Red de radios

Opiniones de Garré sobre La Metropolitana

1.10.2012

Por Gastón Marote.

La ministra de Seguridad Nilda Garré aseguró que el manejo de la Policía Metropolitana por parte del gobierno de Mauricio Macri "deja bastante que desear" y reiteró que los cambios en la fuerza Bonaerense implementados por el gobernador Daniel Scioli "no fueron buenos".

En una entrevista con Noticias Argentinas, Garré cuestionó a ambas administraciones por haber otorgado "autonomías" a sus respectivas fuerzas de seguridad, en contraposición con la política nacional de ejercer un control político.

También, reiteró que la Argentina tiene una tasa "baja" de homicidios junto a Chile y Uruguay, comparado con otros países de la región. "Argentina, Chile y Uruguay tienen las tasas más bajas de homicidio y están por debajo del 6 por ciento cada 100 mil habitantes. Me parece una tasa baja".

"En otros países, es como que se ha naturalizado la violencia. Pero acá están estos fenómenos nuevos de los noticieros de 24 horas de canales de cable y aire, el bombardeo de información permanente, entre la que se destaca la seguridad, muchas veces con un trato amarillo y alarmante, a veces truculento, con detalles de mal gusto. Entonces hay un señor que por ejemplo vive en Tilcara que ve esto y termina sintiéndose inseguro. Puede haber un ingrediente de lo que la Presidenta llama la cadena del desánimo, de instalar este tema como algo que sirva para el desgaste del Gobierno", añadió.

Garré explicó: "Muchas veces hay manipulación de la información con la finalidad de generar miedo en la gente. Hace poco un diario sacó seis fotos de ancianos golpeados, pero no eran actuales sino que ocurrieron en distintos momentos. Eso no era información, era una preparación de la nota para generar miedo. Siempre que se habla de un caso delictivo, en ningún caso es aliciente para la víctima concreta del delito y la violencia o para sus familiares, para quienes la única respuesta posible es la efectiva acción de la justicia.La estadística criminal alerta cuáles deben ser las acciones que debemos desarrollar para prevenir el delito, porque lo más importante para nosotros es evitar al máximo que haya víctimas".

– El Gobierno porteño dijo que bajo su órbita la Policía Federal estaría mejor ¿Cree que es así?

– La Ciudad tiene una vieja aspiración que es el traspaso de la Policía. Todas las cosas que hizo Macri con la Policía Metropolitana, por lo menos en esta situación actual no creo que pudiera estar mejor. Armó una policía que estaba destinada a hacer espionaje sobre sus adversarios políticos, sobre enemigos familiares. Tomó muchísima gente de la Federal impugnada por su desempeño en general y tomó gente con una historia muy dudosa que por algo ahora están procesadas. Una Policía Metropolitana bien presentada, pero con un tercio de gente de la Federal, puede tener las mismas virtudes y defectos que la Federal. Dos o tres veces hubo casos de gatillo fácil muy terribles. Yo no creo que hoy por lo menos la situación podría ser mejor si el Gobierno de la Ciudad manejara a la Policía Federal.

– ¿Cambiaria la política que vienen implementando si la Federal pasa a manos de Macri?

– No sé ni lo que harían, pero no irían al control político de la fuerza. No creo que tengan esa idea muy instalada, muy asumida. Estarían más tentados a lo que muchas veces han estado las autoridades civiles de ejercer ciertos acuerdos con la policía como para no tener sorpresas en ciertos temas, garantizando a su vez como contrapartida, libertad de decisiones, más autonomía. Es decir, esto es intuitivo porque no han tenido posibilidad. Uno ve lo que han hecho con la Metropolitana y ha dejado bastante que desear.

– ¿Por qué hay diferencia entre la política de seguridad nacional y la bonaerense?

