Red de radios

30.5.2023

Por Martín Suárez

El 90% factura al gobierno porteño y solo 23 trabajadores pasaron a planta permanente. El 85% del sector está integrado por madres solteras y único sostén de familia. “Nuestros salarios llegan apenas a los 116 mil pesos”, denuncian.

Los ex agentes de la Guardia Urbana porteña son un cuerpo creado hace más de 10 años que ha ido cambiando de nombre a lo largo de esta década: al inicio Guardia Urbana, más tarde Senderistas y en 2017 los denominaron Agentes de Prevención. Son trabajadores y trabajadoras de personal civil no armado, bajo el ala del Ministerio de Seguridad porteño y, a partir de diciembre de 2020, comenzaron a formar parte del sistema integral de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien participan en varias actividades que hacen al orden público, su principal función es cubrir la entrada y salida de las escuelas porteñas, en los 392 senderos escolares. Pese a la larga jornada de trabajo, las y los Agentes de Prevención del delito de la Ciudad de Buenos Aires están precarizados, pagan monotributo categoría A, carecen de ART y tienen salarios que llegan a 116.000 pesos, casi 100.000 pesos menos de lo que estipula la canasta básica de alimentos. Este lunes realizaron un paro total de actividades y se movilizaron a la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
La precarización laboral en la Ciudad de Buenos Aires alcanza a todos los sectores públicos. Un relevamiento realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado de la Ciudad (ATE Capital), asegura que, en el distrito más rico del país, las y los empleados estatales son pobres: hay más de 20.000 trabajadores precarizados cobrando salarios de miseria. A las pocas horas de que el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, presentara formalmente las pistolas Taser, miles de agentes de prevención se movilizaron a la sede del ministerio de Seguridad en Avenida Patricios al 1142, en el barrio de Barracas, para reclamar mejores saliros y condiciones dignas de trabajo.
“Nosotros formamos parte de esa masa de trabajadores profundamente precarizados. Todos los meses facturamos al gobierno, hay compañeros que tienen que pagarle a un contador para que les haga los trámites y no tenemos aseguradora de riesgo de trabajo”, explica a Tiempo Jorge Molina Herrera, Agente de Prevención del gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires y delegado de la Junta Interna de ATE.
Según la información oficial, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 392 Senderos Escolares, que están cubiertos por 724 Agentes de Prevención que, sumados al ingreso de las nuevas camadas, superan el millar. “Con el ingreso de las nuevas camadas de compañeros y compañeras que se realizó en los últimos meses, hablamos de alrededor de 1200 agentes de prevención”, detalla Molina. De ese total 1.100 son monotributistas, 23 están en planta permanente y el resto también en situación irregular. Es decir, más del 90 % de los y las trabajadoras están en condiciones de contratación precarias.
El reclamo tuvo como consigna el pase a planta de todos los y las agentes, la necesidad de tener una “ART acorde a las tareas de riesgo”, ya que actualmente trabajan con un seguro tercerizado, y mejores condiciones laborales. “Somos trabajadores que no tenemos ningún derecho laboral, totalmente precarizados. El 85% de nuestro sector está integrados por mujeres, muchas de ellas madres solteras y único sostén de familia. Nuestros bajos salarios son también parte de la violencia de género que realiza la administración porteña contra nuestras compañeras”, agrega Molina.
Tras la movilización, las y los trabajadores fueron recibidos por representantes del GCBA quienes manifestaron la intención de una nueva reunión para el próximo 14 de junio. Por su parte, los agentes adelantaron que si para esa fecha no hay soluciones concretas a sus reclamos realizarán otra asamblea para decidir una nueva medida de fuerza.

Trabajadores pobres en puestos importantes

En sus medios oficiales el gobierno porteño destaca la labor de los Agentes de Prevención al mismo tiempo que se niega a otorgarles los derechos laborales. “Forman parte del Sistema Integral de Seguridad Pública y están disponibles en las calles para guiar y ayudar, y para mantener el orden y la seguridad en el espacio público. Asimismo, controlan los senderos escolares de manera activa”, subrayan en su web oficial. En la misma, “los vende” como un sector importante de todo el circuito de seguridad del distrito: “Están en contacto con la Policía, los Bomberos, los Agentes de Tránsito, los Guardaparques, el SAME y Emergencias, a quienes notifican sobre cualquier situación de riesgo ajeno a su ámbito de actuación. De esta manera, no solo previenen, sino que contribuyen a la pronta resolución de cualquier inconveniente que se presente”, acentúa la información.

