Comisión de Selección de Jueces e integrantes del Ministerio Público, los antecedentes y los legajos personales de los postulantes.

Con estos elementos, la Legislatura deberá iniciar el trámite formal de audiencia e impugnaciones fijado por la Constitución de la Ciudad para la designación de jueces y miembros del Ministerio Público, en un recinto donde el bloque oficialista y sus aliados cuentan con los votos necesarios para convalidar las nóminas de manera expedita.

Los 16 nombres propuestos para los juzgados y la Cámara:

El reparto de los cargos judiciales de decisión se divide en dos instancias clave, con nombres que provienen de los primeros puestos de los concursos aprobados:

– Juzgados de Primera Instancia del Trabajo (10 cargos): Para encabezar los tribunales de base, el Consejo propuso a María Sol Loredo, María Paula Nievas Ibáñez, Laura Victoria Bonhote, Laura Alejandra Calogero, Francisco Elissondo, Agustina Bergonzelli, Antonella Stringhini, Itatí Canido, Pablo Andrés Liste y Sebastián Luis Caset.

– Cámara de Apelaciones del Trabajo (6 cargos): En la instancia superior de revisión, encargada de fijar la doctrina del fuero, los postulados son Diego Javier Tula, Martín Leonardo Furchi, Patricia Paola Ceriani, Silvia Inés Gutiérrez Garay, Horacio Bernardino Pitrau y Gabriela Inés Fernández.

Los 5 cargos para el Ministerio Público:

Para completar el andamiaje institucional que requiere el funcionamiento del Fuero del Trabajo -integrado por juzgados, Cámara y los órganos de representación estatal y tutelar-, se enviaron los siguientes pliegos:

– Fiscalías: Viviana Laura Díaz y Mariana Paula Mansilla fueron propuestas para las dos Fiscalías de Primera Instancia del Trabajo, mientras que Germán Helvio Queipo fue nominado para la Fiscalía de Cámara de Apelaciones.

– Asesorías Tutelares: Para la protección de derechos en Primera Instancia se nominó a Federico Kaimakamian Carrau, mientras que Damián Natalio Ariel Corti fue propuesto como asesor tutelar de Cámara.

Eficiencia procesal o alineamiento con el sector empleador:

La aceleración en la tramitación de estos 21 pliegos expone la prioridad política del Gobierno de la Ciudad: consolidar un fuero laboral propio que responda a la agenda de desregulación y contención de la litigiosidad promovida tanto por la sede gubernamental de Uspallata como por la Casa Rosada.

Mientras el discurso oficial presenta esta ingeniería judicial como un salto en la autonomía porteña, diversos analistas del derecho laboral y sectores gremiales advierten que la estructuración desde cero de este fuero -con jueces y fiscales seleccionados bajo el clima político actual- busca distanciar los fallos de la tradición fuertemente garantista que históricamente caracterizó a la Justicia Nacional del Trabajo.

De este modo, la asignación de recursos públicos para sostener la plantilla salarial y la infraestructura de estas nuevas dependencias parece orientarse más a reducir los costos operativos e indemnizatorios de las empresas que a garantizar una tutela judicial efectiva para los trabajadores del distrito.

20.07.2026

El impacto del proceso recesivo que atraviesa la economía nacional comenzó a horadar de forma dramática la estructura de financiamiento de la jurisdicción más rica del país. De acuerdo con datos fiscales consolidados, la Ciudad de Buenos Aires acumula una caída real del 17,3% en sus ingresos tributarios desde el año 2023. La cifra enciende las alarmas en el Ministerio de Hacienda porteño y desnuda la vulnerabilidad del presupuesto local ante el derrumbe del consumo y la actividad económica.

La contracción, medida en términos reales para aislar el efecto de la inflación, responde principalmente al desempeño negativo de los impuestos ligados de forma directa al ciclo económico y al mercado interno. A pesar de los esfuerzos de la administración de Jorge Macri por sostener la cobrabilidad mediante la digitalización y el endurecimiento de los controles de fiscalización, la base imponible del distrito se encuentra en pleno retroceso.

Los motores de la recaudación en terreno negativo:

El núcleo del desfinanciamiento porteño se explica por el comportamiento de sus principales tributos, los cuales reflejan con precisión quirúrgica la parálisis de las pymes y el comercio minorista en las comunas capitalinas.

