Red de radios

10.3.2014

Dos meses luego de haberse formado la cooperativa que hoy gestiona el Nuevo Colegio Guido Spano, cerrado intempestivamente a comienzos de este año, hoy se inició el ciclo lectivo en el establecimiento con la presencia de la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid, quien acompañó a padres, madres, docentes y no docentes durante todo el proceso hasta garantizar la continuidad de la comunidad educativa.

 
Durante el acto formal, que transcurrió frente al edificio del colegio, el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Patricio Griffin, destacó el aprendizaje del “cooperativismo” y la capacidad de autoridades, padres, madres, docentes y todos los actores sociales para “reaccionar cooperativamente de una manera inmediata, y facilitar que esto hoy sea una realidad”. Por su parte, el padre de un alumno y representante legal de la cooperativa Guido Spano, valoró además “la oportunidad única de aprendizaje, tanto para chicos/as como para grandes que significó este tiempo de lucha". 
 
También estuvieron presentes los/as coordinadores/as del área de empresas recuperadas del INAES, Fernando Herrero y María Elena Fernández, el legislador Edgardo Form, la Secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) de la Ciudad, María Fernanda Benítez, el Representante de la Legislatura en el Consejo de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, José Eduardo Machaín y la comunera Gabriela Castillo, entre otros/as.
 
Al finalizar, la legisladora Rachid sostuvo: “Estamos muy felices acá comenzando las clases en el Nuevo Colegio Guido Spano del ciclo lectivo 2014. La verdad es que el día de hoy no hubiera existido si no fuera por el compromiso y el trabajo de padres, madres, alumnos/as, docentes y no docentes de la institución que se resistieron a su cierre. Hoy me llena de orgullo y admiración lo que ha logrado toda la comunidad educativa. La creación de la cooperativa es un gran ejemplo y nos muestra que no hay que rendirse y que se puede transformar la realidad entre todos/as".

10.3.2014

Decenas de vecinos del barrio porteño de Villa Lugano marcharon este lunes hacia la comisaría 52ª para hablar con el jefe de la seccional, Carlos Quiñónez, y posteriormente cortaron varios tramos de la Avenida General, a la altura de Francisco Fernández de la Cruz, para pedir el desalojo de un predio ocupado ilegalmente en la Villa 20.

Los ciudadanos de esa zona del sur de la Capital Federal marcharon hacia la dependencia, de la cual el sábado le habían prometido una charla con el comisario y con funcionarios del Ministerio de Seguridad, algo que finalmente no sucedió.

Por lo tanto, mientras un grupo se quedó reclamando en la comisaría 52ª, otro se abrió y marchó por la Avenida Francisco Fernández de la Cruz hacia la General Paz y cortó varios tramos, dejando sólo un carril liberado en ambas manos, por lo que lo que hubo un importante congestionamiento de tránsito.

Los vecinos volverán a marchar este martes a las 19:00 desde la Plaza Sudamérica, situada entre las avenidas Cruz y Piedrabuena, pero a partir de ahora la idea es sumar cacerolazos y bocinazos por la zona para expresar el disgusto que genera que no se desocupe el predio tomado.

Una manifestante contó que de la marcha de este martes participaron "habitantes de la Villa 20 que están en desacuerdo con la ocupación", ya que remarcaron que "la mayoría son personas traídas desde otros barrios".

Mientras tanto, los ocupantes ilegales del predio redoblarán la apuesta y además de negarse a desalojar el lugar lo bautizarán "Barrio Papa Francisco".

7.3.2014

En la puerta de la Sub Secretaria de Trabajo de la Ciudad de Bs As, el delegado Viñas explicó que “hace un año reclamamos al Gobierno de la Ciudad una inspección urgente a la planta de AGR-Clarín”.  Esta empresa ya tiene antecedentes de accidentes de trabajo. “El 31 de julio de 2008 ocurrió un accidente fatal que se podría haber evitado si la empresa hubiera cumplido con las normas de seguridad e higiene. Allí falleció nuestra compañera Joana Riboli de 29 años de edad”.

Asimismo, “en 2011 la empresa estuvo cerrada una semana  por el ACUMAR, por tirar desechos industriales en el Riachuelo”.

“Tenemos denuncias de que no se cumple la normativa en materia de lucha con el fuego dentro del establecimiento”, agregó. “Vinimos a decirle al Gobierno de la Ciudad qué pasa que hace un año que pedimos una inspección y no vimos a ningún inspector”.

Con la movilización logramos un compromiso de que antes de 15 días vamos a tener una inspección en la fábrica, con la presencia de la comisión interna, que sería exhaustiva para revisar todo lo que vemos irregular”.

“Por supuesto que hay una complicidad entre la empresa y el Gobierno de la Ciudad, por eso decimos que no queremos ser otro Iron Mountain”, agregó Viñas. “Ahí está la denuncia, de gente que trabajaba en policía de trabajo que clausuró ese lugar. Y después lo reabrieron y a quienes lo habían clausurado los mandaron a inspeccionar consorcios. Lo cual es una amenaza para todos los inspectores de trabajo: a quien se metió con una empresa que era intocable para el gobierno, lo castigaron”.

Comunicado

“No queremos ser otro Iron Mountain”

Este viernes 7/3 a las 14:30 hs los trabajadores de la planta gráfica de Clarín, Artes Gráficas Rioplatense SA (AGR-Clarín), nos movilizaremos a la puerta de la Sub Secretaria de Trabajo de la Ciudad de Bs As (Bartolomé Mitre 575), cuando falta poco para que se cumpla un año de haber reclamado una inspección URGENTE, al GCABA, por serias irregularidades en materia de seguridad e higiene en la planta.

