Red de radios

19.4.2023

La legisladora porteña Alejandrina Barry del Frente de Izquierda salió al cruce del gobierno de Rodríguez Larreta. “Presenté un proyecto que exige conocer los términos del acuerdo firmado 0800 VIDA, entre el Consejo Social de CABA de Hotton y el Ministerio de Salud CABA de Quirós que pretende interferir en la aplicación de la ley IVE y la libertad de personas gestantes a elegir y decidir”, anunció

Por las redes sociales y con la denuncia realizada por Pagina 12, la legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, intentó buscar los alcances de la campaña 0800 VIDA lanzado por Cynthia Hotton en los hospitales porteños en el marco del convenio firmado entre el Consejo Social de la Ciudad dirigido por ella y el ministerio de salud a cargo de Fernán Quirós.
La legisladora reconoce en esta campaña una clara interferencia en la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la libertad de personas gestantes a elegir y decidir. Por tal motivo presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes para comprender el alcance de esta intromisión de organizaciones antiderechos en la salud pública.
El alcance del pedido de informes, que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debe contestar en el plazo de 30 días, contempla:
1) Informe y detalle los convenios y/o acuerdos suscriptos entre el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Social de la Ciudad respecto a línea telefónica de asistencia 0800 VIDA (0800 333 1148) y/o aplicación de la Ley 27.611.
2) Informe y detalle ejecución de convenios y/o acuerdos suscriptos entre el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo Social de la Ciudad respecto a línea telefónica de asistencia 0800 VIDA (0800 333 1148) y/o aplicación de la Ley 27.611, en cuanto a colocación de cartelería en efectores de salud de la CABA.
3) Informe y detalle las facultades del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires para determinar normativa y/o acuerdos de aplicación de la ley 27.611.
4) Informe y detalle organizaciones integrantes de la Red Nacional de Contención al Embarazo Vulnerable y su relación con el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires a nivel institucional, inicio del vínculo, objetivos y financiamiento.
Como denuncia Alejandrina cruzando los dichos de la antiderechos Hotton: “Es una cruzada contra la implementación de la IVE porque en la Ciudad de Buenos Aires no solo está la implementación de la IVE, la ley de los 1000 días también está implementada. En los Cesac asesoramiento para quienes necesiten acompañar un embarazo”. Dejando claro que es una campaña de estigmatización y persecución sobre las personas gestantes que decidan realizar un aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos de la Ciudad.
Al mismo tiempo denuncia, según los trascendidos de convenio que la línea telefónica 0800VIDA “será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas, militantes contra el derecho al aborto y la ESI. La salud pública no debe tener interferencias de organizaciones religiosas y confesionales.
Esta campaña antiderechos se da luego de que Horacio Rodríguez Larreta junto a Cynthia Hotton realizaran un acto con cientos de organizaciones evangélicas donde se propusieron “seguir propagando la fe y los valores de la familia en cada rincón de la Ciudad y el país”
El Consejo Social de la Ciudad es un organismo consultivo inventado por Larreta para darle institucionalidad a Cynthia Hotton en el marco de su armado en la interna de Juntos por el Cambio. Este Consejo es armado discrecionalmente por la antiderechos Hotton donde lo integran organizaciones de la sociedad civil y tiene la facultad de proponer determinadas políticas al poder ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, establecidas según sus criterios. Entre las organizaciones que integran el Consejo se destaca la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera), la Red Evangélica de Adicciones, la entidad Abrazo del Cielo, que se define con la “misión de intervenir en la vida de bebés cuyos padres han decidido abortarlos”. También participa la Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, creada en 2019 para oponerse a la legalización del aborto en Argentina.
Como bien denuncia y proclama Alejandrina Barry: “Esta avanzada de los antiderechos no se puede permitir, nos vamos a poner al frente de enfrentarlo y debe poner en estado de alerta y movilización al movimiento de mujeres y personas LGTBIQ+”

19.4.2023

Este miércoles entre las 21:00 y 22:00 se liberarán los accesos en las cabeceras de estas líneas y a partir de las 22:00 comienza un paro hasta el cierre del servicio. Claudio Dellecarbonara, integrante por la minoría del secretariado de la AGTSyP, informó que “estas medidas son la continuidad del plan de lucha en reclamo de la reducción de la jornada laboral semanal para atenuar la exposición de los trabajadores al cancerígeno asbesto”. Además, exigen la desasbestización de estaciones, trenes y talleres.