– La seguridad, según la Constitución, es un tema de responsabilidad de las provincias. De manera que la Nación sólo puede intervenir en delitos federales y en la Ciudad de Buenos Aires. La idea del gobernador de como manejar la policía bonaerense es muy distinta de la que manejamos nosotros. Hubo medidas que se tomaron y después hubo cambios de proceso que tendieron a dar de vuelta mayor autonomía a la Bonaerense. Pero no han sido buenos esos cambios. La instrucción que recibimos de la Presidenta que era fundamental ocuparse de los temas delictivos, llevar tranquilidad a la población combatir a la delincuencia y controlar políticamente a las fuerzas de seguridad y policiales. Además, mejorar la educación, la capacitación, la profesionalidad, modernizar tecnológicamente a las fuerzas. El resto, crear el ámbito adecuado para la participación de la comunidad.

Garré denuncia a 10 jefes de La Federal

30.9.2012

La corrupción policial se contagia. Con cuestionamientos a los efectivos sospechados, la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, justificó la denuncia que su cartera radicó contra 10 jefes policiales que habrían cobrado coimas a cambio de brindar su servicio de custodia.

"No podíamos consentir que queden manzanas podridas dentro de la canasta por más que nos quedemos sin comisarios", expresó la funcionaria.

Después de un relevamiento y entrecruzamiento de datos, que incluyó el análisis patrimonial, el Ministerio de Seguridad denunció la semana pasada a diez oficiales jefes de la Policía Federal, a los que acusó, entre otros hechos, de cobrar importantes coimas a distintos comerciantes.

Además de recibir dinero a cambio de brindarles seguridad a los locales, los jefes policiales denunciados están sospechados de dar protección a cambio de dinero a prostíbulos, "quioscos de droga" y vendedores ambulantes. Según la causa, los comerciantes pagaban entre 1500 y 7000 pesos por mes.

"[La corrupción] va a seguir pudriendo otras manzanas que tenemos que tratar de preservar", advirtió Garré sobre los peligros de no haber radicado la denuncia.

"No soy tan pesimista, pero otra solución es imposible. Lo que veamos que está mal hay que sacarlo", aseguró. "Hay que tener una policía eficiente, capacitada, profesional, que no sea cuestionada por la población, que no tenga vínculo con el delito", expresó.

En la presentación judicial radicada por la cartera de Garré, se denunció a tres comisarías: la 7a., con jurisdicción en Balvanera; la 44a., en Liniers, y la 28a., en Parque de los Patricios.

Más denunciados

Las denuncias también recayeron sobre dos subinspectores, un sargento, cinco cabos primeros, un cabo y un agente. Nacieron principalmente del testimonio aportado por policías cansados, indignados o ajenos a hechos de corrupción protagonizados por sus compañeros y superiores.

Haciendo hincapié en el control político sobre las fuerzas, Garré aseguró que las autoridades deben "remover los climas que facilitan la generación de delincuentes". "Si lo voy a tratar sólo con policías y patrulleros me estoy equivocando absolutamente en las cosas que tengo que hacer, los objetivos que me tengo que poner", agregó.

Antes de los dichos de Garré, su segundo en el ministerio, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, había atacado a los policías. "Tengo un gran respeto por todo hombre que todos los días se coloca un chaleco antibalas y sale a trabajar para brindar mayor seguridad y arriesga su vida. No podemos permitir que el honor de estas personas se manche por delincuentes que usan el traje de las fuerzas federales para delinquir", había expresado Berni.

Ciudad Autónoma de la exclusión
29.9.2012

José Luis Brito vive en situación de calle, cartonea en las noches y es un luchador social. La semana pasada fue víctima de los innumerables malos tratos del aparato estatal porteño, cuando fue a entregar una nota a Desarrollo Social para el reintegro de un subsidio. Fue discriminado, burlado y sacado a empujones de la dependencia, que en teoría debe bregar por el bienestar de las personas más vulnerables. No conformes, le sacaron los pocos pesos que llevaba encima.

