02.03.2026
“La ciudad del caos y el desorden se terminó”, sentenció Macri ante un recinto que contó con la presencia de legisladores y figuras como Cristian Ritondo. La frase, lejos de ser un eslogan vacío, funcionó como el hilo conductor de una alocución que repasó los hitos de su gestión en materia de seguridad y espacio público, pero que también proyectó un controvertido desafío: la necesidad de obtener herramientas legales para abordar la situación de las personas en situación de calle que rechazan la asistencia estatal.
El punto más álgido del discurso giró en torno a las 1.800 personas que, según datos del gobierno, viven en las calles porteñas y rehúsan cualquier tipo de ayuda. Macri fue directo al plantear la necesidad de una norma que permita al Estado intervenir contra la voluntad de estos ciudadanos. “Vivir en la calle no es humano”, argumentó, y pidió un consenso que permita “rescatarlos”, equiparando la situación a una “catástrofe” de salud mental y adicciones. La propuesta, que evocó políticas implementadas en otros países, abre un complejo debate sobre los límites entre la asistencia social, la libertad individual y la seguridad colectiva. En esa línea, responsabilizó al gobierno bonaerense de Axel Kicillof, al afirmar que siete de cada diez personas en esa situación provienen del conurbano, un dato que utilizó para redoblar su reclamo de corresponsabilidad territorial.
Lejos de limitarse a lo social, Macri desplegó un detallado racconto de lo que considera sus principales logros en la recuperación del espacio público. Celebró el fin de los piquetes y acampes, los megaoperativos contra la venta ilegal que, según dijo, liberaron el equivalente a 68 kilómetros de veredas, y la recuperación de más de 600 propiedades usurpadas. Con un guiño a la judicialización de estos conflictos, destacó que “no cambiaron las leyes, cambió la decisión política”, en una clara diferenciación con gestiones anteriores. La agenda se completa con pedidos concretos a la Legislatura, como la sanción de las leyes “Antitrapitos” –para endurecer penas contra los cuidacoches– y de “Vandalismo”, buscando que los daños al patrimonio público tengan consecuencias penales y no meras contravenciones.
En el plano económico, el mandatario porteño buscó proyectar una imagen de solidez fiscal, con el menor nivel de endeudamiento en doce años y una batería de alivios impositivos para sectores específicos como trabajadores no profesionales, jubilados y comercios. Sin embargo, el foco de sus críticas se dirigió hacia la Nación, no tanto hacia la actual gestión libertaria, sino hacia la herencia del gobierno de Alberto Fernández, a quien responsabilizó por una deuda de coparticipación que, ejemplificó, permitiría financiar obras de infraestructura clave. Este reclamo, acompañado de un pedido de respaldo unánime a los legisladores, le permite a Macri posicionarse como defensor de los recursos porteños frente al poder central, un clásico de la política local, pero con la particularidad de hacerlo mientras su espacio político, el PRO, navega en una relación de cooperación y competencia con La Libertad Avanza.
El mensaje también tuvo un capítulo dedicado a la transformación urbana y la inversión, donde deslizó proyectos de larga data como la licitación de la línea F de subte, la conversión de la autopista Dellepiane en un parque lineal o la apuesta por la educación tecnológica con la nueva Escuela Estación Buenos Aires. No obstante, estas iniciativas quedaron en un segundo plano frente al eje discursivo del “orden”. Incluso en áreas sensibles como la limpieza, donde admitió deudas pendientes, el énfasis estuvo puesto en el control tecnológico sobre los servicios, con cámaras en camiones y monitoreo en tiempo real de barrenderos.
Las primeras reacciones de la oposición no se hicieron esperar. Desde el peronismo, Claudia Neira cuestionó el “falso Bukele” en seguridad y la falta de abordaje del narcomenudeo. Por su parte, Graciela Ocaña, cercana al larretismo, relativizó el impacto de las nuevas leyes sin una decisión política de aplicarlas y reclamó más políticas para los adultos mayores, un segmento que representa una cuarta parte del electorado porteño.
Con este discurso, Jorge Macri delineó no solo la hoja de ruta de su gobierno para el año, sino también la identidad con la que buscará conquistar a los votantes en 2027. En un tablero político donde el PRO debe disputar su electorado tradicional con un oficialismo nacional de ideas afines pero más radical en sus formas, Macri eligió profundizar un perfil de mano dura, gestión eficiente y confrontación selectiva. La pulseada, tanto con la Nación por los fondos como con la Provincia por la responsabilidad social, y el desafío de convertir en ley sus polémicas propuestas sobre la vida en la calle, serán los termómetros que medirán el éxito de esta estrategia en los meses venideros.