Este miércoles entre las 21:00 y 22:00 las y los trabajadores del subte liberarán los molinetes en las estaciones Catedral y Congreso de Tucumán de la línea D y Plaza de los Virreyes y Retiro de la línea E. A partir de las 22:00 y hasta el cierre del servicio paralizarán ambas líneas como parte de las medidas que vienen realizando por la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales con dos francos y por la desasbetización total del subte.
Como parte de las medidas de fuerza en defensa personal, los trabajadores del subte siguen denunciando la situación de insalubridad que se vive bajo tierra.
Claudio Dellecarbonara, integrante por la minoría del secretariado de la AGTSyP, informó: “Estas medidas son continuidad del plan de lucha en reclamo de la reducción de la jornada laboral semanal que permita atenuar el grado de exposición de los trabajadores a los factores insalubres y dañinos para la salud presentes en nuestro ámbito de tareas cotidiano. También con estas acciones seguimos denunciando la presencia de material cancerígeno en toda la red y exigiendo la desabestización integral de la red y el urgente cambio de las flotas contaminadas en las líneas B, C y E”.
Mientras desde la empresa Emova (Ex Metrovías) del Grupo Roggio emiten comunicados falseando la realidad, los trabajadores del subte siguen, lamentablemente, demostrando que tienen la razón. Sin embargo, en los dichos de la empresa se da a entender que aún siguen con la eliminación del asbesto en el subte. Hace 5 años que la empresa no completa el plan de desabsestización. Al día de hoy hay tres trabajadores fallecidos por asbesto, más de 80 trabajadores afectados y millones de usuarios expuestos a este prohibido material cancerígeno.
Recientemente, Dellecarbonara explicó “que además de la ley nacional vigente existe un fallo de la justicia porteña que ordena a la empresa y al Gobierno de la Ciudad a retirar el material cancerígeno y a evitar que las personas tomen contacto con él. La propia ART contratada por la concesionaria reconoce el riesgo asociado a la presencia de asbesto en la red, incluye a los trabajadores en el RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo) y extiende certificaciones a los afectados por el cancerígeno prohibido especificando su origen”.
“A los usuarios del subte, vecinos de la red y a todos aquellos que entiendan la gravedad de esta crisis sanitaria bajo tierra a sumarse a nuestra campaña de denuncia y a exigir junto a los trabajadores la desabestización de la red de subterráneos”, expresó.
Los trabajadores fueron los primeros en denunciar esta grave situación, mientras la empresa lo ocultaba y fue reconocido por la justicia. Desde La Izquierda Diario seguimos desde un primer momento las denuncias y peleas de los metrodelegados.

18.4.2023

Por Irina Hauser

La fiscalía de Angeles Ramos pidió cuatro años de prisión, ocho de inhabilitación y la detención de los seis gendarmes que el 29 de enero de 2016 reprimieron a la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo del Bajo Flores, integrada por un centenar de niños, niñas y adolescentes, algunos de los cuales sufrieron heridas severas provocadas por balas de goma a una distancia mínima.

Los efectivos enfrentan por estos días un juicio ante el Tribunal Oral 12. Las querellas también alegaron este lunes y pidieron penas de entre 4 y 6 años de prisión por vejaciones agravadas y lesiones agravadas.
Aquel violento operativo fue la marca inaugural de la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri y dejó en claro una línea de conducta que tendría de ahí en más: acusar a las víctimas, felicitar a los efectivos que protagonizaron el ataque, y darle poder de acción a la Gendarmería.

