Red de radios

13.12.2021

El gobierno porteño anunció que en 2022 los estudiantes del último año deberán trabajar para aprobar y egresar. La medida no es optativa y generó malestar en el alumnado: “Pasaríamos a ser mano de obra gratuita para empresas privadas como McDonald’s o Wendy’s”.

Esta mañana, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que a partir del 2022 los estudiantes secundarios del último año deberán trabajar para aprobar y egresar. El programa había sido planteado en 2017 y cuestionado por la comunidad educativa por su perfil flexibilizador.
La medida consiste en pasantías bajo el pretexto de formación laboral, que brindaría mano de obra barata a empresas del sector privado. “Lo hacemos porque para nosotros la escuela es la prioridad número uno”, definió el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
“Claramente nosotros rechazamos esta medida. Esto de las pasantías viene enlazado con la reforma de la ‘Secundaria del futuro’ que entre sus principales puntos tiene la digitalización de las aulas, la colocación de drones y cámaras para hacer una especie de escuela virtual, formulada en la virtualidad, y un montón de boludeces más que claramente no se cumplieron. Pero lo más fuerte es esto de las pasantías gratuitas”, expresó Valentina Mencio, alumna de la escuela Rogelio Yrurtia.
La ministra de Educación, Soledad Acuña, subrayó que el plan tendrá 120 horas cátedras que se suman a 30 horas de espacio de capacitación sobre educación financiera y habilidades blandas para el trabajo. “Por su desempeño en esos rubros también van a ser evaluados, es decir que el trabajo va a ser parte de lo que todos van a tener que aprobar para terminar su ciclo de formación”, dijo.
“Ya en 2017 hablaban de eliminar 5º año para mandarnos a trabajar gratuitamente a empresas privadas, que a su vez estaba enlazado con la reforma laboral que pretendía Macri. Era el combo de las reformas Previsional, Laboral y Educativa. Ya de por sí no se nos da el contenido suficiente y se nos arrebataba materias como historia, por ejemplo. Tuvimos un 2020 donde tuvieron la oportunidad de demostrar esta virtualidad y eso no pasó. Ni siquiera se dignaron a entregar computadoras a los pibes que no tenían conectividad en sus casas”, señaló la estudiante
A su vez, agregó: “Estamos viendo qué vamos a hacer como estudiantes porque no nos consultaron, y si lo harían les diríamos que no porque nos parece terrible. Pasaríamos a ser mano de obra gratuita para empresas privadas como Mc Donalds o Wendy’s. En 2017 lo rechazamos y ahora también. Y ahora lo hacen a propósito porque justo es finalizando las clases para que los estudiantes no tengamos la posibilidad de manifestarnos dentro de las escuelas, y además venimos de un 2020 desmovilizado por la pandemia”.
Los estudiantes también destacaron que CABA es la localidad que menos presupuesto destina a educación pública. “Le pedimos reuniones a Soledad Acuña pero nunca pasó. La Educación es lo último en el tarro para ellos. El 2020 dejó muy en claro eso. Pasó con las viandas, que si no era por las familias y las cooperadoras había chicos que no iban a tener un plato de comida. Es necesario que los pibes nos plantemos y seamos el micrófono de lo que pasa en la educación y no se ve en los medios”, apuntó Mencio.
Y advirtió: “En nuestra lectura de la situación entendemos que claramente son movidas políticas y que son en pos de las elecciones del 2023. Dicen que esto es para insertarnos en el mercado laboral pero eso no tiene ni pies ni cabeza porque para ellos el mercado laboral es básicamente que te paguen $2,50 en una empresa privada, laburando de sol a sol. Pero a nosotros ni siquiera nos pagarían y ni siquiera es optativo”.

13.12.2021

Por Martín Suárez

Al parecer, la modalidad que fue implementada durante el confinamiento, llegó para quedarse. La denuncia fue realizada por UTE ante el reclamo de miles de docentes porteños.

