Red de radios

11.5.2023

Este jueves la Legislatura trató los proyectos del oficialismo con respeto al grave problema de los alquileres en la Ciudad. “Un banco de viviendas públicas e impuestos progresivos a la vivienda ociosa serían parte de una solución, pero en estos 16 años el macrismo en sociedad con el peronismo solo regaló terrenos públicos y le bajaron los impuestos a las constructoras”, declaró Alejandrina Barry, legisladora del Frente de Izquierda.
Luego de un mes sin sesiones en la Legislatura, por culpa de las peleas internas en el oficialismo, volvió a sesionar y se trataron los proyectos que Larreta presentó hace un mes con un video por redes sobre la crisis habitacional y la grave situación de los inquilinos porteños.
Alejandrina Barry del Frente de Izquierda fue categórica al comenzar su intervención “¿Qué vamos a discutir en esta sesión? ¿La campaña electoral de la inmobiliaria de Larreta o un problema estructural como la vivienda?”.
No vamos a contar nosotros la grave situación que todos los espacios políticos reconocen y millones sufren en la Ciudad más cara para alquilar y donde el sueño de la casa propia está fuera de la perspectiva en todo el país. Así lo declaraba Alejandrina: “La ciudad con la mayor proporción de inquilinos del país, más de un tercio alquilan y la mitad viven hacinados, la peor parte se la llevan las mujeres jefas de hogar y la juventud destinando una mayor parte del salario devaluado para el alquiler.
Esta crítica surge de que los proyectos presentados por el oficialismo larretista contienen beneficios impositivos para la construcción de viviendas destinadas para alquiler. Si las clases medias ni pueden alquilar, menos podrán construir, por tal motivo estas medidas solo benefician a las constructoras.
En su intervención dio cuenta de la realidad de la Ciudad con los que se encuentran del otro lado del mostrador de los inquilinos al momento de alquilar “Del otro lado, los especuladores inmobiliarios son más ricos y concentran más propiedades. La mitad de las construcciones son para viviendas lujosas que se mantienen vacías, Existen más de 200.000 viviendas ociosas destinadas a la especulación”.
Para dejar clara la situación de estos últimos años que desmienten los dichos de Larreta, Alejandrina exponía “En la última década se construyeron el doble de viviendas que personas nuevas que habitan la ciudad. Son datos del censo. ¿Con qué cara nos vienen a decir que seguir dándoles beneficios para los especuladores se va a revertir el problema?
Por su parte los libertarios una vez más actuaron como “colectora del PRO” acompañando en este caso a Larreta en los beneficios para las constructoras. Hablan contra los impuestos, pero solo bajan el de los ricos, así lo expresaba Alejandrina “Acá se ve la consecuencia de la lógica capitalista: la vivienda es sólo una mercancía, gente sin casas y casas sin gente. Pibes durmiendo en las calles para que ricos se hagan más ricos especulando con viviendas vacías. Esa es la famosa mano invisible del mercado, la teoría del derrame y todas truchadas que vende la derecha y compra el peronismo. Los defensores de la propiedad privada están privando a las mayorías del mínimo derecho a tener una vivienda digna, que no implique vivir o morir en la más absoluta precariedad”.
Siguiendo la explicación de las medidas del oficialismo, Alejandrina salió a cruzarlos “Los créditos para alquilar que salió a anunciar Larreta tiene su antecedente, el programa “Alquilar se puede” y fue un fiasco. Gastaron más presupuesto en publicidad que en los créditos otorgados, que sólo contó con 10 beneficiarios. Más trucho que votante de Larreta con Fanta”.
