Red de radios

6.8.2021

Una trabajadora del hospital Marie Curie, nos hizo llegar un audio, donde denuncia al Gobierno de la Ciudad por descuentos y sanciones arbitrarias a ella y sus compañeros. Otro testimonio de la decadencia y el vaciamiento en la salud pública que promueven los Gobiernos desde hace décadas.

Mientras calienta motores la campaña electoral, nos llegan más testimonios de trabajadores desde los hospitales de la Ciudad que cuentan el maltrato que sufren por parte del Gobierno porteño. Esta vez se trata sobre una trabajadora del hospital Marie Curie, quien denuncia persecución, descuentos y sanciones arbitrarias por exigir que cumplan con la entrega de los elementos de protección personal, entre otras cosas.
Verónica Landriel es enfermera del hospital oncológico Marie Curie, trabaja en el sector vacunatorio del nosocomio. Ella había efectuado una denuncia en el mes de abril del 2020 cuando la habían derivado a trabajar en un sector sin los elementos de protección personal (EPP). Verónica es personal de riesgo por padecer asma y síndrome metabólico. Claramente esto no les importó a las autoridades ni al Gobierno de la Ciudad ya que, ante su denuncia y la negación de tomar servicio sin los EPP en la guardia, el supervisor se molestó y la amenazó. Ante este ataque decidió hacer una denuncia formal, pero solo pudo dejar un descargo en el libro de reportes de enfermería correspondiente a ese día.
No es de extrañar que los supervisores puestos a dedo por el sindicato Sutecba estén del lado de la administración del hospital. Estos mismos, junto con los directivos fueron los que crearon una sanción para las y los trabajadores que reclaman. Además, Verónica cuenta que, en la evaluación de desempeño anual, que fue realizada mientras ella estaba de licencia, la calificaron a la baja y mal desempeño. “La misma administración que primero me otorgó la licencia, ya que era un riesgo para mi vida trabajar sin EPP en el área de guardia, ahora me sanciona por estar de licencia. Es completamente ilógico”, dijo.
Ante esto, solicitó la rectificación de la evaluación de desempeño ya que fue incorrecta, persecutoria e imparcial. “Estamos frente a un caso de violencia laboral y de género”, afirmó.
“Los empleados del Gobierno de la Ciudad estamos expuestos a una brutal violencia laboral. En vez de reconocernos, nos golpean. Existen muchas maneras de persecución laboral, una de ellas es la psicológica, llegamos a sentir una presión muy grande, nos persiguen porque luchamos por sueldos dignos, por ejemplo. Hay compañeros que fueron a trabajar y les ponen ausente sin justificar, les descuentan el sueldo. Bloquean los cobros porque no reconocen los certificados médicos. Se utiliza una aplicación que reemplaza medicina laboral, la cual se llama MIA, pertenece a una empresa extranjera y no reconoce los certificados médicos, entonces llegan los descuentos”.
Y agregó: “Las y los compañeros que están enfermos se enfrentan a bloqueos de sueldo y descuentos de días por enfermedad. Ponen sanciones disciplinarias a compañeros que están de licencia por ser de riesgo. Obligan a volver a compañeros que son de riesgo, de los cuales, algunos perdieron su vida porque no les quedó otra que volver a trabajar en esas circunstancias de desprotección total. Envían mensajes por whatsapp, mails, amenazan con cesantías y descuentos. Muchos compañeros por miedo a perder su sustento vienen y se exponen. El Gobierno no responde ni las cartas documento, ni los amparos judiciales. Esta pandemia dejó en evidencia las miserias más grandes que pueden existir, porque al profundizarse la crisis sanitaria, se tomaron decisiones políticas como la de no cuidar al personal esencial que deja su vida por vocación. Pero la vocación no justifica todo este maltrato”.
Este testimonio es uno más de cientos que se pueden escuchar en los hospitales. De hecho, Claudio Lois, técnico en hemoterapia del hospital, falleció por covid-19. Trabajaba, aunque era paciente de riesgo por ser diabético insulino dependiente y solo accedió a una primera dosis de la vacuna contra la covid-19. La desregulación y fragmentación del sistema de salud que impuso el Gobierno de Menem, trajo como consecuencia la precarización y vaciamiento de toda la salud pública. A su vez dejó en manos de Gobiernos provinciales y municipales gran parte de los hospitales, los cuales cada vez reciben menor presupuesto. Algo que no revirtió ningún Gobierno posterior.
El Gobierno de Larreta avanza contra los derechos de los trabajadores, con el consentimiento del ministerio de trabajo de la Nación y el propio Gobierno Nacional. El maltrato hacia quienes durante más de dos años estuvieron en la primera línea enfrentando la pandemia, es muestra de que el plan de los Gobiernos es seguir vaciando la salud pública a costa de la precarización de sus trabajadores.
Desde este diario acompañamos y hacemos visible cada una de las denuncias de las y los trabajadores de la salud. Es urgente terminar con la precariedad en la salud y el maltrato. Por todo lo expuesto, el Frente de izquierda Unidad propone discutir una reforma que unifique todos los recursos de salud bajo la órbita del estado Nacional y con el control de las y los trabajadores.