La represión a los chicos, paso a paso

Era viernes a la noche y la murga ensayaba con ganas porque al día siguiente tendría su primera salida. Sólo restaba conseguir micros, que pagarían con la venta de rifas. En medio de las canciones llegó Gustavo (González) el director, trajo la buena noticia de que tenían transporte. Pero la felicidad se fue en segundos. De golpe apareció un móvil de gendarmería, junto con una grúa, y detrás otro móvil. Se querían llevar dos autos robados, abandonados en el barrio. Gustavo les pidió que tomaran otro camino, porque había mucha gente y niños allí y había una forma más fácil de llegar. Los gendarmes avanzaron igual, hasta que tocaron con la trompa de un auto a una de las chicas.
–¿Qué pasa que no se quieren correr, son todos guapos?–patoteó un gendarme que ostentaba su arma– recuerda Florencia Torres, querellante.
–¿Por qué no esperan? Estamos tratando de corrernos. ¿No querrás tirar acá que está lleno de chicos, no?– preguntó ella.
Apenas terminaba de pronunciar esa frase comenzaron a sonar los disparos. «Lo veo a Gustavo en el piso. Ahí empezó el infierno, los gritos, la gente tratando de encontrar a sus hijos. Yo me pongo a buscar al mío. Veo a una de las nenas, la cubro con mi cuerpo ahí y recibo 17 perdigonazos. Doy gracias que me los dieron a mí y no a mi hijo ni a esa criatura. Yo no sabía qué eran balas de goma, sentía una quemazón terrible y creía que me iba a morir. Solo pensaba en poner a salvo a mi hijo en la casa de una vecina», repasa Florencia.

La agresión siguió en el hospital

Otra pesadilla comenzó un rato después. Cuando llegó al hospital Piñeyro, la dejaron prácticamente desnuda boca abajo. Tenía la mayoría de las heridas de bala en la espalda, los glúteos y las piernas. «Ahí, mientras yo estaba así, empezaron a aparecer policías de la Federal, de la Metropolitana, de civil, todos los agentes posibles, y me pedían lo mismo: nombre y apellido, DNI, domicilio, una y otra vez. En un momento pasó un camillero y me tapó con una sábana. Al rato me dijo que me fuera, pero se querían llevar detenido a cualquiera», describió.
El establecimiento estaba copado por la Gendarmería y otras fuerzas. Hubo más personas heridas que se fueron por miedo igual que Florencia. Luego trataban de curarse con azúcar. «Ciertos medios empezaron a decir que nosotros con nuestros hijos estábamos tapando un cargamento narco. Dijeron de todo, solo porque vivimos en una villa. Nos hacen culpables como sea», dijo Florencia. Y contó lo que esas informaciones falsas velaban: «Durante el tiempo de la murga hubo un cese de violencia en el barrio. Pero después de lo que nos pasó, la zona fue tierra de nadie. En un enfrentamiento narco mataron a Miriam Villa, integrante de la murga, es el mismo lugar donde mataron este año a Nayla» (la niña de 4 años asesinada en febrero último). «Además de todo, la murga era un espacio de contención que buscaba sacar a los pibes de todo lo malo que podía haber alrededor, y estaban re contentos, pero ya nada fue igual».

La insólita versión de los gendarmes

Los gendarmes acusados son Elvio Cardozo, Darío Soler Páez, Yamila Maldonado, Guido Cativa, Esteban Molares y Saúl Juárez. Todos, menos uno, siguen en sus puestos. Tres de ellos se negaron a declarar en las audiencias y los otros tres reconocieron su presencia en el lugar, pero llegaron al punto de negar que allí hubiera habido una murga, algo insólito porque se los escucha a ellos mismos nombrarla en las modulaciones. También desconocieron los disparos que, se probó, fueron a no más de cinco metros de distancia. En los videos se escuchan las detonaciones incesantes y mujeres que gritaban: «¡Hay criaturas, hay criaturas!». En el lugar, en la calle 10, había mayoría de niños y adolescentes, algunos adultos, adultos mayores y hasta embarazadas.
Estos elementos fueron señalados por Pablo Rovatti, que representa a la mamá de «Carlitos» Suca, que tenía ocho años en aquel entonces y casi pierde un ojo por el perdigonazo que recibió. Rovatti, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a las Víctimas de Delitos de la Defensoría General, marcó el absurdo de los relatos. Recordó también que se recogieron cartuchos de las municiones de escopetas anti-tumulto, que hubo peritajes y al menos cinco personas –que son las que se presentaron al juicio, aunque habrían sido muchas más–, mostraban heridas fácilmente reconocibles.
Insistió en que los gendarmes «faltaron a la verdad» al decir que respondieron a un ataque a piedrazos y botellazos de los/las integrantes de la murga, cuando quedó claro que el ataque fue de los efectivos. Hasta un policía federal que estaba allí, remarcó, describió esa secuencia con claridad y recordaba los gritos de una mujer que rogaba que no le dispararan.
El abogado Adrián Albor, que representa a Torres, señaló que se trató de un hecho «en el marco del inicio del gobierno de Mauricio Macri, cuando Patricia Bullrich eligió a la Gendarmería como mascarón de proa del sistema represivo, como fuerza de choque, tendiente a abortar todo intento de protesta social que vislumbraba vendría de la mano del plan económico de miseria planificada». Albor marcó puntos de contacto con otros hechos, como la muerte de Santiago Maldonado. Le pareció notorio que en el caso la murga, muy similar a lo que quedó registrado en aquella cacería, se escucha a los gendarmes decir «tirá, tirale a los negros».
«Bullrich trató de enmarcar estos hechos como una lucha entre narcotraficantes y así trató de encubrirlos», señaló el abogado. En su momento, al conocerse lo ocurrido, la exministra de Seguridad, fue a ver a gendarmes que estaban en el hospital y se sacó una foto. Rovatti recordó que en realidad estaban internados por otro episodio –uno de ellos, Cardozo, había estado en el Bajo Flores– un ataque a un puesto de Gendarmería cuyos autores no fueron identificados. La fiscalía remarcó que pocos días después de los hechos, Bullrich modificó el protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, que había sido confeccionado durante la gestión de Nilda Garré, y que la Gendarmería había violado.

