Red de radios

9.1.2023

Esta mañana del lunes se realizó en las puertas del Centro de Salud una concentración y abrazo a la salita ubicada en el Barrio Illia, en el Bajo Flores. Trabajadores y vecinos denuncian graves problemas de infraestructura, que ponen en riesgo a pacientes y trabajadores.

La semana pasada se conoció un comunicado de los trabajadores del centro de salud 31 que convocaba a las puertas de la institución para visibilizar el reclamo que vienen haciendo trabajadores y vecinos por las pésimas condiciones en las que están trabajando y en la que la comunidad se está atendiendo.
Es un centro de salud que recibe entre 300 y 400 consultas diarias, provenientes del Barrio Illia I y II, Barrio Rivadavia I y II y de la Villa 1-11-14 en general.
Lxs trabajadores cuentan que desde hace varios años vienen denunciando las deplorables condiciones de infraestructura y que, en noviembre pasado, se agravaron. “Tenemos electrificadas las paredes, pérdidas de agua en los consultorios. Estamos trabajando de manera precaria, no podemos desarrollar nuestra actividad diaria y por ende los pacientes se quedan sin atención” nos cuenta Gustavo, odontólogo del centro de salud 31.
Los testimonios cuentan que, en los últimos meses, se agravó la situación ya que varios trabajadores recibieron descargas eléctricas, lo que provocó que se cierre el centro en noviembre. Denuncian que fueron a arreglarlo pero que no solucionaron el problema estructural. En palabras de Eustaquia, vecina del barrio Illia: “hicieron un arreglo así arribita, cerraron dos semanas y cuando volvieron a abrir, seguimos teniendo los mismos problemas”.
Este CESAC tiene una estrecha relación con el barrio. Así lo definió Corina, psicopedagoga de la institución: “La gente tiene una conexión y un vínculo con la institución, por eso la gente se autoconvocó hoy acá, los vecinos que se enteraron que no iba a abrir el centro, se acercaron para visibilizar lo que está pasando”.
Para las familias que viven en el barrio el centro es un lugar muy importante ya que es prácticamente la única forma en la que se puede garantizar su salud: “Todos los chicos de acá del barrio están todos vacunados, te preguntan siempre qué te falta, reciben la leche. Hay de todo para la gente, por eso nosotros lo necesitamos”, cuenta Eustaquia.
Hernán Cortiñas, delegado de la escuela 12 del Bajo Flores planteó que: “Es muy importante la unidad entre los trabajadores, de la salita, del barrio y los vecinos para que el gobierno dé una respuesta urgente. Si es necesario, tomar las calles como hicimos en tantas ocasiones los docentes con las familias por las escuelas y también los residentes y trabajadores de la salud.”

9.1.2023

En diciembre los precios en la City porteña subieron 5,8% respecto al mes previo. Mientras el jueves se conocerá el dato nacional de inflación, en CABA los precios de los alimentos aumentaron más de 100% en 2022.Este aumento en el costo de vida golpea con mayor fuerza a los sectores vulnerables.

