Red de radios

6.6.2022

Por Pablo Macarigni

Los natatorios de los Polideportivos Pomar, Parque Patricios, Álvarez Thomas, Bernasconi y otros, fueron cerrados por decisión del jefe de gobierno de la Ciudad. En su cruzada contra la docencia también ajusta a las infancias en la ciudad más rica de Argentina, les quita la posibilidad a miles de niños y niñas, la oportunidad de aprender y practicar la disciplina de natación.

A más de dos meses de arrancar las clases, el gobierno de la Ciudad deja sin pileta a muchas escuelas y distritos enteros. Larreta cerró los natatorios de los Polideportivos Pomar, Parque Patricios, Álvarez Thomas, Bernasconi y otros. Miles de pibas y pibes de los 4tos grados de dichos establecimientos, se están perdiendo ir a la pileta con El Plan Natación, claramente porque no se pone un peso para infraestructura. Son piletas, no torres donde, dicho gobierno junto a empresarios de la construcción, ganarían millones.
Este plan en la Ciudad de Buenos Aires data desde 1985, cuya Ordenanza Municipal es la 40.426, “Crea el Plan Natación para que todos los alumnos, de 1ero a 7mo grado de todas las escuelas públicas de la Ciudad, aprendan y practiquen la disciplina de natación. A tal fin, obliga a la Ciudad de Buenos Aires a alquilar y a construir natatorios suficientes”.
Ya vamos por la clase 8va. o 9na. vez que se implementa dicha actividad, en algunos casos. Las/os profesores de educación física, las/os guardavidas (que, dicho sea de paso, tienen contratos muy precarios), están listos para llevar adelante las clases de natación. Quienes no están listos, son el gobierno de la Ciudad y su ministra que recorta presupuestos. Ahora estamos hablando de la pileta, pero recorta en micros y en comida. De vacantes y nuevas escuelas, mejor no hablar, porque para eso nunca hay plata suficiente. Los micros también son un tema a tratar, ya que dejaron sin el servicio a las escuelas para manejarlo directamente desde el ministerio y son claramente un desastre, no vienen en muchas ocasiones o llegan tarde.
Parece que no se pudieron reacondicionar muchas piletas en estos dos años de pandemia, con piletas cerradas (2020/2021). No se aprovechó el momento. No le interesa a la ministra Acuña que los pobres que “cayeron en la escuela pública”, gocen de este beneficio, Han pasado los años y como quien no quiere la cosa, no se construyeron natatorios, se alquilan. Las escuelas con piletas son pocas.

Los problemas de las piletas, ¿cuáles son?

¿Por qué no se invirtió un peso para que estén listas? ¿Falto tiempo para poder refaccionar? Hubo dos años de pandemia y la ministra Acuña junto a Larreta, basaron su campaña electoral con los niños y niñas de escuelas públicas. Se llenaron la boca hablando sobre la educación, pero no quieren poner un peso.
Se trata del ajuste que se está llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional también, dentro del ámbito escolar, privando a miles de estudiantes de las escuelas primarias, a realizar los talleres de natación, porque las piletas no se encuentran en condiciones edilicias para esta actividad.
Mientras el jefe del Gobierno porteño maneja uno de los presupuestos más abultados de todo el país, no solo es incapaz de hacer inversiones en las escuelas y profesorados públicos (ley de educación), sino que tampoco realiza mejoramientos edilicios para mantener los edificios escolares de la Ciudad.
Esta área específica, de la cual hablamos, pasó al sector del ministerio bajo el programa Escuela Abierta. Programa que maneja Fabián Capponi, el mismo que esta detrás de las acusaciones a las y los compañeros docentes sancionados por la ministra Acuña. El programa de Escuela Abierta, contrata bajo condiciones de salario a la baja a docentes, no docentes, guardavidas. Con una intencionalidad aberrante, de acuerdo a la reforma laboral de hecho que están imponiendo sobre un sector de las y los trabajadores de la educación.