El retroceso fiscal se explica a través de las siguientes variables:

– Ingresos Brutos: El impuesto que representa la columna vertebral de los recursos propios de la Ciudad -explicando históricamente más del 70% de la recaudación tributaria- muestra una baja sistemática correlacionada con el desplome de las ventas en supermercados, comercios de cercanía y shoppings.

– Sellos y Patentes: Los gravámenes asociados a la transferencia de bienes registrados, como la compraventa de inmuebles y el patentamiento de vehículos automotores, reflejan caídas de dos dígitos debido al encarecimiento del crédito y la falta de incentivos a la inversión.

– Tasas locales (ABL e Inmobiliario): Aunque el Ejecutivo porteño aplica indexaciones mensuales para defender el valor nominal de las cuotas, los índices de morosidad registraron un leve incremento en los barrios residenciales, forzando la apertura de moratorias y planes de pago específicos.

La encrucijada política entre el ajuste y la coparticipación:

Este escenario de debilidad fiscal propia coincide con el conflicto sin resolver entre la Ciudad y la Casa Rosada por el traspaso de los fondos de la coparticipación federal. Si bien la gestión porteña reclama el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto al coeficiente del 2,95%, el goteo diario de recursos nacionales no compensa la magnitud del bache que genera la propia recesión económica interna en el territorio porteño.

Desde la oposición legislativa y diversos centros de estudios económicos locales se señala que el Gobierno de la Ciudad opta por trasladar este ajuste directamente a las partidas de inversión pública.

La subejecución y parálisis de obras de infraestructura clave -como la ampliación de la red de subterráneos, la urbanización de barrios populares y el mantenimiento hospitalario- operan como el verdadero reaseguro para sostener el superávit financiero que exhibe el Ejecutivo comunal, a costa de un deterioro palpable en la calidad de los servicios públicos esenciales.

17.07.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó una serie de modificaciones sustanciales al Estatuto Docente que ya generan un fuerte rechazo en la comunidad educativa. Impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Educación, Mercedes Miguel, la reforma plantea una reestructuración de las condiciones de trabajo, los ascensos y los mecanismos de evaluación a partir del ciclo lectivo 2027. Lejos de ser recibida como un avance pedagógico, la iniciativa es cuestionada por diversos sectores sindicales y pedagógicos, quienes denuncian que las medidas forman parte de una política sostenida de desinversión y asfixia sobre la escuela pública, orientada más al control punitivo del personal que a resolver los problemas estructurales del sistema.

El eje más conflictivo de la nueva normativa radica en la instauración de una grilla digital que atará las calificaciones anuales estrictamente al presentismo. Con este nuevo esquema, cualquier maestro que no alcance el noventa por ciento de asistencia en el año quedará inhabilitado para recibir notas destacadas, un requisito indispensable para poder ascender en la carrera y acumular puntaje. Las representaciones gremiales alertan que esta medida no distingue las licencias justificadas por enfermedad o situaciones de fuerza mayor, funcionando en la práctica como un mecanismo de castigo encubierto que presiona a los trabajadores para asistir a las aulas aun sin encontrarse en condiciones óptimas de salud.

A la par de las restricciones en la evaluación, la gestión local aplicó un recorte al régimen de licencias ordinarias y de estudio. Los permisos para rendir exámenes en el nivel superior se verán reducidos a un máximo de tres días hábiles, y el cómputo de las ausencias de corta duración dejará de correr por cargo para centralizarse por individuo. Asimismo, con la intención declarada de frenar la rotación del personal, el Ministerio de Educación obligará a los titulares a permanecer un mínimo de dos años en una misma institución antes de poder solicitar un traslado. Desde la oposición y los sindicatos señalan que la alta rotación no es un capricho de los docentes, sino una consecuencia directa de los bajos salarios y de la necesidad de acumular horas en múltiples escuelas para alcanzar una canasta básica.

El endurecimiento de las exigencias para el desarrollo profesional completa un panorama que los trabajadores consideran expulsivo. Al limitar la validez de los cursos de capacitación y exigir titulaciones específicas, como la Licenciatura en Gestión Educativa para aspirar a cargos directivos, la reforma restringe el acceso a los ascensos en un contexto donde el propio Estado porteño ha desmantelado instancias de formación gratuita. Si bien las autoridades educativas defienden los cambios bajo la bandera del ordenamiento y la eficiencia, el malestar creciente anticipa un escenario de alta conflictividad gremial y judicial frente a lo que se percibe como un avance unilateral sobre los derechos conquistados por el sector docente.