El organismo estadístico de la Ciudad de Buenos Aires publicó su índice de precios (IPCBA) correspondiente al mes de diciembre, cuando alcanzó una variación mensual de 5,8%. La suba en 2022 llegó al 93,4%.
Sin embargo, algunos rubros sensibles terminaron el año con aumentos por encima de las tres cifras, como: Alimentos que cerró en un 101%, Prendas de vestir y Calzado con 113,1%, Restaurantes y Hoteles con el 108,2%; Educación 105,4% y Prepagas con el 100,8%.
El informe remarca que la variación del mes de diciembre (similar al de noviembre) se explica principalmente como respuesta frente a “las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que en conjunto explicaron el 67,6% del alza del Nivel General”.
La CABA es considerada la ciudad más cara del país, en 2022 el precio de los alquileres escaló al 98,2 %. También como parte del AMBA sobre sus habitantes recae la suba de las tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte), decisión adoptada por el ejecutivo nacional para cumplir con el acuerdo con el FMI. En este escenario, la inflación interanual en diciembre de 2022 respecto a diciembre de 2021 fue de 93,4%. Esta medición esta apenas por debajo de las expectativas del “mercado” (REM) que en su última publicación sostienen que la inflación nacional del año anterior será de 95,5 %.
El ministro de Economía, Sergio Massa sostuvo en distintos medios que el nivel general de precios de diciembre estará por debajo del 5%. Lo que festejan como un “logro” es en el mejor de los casos una leve desaceleración de precios transitoria, los datos oficiales llegarán este jueves. Mientras tanto, la desigualdad se acentúa. “En términos históricos, en octubre de 2022 el salario real estaba un 5% por debajo de los niveles de fines de 2001”, señalaba el especialista Luis Campos a éste medio. Al mismo tiempo, en 2022 las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa porteña mostraron ganancias récord.

6.1.2023

Lo hizo la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en el marco de la investigación por la tragedia ocurrida el 5 de febrero de 2014 en el galpón de la firma Iron Mountain. Allí murieron ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil que intentaban apagar el incendio intencional en este depósito de Barracas, donde empresas sospechadas de delitos financieros guardaban documentación.

Compartimos nota publicada por Canal Abierto:
El 5 de febrero de 2014, ocho bomberos (Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez y Matías Monticelli, además de sus colegas Sebastián Campos y Facundo Ambrosi del cuartel Vuelta de Rocha) y dos agentes de Defensa Civil (José Méndez y Pedro Barícola) murieron apagando un incendio intencional donde varias empresas sospechadas de delitos financieros guardaban documentación.
Si bien la causa venía sufriendo un aparate hace meses, en los últimos días la Justicia confirmó el procesamiento de 12 funcionarios porteños, entre ellos, la exdirectora general de Fiscalización y Control de la Ciudad, Vanesa Berkowski, quien además ya había sido procesada por el derrumbe del boliche Beara ocurrido en septiembre de 2010.
También están en la mira el entonces jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, Luis Cogo; el exdirector de Industrias y Otros Locales, Roberto Chiesa; y la exjefa del Departamento de Programación Operativa, Silvia Hers.
Los camaristas además ratificaron el procesamiento de Gastón Laugle y Esther Moroni, responsables en ese momento de la Dirección de Administración y Gestión Operativa. Y de los inspectores Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Félix Lugo y Jorge Papanicolau.
De la firma Iron Mountain están procesados los directivos Christian Castiñeiras, Héctor García, Guillermo Lockhart y Eduardo Sueyras Parra, sobre quienes pesa un embargo por 20 millones de pesos cada uno; y Oscar Godoy, responsable de vigilar el depósito cuando ocurrió el incendio.
Los jueces además revocaron el sobreseimiento de un funcionario de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP) del GCBA.