“La Transformación No Para”

La Infraestructura de la Ciudad en las escuelas es deplorable. Arreglar veredas, hacer torres, armar y desarmar un cantero o vereda diez veces, sí. Arreglar escuelas, siempre queda postergado.
Exigimos al gobierno de la Ciudad y de manera inmediata, una respuesta a los reclamos de miles de familias que no pueden acceder a este beneficio por desviar el dinero correspondiente de las escuelas a hacer campañas y cientos de publicaciones donde la ministra lo único que hace, es decir que los docentes somos “pobres, viejos, zurdos y fracasados”, mientras tanto, el recorte no para.
Señora ministra Soledad Acuña, dele solución a esta situación, arregle las piletas y que los chicos y chicas de las escuelas puedan disfrutar de sus derechos. No se soporta un solo recorte más en educación.

6.6.2022

Por La Retaguardia

Uno de los puntos más criticados del programa Secundaria del Futuro fueron las pasantías que debían realizar los y las estudiantes del último curso de colegios de la Ciudad de Buenos Aires en diferentes empresas seleccionadas. Leila y Micaela, dos estudiantes secundarias que actualmente están realizando estas prácticas no pagas que demanda el programa, hablaron al respecto en el programa «Estás muteadx», de Radio La Retaguardia.

La Secundaria del Futuro comenzó a implementarse parcialmente en 2018, de la mano de la NES (Nueva Escuela Secundaria). Ese año hubo una toma colectiva de colegios secundarios, con diversas proclamas. Desde las problemáticas edilicias (techos que se caían -y aún lo hacen-, pérdida de gas en aulas, entre otras tantas), hasta la implementación efectiva de la NES. Las escuelas artísticas y técnicas vieron sufrir cambios en su funcionamiento, al tener que convertirse en “orientadas” o “especializadas”.
Uno de los puntos de la ‘transformación’ de la NES se trata de que los y las estudiantes deben realizar “pasantías” (prácticas no pagas en empresas). Gran parte de la comunidad de la educación pública -estudiantes, madres y padres, docentes y no docentes, algunos gremios del rubro- se opusieron a este punto, y lo siguen haciendo. En los últimos años, algunas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, fueron y son ‘pilotos’ en estas pasantías. La secundaria de la Escuela Superior de Educación Artística de Danzas N° 1 “Nelly Ramicone”, es una de ellas. Por esta razón, Leila y Micaela, estudiantes secundarias de ese colegio, pasaron por el programa Estás muteadx, de Radio La Retaguardia, y hablaron acerca de la implementación de estas prácticas.
“El miércoles 4 de mayo hicimos una sentada en la puerta de nuestra escuela, en reclamo contra las prácticas laborales. Porque nos están mandando a hacer pasantías a diferentes escuelas de Música, y eso nos está ocupando el horario de las materias de Danza, que es nuestra carrera y por lo que venimos a este colegio. Además nos están mandando a escuelas de Música de Violoncello, por ejemplo, y nosotras no tenemos una formación específica en eso”, comenzó Micaela.
Por otro lado, agregó que las pasantías no son cerca de sus escuelas, son en el turno vespertino/noche y que no se les contemplan los viáticos. Tampoco reciben viandas. Y desde ya que las pasantías no son pagas.
Leila contó que en las pasantías tienen que ir a clases de Música, observar y luego ver cómo intervenir con el cuerpo, en cursos de niños y niñas de entre 5 y 10 años, en clases de expresión corporal, pero que no tienen estudios ni preparación para trabajar con niñeces.
Además dijo que la Secundaria del Futuro “por ahora no está implementada en todas las escuelas de la Ciudad. Solamente en las que son piloto, como la nuestra. Por ejemplo, en la Escuela de Cerámica Arranz, recién ahora están empezando con esto”. La estudiante secundaria comentó cuáles son las otras problemáticas que se viven hoy en las escuelas secundarias de la CABA:
«En nuestras escuelas se caen los techos. Este último tiempo estuvimos sin agua porque no alcanzan las bombas para cubrir a todo el colegio, por lo que muchas veces tuvieron que suspenderse las clases. Hay colegios que vienen peleando hace mucho por nuevos edificios y no se los dan», reclamó.
Leila contó cómo vivieron la última actividad que realizaron estudiantes del Danzas 1, el pasado miércoles: “Realizamos una sentada en la puerta de la escuela, de forma pacífica. Tuvimos bastante apoyo de docentes y de la gente que pasaba. Se detenían a ver los carteles o nos preguntaban acerca del problema”.
Sobre las pasantías que están realizando, la estudiante criticó que en las mismas tengan que dar clases cuando, justamente, una de las cosas que cambió este nuevo sistema fue que al egresar del colegio secundario ya no se les otorga el título docente. Antes, junto a las materias de práctica artística, había formación pedagógica y los y las estudiantes salían de la secundaria con titulación que les permitía dar clases en primaria: “No estamos preparados para hacer esos trabajos. Y me parece muy loco que los mismos que nos sacaron los títulos de docente son los mismos que ahora nos ponen prácticas laborales no pagas, dando clases ¿Qué sentido tiene si no vamos a ser docentes?”, concluyó Leila.