Penas solicitadas

La pena más alta, de seis años para todos los gendarmes, fue requerida por la querella, a cargo de Romina Avila, en nombre del director de la murga, González, y su hijo de 14 años, que tuvo una herida gravísima en una pierna. Albor contó a este diario que la murga dejó de funcionar cuando la familia González empezó a ser perseguida: «Les armaron causas, los allanaron, les rompieron los instrumentos en un procedimiento hecho por la propia Gendarmería. Les armaron causas a más testigos». La fiscalía pidió cuatro años de cárcel y la detención de todos en caso de dictarse una condena. La querella del niño pidió penas diferenciadas, solo en suspenso para la gendarme Maldonado. En el resto, todos plantearon penas en un rango de cuatro a seis años, que implicaría el cumplimiento efectivo. Este jueves alegan las defensas. Podría haber sentencia ese mismo día, o que el tribunal –integrado por Darío Medina, Claudia Moscato y Luis Márquez–, la difiera hasta quince días.

17.4.2023

Se trata de una línea administrada por una red de organizaciones evangélicas. Según Cynthia Hotton, recientemente incorporada al Gobierno de Larreta, el objetivo es dar “contención en los hospitales públicos para aquellas mujeres que transiten un embarazo vulnerable”.

La semana pasada el jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del Consejo Social, Cynthia Hotton y Diego Santilli, encabezaron un encuentro ante 1.000 pastores evangélicos. Con la presentación de la “Agenda Social 2023” del consejo, Larreta buscó dar un nuevo guiño de campaña electoral en la disputa por la agenda reaccionaria contra los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. La misma que agita Milei contra la Educación Sexual Integral, por dar un ejemplo.
En el encuentro, el actual precandidato a presidente por Juntos por el Cambio planteó que el Ministerio de Salud de Fernán Quirós y el organismo presidido por Hotton firmaron un acuerdo “para implementar una línea telefónica de contención en los hospitales públicos de la Ciudad desde donde se realizan tareas de acompañamiento emocional y personalizado para aquellas mujeres que transiten un embarazo vulnerable”.
Se trata de un “0800 vida” que ya se encuentra en funcionamiento desde abril de 2019 y es administrado por la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado, un conglomerado de organizaciones anti derechos ligadas a las iglesias evangélicas. La página oficial reza que las 400 instituciones voluntarias están “comprometidas con la defensa de las dos vidas y coordinadas por la Fundación Vida en Familia”.
El Consejo Social es un organismo autónomo de la Ciudad de Buenos Aires destinado a implementar políticas sociales en articulación con organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas y el gobierno. Larreta incorporó a Hotton en su Gobierno como otro guiño hacia los sectores conservadores, en ese sentido en su discurso destacó el rol de las organizaciones “dando cátedra” sobre “los valores de la familia”. Muy lejos de la pose “gayfriendly” que busca darle a la Ciudad en fechas emblemáticas como la marcha del orgullo pintando el obelisco de color arco iris.
La iniciativa del 0800 ya se había impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri con un convenio realizado entre dichas organizaciones y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social encabezado por Carolina Stanley. Al poco tiempo de conocerse se terminó cancelando debido a la polémica que generó que organizaciones anti derechos asesoren desde el Estado a personas con capacidad de gestar sobre derechos a los que se oponen, como en su momento era el aborto no punible.
Cabe recordar que son estas mismas organizaciones junto a la Iglesia Católica las que ponen múltiples trabas para que se cumpla la ley de Educación Sexual Integral. Desde el surgimiento de la marea verde los sectores anti derechos no descansaron impulsando todo tipo de campañas y su ligazón a sectores de la política que no se limita a la derecha. Sin ir más lejos, en diciembre de 2022 Alberto Fernández recibía en la Casa Rosada a los sectores evangélicos congregados en ACIERA reafirmando los lazos que ya existen.
Discursivamente Cynthia Hotton y Rodríguez Larreta para implementar la medida se paran en la necesidad de cumplir con la Ley Nacional N°27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como ley de los mil días. Pero detrás de este argumento, lo que se intenta naturalizar es que organizaciones confesionales y religiosas sean las encargadas de ejecutar políticas públicas de salud, dándoles más injerencia aún en el Estado.