Las víctimas

“Gente de la Policía Federal me dijo la noche del velatorio que el incendio había sido intencional. Al principio se habló de cuatro focos, pero luego las pericias determinaron que fueron seis”, relata Gerardo Conesa. Su hermano Eduardo era bombero federal. Trabajaba 24 horas por 48 de descanso, que dedicaba a la asociación voluntaria de Lanús Oeste, cuyo cuartel lleva hoy su nombre.
Como Sebastián Campos, Eduardo Conesa era chofer, pero aquel 5 de febrero procuró ingresar por la puerta de Jovellanos para ayudar. Había llegado con la segunda dotación de federales junto a Maximiliano Martínez y Matías Monticelli. En la primera arribaron el comisario inspector Leonardo Day, jefe del operativo, Anahí Garnica -primera subinspector bombero de la historia argentina-, y Damián Véliz. Todos murieron aplastados.
“Mi cuñada, como la mayoría de los familiares, acordaron una indemnización con una aseguradora. Iron Mountain estaba muy interesada en eso”, sostiene Gerardo.
Con el de Barracas, Iron Mountain lleva incendiados en el mundo siete depósitos. La Justicia comprobó que los de Londres y Ottawa, al menos, fueron intencionales. En Buenos Aires, la planta de Azara tenía seis pedidos de clausura recomendados por inspectores del Gobierno de la Ciudad. El ex carapintada, amigo personal del presidente Mauricio Macri, Juan Gómez Centurión, estaba por entonces al frente de la Agencia Gubernamental de Control, pero nunca ordenó cerrarlo.
Además de los siete bomberos, murieron bajo los escombros Pedro Barícola y José Méndez, de Defensa Civil. Las hermanas Liliana y Patricia Barícola recogieron testimonios presenciales y aseguran que Pedro y José debieron haber estado a media cuadra del lugar donde los encontró la muerte, ocupados en el abastecimiento de agua, perimetraje, registro de nombres y toma de posiciones. Pedro murió de inmediato. Patricia lo reconoció en la televisión.
“Guillermo Montenegro (por entonces ministro de Seguridad porteño, ahora intendente de Mar del Plata) se acercó al velatorio a decirnos que se haría cargo de todo pero nunca se hizo cargo de nada”, relata Patricia.
Cuando a dos años del siniestro un cronista de Canal Abierto asistió al homenaje a los caídos en la Superintendencia de Bomberos, la por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó: “No somos enemigos; somos el Estado nacional y les exigiremos rendición de cuentas a los empresarios que hicieron cosas mal, como en este caso”.

¿Quién se hace responsable?

Pocos días después del primer aniversario, la fiscal subrogante Marcela Sánchez informó que los peritajes de la Policía Federal y el INTI determinaron que el incendio había sido provocado. Se encontraron, entre otros elementos, aceleradores químicos que llevaron la temperatura del fuego de los 100 a 1200 grados. Se confirmó que los rociadores no expulsaron suficiente agua y que las columnas carecían de revestimiento ignífugo. La investigación, no obstante, fue puesta en duda meses después por otro peritaje de la Universidad Tecnológica Nacional.
Los bomberos y técnicos consultados por este medio aseguraron que en un incendio una pared difícilmente cae hacia el lado externo. Los abogados, en tanto, informaron que Iron Mountain despidió semanas antes del hecho a los bomberos de guardia que la ley exige tener las 24 horas. Y que el sereno, Oscar Godoy, desoyó las dos alarmas que sonaron pasadas las 8 de aquel 5 de febrero.
En diálogo con Canal Abierto, el especialista en materia de seguridad y hoy embajador en Ecuador, Gabriel Fucks, aseveró que los organismos de control del Gobierno de la Ciudad detectaron quince irregularidades en las plantas de Iron Mountain durante los ocho años previos al incendio. Una le valió en mayo de 2007 la clausura del galpón en Villa Lugano.
Fucks recuerda que luego de los fatídicos sucesos, la legislatura de la Ciudad realizó durante un año nueve pedidos de informe a Gómez Centurión, suscriptos incluso por los hoy diputados de Cambiemos Paula Oliveto y Daniel Lipovetzky. Primero el funcionario respondió, en la informalidad, haber extraviado el expediente sobre los controles en Iron Mountain y su habilitación. Recién luego de que la Justicia dictaminara la intencionalidad del siniestro, el Gobierno de la Ciudad respondió la solicitud de la Legislatura.
En la piadosa cadena de responsabilidades que el macrismo no tuvo con Aníbal Ibarra figuran Francisco Cabrera, ministro de Producción entre 2015 y 2019 y antes ministro de Desarrollo Económico porteño. Él, ex directivo del HSBC, tenía a cargo a Ezequiel Sabor, por entonces Subsecretario de Trabajo en la ciudad, encargado de las inspecciones en los edificios porteños. Suya era la potestad sobre la Dirección General de Protección de Trabajo al mando de Fernando Macchi, jefe de los inspectores y más tarde funcionario del Ministerio de Trabajo.
“En la propagación del incendio ha incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes”, declaró una vez la fiscal de la causa, Romina Monteleone.