6.6.2022

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) advirtió sobre la «desinversión en educación» por parte del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y denunció falta de respuestas ante la ausencia de calefacción en las escuelas de CABA.

«Una vez más la desinversión en educación de Larreta y Soledad Acuña se visibiliza por los factores climáticos. Hace dos semanas fueron las lluvias. Esta vez se da con el frío en la Ciudad que se hace sentir en las escuelas porteñas», denunciaron desde UTE a través de un comunicado.
Y agregaron: «Pese a que el año pasado la comunidad educativa ya lo había denunciado fuertemente, el Gobierno de la Ciudad sigue sin dar soluciones a la falta de calefacción en los edificios escolares».
La organización recorrió distintas escuelas de la ciudad y armó un registro donde recibieron «cientos de denuncias y testimonios sobre una problemática que está afectando a miles de alumnxs de la Ciudad».
«Estudiantes, docentes y trabajadorxs no docentes, padecen el frío durante la jornada escolar. Esto afecta a su salud y claramente a las condiciones de enseñanza y aprendizaje», marcaron.
Entre las instituciones que recorrieron se encuentran la Escuela comercial 19 DE 8, la Escuela primaria 2 DE 7, la Escuela Media 1 DE 20 de Villa Lugano, la Escuela primaria 2 DE 2, la Escuela de nivel inicial JIC 4 DE 6 y la Escuela Especial 3 DE 17 de Villa Devoto.
“Se puede advertir la falta de obras de mantenimiento y puesta a punto de los sistemas de calefacción como así también edificios sin final de obra que no tienen habilitadas sus instalaciones de gas», informaron.

5.6.2022

Por Tomás Máscolo

Se viralizó un video que muestra como incendiaron la habitación de la referenta del Hotel Gondolín, espacio donde viven más de 45 travestis y también funciona como casa cultural. Repudiamos el ataque.

El Gondolín es un espacio auto gestionado en el barrio de Palermo, CABA que es la casa de más de 45 de trans y travestis, este espacio además funciona como casa cultural.
«En el mes del orgullo, y un día después de la marcha del #niunamenos, prendieron fuego desde afuera la habitación de Zoe, referenta de la Asoc. Civil el Gondolín, por suerte Zoe no se encontraba en su vivienda», difundieron mediante un comunicado.
Desde hace varios años Zoe es la presidenta de la Asociación Civil, figura legal que tomó el lugar y que pone formalidad a la organización de 47 mujeres trans que anidan en las 24 habitaciones que conforman el edificio de paredes azules.
Tras décadas de lucha la diversidad sexual logró importantes conquistas como la Ley de Identidad de Género. Sin embargo, la vida cotidiana sigue atravesada por la represión sistemática, la falta de acceso a la salud, educación, trabajo y vivienda. Los discursos de odio se inscriben en este marco, por eso expresamos todo nuestro repudio.