17.4.2023

Por Soledad Flores

Empresas anunciaron la restricción de servicios en varias líneas de colectivos en el AMBA. En qué horarios, en qué líneas y cuál es el pretexto de los empresarios para empeorar el servicio.

Cinco Cámaras empresariales del transporte de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron este lunes la decisión de empeorar el ya mal servicio que brindan.
Con el argumento de que sufren una “escasez de recursos”, comunicaron que realizarán una serie de restricciones en sus servicios a partir de la medianoche. El Ministerio de Transporte rechazó la medida y aseguró que ya fueron transferidos los fondos reclamados por esas compañías.
Esto a pesar de que los servicios de trenes y colectivos en el AMBA, aumentaron un 6,6 % en abril. Es la segunda suba del año según el nuevo cuadro tarifario para la región, que entró en vigencia en marzo y se actualiza el 1° de cada mes.
El monto de la suba del precio de los pasajes de colectivo se define según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec). Para calcular el aumento de abril se tomó la inflación de febrero, que fue de 6,6 %, y en la región del Gran Buenos Aires fue de 6,7 %. Las empresas nunca pierden con la inflación. En marzo el colectivo subió un 6 %.
La semana pasada la empresa de colectivos Metropol también realizó un lock out con el pretexto de la “falta de recursos para operar”.
Las patronales del transporte están acostumbradas a conseguir lo que quieren a fuerza de extorsiones como esta. Juegan con el medio a través del cual millones logran llegar de la casa al trabajo y viceversa. El Gobierno, a pesar de las declaraciones del Ministerio y las advertencias de sanciones, cede.
En un comunicado emitido este lunes, cínicamente, los empresarios pidieron “disculpas al público por los inconvenientes que pudieran producirse y advierten que la racionalización tiene como objetivo evitar la paralización total de las prestaciones”. Amenazan con que el caos de transporte podría ser peor si no les dan lo que quieren, es decir, más subsidios.
Como cualquier usuario o usuaria del transporte sabe, lejos de mejorar el servicio con esa plata, se la llevan toda mientras los colectivos están cada vez peor y las frecuencias disminuyen. Los trabajadores y las trabajadoras del transporte saben que esos recursos tampoco son destinados a salarios ni a mejorar sus condiciones laborales.

¿Qué restricciones anunciaron las Cámaras de transporte en los servicios de colectivos?

“Con el objeto de no afectar totalmente los horarios de mayor demanda -precisaron en su comunicado- se procederá a partir del próximo miércoles 19 de abril, a suspender totalmente los servicios en el horario comprendido entre las 13 y las 16 horas”.
Las empresas aseguran que “con el objeto de compatibilizar las prestaciones con los recursos económicos disponibles, muchas empresas se verán obligadas a partir del día de la fecha a no prestar los servicios nocturnos y disminuir las frecuencias durante el día”.
Los servicios afectados son los que prestan las líneas de la 1 a la 199, que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano.
Las líneas del 1 al 200, que tienen por lo menos una de sus cabeceras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “serán las que primero van a tomar la iniciativa. Las líneas del 200 hacia arriba, que circulan exclusivamente en el Gran Buenos Aires, probablemente se sumarán a partir del miércoles”, afirmó a Luciano Fusaro, vicepresidente de AAETA, al diario Perfil.
“No se va a dar todo al mismo tiempo, sino gradual desde esta noche hasta el miércoles hasta que se adhiera todo el sector. Esto no es una medida de fuerza ni un lockout patronal, no se puede hacer nada más porque el Gobierno está pagando tarde y mal los subsidios y tampoco se ajusta la tarifa”, aseguró la misma fuente a Perfil.