El trasfondo

A pedido de la Comisión Nacional de Valores, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos dependiente del Ministerio Público Fiscal (Procelac) denunció en mayo de 2014 que en los depósitos 7 y 8 de Iron Mountain que se habían quemado había información de 43 empresas vinculadas a 29 investigaciones sobre delitos financieros por entonces en curso.
Entre ellas el BNP Paribas por encubrimiento de fraude a la administración pública, la alimentaria Nidera por presunto lavado de dinero, así como el Banco Patagonia, el JP Morgan, Ipesa y Endemol, y otras como el HSBC por estafa bancaria. Patagonia y HSBC perdieron la mayor parte de su documentación resguardada en el depósito de Barracas.
La pérdida de documentación fue la excusa esgrimida por el HSBC para evadir los requerimientos de la investigación originada a partir de la denuncia de Hervé Falciani. Este hombre reveló la titularidad de 4040 cuentas argentinas radicadas en paraísos fiscales de Suiza, en los que el banco funcionó como vehículo de la operación ilegal. Esa información fue suministrada por el Estado francés al argentino y por el cual se tramita una causa en la Justicia local.
Si bien la trama delictiva nunca pudo ser reconstruida, el extitular de la Procelac Carlos Gonella asegura que es la misma que probó en el caso BNP Paribás. “Tenemos información que acredita cómo los oficiales del banco buscaban clientes y les ofrecían servicios para fugar divisas”, reveló. En total, migraron 1.000 millones de dólares a Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes.
Existen más elementos para sostener que en Iron Mountain no hubo un accidente. Que alguien provocó el incendio en busca de un objetivo que, seguramente, no fue la muerte de diez personas. Es probable que haya habido un interés detrás de la destrucción de esa información.

4.1.2023

En un violento operativo solicitado por la Justicia porteña, se realizaron 20 allanamientos en depósitos de vendedores ambulantes y secuestraron más de 400 bultos de mercadería. “Solo queremos trabajar, nos están robando a la gente humilde y trabajadora”, dijeron los manteros.

Una vez más, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arremetió contra las y los manteros que trabajan en las veredas de Once. Con un mega operativo a cargo de la Policía de CABA, se realizaron más de 20 allanamientos y alrededor de 400 bultos fueron secuestrados este miércoles.
Por su parte, los manteros denunciaron el robo de su mercadería y expresaron que esas ventas son su sustento diario. “Solo queremos trabajar. Nos están robando a la gente humilde y trabajadora”, dijeron.
Los allanamientos se llevaron a cabo durante la previa a Reyes en los depósitos donde los vendedores guardan los artículos. Los locales están ubicados en la calle Sarmiento, entre el 2600 y el 2800, en Castelli, entre el 100 y el 400, en Bartolomé Mitre, entre el 2600 y el 2800, en Perón al 2700, en avenida Corrientes al 2500 y en Valentín Gómez al 2600.
Fueron solicitados por la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Santiago Almeida, y autorizados por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 30, a cargo de Juan José Cavallari.
Como respuesta, los vendedores realizaron un corte sobre avenida Pueyrredón y Mitre, frente a la Estación Once.
Al respecto, la secretaria general de Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), Luzmery Villanueva, denuncio: “La Justicia porteña y las fuerzas de seguridad del Gobierno de la CABA, están una vez más, robando la mercadería a los trabajadores de la Economía Popular, mercadería que compramos en los mismos comercios de Once, esos comercios a los que -dicen mintiendo- supuestamente perjudicamos».
En este sentido, también apuntó al operativo judicial: “No es otra cosa que un secuestro, pero sobre todo robo de mercaderías a los vendedores ambulantes de Once, mercaderías que tras su venta, damos de comer a nuestras familias”.