Sobre la debatida ley de alquileres, todos juegan igual, así lo denunciaba Alejandrina: “En esta situación para colmo vienen impulsando la derogación de la Ley de Alquileres. Larreta, Massa y Milei trabajan de empleados de los pulpos inmobiliarios. O ustedes creen que hoy se cumple que los aumentos son anuales, y a la hora de renovar contratos no saben que lo aumentan a gusto”.
Y con respecto a las inmobiliarias fue categórica “Los mismos que sacan las viviendas del mercado generan rumores de derogación de la ley para hacer una corrida de alquileres. Son como los sojeros especulando con la devaluación”.
Con respecto a la actual oposición del peronismo al proyecto oficial, Alejandrina les recordó “Otorgarles beneficios impositivos a los que concentran el suelo urbano, no es una política privativa de Cambiemos. Hace un par de años aquí el peronismo les votó beneficios a las grandes constructoras que lo único que hizo fue acrecentar el problema”. Refiriéndose al acompañamiento de todo el bloque peronista a ese proyecto, en medio de la pandemia, que estuvo desde el viejo peronismo porteño, socio del macrismo, hasta la misma Ofelia Fernández.
También trajo a colación otro acompañamiento del peronismo con respecto a terrenos públicos “…le han votado la mayoría de las ventas de terrenos públicos a Macri y Larreta. Como en Lugano donde tenemos un Golf Club y no más vivienda social. O cuando remataron el Edificio del Plata que se lo regalaron a IRSA por migajas. Parece que la campaña les da pérdida de memoria, pero recuerden que también le cedieron 17 predios al arzobispado de Buenos Aires, el gran terrateniente urbano”.
Y remató: “Ya sé que estamos en época electoral, pero no se vengan a hacer los rulos acá denunciando algo de lo que son cómplices”.
En búsqueda de soluciones la legisladora del Frente de Izquierda remarcó un informe del Banco de España, algo bastante lejano a una idea de izquierda, pero que acá son incapaces de acercársele. Dice el informe “la posibilidad de penalización de la vivienda no ocupada a través de un incremento en los impuestos locales sobre la propiedad recurrente se ha introducido, por ejemplo, en el Reino Unido y en España”.
“Nosotros queremos discutir efectivamente un banco de tierras e inmuebles administrado por los propios vecinos empezando por anular las ventas de terrenos públicos que realizó esta Legislatura”, empezó a esgrimir Alejandrina en su intervención.
Y fue más allá con propuestas realistas para poder encarar este gran flagelo de la vivienda en la Ciudad “Acá de lo que se trata es de tocar las ganancias de los pulpos inmobiliarios. Que hagan público el registro de la propiedad para saber en manos de quién se concentran. Y si, hay que poner un impuesto progresivo a la vivienda ociosa y si a IRSA no le gusta que se joda”, refiriéndose a una de las constructoras más beneficiada por el Gobierno de Larreta, socia del mismísimo clan Macri.
Y continuó explayándose en este caso sobre lo que sería alguno de los puntos centrales de una real ley de alquileres en favor de los inquilinos “hay que regular los precios de los alquileres y si a las inmobiliarias no les gusta pues lo lamentamos. Hay que obligar a las desarrolladoras inmobiliarias a que las viviendas construidas vayan a alquileres sociales; hay que regular a las plataformas de alquileres temporarios -como Airbnb-, porque no nos resignamos a que precaricen el trabajo, el estudio, la salud y ahora también quieran precarizar aún más la posibilidad de tener un techo”.
Estos son algunos de los puntos que vienen tomando nuestros diputados nacionales, como Myriam Bregman y Nicolás Del Caño que junto a las organizaciones de inquilinos se encuentran debatiendo que ley de alquileres debe haber para acabar con el más penosos de los sloganes. “Basta de casas sin gente y gente sin casa”.