Recuperar el cuarto de Zoe

A las organizaciones que preguntan cómo ayudar, desde la asociación civil piden donaciones para poder recuperar el cuarto de Zoe antes de que vuelva, en una semana. Las reciben en calle Aráoz 924, CABA.

Liberar las villas, el sueño pro
Por Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis

Gentrificación y negocios en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires

El 8 de abril, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta remitió a la Legislatura el proyecto de ley 1031-J-2022, denominado “Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares”. El 24 de mayo, el proyecto fue despachado y será aprobado en la próxima sesión del jueves 2 de junio.
El proyecto crea el Distrito en los siguientes barrios populares: Rodrigo Bueno (ley 5798), Playón de Chacarita (ley 5799), Barrio 20 (ley 5705) y Barrio “Padre Carlos Mugica”, ex Villa 31 (ley 6129). Su objeto en teoría es “promover el desarrollo económico de los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el otorgamiento de beneficios impositivos e incentivos a quienes realicen inversiones destinadas al desarrollo de espacios en estos barrios populares”.

Beneficios y beneficiarios

Los beneficiarios serán las personas humanas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de la AFIP a partir de la categoría E o como Responsables Inscriptos, las personas jurídicas y uniones transitorias de empresas.
Para acceder al beneficio deberán realizar inversiones orientadas a desarrollar espacios destinados a actividades dentro de los barrios populares que componen el distrito.
Los beneficiarios podrán descontar un porcentaje del monto invertido del pago a cuenta del Impuesto a los Ingresos Brutos en todas las actividades económicas que desarrollen en la Ciudad de Buenos Aires. No se establece un criterio prioritario para acceder al beneficio. Solamente se dispone una escala de los porcentajes de inversión que serán cubiertos por la ciudad de acuerdo al orden de ingreso al Registro Único de Distritos Económicos:
1º al 15º = 80%
16º al 30° = 65%
31°en adelante = 50%
Este régimen promocional regiría hasta el 31 de enero de 2035.
El gobierno local subsidiará (regalará) hasta el 80% de lo que inviertan las empresas en estos cuatro barrios populares. De la forma que está estructurado el beneficio, el régimen de promoción le resulta más conveniente a las grandes cadenas comerciales que tienen sucursales en toda la ciudad. Esto, porque el subsidio se otorga a través de créditos fiscales del impuesto a los ingresos brutos por las actividades que realiza la empresa en toda la Ciudad. Una gran cadena comercial tiene que pagar más ingreso bruto por su actividad y por lo tanto el crédito fiscal que recibirá por este distrito podrá usarlo más rápido. En consecuencia, podrá recuperar la inversión casi inmediatamente.
La única contraprestación que se exige a las empresas, luego de recibir subsidios de hasta el 80% de la inversión, es un porcentaje ínfimo de la nómina del personal destinado a habitantes de los barrios populares (30%). Este porcentaje, en los hechos, quedará a discrecionalidad de la empresa, que tendrá como vía de escape el argumento de la falta de “trabajadores con experiencia” en los rubros requeridos.

Las actividades que se promocionan

En el listado de actividades se advierte que las empresas podrán instalar comercios de venta minorista de alimentos, bebidas, verdura, pan; lavanderías; venta de artículos de bazar y para el hogar; venta de artículos de ferretería, actividades relacionadas con la gastronomía, etc. Todas estas actividades se encuentran muy bien desarrolladas en las villas y sufrirán la competencia de las nuevas empresas que se quieran instalar con el apoyo económico del GCBA. Las actividades promocionadas están orientadas al sector de comercio y servicios, más que al productivo, debilitando las posibilidades de desarrollar cadenas de valor.
Se promueven actividades de “hoteles, hospedajes, alojamientos, albergues transitorios”, lo que podría significar una formalización de los alquileres informales en condiciones precarias y de hacinamiento, soslayando la necesidad de encontrar soluciones definitivas para cada familia del barrio, como establecen las leyes de reurbanización.

