GRAN HERMANO EN LA CIUDAD

 

GRAN HERMANO EN LA CIUDAD

13.7.2011

Correpi

 

Como decíamos en el Boletín nº 613, comentando la instalación por parte del gobierno de Scioli de cámaras en los barrios más humildes, y el intento de Macri de entregar las filmaciones de la ciudad a los medios de comunicación, cuando se trata de controlar al pueblo, a pesar de los pleitos entre ellos, están todos del mismo lado.

Nacional, provincial o municipal, todos los gobiernos se suman a este boom de control que llena semana a semana los diarios de novedades, generando polémicas en cuanto a si se viola la intimidad, pero sin cuestionar el uso que se dan a las cámaras en el disciplinamiento de la protesta y como elemento para criminalizar luchadores.

Esta última semana, fue Macri el que, mediante un gasto de medio millón de dólares, ganó la atención de la prensa estrenando 330 cámaras. 

Entre estos 330 “objetivos” hay 32 hospitales, 24 centros de salud, 90 edificios escolares (incluidos 17 jardines y escuelas secundarias), el Teatro Colón, los cementerios de Chacarita y Recoleta, el Parque Indoamericano y tres ex centros clandestinos de detención que hoy funcionan como “espacios para la memoria”.

Las cámaras en las escuelas generaron particular polémica, dado que, claramente, no fueron pedidas por docentes y estudiantes, los cuales se asombraron y preocuparon cuando vieron que estaban siendo instaladas. Fácil es imaginar quién pidió su instalación, teniendo en cuenta el odio que generó al ministro de educación Esteban Bullrichla toma de varias escuelas las semanas previas a las elecciones. Este odio también se manifestó en el pedido hacia los directivos de los establecimientos de que denuncien, en las distintas comisarías, a los que participaban de la medida, tarea que se facilitará, ahora, con las filmaciones de las asambleas, por ejemplo.

Además de las cámaras, se designará personal de seguridad privada que prestará servicios en los objetivos asignados “durante las 24 horas, todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados”, sumándose a la saturación de efectivos en las calles que, en barrios como Parque Patricios o Bajo Flores, cuentan ya con presencia de gendarmería, prefectura, federal, metropolitana y el servicio logístico de las FFAA.

Las cámaras de seguridad tuvieron un comienzo tibio en 2005, cuando el entonces jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, instaló 73. En seis años, no sólo se multiplicaron catorce veces las cámaras en la ciudad, sino que fueron incorporadas definitivamente al paisaje urbano de todo el país.

En el país hay unos 9 mil instaladores. El año pasado, la facturación alcanzó los 276 millones de dólares –según estadísticas oficiales- y representó un 33,5% más respecto al año anterior. Ciudades como Rosario y Mendoza y localidades más pequeñas como Lobos o Campana también cuentan con esta persecución. En Tigre, por ejemplo, las grabaciones se guardan durante 30 días y es la propia intendencia la que decide difundirlas en los medios. Llevan hasta ahora unas 120 filmaciones en el aire.

Sobre el punto, simplifica el diario Clarín: “Las videocámaras no reconocen ideologías. Sus defensores van desde el intendente K de San Martín, Ricardo Ivoskus hasta Mauricio Macri”. Esas videocámaras sí responden a una ideología, la misma a la que responden desde el partido socialista en Santa Fe o el ARI en Tierra del Fuego, hasta el kirchnerismo, el macrismo y el diario Clarín mismo. A la ideología de los que más tienen, que hacen todo lo que pueden para mantener bien controlado al pueblo.

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