5.8.2021

Será este sábado 7 de agosto a las 15:00 en la Plaza Mafalda en Colegiales, junto a la candidata a diputada nacional Myriam Bregman y a legisladora Alejandrina Barry, con jóvenes, trabajadores y activistas para lanzar una gran campaña, mientras los principales candidatos de los partidos del régimen discuten y proponen un modelo de país extractivista.

Este sábado a las 15:00 en la Plaza Mafalda en Colegiales, van a estar Myriam Bregman y Alejandrina Barry haciendo una reunión abierta en defensa del ambiente con jóvenes, trabajadores y activistas para lanzar una gran campaña que meta en el debate de la agenda electoral todas las peleas que viene dando el movimiento en las calles, en un contexto donde los principales candidatos de los partidos del régimen discuten y proponen un modelo de país extractivista.
A nivel nacional, la pelea ambiental es un tema sensible y hubo grandes luchas como en Mendoza por el agua o Chubut contra la megaminería, o recientemente en Andalgalá, donde también se movilizaron en defensa del agua y contra el extractivismo.
En tiempos donde el gobierno nacional incentiva el extractivismo con las mineras y petroleras o a las megagranjas porcinas, que tanto perjudican el ambiente y que son la “cuna” de pandemias; y con el macrismo/radicalismo, que apoyan estas medidas, se hace necesario apoyar un frente 100% verde, como lo es el Frente de Izquierda Unidad, donde se debata el rumbo que está tomando el país en el tema ecológico y donde se expresan todas las voces que salen a la calle a oponerse a la destrucción del planeta. Muy diferente a la conformación de las listas de Juntos, el Frente de Todos o las coaliciones de Milei y Espert, que llevan candidatos extractivistas.
En la CABA tenemos el reciente ejemplo de la lucha contra la venta de Costa Salguero, donde se quería construir un barrio privado y un helipuerto, avanzando con la privatización de espacios verdes, sin importar el impacto ambiental que causan estos negocios inmobiliarios. Las entonces diputadas porteñas Bregman y Barry del PTS, fueron quienes expresaron su descontento y denunciaron los negocios inmobiliarios del gobierno de Larreta, a su vez que se reúnen con los vecinos de todos los barrios de la ciudad que pelean por más plazas y parques.
Por todo esto, te invitamos a sumarte a esta reunión, a que traigas tus propuestas, y a unirte a la campaña para que la izquierda sea tercera fuerza nacional y haya más diputadas y diputados expresando la voz de las trabajadoras y los trabajadores en el Congreso y en las calles.

4.8.2021

Este miércoles desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el principal gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires, se alertó sobre los riesgos derivados del “incumplimiento del protocolo sanitario” en las escuelas, después de que el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta habilitara la presencialidad en las aulas sin respetar el distanciamiento establecido por el Consejo Federal de Educación, definiendo a la decisión como “criminal”.

