Red de radios

27.12.2022

En un comunicado señaló que los fondos de coparticipación “no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”. Una crisis política donde los intereses de las mayorías populares no están en el centro de la agenda.

Nada sorpresivo. El Gobierno de CABA rechazó el pago en bonos anunciado por Alberto Fernández a raíz de un fallo de la Corte Suprema por fondos de coparticipación. En un comunicado que difundió este mismo lunes dijo que esos montos “no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento”. Además, que el Ejecutivo porteño pedirá una demanda penal contra los funcionarios implicados en este caso.
En el comunicado difundido, se señala explícitamente “la reciente decisión del Gobierno Nacional no modifica el accionar de la Ciudad”. Al mismo tiempo, en una nueva defensa de las cuestionadas decisiones de la casta judicial, se afirma que “tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes, los fallos se cumplen, no se interpretan.
La áspera pelea entre el Gobierno nacional y el porteño no tiene a los intereses de las mayorías populares como prioridad. Es un enfrentamiento por recursos fiscales que los gobiernos usan en función de sus intereses políticos. Para Larreta y Juntos por el Cambio, los fondos son, seguramente, parte de los recursos de su próxima campaña electoral. El peronismo, por su parte, defiende una medida cuyo origen fue garantizar un aumento en las remuneraciones de los efectivos de la Policía Bonaerense, que protagonizaron un motín a mediados de 2020.
Esta denuncia la realizó la legisladora del FIT Alejandrina Barry en la sesión especial convocada el jueves pasado, donde fracaso la quita de impuestos a las tarjetas de crédito, prometida por Larreta, por condicionar la misma al pago del Gobierno nacional. Ahora con el compromiso de pago de parte de Alberto Fernández nada impediría esta reducción de impuestos, sin embargo, desde el gobierno porteño sigue tirando la cuerda como parte de una simple campaña electoral.

27.12.2022

A través de Twitter, Alberto Fernández informó que el Estado nacional “ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires”.

El presidente Alberto Fernández sostuvo este lunes que el Estado nacional «ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad de Buenos Aires». «Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional», expresó el mandatario desde su cuenta de Twitter.
Asimismo, el mandatario informó que instruyó a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que «reasigne» los «únicos recursos disponibles del ejercicio 2022» y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño, para cumplir con la medida cautelar dictada por la Corte Suprema, a la espera del fallo definitivo sobre la disputa por coparticipación.
«Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes», precisó el mandatario a través de la red social Twitter.

27.12.2022

Por Stella Calloni

Horacio Rodríguez Larreta gobierna por derecha la ciudad de Buenos Aires y se beneficia de los regalos de la mafia judicial

Analistas y reconocidos políticos definen el momento que vive el país como un “golpe de Estado judicial” tras la situación creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que ordenó al Poder Ejecutivo destinar 2.95 por ciento del volumen de los impuestos coparticipables al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estaban destinados a las provincias, regresando a los orígenes del nacimiento de la república en el siglo XIX.
En una medida cautelar dictada el miércoles pasado, la Corte Suprema ordenó al Ejecutivo a ampliar de 1.4 a 2.95 el porcentaje de los impuestos coparticipables del Estado que debía traspasar al jefe de gobierno de la capital argentina, el derechista Horacio Rodríguez Larreta, y dejar de aplicar una ley aprobada por el Congreso en 2020.
El senador Oscar Parrilli, del gobernante Frente de Todos, dijo este fin de semana que “la Corte Suprema de Justicia está dispuesta a gobernar y llevarse por encima los poderes del Estado y la voluntad popular» ya que se había dispuesto que el 1.4 % de los fondos coparticipables fueran para la ciudad y el resto para las provincias.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, advirtió que el fallo “es un golpe al federalismo”, como lo consideran 18 gobernadores de los 24 del país, mientras que Juan Cruz Miranda, ministro de gobierno catamarqueño, sostuvo que resulta muy grave que una cautelar “revierta una ratificación legislativa (…) Acá hay un conflicto de poderes porque la cuestión de fondo fue resulta por el Congreso. Este fallo revierte una decisión legislativa”.
Fue el ex presidente Mauricio Macri, dirigente de la ultraderechista Propuesta Republicana (PRO), que encabeza la coalición de Juntos por el Cambio, quien mediante un decreto en 2018 aumentó el porcentaje de coparticipación diaria de 1.4, como marcaba la ley, a 3.75.
A su vez el presidente Alberto Fernández, también por decreto bajó esos fondos en un uno por ciento menos. “La ley 27.606 votada por el Congreso Nacional fue la que vino a solucionar el problema, pero el gobierno derechista de la ciudad judicializó el tema y pidió 3.50 %. En consecuencia, la Corte Suprema, además de la medida cautelar dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción”, señalan los gobernadores.
Fernández había decretado el recorte a la coparticipación porteña para darle un aumento a la Policía Bonaerense en medio de una protesta de efectivos que solicitaban aumentos en sus salarios y que rodearon uniformados y armados la residencia presidencial a mediados de 2020, en lo que también se registró como una amenaza golpista.
“La devolución de fondos a la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires representa un golpe al federalismo. Los gobernadores no fuimos escuchados y fueron desconocidas las facultades propias del Congreso de la Nación, en un claro conflicto de poderes. El federalismo es el pilar de esta Nación», sostienen los gobernadores de 18 provincias.
El diputado del Frente de Todos, Itaí Hagman y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa manifestaron su preocupación por la decisión del máximo tribunal de favorecer a la ciudad más rica del país.
En una entrevista por televisión, el juez constitucionalista Eduardo Barcesat, dijo que la Corte Suprema desborda su poder y que es necesario “terminar con este gobierno perverso de jueces”.
En entrevista con La Jornada el dirigente político peronista de Todo por la Patria, Jorge Rachid, también médico, analista y luchador por la soberanía nacional, que ha convocado a una serie de marchas ante los tribunales, denunciando la actuación de la Corte Suprema, y del llamado Partido Judicial conformado por una serie de jueces, que son parte de la oposición derechista y tienen una relación directa con la embajada de Estados Unidos, dijo que “estamos viviendo un golpe de Estado en este caso encabezado por la Corte Suprema y la oposición derechista”.
Se refirió también a la cantidad de causas falsas armadas en connivencia con medios de comunicación, como Clarín y La Nación y otros, y con sectores de inteligencia ligados a servicios de espionaje extranjeros, por lo cual ha estado al frente de una cantidad de manifestaciones de protesta ante los tribunales denunciando las acciones golpistas de la Corte.
Denunció el fallo de la Corte acompañando al gobernador Gerardo Morales de la Unión Cívica Radical a de Juntos por el Cambio ratificando una condena a 13 años de prisión a la dirigente del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida ilegalmente el 16 de enero de 2016 preventivamente hasta ahora “fue ya un fallo golpista”.
Y advirtió que su salud es muy delicada y no podría sobrevivir en la cárcel. Consideró que ese fallo de la Corte es parte del golpismo que pretende acabar con el gobierno actual para no llegar a las elecciones de 2023 y recordó los obstáculos puestos en la investigación sobre el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner . “La oposición en diputados dejando las bancas vacías es similar a la que en Perú dio un golpe parlamentario”, dijo el dirigente.