11.5.2023

Por Ariel Pinus

En la madrugada del 26 de abril del 2013, la fuerza de seguridad creada por Mauricio Macri ingresó sin orden judicial a los terrenos del Borda con el fin de garantizar el comienzo de las obras de lo que sería un nuevo Centro Cívico de la Ciudad.

Esa mañana, la policía liderada por Guillermo Montenegro derribó con topadoras el edificio del Taller Protegido 19, un lugar dedicado a generar herramientas laborales para la futura reinserción social de los pacientes del hospital. La brutal represión dejó un saldo de 50 heridos, entre pacientes, trabajadores, médicos y periodistas.
Tras cumplirse diez años de los hechos, trabajadores de la salud convocaron a una actividad abierta donde reclamaron que se investigue a los principales responsables de lo sucedido y la reconstrucción del taller demolido.
Pablo Spataro, secretario general de la CTA Autónoma Capital, recordó que “aquella mañana las fuerzas represivas ocuparon el hospital de manera ilegal, porque había una cautelar que no les permitía actuar como lo hicieron, y avanzaron sobre los trabajadores de manera despiadada”. “No ahorraron balas ni palazos para nadie; trabajadores de la salud, legisladores, compañeros y compañeras de distintas organizaciones sufrieron varios ataques, porque la represión se dio por oleadas”, agregó.
Por su parte, Leandro Castro, referente sindical del Frente de Unidad Germán Abdala, señaló que el Nono Frondizi le había dicho en los días previos que los habían entregado y profundizó: “había salido por consenso una ley en la Legislatura que habilitaba estos tipos de negocios inmobiliarios del PRO”. Además, sostuvo que “Ahí quedó en claro la idea de la autonomía, de lo sindical respecto a una política partidaria que había mostrado sus límites. Nosotros estábamos dispuestos a poner el cuerpo incluso con esa sensación de soledad”.
Ambos dirigentes forman parte del Frente de Unidad Germán Abdala de la Asociación de Trabajadores del Estado y, junto a referentes como Hugo Bellón y Luciano Fernández, entre otros, se enfrentarán al oficialismo en las próximas elecciones de ATE Capital, pactadas para el 9 de agosto, bajo la consigna “Construyendo la unidad”.
“En ese momento teníamos mucha discusión interna, mucha tensión y sectarismo dentro de la seccional Capital, pero esa mañana, frente a la adversidad, recuperamos el sentido de unidad”, señaló Castro. “Ojalá que no se cumplan los peores pronósticos, ni que vuelva la derecha a nuestro país, pero, si así ocurriera, tenemos que recuperar la memoria, porque la unidad es lo único que nos va a permitir enfrentar lo que pueda venir”, concluyó.

28.4.2023

Por Martín Suárez

En los últimos días crecieron la cantidad de denuncias movilizadas tras la mordedura de una rata a un estudiante porteño. Ante la inacción de CABA, crece la preocupación en familias, docentes y alumnos.

Mientras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue acumulando denuncias de decenas de escuelas porteñas con presencia de roedores, las familias cansadas de esperar alguna iniciativa concreta por parte de la cartera educativa que conduce Soledad Acuña, decidieron intervenir de diferentes maneras: en algunos casos exigiendo la suspensión de las clases en las primarias; otras ponen el cuerpo acompañando el reclamo de sus hijos que asisten a colegios secundarios, y que en asamblea decidieron no ingresar a las escuelas; y están aquellas que integran las asociaciones cooperadoras que iniciaron una juntada de firmas para obligar a mantenimiento escolar a que realicen desratizaciones profundas, periódicas y sostenidas en el tiempo. Las denuncias se incrementaron tras conocerse la noticia de que un estudiante sufrió la mordedura de una rata. Por su parte, desde la legislatura, realizan un seguimiento diario de cada una de las escuelas de los diferentes niveles que tienen presencia de roedores, con la creación del “mapa de la rata” en escuelas porteñas.
Quien lleva adelante esta iniciativa es la legisladora porteña del Frente de Todos, Laura Velasco. El relevamiento asegura que, en el último año, al menos 23 establecimientos educativos denunciaron la presencia de ratas.
“En la comisión de Educación de la Legislatura porteña recibimos denuncias de diferentes actores que integran la comunidad educativa: familias, cooperadoras, docentes y estudiantes, en relación con las condiciones para enseñar y aprender que hay en las escuelas públicas y estatales de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otros, se encuentran expresados graves problemas de infraestructura escolar y en la limpieza, mantenimiento y combate de plagas como ratas y alacranes”, asegura en diálogo con Tiempo la diputada Velasco.
Algunas de las escuelas que denunciaron invasión de ratas son: la Primaria Común N° 06 Manuel Dorrego del barrio de Almagro; la Escuela Nº11 del D.E. 15 «Fray Luis Beltrán»; la Escuela Nº 5, D. E. 10 “Héroes de Malvinas”; la Primaria Común N° 01 Dr. Antonio Dellepiane de Villa del Parque; y la Escuela Primaria N° 12 DE 19, entre otras tantas.
“Todas estas situaciones, en definitiva, bajan la calidad de la educación pública que en la Ciudad de Buenos Aires, ya viene perdiendo año a año, más de diez puntos de presupuesto educativo, paralelamente a que viene aumentando la matrícula de la educación privada, respecto a la estatal, producto de una inacción en cuanto a la gestión educativa, que es sumamente ineficiente , además del ataque permanente que reciben los actores de la comunidad educativa que denuncian y exigen ser escuchados por la ministra Acuña”, agrega Velasco.
¿Hasta cuándo el silencio y la inacción del Gobierno porteño ante el crecimiento de establecimientos educativos con ratas en la Ciudad de Buenos Aires?
Acá #ElMapaDeLaRata 👉 https://t.co/fkkyRjNlXc para que @horaciorlarreta y @Soledad_Acunia puedan ponerse a trabajar.
🐁🐀🧵👇 pic.twitter.com/vjo0XIWL3T
— Laura Velasco 💚 (@lauravelascook) April 27, 2023
Otras de las escuelas que denunciaron ratas estos últimos meses son: la Escuela Primaria Nº 26, D. E. 6; el Jardín de Infantes Integral N.º 4 DE 9; el Normal Superior “Lenguas Vivas”, Nº 1 y la Escuela Infantil N° 11 del DE 01, del Polo Educativo María Elena Walsh; entre varios establecimientos más.