Angélica Graciano, titular de UTE CTERA, responsabilizó desde su cuenta de Twitter no sólo a Larreta sino también a su ministra de Educación, Soledad Acuña: “La presencialidad de Larreta y Acuña no cuida la salud de la comunidad educativa”. Y agregó: “Aunque Larreta lo quiera decretar, la pandemia no terminó”.
En el mismo sentido, la dirigente gremial enfatizó: “Frente al negacionismo del Gobierno porteño, la comunidad educativa refuerza los cuidados”. Graciano acompañó sus dichos con un comunicado de UTE que alerta respecto de esta “política criminal” de la administración de Rodríguez Larreta.
Desde el gremio se exigió que “se respete el distanciamiento social de 1,5 m.”, que se garanticen “espacios con ventilación cruzada” en las aulas y se provean todos los “elementos de protección e higiene”. También se remarcó la importancia del “respeto a los aforos según metros cuadrados”, siguiendo los protocolos establecidos por el Consejo Federal de Educación
Desde otro de los gremios docentes de la Ciudad, Ademys, ya se anunció un paro para el próximo lunes, denunciando el “intento de Horacio Rodríguez Larreta de implementar una presencialidad total eliminando la restricción de 1,5 metros de distanciamiento físico dentro del aula, reactivamos el plan de lucha”. En el marco de la preparación de la medida de fuerza, durante toda esta semana se irán realizando “semaforazos” y “asambleas por escuelas y distritos y junto a las familias, pronunciamientos colectivos y envío de cartas a las autoridades”.

2.8.2021

Las Consejerías de Vivienda realizaron una acción para visibilizar y denunciar la enorme cantidad de tierras e inmuebles ociosos en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el viernes pasado los barrios de Balvanera, Parque Patricios, Constitución, San Cristóbal, Pompeya y Abasto amanecieron con carteles en los espacios habitables vacíos, exigiendo el impuesto a la tierra y la vivienda ociosa, el uso social y la expropiación.

Compartimos comunicado:
Según el segundo censo popular de personas en situación de calle, en 2019 había 7251 personas en calle (871 de les cuales son niñes). Diversas organizaciones sociales advierten que a causa de la pandemia y la crisis económica, este número podría haberse duplicado. Como contraparte, según un informe del IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) del mismo año, afirma que hay 138.000 viviendas en desuso, aunque nada dicen qué debería hacerse con las mismas.
Alertamos sobre la situación de crisis económica -inherente al capitalismo, pero agravada por el covid- y un inédito nivel de desocupación que, entre otras cosas, deja al 40,9% de la población urbana (un total de 18,5 millones de personas) por debajo de la línea de la pobreza. Para quienes han podido sostener sus fuentes de trabajo, el tarifazo de alquileres (que ha llegado al 150%) hace que les trabajadores destinen hasta un 70% de su salario en afrontar el valor de la renta.
La pérdida del trabajo (en especial el sector informal), generalizó la imposibilidad de pago de los alquileres, y es así como miles de personas y familias (en gran cantidad monomarentales), han sufrido desalojos en plena pandemia. La cada vez más común prohibición de alquilar a familias con niñes complejiza aún más el panorama. Mientras, Fernández, Bielsa y Ferraresi sólo realizaron anuncios que daban cierta protección a les inquilines formales (con contrato de alquiler). Vecines de hoteles, pensiones, villas, casas colectivas, asentamientos y recuperaciones de tierra, sufrieron y siguen sufriendo expulsión y criminalización.
Si tomamos en cuenta la cantidad de personas desalojadas o en riesgo de serlo, y lo comparamos con la cantidad de viviendas deshabitadas, la solución posible salta a la vista. Pero no podemos desconocer que el estado en su conjunto (Fernández, Larreta y demás intendentes) gobiernan para su clase y no tienen voluntad política para enfrentar a los intereses de la casta inmobiliaria, a la cual incluso muches de elles pertenencen.
Es por esto que en la acción que realizamos, exigimos la creación inmediata de un banco de inmuebles y tierras, hoy vacías. Las mismas deberán destinarse, en parte, para Cooperativas de vivienda que luego de décadas siguen esperando poder acceder al suelo que se les exige desde la Ley 341, sistemáticamente desfinanciada por el gobierno del PRO. Además, son necesarias soluciones habitacionales urgentes para quienes atraviesan violencia de género. Bajar las terribles cifras de femicidios y travesticidios dependen directamente de esto. Y por último, son necesarias para establecer un programa de alquiler social con control popular.
Luego de más de un año de aprobada la ley de alquileres, el programa de alquiler social sigue sin reglamentarse. Desde Consejerías de vivienda hemos hecho una propuesta que no recibió ningún tipo de devolución por parte del ministerio de desarrollo territorial y habitat de nación, como del IVC de CABA. Los principales puntos son: alquiler con un tope del 20% del salario, prioridad de ingreso a familias y personas con riesgo de desalojo y en situación de calle, familias monomarentales y personas que atraviesan violencia de género, en especial con niñes, y la incorporación de tierra e inmuebles ociosos.
La vivienda es un derecho, no una mercancía. Y como ya sabemos quiénes día a día luchamos desde abajo, los derechos se conquistan organizades y en la calle. La disputa al estado por lo que nos corresponde debe darse en paralelo a la construcción de un movimiento que se organice tanto en el plano defensivo (contra los desalojos, por ejemplo) así como en la ofensiva, con el ingenio popular que siempre encuentra la manera de tomar los derechos por sus propias manos.
Ver placas con los puntos centrales de la propuesta de Alquiler Social AQUI
Ver listado completo de puntos de Alquiler Social AQUI

