Red de radios

5.9.2015

Tres jóvenes cayeron al vacío tras ceder la baranda del sexto piso de un edificio. Uno falleció y los otros dos están graves. Los vecinos y la izquierda acusan a Macri por no cumplir con un fallo judicial que ordenaba el mantenimiento.

Ivana Otero
Docente | Agrupación 9 de Abril

Nicolás Dimuro
@DimuroNico

Una vez más la crisis habitacional y la muerte golpea a los habitantes de zona sur de la Ciudad. Esta vez no fue la represión ni las topadoras, sino la falta de mantenimiento de un complejo habitacional de más de 40 años en el barrio de Soldati que llevó a la muerte a un joven y dejó internados en estado grave a otros dos.

El hermano de la víctima fue uno de los primeros en salir a describir la terrible tragedia. Los vecinos cortaron las vías del ferrocarril Belgrano Sur reflejando que la falta de mantenimiento de los edificios del complejo ubicado entre las calles Mariano Acosta, Rodrigo Triana, Lacarra y Corrales viene siendo de larga data al tiempo que denunciaron que ya habían hecho presentaciones de esta situación ante las autoridades. Los edificios que contemplan 12 módulos de alrededor de 15 pisos cada uno, fueron construidos hace más de 40 años por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

La Izquierda Diario se hizo presente en el lugar, Celestina, vecina describe la escena: “Los chicos estaban jugando como hacen todos, corren y bajan la escalera, que no tiene agarre y está todo podrido, se vienen abajo”. Ella vive frente al lugar de los hecho desde el ´78 y cuenta que “nunca se hizo un mantenimiento” solo pintaron. Una burla.

Mientras que los vecinos son contundentes en reflejar que ni los ascensores andan e incluso denuncian otras muertes, sin escrúpulos Horacio Rodríguez Larreta declaró que allí: “se estaban haciendo muchísimas obras”. El jefe de Gabinete del Ejecutivo local tardó unas 17 horas en salir a los medios de comunicación y desconoció el fallo judicial para ser reparado por el gobierno porteño.

Como medida aseguró que mandó a instruir un sumario para “determinar responsabilidades” mientras el comunicado del IVC declara que “el nudo donde se produjo el lamentable accidente, es el 10, conformado por 4 edificios, cuya administración funciona con normalidad”. El intento desesperado de la gestión por despegarse de este asesinato se derrumba al igual que la baranda que nos deja sin la vida de un nuevo joven.

Patricio del Corro, legislador del Frente de izquierda, quien participó de la multitudinaria marcha por un plan de urbanización integral para la comuna 8 el mes pasado, declaraba para La Izquierda Diario que “mientras el gobierno porteño en complicidad con nación invierten millones en negociados para un puñado de empresas, como la Villa Olímpica y son parte del lucro inmobiliario que mantiene cientos de miles de viviendas como en Puerto Madero desocupadas y le otorga terrenos millonarios a la iglesia, las familias trabajadoras debemos vivir en situación de precariedad, con alquileres exorbitante o amenazados con el desalojo.

La muerte del joven en Soldati es responsabilidad del gobierno porteño que en casi una década no ha invertido siquiera para mantener una baranda en condiciones. Nos ponemos a disposición de la familia y apostamos a reformas integrales profundas que dé respuesta a la crisis habitacional porteño”

Viendo la situación de precariedad en las que se encuentra un sector importante de la población porteña, es solo suerte no ver multiplicarse estas tragedias que tiene como principales víctimas a los jóvenes. Aún resuena el caso de Gastón de 13 años de la Villa Rodrigo Bueno, que cayó en un pozo ciego y la ambulancia no pudo ingresar a rescatarlo.

La respuesta de un barrio que vive castigado por estos gobiernos no se hizo esperar trabajadores, vecinos familiares y amigos cortaron las calles aledañas, el reclamo viene desde siempre, sobran denuncias y antecedentes de las pésimas condiciones de vivienda en la zona sur, pero la muerte de un pibe es la gota que rebalsa el vaso y interpela hasta la mirada de aquellos ojos indiferentes. En Soldati hay un pibe menos y un eterno reclamo, el del pueblo trabajador, el más maltratado de la ciudad de buenos aires.