¿Hay roedores en tu escuela?

Silencio, miedo y persecución. Quienes trabajan en las escuelas de la Ciudad afirman que en los últimos años se instaló un estado de temor latente puertas adentro de los establecimientos educativos. En especial, en aquellos donde no se conformaron cuerpos de delegados que representen y defiendan los derechos de trabajadoras y trabajadores de la educación. En muchas de estas escuelas dejaron de denunciarse que las aulas se inundan luego de una tormenta; tampoco se evidencian los inconvenientes eléctricos o problemas de infraestructura edilicia, como los baños clausurados; y mucho menos que los estudiantes conviven con ratas mientras están estudiando. Este último punto es el más vedado por la cartera educativa porteña sobre todo en las escuelas primarias. Para evitar que decenas o cientos de casos no salgan a la luz, la diputada Laura Velasco conformó un documento donde recibe denuncias sobre establecimientos educativos porteños que sufren la presencia de roedores y, tras la confirmación correspondiente, esas escuelas pasan a formar parte del “mapa de la rata” en la Ciudad.

28.4.2023

Por María Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo

En nuestro país, la evolución del saneamiento básico (infraestructura de agua potable y desagües cloacales) siempre ha dependido del devenir de los procesos políticos.

Las epidemias de cólera, viruela, escarlatina y fiebre amarilla, que tuvieron lugar en 1867-1871, constituyeron enormes desafíos para el sanitarismo argentino. Así surgieron los primeros proyectos de saneamiento para la Ciudad de Buenos Aires llevados a cabo por John Coghlan, primero, y el ingeniero Bateman, después, entre 1869-1880.
En 1880, las obras construidas (redes distribuidoras de agua potable, cloacas máximas y grandes conductos pluviales) daban cobertura a la cuarta parte de la ciudad. Durante un siglo, entre 1880 y 1980, la empresa nacional Obras Sanitarias de la Nación tuvo a su cargo la prestación de los servicios de agua y saneamiento en las principales ciudades de nuestro territorio. Entre 1947 y 1951, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, el programa de obras de infraestructura ubicó a la Argentina como líder en la región en materia sanitaria. De la mano de la última dictadura cívico-militar llegarían el desfinanciamiento y el desguace del sistema sanitario, proceso que termina de consolidarse en la década del ‘90 con la privatización del sector. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense, el servicio público de agua y saneamiento se mantuvo privatizado hasta que en el año 2006 se otorgó la concesión del servicio sanitario a la empresa AySA SA, cuyo capital pertenece en un 90 % al Estado nacional y en un 10 % a sus empleados.
La Dirección Nacional de Agua y Saneamiento (DNAyS), dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas, identifica 1.400 prestadoras de servicios de agua y saneamiento que operan a escala regional, provincial o municipal organizadas en sociedades anónimas de participación estatal mayoritaria, sociedades del Estado, sociedades anónimas, cooperativas de servicios y mutuales, dependencias municipales o comunales y asociaciones comunitarias. La DNAPyS estima que el déficit de agua potable gestionada de forma segura alcanza al 20 % de la población argentina, mientras que, en términos de saneamiento, el déficit llega al 44 %.
El Banco Interamericano de Desarrollo informa que, en promedio, los hogares de América Latina y el Caribe destinan el 14 % de sus ingresos al pago de servicios esenciales (BID, 2020). El mismo informe revela que, en el año 2019, el 55 % de la población rural de América Latina y el Caribe no accedía al agua en red en el propio hogar y 45 millones de habitantes en la región no contaban con conexión cloacal o tanque séptico.