2.8.2021

El gremio Ademys acusó al Jefe de Gobierno de “juntar en un aula a 30 o 40 estudiantes durante al menos cuatro horas diarias, eliminando la restricción de 1,5 metros de distanciamiento físico dentro del aula”.

El sindicato docente Ademys realiza hoy un paro de actividades en las escuelas porteñas en rechazo al regreso a clases tras el receso de invierno «sin burbujas» ni «el distanciamiento de 1,5 metros entre los estudiantes» para evitar contagios de coronavirus.
«Sin presentar ninguna evidencia ni datos científicos que lo avalen, sin ningún argumento médico o sanitario que lo fundamente y a contramano de todas las políticas de cuidado que se desarrollan en el resto de las jurisdicciones del país –excepto Mendoza- y los demás países del mundo, el gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta, (Soledad) Acuña y (Fernán) Quirós ha definido la vuelta a las aulas del total de estudiantes», dijo el gremio en un comunicado.
En ese sentido, advirtió esa decisión del Gobierno porteño «significa romper totalmente con los protocolos y pautas vigentes de cuidado a nivel mundial».
«Significa juntar en un aula a 30 o 40 estudiantes durante al menos cuatro horas diarias, eliminando la restricción de 1,5 metros de distanciamiento físico dentro del aula», completó.
En el marco del paro, la conducción de Ademys realizará una conferencia de prensa a las 12 frente a la sede del Gobierno local, en la calle Uspallata 3160 del barrio de Parque Patricios.
En diálogo con La Patriada, la secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, dijo que «ven con mucha preocupación que no haya distanciamiento» y que «en la decisión de una mayor apertura se ve una negación de la pandemia».
«Hacia adelante vemos que esto va a traer consecuencias en contagios no solo en las escuelas sino también a nivel comunitario», agregó Scayola.
La secretaria señaló que «es de una irresponsabilidad absoluta» que «en medio de una pandemia y con una cepa más contagiosa» se «diga que no hace falta distanciamiento».
A su vez, consideró que «debería haber una política más unificada a nivel nacional en relación a estas cuestiones» y que «no alcanza con que (el ministro de Educación nacional Nicolás) Trotta se manifieste en contra» ya que «la Ciudad toma las determinaciones que le parece y eso traerá repercusiones a nivel nacional».
Por otro lado, Scayola indicó que «las escuelas están en peores condiciones que antes de la pandemia» y que «el año pasado no se hizo nada y este año tampoco se invirtió ni un solo peso en garantizar condiciones para la presencialidad».