4.9.2015

En un operativo conjunto, la Comisión Nacional de Comunicaciones – C.N.C. – y la Policía Federal allanan y decomisan hoy el espacio y equipos de la emisora comunitaria Antena Negra TV – Canal 20 Digital – Canal 4 analógico. El mismo se lleva a cabo en la sede del canal sito en Avenida Ángel Gallardo 752 de esta Ciudad de Buenos Aires.

En principio ingresaron violentamente al local sin exhibir ningún tipo de documentación, luego una sola persona de la emisora fue autorizada a acompañarlos y no permitieron que sea grabado el procedimiento. Una vez dentro mostraron una orden de allanamiento y decomiso en una causa en donde se los acusa de interferir una señal  – Canal 20 – de la empresa PROSEGUR por medio de la cual se conectaría con la Policía Federal. Referentes del medio opinaron que no solo es muy extraño la ausencia de la Autoridad Federal sino más extraño aún resulta que, siendo un conflicto en el que la Policía Federal es parte involucrada, tenga a cargo el procedimiento. Pasado el mediodía se hicieron presentes en el lugar representantes de la Autoridad Federal de S.C.A. – A.F.S.C.A – y de la Defensoría del Público de S.C.A, quienes se encuentran en el lugar.

Cabe destacar que el Canal 20 es una señal otorgada en los años `90 a la empresa de seguridad – que por entonces pertenecía al grupo Yabrán – y que en los últimos tiempos y por denuncias realizada por los medios comunitarios la legislación internacional exige que la señal sea liberada y otorgada para radio difusión. Si existiese conflicto entre señales deberían ser resueltos con la competencia de la Autoridad Federal, es decir la A.F.S.C.A.. Esta situación preocupa profundamente a los Medios Comunitarios y a todos los involucrados en la lucha por una Comunicación Popular libre y diversa, además de encender una grave alarma por la reincidencia en el uso de métodos represivos, violentos y de decomiso de bienes del pueblo, como era habitual en los años de gobiernos de facto.La confiscación que está llevando adelante la Policía Federal y la flamante Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) muestra el verdadero objetivo del proyecto desestabilizador en marcha en toda la región. No son las instituciones de la democracia las destinatarias últimas de la embestida neoliberal. Se trata lisa y llanamente de la eliminación de los sectores populares. La restauración neoconservadora, instalada ahora en la burocracia estatal, con las viejas prácticas confiscatorias de la dictadura avanzan, sobre los medios de la comunicación popular.
La Orden de Registro Domiciliario fue firmada por la Dra. Verónica Lara (Secretaría Nº 5 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº8) por la cual ordena al Jefe de Departamento de Delitos Federales de la Policía Federal que hoy, viernes 4 de setiembre, “secuestre los equipos que generan interferencia” y entregarlos a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información (AFTIC).
 

Miembros de la emisora aseguran no haber recibido ninguna notificación

Silvia, integrante de Antena Negra, relata la situación que están viviendo desde la mañana y la llegada de Francisco D’Alessio, coordinador del área de proyectos especiales de AFSCA, al lugar.

Germán de los Santos, integrante de DTL Comunicación Popular, narra lo que sucede en la sede de Antena Negra TV en Ángel Gallardo 752.

Germán de los Santos explica la situación judicial de la señal desde la cual transmiten.

Organizaciones sociales reclaman al AFSCA por el decomiso a Antena Negra TV

En estos momentos organizaciones sociales y medios alternativos están en las oficinas de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para repudiar y y pedir explicaciones por la orden de secuestro de equipos al canal comunitario Antena Negra TV, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

“Ante el ataque contra los medios comunitarios, alternativos y populares, organizaciones sociales, culturales y políticas tomamos la sede central de AFSCA, en Suipacha 765.” expresan desde las redes sociales diversas organizaciones sociales.

“Hacemos responsables políticos directos del allanamiento de la Federal al gobierno nacional encabezado por Cristina Fernández y al presidente del AFSCA y actual candidato a vicegobernador bonaerense, Martín Sabbatella”, concluyen.