Varios reclamos de trabajadores y trabajadoras porteños de diferentes sectores del Estado, apuntan contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires que concentra la atención de los empleados de todo el distrito porteño. Quienes alertaron sobre esta situación fueron los docentes de la Ciudad que, en muchas ocasiones, tienen que seguir ocupando sus puestos de trabajo con diferentes malestares, ya que la atención remota por parte de un profesional no incluye la emisión de un certificado médico.
Durante la jornada, la unión de Trabajadores de la Educación UTE-CTERA, se hizo eco de esta problemática en base a las miles de denuncias de afiliados que en los últimos meses sufren la desatención de la Obra Social. La Secretaria General del gremio, Angélica Graciano, junto a la titular de Salud, Roxana Rogalski, elevaron un reclamo formal a OBSBA para que remedien de inmediato los serios inconvenientes en la atención del sistema de emergencias.
La atención no la realiza la Obra Social en cuestión sino Vittal, una empresa privada de atención médica que es contratada por OBSBA y es la encargada del socorro ambulatorio de todos los trabajadores y trabajadoras estatales de la Ciudad. “Estamos exigiendo que se garantice en tiempo y forma y como corresponde, en el marco del derecho social de la salud, una certificación médica que cumplimente los requisitos necesarios para presentar en medicina del trabajo”, cuenta a Tiempo la titular de la Secretaria Sanitaria de UTE, Roxana Rogalski.
Quienes llaman al teléfono 0810 333 8888 que integra la “Red de Emergencia” de la obra social, deben abonar por ‘mercadopago’ la consulta médica anticipada para poder acceder a la misma. La videollamada es la única posibilidad de atención profesional que le brindan a los afiliados y, sistemáticamente, los profesionales médicos se niegan a extender certificados que son necesarios para la adquisición de remedios y la realización del reposo. Hecho que los imposibilita de poder justificar las inasistencias a los lugares de trabajo, poniendo en riesgo la continuidad laboral ante una cierta cantidad de inasistencias por diferentes motivos de salud.
“El incumplimiento de la empresa Vittal es sostenido en forma constante, no sólo perjudicando laboralmente a quien es tratado sino que además, en algunos casos que se ha solicitado abonar y no han concurrido. Recordemos que es un ‘servicio’ donde se abona un arancel”, subraya Rogalski. Cabe destacar que las obras sociales tienen derecho a contratar a sus propios prestadores, pero, al mismo tiempo, cada obra social debe garantizar que en la tercerización del servicio, quede estipulado que deben tener todas las normas necesarias, entre ellas que expida el certificado de salud en tiempo y forma. “La Obra Social debe garantizar que sus prestadores, en este caso Vittal, cumpla con los requisitos que son necesarios en una atención médica que involucra a las y los trabajadores y no sumar burocracia que solo va en detrimento de la salud de nuestros representados”, agrega Rogalski
La presentación de UTE fue una intimación a la Obra Social para que de inmediato instruya a los profesionales a expedir los certificados, y que cumplan con la normativa vigente y los requisitos generales que indica la Medicina del Trabajo del Gobierno de la Ciudad para la justificación de las licencias médicas.

Denuncia penal a las autoridades de OBSBA por desvío de fondos

La Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires actualmente es presidida por el Dr. Carlos Alberto Arrastía. Fue creada en agosto del 2000 mediante la sanción de la Ley N° 472, como la continuidad del Instituto Municipal de Obra Social (I.M.O.S.) La OBSBA tiene carácter de Ente Público no Estatal, organizada como instituto de administración mixta con capacidad de derecho público y privado, contando con individualidad jurídica y autarquía administrativa y económico-finaciera. La Ley estipula que tanto el presidente y el resto del directorio de la Obra Social, es nombrado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Buenos Aires.
En junio de este año, el gremio Sutecba, presentó una denuncia penal contra las autoridades de la obra social por inconsistencias en los libros contables, que a su vez fueron avaladas por una auditoría en 2016. La denuncia enumera 18 anomalías sobre el informe publicado en 2021 (luego de haber sido presentado en 2019 sobre el estado contable de OBSBA en 2016) y solicitó que se lleve adelante una investigación penal “a efectos de verificar a través de expertos la posible fuga de patrimonio de la obra social de los trabajadores a través de asientos contables irregulares”.