30.5.2023

Entrevista a Fabián Pierucci, síndico y Responsable de Planificación de la fábrica

Mario Hernandez

MH: Contanos qué está pasando con La Litoraleña, empresa recuperada por sus trabajadores del barrio de Chacarita.

FP: Yo formo parte de la cooperativa. Se trata de una empresa recuperada hace 8 años. Viene de una experiencia patronal fallida, de un proceso de vaciamiento que significó que queden 115 familias en la calle.
La cooperativa se creó como una actividad defensiva. Teníamos la decisión y la organización para mantener los puestos de trabajo y conformando la cooperativa podíamos lograr la continuidad laboral.
Esto fue después de una cantidad de avatares que significaron, primero, una denuncia por usurpación porque tuvimos que ocupar la fábrica para impedir su cierre definitivo.
Ante la decisión de la asamblea del 27/11/2015 donde se decidió ocupar y hacer una retención de actividades porque había, por ejemplo, 800 cheques sin fondo, se había dejado de pagar los impuestos, los aportes patronales, las retenciones que se hacían de la nómina laboral. Se había dejado de pagar servicios, insumos y salarios.
Esto desencadenó la iniciación de un paro y un inicio de negociación con la patronal que se había comprometido a pagar parte de la deuda salarial y tras cartón manda 29 telegramas de despido con causa. Eso hizo que el vínculo con la patronal prácticamente se cortara e iniciar un proceso de producción autogestionada.
Pedimos al juzgado de la quiebra que acelerara los tiempos judiciales correspondientes al pedido de convocatoria de acreedores, del concurso y a quién iba a dar la continuidad, entonces la jueza nos dice que teníamos un delito preexistente que era la usurpación. Nos niega el pedido, apelamos a la Cámara, esperamos dos años, en el medio seguimos produciendo en forma clandestina porque teníamos una consigna policial que nos impedía entrar y sacar cosas, era una pelea todos los días.
Alquilamos un local en Boedo para tener sede fiscal. Ya estábamos constituidos en cooperativa, habíamos logrado el CUIT para poder facturar. Éramos legales como cooperativa, pero clandestinos en la producción de mercaderías.
Ganamos la apelación y entonces nos exigen una cantidad de cosas como, por ejemplo, que la fábrica esté habilitada a nombre de la cooperativa. Era una tarea ciclópea que nos demandó una cantidad de tiempo, dolores de cabeza y dinero. Cuando logramos cumplimentar los requisitos solicitados por el juzgado, nos dan un año de explotación. Que ni siquiera era útil para amortizar los gastos de la habilitación.
Pedimos una prórroga, también nos habían impuesto un canon, como una especie de alquiler que cumplimentamos y después de dos años nos niegan una nueva prórroga.
Entramos en una disputa por razones técnicas, por ejemplo, cómo habían liquidado las indemnizaciones que constituyen el monto principal de las acreencias laborales, la actualización, porque el dólar en 2015 estaba a $ 14, entonces ya había una cantidad considerable de tiempo y se habían devaluado nominalmente los montos.
Y por segunda vez nos falla en contra y en el 2020 nos niega la compensación, los pedidos que habíamos realizado por las liquidaciones y actualizaciones y nos manda una orden de desalojo en plena pandemia.
Volvemos a apelar y por todo este tiempo hasta hace un mes atrás que la Cámara de Apelaciones dicta un fallo en contra, sin mayor argumentación y nos queda como última instancia la Corte Suprema. Hacemos una presentación muy detallada y adherimos a la misma la apelación que había hecho la fiscal Boquín que prácticamente funcionó sin conocerla, como si hubiera sido nuestra abogada defensora y era la fiscal de la causa y nos niegan la posibilidad de llegar a la Corte Suprema así que hoy estamos con una orden de desalojo vigente y ya empiezan a correr los tiempos.

MH: ¿Cuál es la perspectiva que se presenta a los trabajadores de La Litoraleña?