2.9.2015

El joven de 19 años murió de 22 disparos. Se supone que fue víctima de un tiroteo entre bandas criminales que controlan el Bajo Flores. La responsabilidad de las fuerzas de seguridad. 

Por Santiago Asorey

El joven de 19 años fue asesinado de 22 disparos en septiembre del 2014 en el Bajo Flores, en Capital Federal. Ariel fue víctima de un tiroteo en el barrio. No hay imputados, ni indagados en la causa radicada en la fiscalía de Pompeya. La familia lucha en soledad por el reclamo de Justicia. 

Hoy se cumple el primer año del asesinato de Yiyo, como le decían sus familiares y amigos. Ariel era alumno de la Escuela media 3, que se encuentra en la calle Agustín de Vedia. Era hincha de San Lorenzo y le gustaba la música de Romeo Santos. Había hecho la primaria en la Escuela 4 del Barrio Illia.

Su muerte se suma a la de otros chicos de la zona, como Maximiliano Milesi (18), Delia Herrerra (28), Juan Pablo Molina (19) y tantos otros. Se duda sobre cuál fue la responsabilidad de la fuerza de seguridad.

Para la familia de Villa fue el comienzo de un interminable calvario. En primer lugar, las dificultades para encontrar un abogado que tomara el caso. Finalmente se logró. Pero a un año de ocurrido el crimen no hay imputados. El fiscal que lleva la causa es Adrián Gimenez, de la fiscalía de Pompeya.  La celeridad que la Justicia alcanza cuando los muertos pertenecen a otro estrato social no es la misma que para los pibes de los barrios más humildes. Por su parte, los grandes medios de comunicación tampoco cuentan este tipo de historia, lo que ayuda a invisibilizar el caso. 

Cuando ocurrió otra muerte, la de Maxi Milesi en febrero de este año, el portal Infobae tituló: "Dos muertos y una ambulancia baleada”. No hay rostros ni nombres propios en esas historias.  

Ariel pertenecía al mismo barrio que Ezequiel Demonty, el joven asesinado por la Policía Federal en septiembre del 2002. Los dos tenían la misma edad cuando fueron ultimados. La causa de Ezequiel fue acompañada por el diputado nacional Leonardo Grosso. Contó con el protagonismo de los docentes y los alumnos de la Escuela “3”, quienes de la mano del ex director de la escuela, Eugenio Perrone, sostuvieron la bandera de "Justicia por Ezequiel". Los dos chicos fueron víctimas de distintas formas de violencia que son hijas de una misma lógica que tiene como actor central a las fuerzas de seguridad, sea como represor o en connivencia con grupos y mercados criminales.

1.9.2015

Miércoles 2/9 12.30 hs Corte en Av. Montes de Oca y Suárez

La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior N°5 convoca a un corte de calles el próximo miércoles 2 de septiembre a las 12.30 hs en reclamo de una solución inmediata frente a los problemas derivados de las constantes amenazas de bomba a la institución.
Desde Ademys expresamos nuestro repudio a la situación que atraviesa la comunidad educativa de la ENS N°5 frente a las reiteradas amenazas de bomba y las acciones consecuentes que vulneran el derecho a la educación.
Denunciamos la falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que lejos de garantizar y arbitrar los medios necesarios para resolver la actual situación, somete a mayores riesgos a alumnos, trabajadores de la educación y no docentes que han tenido que mudar sus tareas a un edificio que no cuenta con la seguridad edilicia para albergar al nivel inicial y primario. Asimismo, las autoridades del GCBA niegan contar con presupuesto para proveer transporte que traslade a los niños a lugares adecuados, y rechaza la búsqueda de otros espacios.
Exigimos una pronta solución y hacemos responsable al gobierno por toda circunstancia de peligro a la que está siendo expuesta la comunidad escolar del Normal y de otras escuelas, que también reciben amenazas y sufren las continuas evacuaciones afectando inevitablemente el habitual dictado de clases.
Convocamos a participar del corte de calle y concentración en Montes de Oca y Suárez el día miércoles 02/09 a las 12:30hs.