La desigualdad territorial en el acceso al agua y al saneamiento

Ciento cuarenta años después de las epidemias que dieron lugar a las primeras obras de infraestructura que, a su vez, ubicaron en la década del ‘60 a la Argentina como pionera de nuestra región en el sector de agua potable y saneamiento, más del 10 % de la población de la Argentina habita en un barrio popular sin acceso formal al agua potable, al saneamiento cloacal y a la higiene. Y en la Ciudad de Buenos Aires ese porcentaje asciende al 15 %.
La pandemia por COVID-19 nos interpela a repensar el paradigma de la ingeniería sanitaria, desde una perspectiva integral, socio-comunitaria y de género. La crisis climática nos obliga a pensar nuevos modelos de ciudad basados en la democratización de todas las dimensiones urbanas y eso implica acceder en igualdad de condiciones al conjunto de los servicios sanitarios.
La Ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor presupuesto per cápita del país y está entre las tres ciudades más ricas de Latinoamérica. Actualmente, la Ciudad tiene 3.120.612 habitantes. Para el presupuesto 2023 se estipularon más de 2 billones de pesos. Esto equivale a 690 mil pesos por habitante. Un incremento del 120 %, superando la inflación interanual. Según datos oficiales, la población de los asentamientos informales pasó en el año 2001 de 107.000 habitantes a 300.000 en el año 2015. Se estima que actualmente los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires representan alrededor del 15 % de la población total de la ciudad. Es decir, que entre 400.000 y 450.000 habitantes no acceden formalmente a los servicios básicos sanitarios. Producto de la falta de servicios básicos, los pobladores de las villas se encuentran expuestos permanentemente a un elevado riesgo sanitario y ambiental, comprobado por la reducción de la esperanza de vida de 10 años en promedio y la duplicación de la mortalidad infantil respecto a los barrios urbanizados con servicios formales.
La administración territorial de la Ciudad de Buenos Aires se organiza en 15 comunas. La mayoría de los barrios populares se localizan en el sur de la ciudad, en las comunas 4 y 8. Se estima que, en estas comunas, un tercio de su población habita en un barrio popular sin acceso formal a los servicios sanitarios.
El promedio del registro histórico 2010-2020 de la tasa de mortalidad infantil (por cada mil nacidos vivos), utilizando como fuente la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA, evidencia que la mortalidad infantil en las Comunas 4 y 8, donde el 30 % de sus habitantes no acceden formalmente a los servicios sanitarios, duplica el valor de la mortalidad infantil comparado con la comuna 13, donde el acceso a los servicios sanitarios alcanza al 100 % de su población.
El promedio 2010-2020 de la edad promedio de fallecimiento según la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA evidencia que la esperanza de vida en la comuna 8 se reduce hasta 10 años cuando la comparamos con la comuna 13 en el caso de los varones. En el caso de las mujeres, la esperanza de vida en la comuna 8 respecto a las de la comuna 13 se reduce en 7 años.
Sin duda, el modelo urbano que se consolida en la ciudad solo reproduce y amplifica desigualdades. Sino cómo explicamos que mientras en promedio el 22 % de la población de Buenos Aires supera los 60 años, en Villa 20 y Ramón Carrillo este porcentaje sólo alcanza respectivamente al 4 % y al 6 % de sus habitantes.
La sistematización y el análisis de los últimos 10 años de relevamientos e intervenciones llevadas a cabo desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA (CLIC) en diferentes villas, asentamientos y barrios populares porteños nos permite concluir que 140 mil personas almacenan precariamente agua en baldes y tachos, que los hogares presentan un enorme déficit en relación con la infraestructura interna y que las familias no cuentan con pautas claras y alertas respecto a cómo actuar frente a posibles alteraciones del agua. Y dado que ningún organismo de gobierno controla la calidad del agua en los barrios populares, las familias no confían en el agua que consumen.
A continuación, se presentan algunos ejemplos en relación con el déficit de la infraestructura interna de los hogares:
• El censo de Villa 20 (2016) realizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires identificó que el 6 % de las viviendas no posee canilla en el interior. Este barrio, con más de 100 años de historia, se ubica en el sur de la ciudad, en la comuna 8. El censo de 2016 realizado por el GCBA estimó en 30.000 sus habitantes.
• Según el Informe “Análisis Ambiental y Social” elaborado con financiamiento del BID (2016-2017), en el barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31bis) el 26 % de los hogares no posee baño de uso exclusivo dentro de la vivienda y un 43 % no tiene cocina exclusiva. Este barrio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, con casi un siglo de historia, se encuentra en la comuna 1. Según el empadronamiento realizado por el gobierno de la ciudad durante los años 2016 y 2017, la población estimada era de 40.203 habitantes.
• Según el relevamiento realizado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, la Fundación TEMAS y la junta vecinal en la Villa 21-24 (2018), el 10 % de las viviendas no cuenta con canilla en el interior. Este barrio centenario de la Ciudad de Buenos Aires, donde se estima que habitan más de 70.000 personas, se localiza en la ribera del Matanza-Riachuelo en la comuna 4.
El 10 de abril último, en el boletín oficial, se publicó la pre-adjudicación correspondiente a la licitación pública N.º 27/22 EX-2022-15398280-GCABA-IVC a la empresa ASHIRA SA, por un total de 3.335.721.000 pesos, por el servicio de entrega de agua a través de camiones cisterna en los barrios populares durante 4 años.
Si por ejemplo tenemos en cuenta que la renovación de la red de agua para la Villa 21-24, según la información oficial de la empresa prestadora AySA SA, tiene una inversión estimada de 395.798.358 pesos y que la ejecución de la red primaria cloacal en el Barrio INTA es de 321.479.798 pesos, resulta más que obvio que en lugar de destinar más de 3.335 millones de pesos para contratar camiones aguateros se podrían ejecutar aproximadamente 10 obras definitivas de agua y cloaca.
Mientras hace 140 años, la respuesta a las epidemias de entonces generó en menos de una década obras de infraestructura que le dieron cobertura a la cuarta parte de la ciudad y que posicionaron como pionera en la región en materia de agua y saneamiento a la Argentina, hoy, en el distrito más rico del país, la respuesta, en un contexto similar, son camiones aguateros sin siquiera garantizarle a los hogares un tanque donde almacenar el agua de manera segura.