FP: Hoy por hoy estamos buscando una solución política, vías judiciales ya no tenemos y sabemos que contamos con la fuerza de la clase trabajadora, el movimiento cooperativo, de otras empresas recuperadas. Estamos tratando de presentar un Proyecto de ley de expropiación a favor de la cooperativa y la decisión de la asamblea de resistir hasta el último aliento el desalojo y conservar la fuente laboral con la fábrica en funcionamiento.

MH: Supongo que allí nos veremos defendiendo esta fábrica recuperada por sus trabajadores. Recuerdo frente a la casa de una de mis hijas, en Boedo, que tienen un local de venta al público de sus productos y de otros productos cooperativos.

FP: Ese fue nuestro primer sitio autónomo después de la quiebra.

MH: Los micrófonos quedan abiertos y el cuerpo dispuesto para defender La Litoraleña.

FP: Muchísimas gracias.

30.5.2023

En conferencia de prensa el Jefe de Gobierno y candidato a presidente presentó las primeras 60 pistolas Taser a ser implementadas a partir de Junio por la Policía de la Ciudad, luego de recibir el aval del Gobierno Nacional. Organismos de DD HH nacionales e internacionales denuncian que pueden ser letales y son usadas como armas de tortura.

Este lunes por la mañana el Jefe de Gobierno en conferencia de prensa como campaña electoral presentó la implementación de las primeras 60 pistolas eléctricas Taser por parte de la Policía de la Ciudad. Como campaña electoral, Larreta promete equipar a las fuerzas de seguridad de todo el país en caso de ser elegido presidente. La importación de estas pistolas se realizó luego del aval dado por el gobierno nacional. Mientras organismos de DD HH, nacionales e internacionales, las califican como armas de tortura y en varias ocasiones como letales, según se comprobó en varios países donde son utilizadas.
El Gobierno Nacional no solo dio el aval al Gobierno porteño, sino que incluso compró 100 unidades de estas pistolas eléctricas para ser utilizadas por fuerzas especiales, a pesar del rechazo de innumerables organismos de derechos humanos que realizaron una presentación ante la CIDH. Entre dichos organismos se encuentran el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, Vera Jarach, Haydeé Gastelú, Enriqueta Maroni, Rosa Nair Amuedo, APDH, y el pianista Miguel Angel Estrella. Al pedido también se sumaron referentes de UTE-Ctera, de ATE Capital, del SiTraJu, CODESEDH, la Asociación de Pensamiento Penal, la Comunidad Homosexual Argentina, y la agrupación HIJOS. A la misma se sumaron como Amicus Curiae políticos, Myriam Bregman, actual precandidata a presidenta por dicha fuerza política.
Hace años que desde Juntos por el Cambio vienen con la intención de implementar estas armas a pesar de los miles de denuncias de organismos de DD HH internacionales como Amnistía Internacional en los países donde se implementan hace tiempo. Según denuncian en EE UU hubo más de 500 muertes por el uso de estas armas entre 2001 y 2012 y provocó un fuerte rechazo por parte de expertos del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Myriam Bregman ya advertía en el 2020 en momentos de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “una taser en manos de la Policía de gatillo fácil es un arma peligrosa”, mientras desde el oficialismo nacional se avanzaba por el mismo camino que promovían hasta entonces los seguidores de Patricia Bullrich. Los primeros en sumarse fue el emblemático Sergio Berni, seguido por Leandro Santoro. Por último, el gobierno nacional terminó avalando y sumándose a este carro represivo con la implementación de armas de tortura.

29.5.2023

La diputada nacional por CABA y precandidata a presidenta por el FITU encabezó un amparo judicial ante distintas irregularidades del acto eleccionario. “Larreta no solo dividió y digitó las elecciones porteñas al servicio de su interna en Juntos por el Cambio, sino que puso por decreto al presidente del Instituto de Gestión Electoral (IGE) y el encargado en la aprobación del sistema electrónico que es un aportante del PRO”, denunció. En la presentación la acompañan la legisladora porteña Alejandrina Barry y el exlegislador Patricio del Corro.