Hace 8 años, el 7 de marzo de 2006, la Dirección General de Protección del Trabajo del GCBA multó a la empresa por esta materia en $437.000 (Expte Nº 65858/02), dos años más tarde, el 31 de julio de 2008 en un accidente fatal, que se podría haber evitado si la empresa hubiera cumplido con las normas de seguridad e higiene, falleció en un accidente fatal nuestra compañera Joana Riboli de 29 años de edad. En 2011 la empresa estuvo cerrada una semana  por el ACUMAR, por tirar desechos industriales en el Riachuelo.

A pesar de contar con graves antecedentes, y de que el 25 de abril del 2013, a pedido de la Comisión Interna, el sindicato solicitó una inspección “urgente” por serios incumplimientos y accidentes producidos en la planta (algunos con riesgo de muerte), aun no hemos tenido una sola inspección. Preguntamos: ¿La salud de los trabajadores está a la venta? ¿Las buenas relaciones del gobierno de la ciudad con determinadas empresas o medios condicionan la realización de inspecciones?

Porque no queremos otro accidente fatal en nuestra planta, porque no queremos ser otro Iron Moutain, los trabajadores iremos a reclamarles a los funcionarios que se hagan responsables de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial e higiene en la planta gráfica de Clarín.

Comisión Interna de AGR-Clarín

6.3.2014

Los legisladores del bloque Verde-Alameda, Pablo Bergel y Gustavo Vera, y el legislador (MC) Facundo Di Filippo presentaron este miércoles una denuncia en la justicia penal contra los funcionarios PRO que permiten el uso de cientos de terrenos y espacios públicos para locales comerciales que no pagan canon o lo hacen a un monto ínfimo.
La denuncia penal por el delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 C.P.), agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública (art. 174 inc. 5 del C.P.), recae sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encargados de la gestión de los inmuebles sujetos a concesiones de uso y explotación. Esta denuncia se hace también extensiva a los eventuales cómplices y encubridores.
La mayoría de los terrenos usufructuados de manera ilegal por empresarios que tienen, según los legisladores, un estrecho vínculo con el macrismo son boliches en la Costanera Norte como Tequila, Pacha, Costa Salguero, Club Brisas, o en los llamados “bajo autopistas”. En muchos casos los predios tiene las concesiones y órdenes de desocupación vencidas desde hace años; en otros no abonan canon alguno por el usufructo del terreno y el monto que abonan es irrisorio.
En la denuncia se adjunta además un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad respecto de todas las irregularidades de la Dirección General de Concesiones (a cargo de Gabriel María Astarloa), que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, que encabeza Francisco Cabrera.
Los legisladores manifestaron ante la presentación de la denuncia que “es evidente el actuar discriminatorio del PRO frente a las ocupaciones con fines comerciales por parte de amigos, parientes y socios, y aquellas otras provocadas por la desesperación social de quienes padecen la injusticia de necesidades habitacionales insatisfechas (NHI). Esto trasluce su criterio con sesgos de carácter prejuicioso y clasista a la hora de definir prioridades en la política de desocupación de inmuebles de propiedad del Estado. Del mismo modo, la retórica oficial en torno de la eficiencia de la gestión no se condice con la manera ruinosa con la que se administra el patrimonio del Estado en beneficio de sectores económicamente muy pudientes y ligados al poder político”.

4.3.2014

El gobierno porteño advirtió hoy que la toma de terrenos en Villa Lugano fue incitada "políticamente" y denunció que "hay problemas" asociados "al narcotráfico". La secretaria de Hábitat e Inclusión Social porteña, Marina Klemensiewicz, sostuvo que entre quienes mantienen ocupado hace una semana el predio de avenida Cruz y Pola hay personas con "problemas de delitos federales, asociados al narcotráfico" y alertó: "hay un sector demasiado armado que no sé a quién responde".

Al ser consultada si la toma de ese terreno pudo ser incitada políticamente, Klemensiewicz respondió: "Absolutamente".

"No sólo fue incitada políticamente con intereses económicos para unos pocos. La gente fue engañada, se le decía: 'Vengan a tomar la vivienda' y la obligaban a que pague 5 mil pesos y hasta 15 mil", subrayó.

"La justicia está interviniendo. Hay detenidos en función a los allanamientos del domingo. La justicia pudo conseguir varias pruebas en relación a estos actos de compra-venta", agregó.

La funcionaria criticó que "muchas madres y chicos hayan sido, de alguna manera, utilizados como escudos y movilizados para tratar de demostrar que hay una necesidad".

El predio, frente al Parque Indoamericano tomado en 2010 y que terminó con una violenta represión policial, fue ocupado el lunes de la semana pasada por unas 300 familias que reclamaban tierras para construir viviendas y un hombre fue asesinado en medio de una discusión entre vecinos.

El viernes, aunque se cumplió un plazo judicial para que se realizara el desalojo la orden del juez Gabriel Vega se suspendió tras la intervención del defensor oficial Luis Duacastella. Sin embargo, la nueva jueza de la causa, María Gabriela López Iñíguez, recibió un pedido de la fiscalía para que el terreno sea desalojado.

En tanto, las seis personas detenidas ayer en el intento de toma del predio de Zuviría y José León Suárez, también en Villa Lugano, fueron liberadas en la madrugada de hoy luego de negarse a declarar y ante la falta de antecedentes penales.

El juez penal porteño Carlos Aostri liberó a los seis acusados de entre 18 y 23 años, de las cuales cinco son mujeres, una de ellas de 18 años y embarazada.

Los jóvenes hicieron uso de su derecho de negarse a declarar y su defensora oficial prometió presentar en la semana un descargo por escrito para explicar los hechos.

Como ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales, el magistrado dispuso su libertad y el fiscal del caso, Gustavo Galante, les impuso la obligación de presentarse una vez por semana en la fiscalía para asegurar su permanencia en la causa.