Sin participación ciudadana

Las cuatro leyes de reurbanización de barrios populares aprobadas establecen como órgano de decisión de estos procesos a las Mesas de Gestión Participativas. Estos ámbitos institucionales están integrados por organismos del GCBA, por representantes de los habitantes de los barrios y por organismos institucionales de control de la ciudad. Este proyecto de ley no fue tratado y ni siquiera anunciado en estas instancias de la democracia participativa.
Además, el proyecto va a tener una única sanción. No se aplicará el procedimiento de doble lectura, que dispone la convocatoria a una audiencia pública obligatoria entre ambas sanciones.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 89 que tienen el procedimiento de doble lectura, entre otras leyes: “Las que consagran excepciones a regímenes generales (…)”.
El proyecto de ley establece un régimen de beneficios fiscales que constituyen una excepción a la regulación del impuesto a los ingresos Brutos. Por regla general, ningún habitante de la ciudad puede descontar un porcentaje del monto invertido en un proyecto del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos. Tales beneficios fiscales se reciben en virtud de leyes de excepción a la normativa general de ingresos brutos en el Código Fiscal de la Ciudad.
La Constitución de la Ciudad ha querido establecer la participación ciudadana para garantizar la transparencia de la discusión porque estos beneficios fiscales constituyen privilegios económicos que beneficiarán a unos pocos con los recursos de toda la población. Por este motivo, constitucionalmente se estableció que toda excepción a normas generales debe contar con el procedimiento de doble lectura.
Nuevamente, el GCBA ha decidido saltear el procedimiento de doble lectura evitando la participación de la ciudadanía.

Una etapa más en el proceso de gentrificación

El verdadero espíritu del proyecto de ley es continuar profundizando la estrategia de expulsión lenta de los pobladores de estos barrios (gentrificación) para liberar estos suelos a la especulación inmobiliaria.
En reiterados informes sostuvimos que los actuales procesos de integración social-urbana se desarrollan bajo el paradigma de que el mercado inmobiliario es el encargado de reurbanizar estos barrios.
En este marco, se comprende por qué las viviendas nuevas en el Barrio Carlos Mugica tienen graves problemas de construcción, que las escrituras de las viviendas nuevas permitan la ejecución por falta de pago (la morosidad en Rodrigo Bueno es del 45%, en el Playón de Chacarita es del 33%, en el Barrio Papa Francisco es del 65%), que no sea una prioridad la formalización y regularización de los servicios públicos, que se intente implementar un sistema de transferencia de posesión que soslaye la prohibición de la Ley 27.453 de vender a personas jurídicas o a personas que ya tengan una propiedad, el remate de las tierras aledañas a estos barrios, etc.
Con la construcción de los complejos habitacionales muchas familias fueron relocalizadas sin reconocerles los espacios que tenían para sus comercios y actividades productivas. Las familias que consiguieron instalar sus locales en las viviendas nuevas perdieron ingresos porque no están ubicadas en lugares de bastante tránsito como antes.
Con este proyecto de ley se realiza un nuevo atentado directo a la economía de estos barrios y a sus sectores comerciales y productivos. Sin ninguna restricción, el GCBA impulsará, con recursos públicos, la instalación de nuevas empresas en el barrio, principalmente cadenas, que competirán directamente con los negocios existentes.
La obligación del GCBA, en cumplimiento del mandato constitucional de la reurbanización con radicación definitiva de sus habitantes, es proteger los emprendimientos existentes de la economía popular y no fomentar la instalación de empresas que constituyan, ya sea por la naturaleza y posición en el mercado o por los incentivos fiscales que se le otorgan, una competencia desigual que termine generando un desplazamiento o cierre de los actuales emprendimientos.
A la gentrificación de los habitantes se sumará la gentrificación de los locales comerciales y productivos. El proyecto de ley genera las condiciones para que las actividades comerciales y productivas existentes desaparezcan poco a poco, destruyendo la reproducción económica de la población. No se estipulan regulaciones que limiten la creación de monopolios o de concentración comercial en manos de pocos actores ni la instalación de grandes cadenas comerciales.
En diciembre de 2020 el GCBA aprobó la Ley 6.376 de Promoción de la Economía Social. Este proyecto de ley es contrario a los fines de esta ley. El objetivo de promover la economía en estos barrios debió ser articulado necesariamente con esta ley ya que en estos territorios es donde la economía social se desarrolla con mayor intensidad. Los beneficios que se otorgarán a las empresas inversoras son mayores que los previstos en la Ley N° 6376.
Se ha desoído permanentemente el reclamo de que en las leyes de integración social y urbana de estos barrios se establezcan medidas que mitiguen la gentrificación de estos territorios. No existe ningún estudio o medida que aborde el efecto que este proyecto de ley podría tener sobre el valor del suelo en barrios que están en plena transformación del régimen de propiedad. Estos procesos se encuentran en un momento de particular vulnerabilidad frente a la tendencia hacia la mercantilización de estas nuevas tierras que se están incorporando al mercado.