3.1.2022

El ministro de Seguridad de CABA lo anunció en conferencia de prensa. Los chats que se habían filtrado ilegalmente evidenciaron lazos con empresarios para distintos negocios en CABA. Además, mostraron vínculos con jueces y empresarios del grupo Clarín. Tanto esos vínculos como las filtraciones ilegales muestran la decadencia del régimen político y las coaliciones patronales.

Este martes por la tarde, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, anunció que se tomará una licencia. El anuncio llega después de nuevas filtraciones ilegales que muestran al funcionario en relaciones con empresarios dedicados a diversos negocios en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la conferencia, el funcionario dijo “necesito tomarme una licencia temporaria, ordenar mis cosas familiares, preparar la defensa para demostrar la falsedad de las operaciones infames a las que pretenden someternos”. Y aclaró que no se trata de una renuncia, sino de una licencia.
El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, hombre de confianza de Horacio Rodríguez Larreta, hace pocas semanas había quedado en el ojo de la tormenta junto a fiscales y jueces de Comodoro Py.
A principios de diciembre se hicieron públicas las conversaciones de un chat grupal de Telegram al que pertenecía D’Alessandro, vinculadas a un viaje que hizo a Lago Escondido y que derivó en una denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas”, pedidos de juicio político y hasta pedidos de interpelación al propio D’ Alessandro y al mismo Larreta por ser su jefe, en la Legislatura porteña.
La semana pasada se filtraron más chats del celular de D’Alessandro, en los que el ministro recibe anticipos y asesoramientos por parte de Silvio Robles, el hombre de extrema confianza del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Según se denuncia desde el oficialismo nacional, el hecho confirmaría las maniobras de Juntos por el Cambio por quedarse con un asiento en el Consejo de la Magistratura. Recordemos que en ese organismo ha ganado peso la Corte y actualmente es presidido por Rosatti. Así también, conversaciones con Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y con Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires.
El servicio de grúas y acarreo era un negocio millonario cuestionado no solo por sectores políticos sino también por organizaciones de consumidores. La concesión estaba vencida hace 20 años y pagaba un canon irrisorio con ganancias millonarias.
Esta tarde, tras anunciar su licencia temporaria como ministro porteño, D’Alessandro le agradeció a Elisa Carrió, quien más temprano escribió en redes sociales un mensaje de respaldo al ministro de Seguridad, acompañado por críticas a Rodríguez Larreta por “no sostenerlo”. Por su parte, Larreta respondió por Twitter una hora después para respaldar a su ministro y en un comunicado aseguró que todo se trató de “una nueva operación” del kirchnerismo “que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal para atacar, perseguir y desprestigiar”.
De esta forma, Larreta utilizó los mismos argumentos victimizantes que difundió D’Alessandro en medios en los últimos días, al hablar de que “hubo un hackeo, un robo de una línea telefónica, y con lo que se obtuvo se produjo un montaje con información manipulada, violando completamente el derecho a la intimidad”.
Nuevamente, y tal como lo denunció la legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, “El encubrimiento total de Larreta a D’Alessandro obedecía a razones profundas, encubrir el negociado millonario con las empresas de acarreo”.
Tanto D´Alessandro como Larreta se deciden ahora por denunciar supuestas operaciones por espionaje ilegal, pero no dicen nada sobre los escándalos de Lago Escondido y los negocios con el acarreo en Ciudad de Buenos Aires.
La podredumbre del régimen político no tiene fondo, y no solo salpica a D’Alessandro, sino hasta al propio Horacio Rodríguez Larreta. De ambos lados de la grieta se tiran con carpetazos de servicios de inteligencia y complicidades de la justicia, mientras el ajuste sigue recayendo sobre el pueblo trabajador.