11.12.2021

En el marco del 11 de diciembre, Día Nacional del Tango, un recorrido por la historia del legendario cabaret donde debutó Aníbal Troilo con su orquesta. Ubicado en Maipú 365 (CABA), hoy luce renovado y con actividades diarias: baile con orquestas en vivo y clases.

Desde 1965, cada 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango, fue idea de Ben Molar: compositor y productor, hombre del espectáculo argentino que hasta tradujo las canciones de moda de grupos como The Beatles para que las cantaran artistas como Sandro. Fue hace más de 50 años, camino a la casa de Julio De Caro para festejar su cumpleaños, que Ben Molar cayó en la cuenta de que la fecha coincidía con el aniversario de nacimiento de Gardel. Uno, el renovador fundamental que provocó que el género abandonase su etapa musical primigenia, inspirador de una corriente que lo nombra: “línea decariana”, que llevará -con el tiempo- al tango a ser una música de atril, más compleja y elaborada. El otro, Carlos Gardel, fue el hombre que hizo todo primero: cantar como nadie, hacer cine, proyectar una carrera internacional, protagonizar los primeros videoclips (denominados en la época “encuadres musicales”) y encima de eso morir intempestivamente, en la cumbre de su carrera y dejando detrás cientos de misterios por descubrir.
Además de todas las actividades tangueras que se programan para la fecha, este 11 de diciembre fue especial porque volvió a abrir sus puertas un lugar que fue testigo de lo que vino después de Gardel. Uno de los espacios donde la denominada etapa decariana o guardia nueva llegó a su máximo esplendor, fue durante la década de 1940, la época que el mundo tanguero llama “de oro”. En esa década -que se extendió por más de 15 años- nacieron las orquesta típicas y el tango fue la música y la danza de moda que acompañó las celebraciones y los momentos de esparcimiento popular. El lugar que ayer reabrió sus puertas funcionó como cabaret y fue fundado antes que el propio Obelisco, en 1935. Se llama Marabú, nombre de un ave de rapiña africana y denominación que se le da a las estolas de plumas que se veía mucho en el atuendo de algunas de las mujeres que trabajaban en este tipo de lugares.
El cabaret fue para el tango una usina de música, de artistas, de poesía, de danza, de cultura popular, de leyendas. Un espacio nocturno, con una clientela mayoritariamente masculina –no excluyente-, con pista de baile, orquestas en vivo y “coperas”, acompañantes de esa mayoría masculina cuyo trabajo consistía en que ellos consumieran bebidas y también podían acordar tener algún encuentro sexual. El Marabú es un amplio subsuelo ubicado en el microcentro porteño, en Maipú 365, que fue protagonista de esa Buenos Aires. Junto a los desaparecidos Chantecler, Armenonville, Tibidabo y tantos otros, brilló en la década del 40 con sus artistas y habitués. Hoy es el único que queda en pie, testigo de una ciudad que ha cambiado sus hábitos y su ritmo, pero donde el tango vuelve a nacer cada día.
En la década del 40, las orquestas tenían trabajo todo el día y todos los días: en la radio y los cafés en la mañana y la tarde, en el cabaret y los bailes por la noche. Cada orquesta tocaba en un cabaret y muchas de ellas permanecían por muchos años en esos reductos. La típica de Juan D´ Arienzo tocaba en el Chantecler, construido en 1924 y demolido en 1960, tan fuerte era el sentido de pertenencia a ese lugar –al que iba muy seguido Gardel- que Cadícamo hizo al momento de la demolición el tango “Adiós Chantecler” y así se llamó un long play del “El rey del compás”, cuya foto de portada lo muestra en un medio de una demolición.
Por su parte, en el Marabú debutó Aníbal Troilo con su orquesta y el cantor Francisco Fiorentino el 1° de julio de 1937, también lo hizo Rodolfo Biagi un año después. Su escenario recibió a la agrupación de Carlos Di Sarli, mítico pianista amado por el mundo milonguero que llevó allí el piano de su casa. También ahí actuó por primera vez con la orquesta de Di Sarli el cantor Roberto Rufino, que iba a registrar grabaciones antológicas junto al maestro de Bahía Blanca. Las Orquestas de Alfredo de Ángelis y de Osvaldo Pugliese también dejaron su impronta en este salón. Entre las mesas del Marabú, José María Contursi escuchó la historia que le inspiraría el tango “Como dos extraños” y allí se conocieron Enrique Santos Discépolo y Mariano Mores, que iban a dejar para la posteridad los tangos “Uno”, “Cafetín de Buenos Aires” y “Sin palabras”. Funcionó como cabaret tanguero hasta 1968, en la década de los ´80 recibió a bandas como Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada, Zas y Los Twist. Luego funcionó allí la discoteca Halley hasta su cierre a principios de los ´90.
La suerte del Marabú fue mejor que la de los otros cabarets, todos desaparecidos, cerrados o demolidos. Luego de permanecer cerrado, una fundación liderada por Joe Fish, empresario tanguero residente en Nueva York, The Argentine Tango Society, compró el edificio y lo salvó del remate y a los porteños de la pérdida de este reservorio de la cultura tanguera. Desde el año 2017 el lugar comenzó a tener actividades relacionadas con el tango danza y ayer, luego de una restauración total del edificio y de los equipos, volvió a recibir a bailarinas y bailarines, a orquestas, a fanáticos del tango y curiosos. Y así permanecerá con milongas y clases de tango y otros ritmos.
Un viejo volante de la época de oro decía -a modo de cantito-: “Todo el mundo al Marabú/ La boite de más alto rango/ donde Pichuco y su orquesta/ hará bailar buenos tangos”. Hoy, sin Pichuco pero con su recuerdo y con las nuevas orquestas que revitalizan al tango y hacen bailar, podemos volver todos al Marabú.
El Marabú está ubicado en Maipú 365 (CABA). Reservas: 11-21725080