Los posibles beneficiarios

En los barrios Playón Chacarita y Rodrigo Bueno se encuentran en curso licitaciones para la adjudicación de los locales comerciales de los nuevos complejos de viviendas. El Instituto de Vivienda (IVC) decidió unilateralmente destinar estos locales a empresas privadas y no a productivos barriales.
El 23 de mayo, el IVC publicó la preadjudicación de la Licitación Pública 63/21, que tiene por objeto concesionar el uso y explotación de inmuebles del IVC ubicados en los barrios Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno.

¿Estas empresas que alquilarán locales del IVC pagarán el canon con los subsidios del GCBA? Este proyecto de ley lo estaría permitiendo. Las empresas no sólo recibirían apoyo económico del GCBA, sino que además lo utilizarían para pagar el canon por el uso de bienes públicos.
Gire S.A. inició sus actividades en la Argentina en mayo de 1991. Es una empresa conformada por los bancos Banco Santander Río S.A., Citibank y HSBC. Es una empresa integradora de soluciones transaccionales dedicada a proveer servicios de cobranzas electrónicas mediante: Rapipago y Pagophone.
La empresa NOBBS está registrada en AFIP en numerosos y diversos rubros: procesamiento de carne de ganado bovino, venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza, operaciones de intermediación de carne, etc.
Farmacity es una cadena de farmacias argentinas del grupo empresario Pegasus. Cuenta hoy con 241 farmacias en 14 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En la Argentina hay 16.817 farmacias y Farmacity representa el 1,43% del total. En la Ciudad de Buenos Aires hay 1.661 farmacias, de las cuales 146 (8,8%) son Farmacity.
¿Estas empresas necesitan el apoyo económico del GCBA? La corporación inmobiliaria, luego de lograr que los gobiernos destinen a sus negocios los principales terrenos libres de la ciudad, los playones ferroviarios, continúa preparando el camino para liberar las tierras de las villas en las próximas décadas.

3.6.2022

Por Diego Moneta

Un año atrás la legisladora porteña Lucía Cámpora presentó un Proyecto de ley integral contra la violencia institucional, que retoma la voluntad del Frente de Todos a nivel nacional. Sin embargo, la Legislatura nunca lo puso a discusión.