23.12.2022

Por Alberto Britos

Las grandes patronales que aplaudieron el acuerdo con el FMI y el Presupuesto de ajuste votado por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio ahora intentan inclinar la cancha hacia la oposición patronal, pidiendo “respeto” al fallo que beneficia al Gobierno de CABA.

Los grandes empresarios nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Foro de Convergencia, IDEA y Carbap salieron a pedirle al Gobierno que acepte el fallo por coparticipación de la Corte Suprema. En una defensa abierta de las decisiones del cuestionado tribunal, pidieron “respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución Nacional”. Es decir, que el Poder Ejecutivo Nacional acepte devolver fondos de coparticipación que le había recortado a la Ciudad de Buenos Aires.
En la AEA participan empresarios como Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Luis Pagani (Arcor), Alfredo Coto (Coto) y Federico Braun (La Anónima). El último es el que se burló de la remarcación de precios en la reunión de esa entidad, ocurrida en junio. Pero, además, tanto Clarín como Arcor fueron empresas que crecieron fuertemente vinculadas al régimen genocida de 1976-1983. Su pedido de “respeto a la Constitución” suena bastante cínico.
Muchas de estas Cámaras empresariales aplaudieron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Presupuesto 2023 que intenta garantizar un duro ajuste destinado a pagar la fraudulenta deuda con el FMI. Esas dos normas fueron votadas tanto por el Frente de Todos como por Juntos por el Cambio. Ahora esas entidades intentar torcer la vara en favor de Larreta y la oposición de derecha.
Son las grandes empresas las que reciben todo tipo de beneficios por parte del Estado nacional y los Estados provinciales. En el proyecto de Presupuesto 2023 se había incluido un agregado (se presentó como una “separata”) donde se detallaban los beneficios fiscales que reciben sectores patronales por parte del Estado, tanto por medio de subsidios como por montos que el Estado deja de percibir. Sobre cómo se asignan esos recursos fiscales del país no hay ningún debate. Solo se abren las manos para recibir la plata que llega desde los Gobiernos.
Esas “ayudas” a los empresarios también muestran bastante unidad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ahí no hay “grieta” y todos votan para que los empresarios sigan amasando fortunas.

23.12.2022

Este jueves en medio del fallo de la Corte Suprema por la devolución de parte de la coparticipación para la Ciudad y una crisis política, sesionó la Legislatura porteña. Juntos x el Cambio condicionó la ley al cumplimiento del fallo, por lo que la oposición no aceptó el chantaje. Alejandrina Barry del FIT declaró: “Estamos porque se bajen los impuestos sin condicionantes, porque en la Ciudad hay plata. La Legislatura era la escribanía de Larreta, ahora es su bunker de campaña ayudado por la justicia, usando de rehén las expectativas populares”.