9.12.2021

Estudiantes del último año del secundario tendrán Prácticas Laborales Obligatorias: deberán realizarlas a partir del último semestre del secundario e involucra a 29.400 chicos de 442 colegios de gestión pública y privada. Será parte de la cursada necesaria para aprobar. Amplio rechazo en la comunidad educativa.

Horacio Rodríguez Larreta anunció este jueves 9 de diciembre que, a partir del ciclo lectivo 2022, todos los estudiantes del secundario deberán realizar Prácticas Laborales Obligatorias en empresas y organizaciones. La iniciativa está planteada para quienes cursen el quinto año en establecimientos públicos y privados. Lo que Larreta denomina “prácticas educativas obligatorias en ambientes laborales”, no es ni más ni menos que conseguir mano de obra gratuita y ultraprecarizada para sus socios y amigos empresarios.
El jefe de Gobierno porteño aclaró que estas prácticas no son lo mismo que pasantías, dado que “forman parte del diseño curricular” y el “desarrollo se llevará adelante en horario escolar y serán incluidas en el proceso de evaluación a cargo de los docentes”.
Los gremios docentes no hicieron esperar su rechazo a la medida, tanto desde el sindicato Ademys como UTE.
Dejaron en claro que la medida quita horas de estudio a los jóvenes para transformarlos en mano de obra gratuita. Toda la reforma de la Secundaria del Futuro apunta a que los chicos y chicas se adapten a un mercado laboral precarizado, en el que no se requieren conocimientos específicos.
Desde la izquierda también criticaron la medida de Larreta, de la ministra Acuña y de todo su gabinete. La diputada nacional del PTS-FITU por la Ciudad de Buenos Aires, Myriam Bregman y su compañera, la legisladora porteña Alejandrina Barry así lo expresaron:
No le importan lxs jóvenes, quiere mano de obra barata para sus amigos empresarios. pic.twitter.com/42fqqH3m0i
— Myriam Bregman (@myriambregman) December 9, 2021
Larreta es un ferviente defensor de la libertad de los empresarios. Nueva medida para imponer mayor precarización a los pibes y pibas. No le importa su vocación le importa su explotación. https://t.co/BscIpUtZaD
— Alejandrina Barry (@Barry__Ale) December 9, 2021
Las políticas del Gobierno porteño no desentonan con los pedidos de leyes a favor del empresariado de referentes de Juntos por el Cambio, quienes reclamaban hace semanas la eliminación de la doble indemnización para los despidos, por ejemplo.
El abogado militante del PTS y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Matías Aufieri, señaló que “con esta mano de obra gratuita, aunque lo presenten como aprendizaje, inevitablemente van a querer disminuir las condiciones laborales ya precarias de la juventud que durante años tiene trabajo precarios, flexibilizados. La práctica, que ya es un sistema por ejemplo en los call center y tantos otros rubros, que utilizan el período de prueba contemplado por la ley laboral para tomar personal por tres meses y antes de que queden efectivos los terminan echando sin indemnización ni nada. Si las empresas tienen la posibilidad de tomar mano de obra gratuita, contratados y tercerizados van a estar más precarizados aún y con sueldos más bajos”.
Todo esto se enmarca en un contexto donde el FMI digita el destino político y económico del país, con un Plan Plurianual aprobado en EEUU del que no estarán afuera estas medidas pro empresariales y precarizadoras.