Si el Proyecto de Ley integral contra la violencia institucional está trabado a nivel nacional, peor suerte corre en la Ciudad de Buenos Aires donde la Legislatura funciona como cuasi escribanía de acuerdo a la voluntad de Horacio Rodríguez Larreta y de su mayoría legislativa. En ese panorama, la legisladora Lucía Cámpora insiste en la urgencia de su tratamiento.
La iniciativa fue presentada en mayo del 2021 con el objetivo de generar herramientas para prevenir y erradicar casos de violencia institucional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Toma como base el proyecto a nivel nacional de la diputada Paula Penacca. La propuesta establece, entre otros puntos, la creación de Centros de Recepción de Denuncias atendidos por personal ajeno a la fuerza, de un Registro de violencia institucional que tenga a su cargo la tarea de registrar, clasificar y sistematizar las denuncias ocurridas en el ámbito porteño y de procesos de reentrenamiento en Derechos Humanos para la Policía de la Ciudad e incluye criterios para la participación en manifestaciones públicas.
“Cuando supimos que en el Congreso de la Nación estaba en tratamiento la iniciativa de Penacca, nos pusimos a disposición y comenzamos a trabajar con ella misma en uno para la Ciudad”, apunta Lucía, remarcando el paso de Penacca por la Legislatura porteña, su experiencia en la temática y su militancia común en La Cámpora. “Desde distintos espacios nos preocupa, interpela y moviliza todo lo relacionado a la problemática de la violencia institucional”, desliza y agrega: “Lo cierto es que, más allá de lo que se apruebe, alcanza a las fuerzas de seguridad controlados por organismos nacionales, y resulta necesario que los cuerpos legislativos locales y provinciales discutan leyes que regulen a sus propias fuerzas”.
La voluntad de legislar sobre la violencia institucional cobra especial relevancia en el territorio base del PRO. La Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), tras un pedido de acceso a la información pública a comienzos de marzo, denunció que uniformados de la Ciudad matan en la provincia de Buenos Aires, lo que se relaciona con el “estado policial” que rige y la posibilidad de portar el arma todo el día. En el mismo sentido, Cámpora destaca que se cuenta “con muy poca información”, más allá de algunos informes aislados del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo, y por eso uno de los puntos de su proyecto “es la creación de un registro de casos de violencia institucional”.
A la hora de hacer una radiografía sobre la violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires el primer dato, señala la legisladora, es que “es sumamente selectiva en cuanto a sus víctimas”, dado el promedio de edad y en términos geográficos. “Las denuncias se concentran en las comunas del sur -1, 3, 4, 7-”, complementa. Las pocas estadísticas existentes dan cuenta de la “pertenencia a los grupos más vulnerados”, ya sean migrantes, menores, personas en situación de calle o con discapacidad, del colectivo LGBT y de barrios populares. El otro gran componente es que, si bien la Policía de la Ciudad es joven, está “integrada por agentes que vienen de otras fuerzas y realizaron formaciones distintas”, por lo que cobra importancia el “reentrenamiento planteado en el proyecto en materia de derechos humanos”, completa Cámpora.
Sin embargo, el proyecto se dio a conocer hace más de un año atrás. Las prioridades del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de los legisladores de Juntos por el Cambio son otras. No dieron “ninguna señal de poder avanzar en su tratamiento, ni que se ponga en temario ni que se discuta otra propuesta”, enfatiza Cámpora, abierta a escuchar posibles mejoras para su propia iniciativa. “Tenemos la responsabilidad política de marcar la agenda”, señalan de todas formas desde la bancada del Frente de Todos. “Si bien ninguna fuerza de seguridad está exenta, hay muy pocos esfuerzos por parte del Gobierno de la Ciudad para trabajar y erradicar la problemática”, suma la legisladora.
En ese contexto, y en el marco del Día Nacional contra la Violencia Institucional, se congregaron en la Legislatura con el objetivo de “darle voz a los colectivos que vienen luchando porque son quienes la padecen”, cuenta Cámpora y enumera a Madres en Lucha, colectivos LGBT, migrantes y antirracistas, trabajadoras sexuales, voceros de las juventudes y referentes de barrios populares. En esa lista la legisladora también incorpora a los trabajadores de la economía popular, personas con discapacidad y otros espacios que “demandan que el tema sea discutido”. Es impostergable que se escuche el reclamo. Necesitamos que el Gobierno de la Ciudad deje de hacer oídos sordos”, cierra.