A días del triunfo de la copa mundial de futbol y del festejo popular más grande de la historia del país y un día antes de la navidad, en medio de que las mayorías populares tienen otras preocupaciones en la cabeza, la Corte Suprema fallo a favor de Larreta por la coparticipación quitada a la Ciudad. Este fallo que cae como un regalo de navidad para la campaña electoral de Larreta, de dudoso cumplimiento y en medio del desconocimiento del mismo por parte del Gobierno nacional, abrió una crisis completamente ajena a los intereses de las mayorías populares.
Con este trasfondo este jueves, entre gallos y medianoches, se convocó a una sesión extraordinaria de la Legislatura porteña para tratar la baja de impuestos en las tarjetas de crédito, entre otras exenciones impositivas para activos financieros. La sesión fracasó por las maniobras de Juntos por el Cambio de aplicar una clausula condicionante para la aplicación de esta ley a cuenta del cumplimiento del fallo y la devolución de la coparticipación, una maniobra que sembraba falsas expectativas y fue rechazada por el Frente de Izquierda y el peronismo. Como lo explicó la diputada Alejandrina Barry: “Nosotros vamos a habilitar cualquier tabla para bajar el impuesto a las tarjetas que no sea condicional. Pero esto que propone el oficialismo es una extorsión y un show electoral. ¿Cómo se va a votar una ley en condicional? Además, se demostró que plata hay, si quiere Larreta bajaría igual el impuesto porque tuvo recaudación extraordinaria”.
También recordó como fue el propio oficialismo de Larreta el que hizo fracasar otra sesión especial por el mismo motivo. Cuando en octubre, toda la oposición junta, Frente de Todos, Frente de Izquierda, libertarios y republicanos, fueron parte de la convocatoria para tratar esta baja de impuestos sin condicionante alguno. “No se puede especular ni mentir ante las expectativas de miles que usan la tarjeta de crédito para poder llegar a fin de mes”, advertía Barry. Dejando claro que en caso de que Horacio Rodríguez Larreta realmente quiera votar una quita del impuesto al sello de las tarjetas de crédito no tiene más que convocar a una sesión y la ley se aprueba sin demora, ni maniobras y de real cumplimiento.
Sobre la discusión de fondo con respecto al debate sobre la coparticipación y el fallo de la Corte Suprema, Alejandrina Barry fue categórica: “Aquí estamos viviendo un nuevo capítulo de la disputa de los partidos tradicionales por la caja del Estado donde la población es rehén. Una disputa entre el gobierno nacional, de la Ciudad y gobernadores que se pelean por una caja que no viene a solucionar ninguno de los problemas de las mayorías populares”.
Tratando de hacer memoria y sembrar luz ante esta manipulación escandalosa con la Corte Suprema en el medio, Alejandrina trajo a colación: “Las discusiones de la coparticipación han sido absolutamente discrecionales, primero Macri traspasando a dedo y por DNU una parte de la coparticipación a la Ciudad para financiar la policía; luego el gobierno del Frente de Todos quitando esos fondos de manera tan arbitraria y para dársela a la policía Bonaerense y ahora la Corte Suprema le devuelve una parte a Larreta sin explicación alguna y de forma salomónica”
En las últimas horas el propio Gobierno nacional reconoció que no puede cumplir con el fallo de la Corte y restituir parte de la coparticipación a la Ciudad por tener destinado esos fondos para cumplir con el pacto con el FMI, como bien denunciaba Alejandrina Barry: “Esta disputa encuentra a nadie, ni a Juntos por el Cambio ni al Peronismo, llamando a una sesión especial para discutir, por ejemplo, cómo va a pasar la navidad el 40% de la población que está debajo de la línea de pobreza”.
Más allá del escándalo suscitado por esta maniobra de Larreta, Alejandrina Barry no dejó de advertir: “Nos meten también una tabla para rebajar impuestos a las Leliqs y activos financieros. Un proyecto obsceno y escandaloso de Larreta, que pretende beneficiar a los bancos en vez de al pueblo trabajador”.
Y para que no haya ninguna duda denunció: “Los bancos son los grandes ganadores de este país. Para demostrarlo podemos hacer un cálculo rápido, en Europa tiene el 5,9% de rentabilidad, en América Latina el 24%, mientras en Argentina llega al 44%. Nos van a decir que hay que darles más beneficios a estos parásitos. Bueno con nosotros no cuenten”.
La disputa por la coparticipación federal seguirá su rumbo en los próximos días entre fallos, desacatos y utilizaciones político electorales de una grieta que cada día está más alejada de las mayorías populares y como bien preguntaba de forma retórica Alejandrina Barry: “Después no se dan cuenta porque hay tanto repudio a este régimen político entre las mayorías populares. Bueno, con nosotros no cuenten. Desde el Frente de Izquierda queremos discutir de fondo los grandes problemas de trabajo, de salud y de educación del pueblo argentino”.