8.12.2021

Por María Jagoe

En un país donde una persona es asesinada cada 20 horas por fuerzas del Estado argentino, la ciudad de Buenos Aires tiene la policía más nueva y, a su vez, una de las más cruentas del país, tanto en asesinatos bajo la modalidad del llamado gatillo fácil, como la represión y violencia ejercida contra los sectores populares.

Medida la violencia institucional por millón de habitantes, la represión es uniforme en todo el territorio argentino. Las primeras de la lista son las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Pampa, Río Negro y la referida Ciudad de Buenos Aires.
La particularidad de la policía porteña está dada por el hecho de ser la más nueva de todas las provincias (nació en 2017), por las infundadas expectativas de que podría haber nacido como una fuerza policial moderna y por los recientes hechos violentos, incluyendo asesinatos y represión con fuerte estigmatización de los sectores populares.

Antes y después de Lucas González

La Ciudad de Buenos Aires registró 472 hechos de violencia institucional entre julio y noviembre de este año, lo que equivale a tres por día. Los datos surgen de un informe del Ministerio Público de la Defensa porteño. En el 90% de los casos, la violencia provino de la Policía de la Ciudad.
La Defensora General, Marcela Millán, destacó que estas prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios de distintas fuerzas no son casos aislados. “Son sistemáticas, rutinarias y, en algunos casos, hasta legitimadas normativamente y bordeando la legalidad y la ilegalidad, pero naturalizadas por algunos agentes del sistema penal”, explicó.
La discusión sobre el accionar de la Policía de la Ciudad resurgió en noviembre a partir del asesinato de Lucas González, un jugador de fútbol de 17 años. Lucas iba en auto con otros tres amigos cuando fueron interceptados por policías de civil, sin identificación, que los balearon. Luego, para encubrir el hecho, realizaron un informe con datos falsos que hablaba de una supuesta persecución y tiroteo. Hay cinco efectivos detenidos.
Este caso expone un modus operandi que parece ser común dentro de la fuerza: grupos de policías sin identificación, en automóviles particulares, que supuestamente deberían realizar sólo tareas de investigación pero terminan participando en balaceras y detenciones. Cuando estos operativos devienen en casos de “gatillo fácil”, lo que suele seguir es el encubrimiento.
“El caso de Lucas visibiliza una lógica que tiene que ver con la cuestión de las brigadas y los policías sin identificación. Eso es algo muy extendido”, dijo Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la TV Pública. “Lo que hay que pensar es cuáles son las formas de funcionamiento de la institución que permiten y a veces promueven estas formas de actuación, más allá de que después haya mejores o peores policías”, agregó.
Tufró también señaló: “Esto que sucedió con Lucas es un hecho bastante extremo, pero no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, donde a veces pareciera que la policía se maneja con reglas diferentes de las que aplican en el resto de la ciudad”.