Este martes comienza la auditoria al sistema informático de la Boleta Única Electrónica para las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta puso a un aportante de Juntos por el Cambio a auditar la licitación del sistema electrónico. Se trata de Jorge Ariel González quien es el encargado de la Gerencia Operativa de Información y Tecnología del Instituto de Gestión Electoral (IGE).
Por esta y otras irregularidades, Myriam Bregman, diputada nacional por CABA y precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad encabezó un amparo judicial. “Larreta no solo dividió y digitó las elecciones porteñas al servicio de su interna en Juntos por el Cambio, sino que puso por decreto al presidente del Instituto de Gestión Electoral (IGE) y el encargado en la aprobación del sistema electrónico que es un aportante del PRO”, denunció.
En la presentación la acompañan la legisladora porteña Alejandrina Barry y el exlegislador Patricio del Corro quien, por su parte, explicó que “el Instituto de Gestión Electoral está a cargo de la elección y por ley debe ser un órgano imparcial. Sin embargo, su director es nombrado por decreto desde el 2018, mientras el PRO frena su nombramiento en la Legislatura”.
Su director debería ser confirmado por la Legislatura, pero Larreta lo mantiene por decreto desde el 2016. De esta manera, el Jefe de Gobierno y actual precandidato presidencial por Juntos por el Cambio decreta quién controla la elección y audita un sistema ya cuestionado.
“Otro de los encargados de auditar el sistema de votación electrónica es la Gerencia Operativa de Información y Tecnología (de dicho Instituto) a cargo de Jorge Ariel González y descubrimos que fue aportante a Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas”, agregó en referencia a las contribuciones que realizó González en las elecciones de 2021 y 2023.
A su vez, Alejandrina Barry agregó: “Para colmo, a la licitación del sistema informático, se presentó una sola empresa, MSA S.A. La misma empresa de las elecciones pasadas quienes reconocieron que su sistema había sido hackeado y que había sido denunciada por el mismo Lousteau en esa ocasión. Como varios especialistas denunciaron, la licitación fue hecha a pedido de la propia empresa. Por todas estas irregularidades es que presentamos un amparo en la justicia”.
Este mecanismo, como mínimo vulnerable, fue aprobado e incorporado al Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura, con los votos del oficialismo y acompañado por Unidad Ciudadana, la antecesora del Frente de Todos, y rechazado el Frente de Izquierda y por los radicales de Martin Lousteau, hoy beneficiado por la maniobra de Larreta en la interna de Juntos por el Cambio.

24.5.2023

Por Martín Suárez

Se trata de quien comanda el equipo de conducción de la Escuela la Banderita de Retiro que tiene varias denuncias penales por violencia física y psicológica contra alumnos y alumnas.