¿Qué dice el Ministerio de Transporte?

Las entidades empresarias agregan que “al día de la fecha, se encuentran pendientes de acreditación fondos correspondientes al primer trimestre del año en curso, por un valor total equivalente casi al total de las compensaciones de un mes completo”.
Desde la cartera de Transporte dijeron a Télam que “se han realizado transferencias el viernes y en el día de hoy, por lo que no debería haber ninguna medida por parte de las empresas”.
Pero las entidades empresarias alertaron “a la población” ante lo que juzgan como un “considerable atraso verificado en la acreditación de los fondos de las compensaciones tarifarias correspondientes a los mayores costos incurridos durante el año en curso”, mediante un comunicado difundido la tarde de este lunes.
¿Qué entidades empresarias impulsan el lock out?
Se trata de las entidades:
• Cámara Empresaria De Autotransporte de Pasajeros (CEAP)

• Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA)

• Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA)

• Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA)

• Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA)
¿Qué dicen los trabajadores del transporte?
Las patronales vienen chantajeando de esta manera desde hace rato. Según denunciaron choferes del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), ante un lock out de las empresas del transporte en agosto de 2022, “las líneas del AMBA recibieron más de 96 millones de pesos en 2021, lo que representaba casi el 78 % del total de los subsidios destinados al transporte público de pasajeros. Y a comienzos del 2022, el gobierno nacional aumentó un 40 % la asignación para el Fondo Compensador del autotransporte urbano y suburbano de pasajeros”.
Entre tanto, según denunció la Agrupación Bordó del MAC después del asesinato del chofer Daniel Barrientos, “la conducción de la UTA de Roberto Fernández y Miguel Bustinduy que es opositor y aliado de Moyano, nunca han realizado un verdadero plan de lucha para que las empresas, que amasan fortunas, y amenazan con dejar sin transporte a los pasajeros, sin sueldo a los trabajadores, cumplan”. La dirección del sindicato es totalmente funcional a los chantajes de las empresas.
En medio de la enorme crisis social y económica producto del acuerdo con el FMI, lo único que les importa a los empresarios es recibir más subsidios y aumento del boleto. En agosto del año pasado realizaron el lock out después de que el gobierno les habilitara un tarifazo del 40 %.
“Mientras tanto estas mismas patronales que velan muy puntillosamente por sus ganancias, nos someten a los trabajadores a una pérdida permanente del poder adquisitivo de nuestro salario, con la devaluación, la inflación, y paritarias a la baja”, denunciaban trabajadores del transporte en el MAC.
“Nuestras condiciones de trabajo son completamente insalubres. Trabajando a veces 12 horas o más para poder llegar a fin de mes con horas extras. El propio Decreto N° 4.257/68 de la legislación laboral, considera a la tarea de los conductores del transporte de pasajeros como insalubre”, agregaban.
Al igual que los trabajadores y las trabajadoras del subte hoy ante la crisis sanitaria que se vive por la presencia de asbesto en las formaciones, los choferes del MAC plantean que la reducción de la jornada laboral en el transporte es una medida de seguridad laboral elemental para prevenir accidentes evitables, proteger la salud y los derechos de los usuarios y de los trabajadores.
“Por eso peleamos por una jornada de 6 horas diarias y 36 horas semanales para los choferes y trabajadores del transporte. Con un salario igual a la canasta familiar. Eso permitiría además crear muchos puestos de trabajo para la cantidad enorme de desocupados que hay”, aseguraban en 2022.
El sistema de transporte público se encuentra administrado por monopolios y empresas privadas que lejos de concebirlo como un servicio esencial para el pueblo, lo ven como un medio para el lucro y la acumulación de ganancias a costa de los subsidios del Estado y de la salud de los trabajadores. Los gobiernos administran los recursos en favor de todos estos negociados.