Estigmatización geográfica y social

Según el Ministerio Público de la Defensa, las comunas del sur de la capital argentina concentran la mitad de los hechos de violencia institucional registrados en la ciudad entre julio y noviembre de 2021. También son las zonas que tienen menores ingresos per cápita y mayores índices de desocupación. Esto incluye a Barracas, el barrio de la Comuna 4 donde fue asesinado Lucas González.
Los casos también son más frecuentes dentro de ciertos grupos sociales. La Defensora General Marcela Millán afirmó que esta práctica “se reitera con migrantes, sobre todo senegaleses, y con la población trans, en comunas determinadas”. Las personas senegalesas, que suelen trabajar en la venta ambulante informal, representaron el 85% de los detenidos que fueron víctimas de violencia institucional asistidos por el Ministerio durante 2019. Las personas trans, el 55%.
La Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional de la ciudad recibió 290 casos entre julio y septiembre de 2021. El perfil de las víctimas está bien definido: 8 de cada 10 son varones, argentinos y habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, con un promedio de edad de 33 años. El 56% no completó la educación secundaria, el 67% atraviesa una situación laboral de vulnerabilidad y el 37% se encuentra en una situación habitacional precaria.

Más allá de Buenos Aires

La organización independiente CORREPI (las siglas de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) lleva un registro de todos los casos que impliquen la aplicación de una política represiva estatal y tengan como resultado la muerte de la víctima. Son 7.587 casos en toda Argentina desde el retorno de la democracia, en diciembre de 1983, hasta noviembre de 2020.
Según este archivo, las modalidades más frecuentes son las muertes de personas detenidas (50%) y los fusilamientos de gatillo fácil (36%). El 44% de las víctimas tenía 25 años o menos. Las policías provinciales son responsables de más del 46% de los casos. Desde la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que entró en funciones el 1 de enero de 2017, se le imputan 121 muertes.
“La represión policial y la función que ejerce el aparato estatal no va a cambiarse con una ley o un decreto. Tiene que ver con una cuestión sistémica de las fuerzas de seguridad”, dijo María del Carmen Verdú, abogada y militante de CORREPI, a FM La Patriada. Y afirmó: “Más de la mitad de las muertes por gatillo fácil se producen cuando el funcionario policial se encuentra de civil. Si sacamos el arma reglamentaria cuando no están cumpliendo sus tareas, reducimos las muertes a la mitad”.
Verdú resaltó que en sólo una semana se produjeron cuatro muertes por violencia institucional en el país. “Primero tuvimos la desaparición y muerte de Lautaro Rosé; luego el fusilamiento por gatillo fácil de Lucas González”, enumeró. “Después sufrimos la muerte y tortura en una comisaría de Antonio Martínez, y por último la represión a la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero (Río Negro), donde asesinaron a Elías Garay”.
Sobre el caso de Lucas González, Verdú destacó que “puso en forma muy evidente en los medios de comunicación, que habitualmente no acompañan la lucha antirrepresiva, todo el cuestionamiento que existe sobre los policías de civil”. Y añadió que la mediatización sirve porque “si no se modifica la percepción social de estos hechos, que está permanentemente manipulada y cooptada por los discursos de estigmatización, de odio y de punitivismo, es muy difícil que se logren los cambios normativos que son necesarios”.
CORREPI también pide al Estado argentino que tome una serie de medidas concretas incluidas en su “Agenda Antirrepresiva”. Ellas incluyen: la eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones, la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio, la prohibición de requisas personales y de pertenencias por mera sospecha, y el fin de la militarización de los barrios populares, entre otras.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de cambios a nivel legal e institucional para terminar con los casos de gatillo fácil. Estas muertes no son consecuencia del accionar aislado de “malos policías”, sino la consecuencia de prácticas extendidas y silenciadas en todas las fuerzas. Mientras tanto, las víctimas parecen ser siempre las mismas.