27.4.2023

La cita es este jueves a las 17:00 frente a la Legislatura porteña y la impulsa la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Esta línea telefónica surge del acuerdo firmado entre el Consejo Social, presidido por la referente anti derechos Cinthia Hotton y el Ministerio de Salud de la Ciudad. La misma será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas e implica la intromisión de grupos religiosos en los hospitales.

Este jueves a las 17:00 frente a la Legislatura porteña en Perú 160, la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito convoca a un “Pañuelazo” por la nulidad del 0800 VIDA que obstaculiza la implementación del aborto legal.
Esta línea telefónica surge del acuerdo firmado entre el Consejo Social, presidido por la referente anti derechos Cinthia Hotton y el Ministerio de Salud de la Ciudad. La misma será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas en lo que de hecho significa la tercerización de la Ley de los 1000 días.
De esta manera, el Gobierno de la Ciudad permite la intromisión de grupos religiosos en los hospitales públicos. El teléfono será atendido por la “Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable”, integrada por 400 instituciones de todo el país que se definen “comprometidas con la defensa de las dos vidas”.
La legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Alejandrina Barry señaló al respecto: “Presentamos un proyecto en la Legislatura para declarar la nulidad de este convenio que crea la línea telefónica 0800 VIDA en los hospitales públicos, y también un pedido de informes para conocer el funcionamiento del mismo ya que tanto Hernán Quirós como Cinthia Hotton se niegan a hacerlo público. Buscaremos todas las vías para dar la información a la sociedad y especialmente al movimiento de mujeres y la diversidad sexual que logramos la aprobación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo con nuestra lucha en las calles”.
Asimismo, la dirigente afirmó que “luego de realizar un acto con mil pastores evangélicos junto a Hotton, Larreta busca dar un nuevo guiño de campaña electoral en la disputa por la agenda reaccionaria contra los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+. La misma que Milei contra la implementación de la ESI. Como denuncian las y los residentes y concurrentes de la Asamblea de CABA, el Jefe de Gobierno y el Ministro son responsables de un sistema de salud precario para trabajadores, trabajadoras y pacientes y ahora le agregan la injerencia de privados y organizaciones religiosas lo cual viola los derechos de mujeres, personas gestantes y niños y niñas”.
Para finalizar, Barry agregó: “Seguiremos movilizadas con mis compañeras de Pan y Rosas junto a la Campaña y todas las organizaciones para lograr que se anule este convenio”.