"Siempre estuve en situación de calle por el tema económico, tengo un amparo judicial por este tema contra el Gobierno de la Ciudad de Mauricio Macri", dice José, en la gélida tarde de martes, a metro del Lima y 9 de Julio, lugar donde acompaño incansablemente la lucha y el acampe de la comunidad Qom de Formosa, durante casi 5 meses.

El viernes 21 fui al edificio de Desarrollo Social en las calles Entre Ríos y Pavón con una orden de su abogada para ver si le reintegraban el subsidio habitacional, y adentro lo trataron mal, la asistente social le dijo: "Te podes mandar a mudar de acá negrito de mierda, no estamos para solucionar problemas, anda a trabajar". Tras esto José le volvió a reiterar el por qué de su presencia.

Seguidamente lo amenazaron con que sí no se iba le iban a "romper la cabeza" y llamaron a la seguridad del lugar, a la Metropolitana y a la Federal para sacarlo a la calle. "Me quitaron una tarjeta del plan Nuestra Familia, algunos pocos pesos, algunas pertenencias, el DNI, y a la hora lo encontré tirado en la calle, parece que lo tiraron por la ventana", relata José.

Después de eso, la abogada asesoro a José Luis para que ponga la denuncia en la defensoría del Pueblo de la Ciudad, lugar donde tampoco fue bien tratado, no le querían recibir la denuncia, porque necesitaban el número de DNI de las personas que lo habían maltratado. "¿Cómo voy a saber los documentos de ellos?, si les pido tampoco me lo van a dar", manifestó, quien ya rebasado por toda la situación, dijo que si no le recibían la denuncia no se movería de allí. Y dio resultado porque se la tomaron. "Me siento indignado porque Desarrollo Social, favorece a Macri antes que a las personas como yo", lamenta José.

Y son muchos y muchos a los que el Gobierno porteño ignora o abandona a su suerte. Mujeres con hijos o que están embarazadas, también son víctimas de la constante discriminatoria, racista y xenófoba del aparato estatal porteño: ¿te pones a tener hijos para que te mantenga el Gobierno?, es uno de los muchos comentarios que llegan a sus oídos. Es por eso que José Luis, dice que van a unirse las personas en situación de calle para armar una huelga de hambre.

En muchas ocasiones, a la hora de cobrar tickets en el Banco Ciudad, gente del propio Gobierno porteño, pedía a quienes cobraban, tickets de $50 o más, a cambio de no sacarles el beneficio. "Por no perder todo, la gente acepta", comenta José Luis que además agrega que son más de 1000 personas las que van a retirar la limosna que necesitan del sistema que los excluyó.

"Cuando vamos a juntar cartones a la noche, recibimos malos tratos de los de Espacio Público que nos sacan las cosas y también insultan, "negros de mierda váyanse a provincia que acá no los queremos ver", es una muestra gratis que noche a noche toleran tratando de abrirse camino, en una ciudad que castiga el aspecto sencillo, el no haber nacido en la clase media o media alta, y que no tiene el mínimo interés en incluir.

El Gobierno juega al desgaste, para que la propia gente abandone las causas por la propia necesidad, y la idea de vivir en la Ciudad. "Voy a seguir hasta lo último porque para luchar contra este sistema hay que morir al miedo", cierra José.

Amalia Colombo

09/10/2012>> El presidente del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, aseguró que la ley "permite que haya nuevas unidades productivas, generando nuevas funciones laborales y nuevas fuentes de trabajo".

El funcionario recordó que mañana se cumplen tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con amplia mayoría en el Congreso.

“Es un ley que garantiza libertad, diversidad, pluralidad; que garantiza que la democracia crezca, se profundice; que nuestro pueblo pueda tomar la palabra, que estén todas las miradas, todas las voces. Es una ley que, aplicada integralmente, permite que haya nuevas unidades productivas diversificando la matriz de la comunicación audiovisual, generando nuevas funciones laborales, nuevas fuentes de trabajo”, dijo Sabbatella ayer por la noche en A24.