Una vez debe ser casualidad, dos, hasta podría pensarse que es una coincidencia, pero tres encuentros con una persona denunciada en la justicia por golpear, insultar y agredir psicológicamente a estudiantes y docentes, ya es una decisión concreta. Una vez más, la ministra Soledad Acuña y el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, utilizaron como escenario electoral a la Escuela Primaria N° 25 DE 1 «La Banderita» de Retiro. Esta vez para presentar “las mejoras en lectura y comprensión de textos en las escuelas” que, según datos oficiales, los resultados fueron positivos en el 70% de los alumnos que participaron. Allí, el jefe de gobierno, estuvo acompañado por la ministra de Educación; el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff; el diputado Maximiliano Ferraro; y la polémica directora de la escuela, Mónica Casalini que cuenta con varias denuncias por agresión física a estudiantes.
En la misma jornada que se difundió un relevamiento que confirmó que la Ciudad es el distrito que menor presupuesto invierte en educación, el ejecutivo porteño organizó una rueda de prensa para presentar los resultados del “programa de Fluidez y Comprensión Lectora. Más allá de esta nueva movida mediática, lo grave fue el lugar elegido para anunciar las cifras oficiales de la cartera educativa. El plano de la transmisión oficial y el vestuario no dejaban dudas: la ministra Acuña con un tapado verde y Mónica Casalini con un pantalón del mismo color; en el medio el jefe de gobierno y en los extremos Waldo Wolff y Maximiliano Ferraro. Aunque no es la primera vez, la comunidad educativa se vio sorprendida que ahora la cúpula del ejecutivo porteño se muestre al lado de una persona que tiene varias denuncias por violencia física y psicológica contra estudiantes y docentes.
“Cuando vamos llegando a la escuela nos encontramos con un despliegue de policías, cámaras de televisión, varios empleados del gobierno de la Ciudad, incluso a Fabián Capponi, el Director General de Educación de Gestión Estatal, corriendo de un lado a otro”, cuenta la docente de la Escuela La Banderita, Florencia Diasprosti. La delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación (Ute-Ctera) mostró su preocupación por el hecho, dado que “una vez más el gobierno se muestra al lado de una directora que está acusada golpea a niños, niñas y maltrata a docentes y familias.
Tiempo se hizo eco de las denuncias penales que presentaron varias familias contra la directora Mónica Casalini, hechos que salieron a la luz en julio del año pasado, e incluyen la desaparición por varias horas de un estudiante que fue golpeado por la directora. Tras la publicación del primer informe, más familias se animaron a presentar recursos legales contra Casalini y a los pocos días la ministra Soledad Acuña se acercó a la escuela y se mostró al lado de la denunciada.
La comunidad educativa se movilizó en varias ocasiones para exigir la renuncia de Casalini, que cumple sus funciones dentro del edificio acompañada de un patovica y de su marido, que no tiene ningún cargo pedagógico ni auxiliar dentro del establecimiento educativo y que intentó golpear a una docente que finalmente renunció por temor a volver a ser agredida (ver recuadro).
“No es la primera vez que Acuña muestra su apoyo a Casalini”, refuerza Diasprosti. “En vez de escuchar los reclamos de la comunidad educativa arman una conferencia de prensa para mostrarse en cámaras. A pocos metros de la Banderita se encuentra el Polo Educativo Walsh que desde hace varios meses tiene una invasión de ratas y que inclusos los bebés del lactario, no podían dormir en las cunas porque tenía caca de roedores”, agrega la docente y termina, “lejos de poder darle respuestas a los reclamos de las y los docentes, usan a las escuelas que tienen miles de problemas de infraestructura, para sus campañas electorales”.

Apoyo y protección

La directora de La Banderita cuenta con protección política. Así lo denuncia la comunidad educativa y ella misma hace alarde de esa situación frente a familias, docentes y estudiantes. En varias ocasiones Tiempo dialogo con la abogada que representa a las familias que denunciaron a Casalini por violencia física y agresión psicológica: “En primer lugar lo que pido es la separación del cargo de Mónica Casalini. Hice una ampliación de una denuncia penal, porque las torturas psicológicas y violencia física que hace esta mujer tienen un agravante: es la persona encargada de la guarda del niño, por eso son delitos agravados”, explicó a Tiempo Raquel Saravia, abogada de la familia de A., el niño de 10 años golpeado, y de varios integrantes de la escuela La Banderita. Los delitos que varios testigos le atribuyen a la directora están contenidos en el artículo 91 del Código Penal. “Esta mujer podría recibir una pena que va de los 3 a 10 años de prisión efectiva”, advierte la abogada. La letrada, además, denuncia que a su representado legal le están ofreciendo una vacante en otra escuela. “En estos casos el Ministerio de Educación de la Ciudad debe separar al docente violento, no al alumno, como quieren hacer con el niño”.

Patovicas propios

Desde que asumió Casalini a la dirección de la Escuela hace dos años, pasaron 24 personas por el equipo de conducción, entre vicedirectores y secretarias, todos renunciaron. Uno de ellos era Patricio Inostrosa, secretario de la escuela que murió atropellado cruzando la avenida a dos cuadras de La Banderita, mientras lo llamaban insistentemente porque estaba demorando en llegar de una capacitación a la que había ido citado por la supervisión, recuerda Violeta (nombre que eligió para resguardar su privacidad) a Tiempo. Él murió un viernes y el martes se casaba. Varias veces iba enfermo a trabajar para que Casalini no se enojara. Violeta integraba el equipo de conducción con Casalini y, luego de que el marido de la directora intentara golpearla renunció a su cargo. Osvaldo Marini, el marido de Casalini, recorre la escuela y dicta órdenes como si fuera un directivo más, pero no tiene ningún cargo. Ni siquiera es docente. Según denuncian, amedrenta y hostiga al personal docente y no docente, como «guardaespalda» de la directora. En los papeles trabaja en relación de dependencia para Ecohabitat S.A., una empresa contratada por el Gobierno de la Ciudad para la recolección de residuos y la higiene urbana.