28.8.2015

El hecho ocurrió por la tarde del miércoles 26 de agosto, en la Av. 9 de Julio y Alsina cuando las activistas trans fueron agredidas por su condición de género en un primer momento, y luego, la policía metropolitana intenta arrestarlas sin motivo alguno. Otro caso más de violencia hacia la disidencia sexual. Por ANRed

"Una persona nos agrede, éramos un grupo de siete personas del Movimiento Antidiscriminatorio Liberador. Nos insultan y golpean. De repente, no sabemos de dónde, sale la Policía Metropolitana. No preguntó lo que pasaba, desplegaron un operativo para reducirnos, no hubo mediación de parte de la policía. A lo primero que atinó es a tratar reducirnos a nosotras, hicieron un operativo ridículo, innecesario, parece que sea una forma de práctica o ensayo. La persona que nos agredió finalmente sale de testigo de la policía.”

Muy indignada comenta Diana Sacayán, activista integrante del Movimiento Antidiscriminatorio Liberador (MAL), que tras recibir agresiones por parte de una persona que trabaja para el Ministerio de la Ciudad barriendo las calles en el metrobus, comenzó una discusión. Acto seguido, se monta un operativo policial contra las activistas que se dirigían a La Plata a presenciar el tratamiento de la Ley de Cupo Laboral Trans.

Diana comenta: “La fuerza policíaca metropolitana da vergüenza. Actúa de manera irregular, hace fuerza y emplea recursos innecesarios, porque inmovilizar a 30 policías para sólo identificar a un grupo de travestis, me parece demasiado, y después el accionar: tirarme contra un auto, hacerme correr y chocar con un taxi, que se tiró contra mí, obligarme a ponerme de rodillas, mirando al suelo”. También observa que uno de los policías estaba vestido de civil, con pistola y chaleco, e intentó hacer uso de la picana a lo que Diana respondió:“ni se te ocurra usar eso contra mí. Tratá de no usar eso en contra mío, ni con nadie porque se te va a armar un escándalo muy grande”

Al parecer la violencia no fue suficiente para estos agentes de la policía metropolitana. Los trabajadores del INADI, al socorrer a Diana Sacayán que estaba siendo agredida, también sufrieron agresiones. La respuesta de la policía a diferentes interrogantes por parte de la fuerza policial fue: “¿y a mí qué me importa?”. Luego, las y los activistas manifestaron que los actos de violencia continuaron con golpes en la cara hacia Martín Lanfranco, trabajador del área de diversidad sexual del INADI, agresiones, insultos y faltas de respeto hacia todas las activistas presentes.

“La represión fue por policías del sexo masculino. Nos pegaron, porque no queríamos que se los llevaran al menos hasta que nos dijeran la causa. El agresor quedó libre adelante mío”, comenta Julia Amore, del área de diversidad sexual del INADI.

“Se vienen dando otros caso, hay denuncias que se reciben en el organismo (INADI). Esto tiene que ver con una política institucional que está instalada y que obviamente, ellos lo único que hacen es replicar. Hay una decisión desde arriba. Después, el hecho de violencia, transfobia fue, con respecto a las chicas en un primer momento, cuando esto recién comenzó. Después de eso nos hicimos presente gente que trabajamos en un organismo del estado, que somos trabajadores de DDHH y así y todo, fueron cada vez más violentos. De transfobia a violencia institucional. La transfobia es parte de la reproducción del modelo machista violento que abusa del poder contra las femeneidades, y vulnerando todos los derechos y faltando a la ley de identidad de género, y al trato digno que es el artículo 12 de la ley, ya que a las compañeras se las refería en masculino todo el tiempo.” aclara y agrega, ”es necesario mostrar que esto sigue sucediendo, que es sistemático esta institucionalizado e instalado en la policía metropolitana y está instalado en una política que maneja el señor Macri.”

La lucha por los derechos continúa, muchas y muchos militantes de las organizaciones LGTB continúan defendiendo los derechos obtenidos y ampliándolos “hay parte de la sociedad que nos quiere hacer retroceder, no quiere reconocer que avanzamos en la conquista de derechos y avanzamos en ser reconocidas como sujetas y todo el tiempo nos está recordando que somos putos de mierda, que somos travas de mierda y que no nos merecemos gozar de la ciudadanía. Todo el tiempo nos hacen recordar eso”, finaliza Diana Sacayán.