El titular de la Afsca explicó que el 7 de diciembre próximo es el día que la Corte Suprema de Justicia puso como fecha tope para que venza la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín y para que se comience a aplicar el artículo 161, que prevé el desprendimiento de licencias por parte de aquellos grupos de medios que excedan lo que indica la ley.  

“Se establece un plazo porque si no las medidas cautelares terminan resolviendo la cuestión de hecho, porque si no los plazos siguen. La Corte pone un plazo y el 7 de diciembre es el plazo máximo.

En este sentido, indicó que todos los grupos económicos, todos los licenciatarios, tienen que tener un plan de adecuación presentado para adaptarse a la ley, antes del 7 de diciembre.

“El 8 de diciembre, quienes no lo hayan hecho, van a estar fuera de la ley y con los plazos para la adecuación voluntaria vencida. El Afsca tiene que actuar para garantizar el servicio, garantizar las fuentes de trabajo y hacer cumplir la ley”, dijo y puntualizó que “algunos grupos han presentado su plan de adecuación y con otros se viene conversando”.

El funcionario aseguró ante la ausencia de un plan de adecuación,  autoridad de aplicación realizará un propio plan para darle cumplimiento a la ley y concursar las licencias de todos aquellos que tengan más de las permitidas.

“Presentado el plan de adecuación, según las características de lo que tenga que desprenderse el grupo, se verán los tiempos de ejecución. No es lo mismo el que tiene que desprenderse de una radio que el que tiene que desprenderse de 10 o de 10 licencias”, explicó.

“Todos han reconocido la ley, han reconocido al Afsca como autoridad de aplicación y todos han expresado su voluntad de adecuarse. Todos han expresado cumplir la ley, y uno solo es el que ha dicho no reconocer la Afsca y no querer aplicar la ley”, afirmó.

Sabattella dijo que el artículo 161 no lesiona la libertad de expresión, es constitucional y por ello va a ser aplicado. “Es una ley que permite que las provincias, los municipios, las organizaciones y pueblos originarios tomen la palabra. Se hizo mucho y se está haciendo también. Hay nuevas radios comunitarias, universitarias, de pueblos originarios, hay horas de producción local”, indicó.

En cuanto a la designación de representantes de la oposición en la comisión bicameral que controlará el cumplimiento de la ley, Sabattella dijo que no hay ningún impedimento para que ocupen esos lugares y que está a la espera de que participen de dicha comisión.  

“El mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es muy claro: Cumplir la ley sin excepciones, sin privilegios para nadie y cumplirla integralmente. La oposición no participó del directorio, claramente porque eran parte de un plan elaborado en una usina común. Eran parte del mismo plan de desconocer la Afsca”, dijo.  

En este sentido, precisó: “Hubo grupos hegemónicos mediáticos que querían desconocer la ley y la Afsca. La oposición en el parlamento, funcional a esos grupos corporativos, no presentaron sus representantes y no ocuparon sus lugares. Durante dos años la oposición tuvo mayoría y ni siquiera convocaron a constituir la comisión bicameral”.  

Además, recordó que también existe el un Consejo Federal, en donde están todos los representantes de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sabattella dijo que tanto la Capital como San Luis no enviaron a sus representantes, a pesar de que las designaciones dependen de los jefes de gobierno. “No los nombran porque no quieren”, aseguró.

06/10/2012>> El titular del Afsca, Martín Sabbatella, recordó que antes el diario Clarín lo reconocía por su transparencia, pero que ahora se empezaron a preocupar cuando tocás sus intereses, sostuvo. Ratificó que al vencer las licencias el 7 de diciembre, se licitarán las que exceden lo que permite la ley.

Sabbatella afirmó que fue convocado para “hacer cumplir la ley” y que “si no hay una adecuación voluntaria luego del 7 de diciembre, se deberán licitar las licencias que excedan lo que la ley permite".

Asimismo, ratificó que se garantizarán las fuentes de trabajo en la transición.