Red de radios

15.3.2023

Por Martin Suárez

Desde la comunidad educativa denuncian que la directora del establecimiento firmó el acta bajo presión y que «fue amenazada» con su patrimonio. ¿La instalación viola la intimidad de las y los menores?

Desde hace varios años, la gestión PRO en la Ciudad pretende avanzar con la instalación de cámaras en diferentes edificios de escuelas porteñas. La intentona no nació durante las últimas dos administraciones del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sino desde el segundo mandato de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño. En más de dos ocasiones (2011 y 2017), la justicia local tuvo que intervenir para frenar la puesta de dispositivos de filmación continua dentro de instituciones educativas públicas, para evitar la violación del derecho a intimidad de niñas, niños y adolescentes consagrada en la Constitución Nacional.
Macri quiso llevar adelante la instalación de cámaras en más de 90 escuelas y Larreta recogió el guante e intentó hacer lo propio en varios edificios escolares, tras las tomas estudiantiles del 2017. En esta ocasión, trabajadores y trabajadoras de la educación de la escuela pública Técnica Hicken denuncian que es inminente que la cartera educativa instale cámaras dentro de tres aulas de este edificio, que se encuentra en pleno corazón de Palermo.
Todo comenzó como un rumor de radio pasillo, pero con el correr de los días pudieron confirmar que el ministerio de Educación porteño, al mando de Soledad Acuña, iba a avanzar con la instalación de dispositivos de filmación continua en el interior de varias aulas de la escuela Hicken, que se encuentra el Jardín Botánico de la Ciudad, a pasos del Parque 3 de Febrero y del Jardín Japonés.
“La directora nos confirmó que el 28 de diciembre del año pasado, último día de trabajo administrativo escolar, vinieron representantes de la supervisión escolar del distrito y la obligaron a firmar un acta, donde ella, como máxima autoridad de la escuela, aceptaba poner tres cámaras dentro de tres aulas”, cuenta Julio, nombre ficticio que determinó el trabajador para ocultar su identidad por temor a posibles represalias. La justificación planteada por la supervisión para llevar adelante la puesta en marcha de los dispositivos fue que las cámaras apuntarían solamente a los carros de las computadoras y que iban a encenderse solo durante la noche.
Las y los docentes increparon a la directora de la institución por haber firmado el acta y le cuestionaron por qué llevo adelante la rúbrica del documento. Argumentó que prácticamente no le dieron opción y que aprovecharon el último día de trabajo, mientras la escuela cerraba, para obligarla a poner su firma, bajo el argumento de que en esas aulas no hay rejas en las ventanas y que las cámaras no iban a prenderse de día durante la cursada. Además, le dijeron que si no firmaba, iba a hacerse cargo con su patrimonio si llegara a faltar cualquier dispositivo informático. En concreto: ante esa amenaza, la directora decidió poner su firma.
Previo a la firma, propuso una alternativa viable: que los carros con las computadoras sean trasladados al pasillo central del colegio, que es amplio, y que las cámaras, en todo caso, se instalen en ese lugar, pero no dentro de las aulas. La respuesta de la supervisión fue que eso no iba a ser posible porque durante el día circulan estudiantes por el pasillo. Sin darse cuenta, los representantes de la supervisión escolar reconocieron que las cámaras no iban a encenderse exclusivamente durante la noche.
“Pese a la ilegalidad de la instalación de esos dispositivos de control, el solo hecho de sugerir la puesta a punto de los mismos insinúa que quienes trabajamos dentro de la escuela somos los que podríamos llegar a robar las computadoras”, advierte otro docente a este medio. A raíz de esta situación, surgen varias preguntas: si son las únicas aulas que no tienen rejas en las ventanas, ¿por qué no las colocan? ¿Sabe el gobierno porteño que con estas cámaras viola el derecho a la intimidad de los jóvenes y adolescentes que allí estudian? ¿Qué se esconde realmente detrás de la instalación de estas cámaras?
Las preguntas están, pero las respuestas no aparecen. La instalación de esas cámaras -dijeron desde el Ministerio- se da respecto a “los espacios seguros que estamos instalando para guardar los materiales de valor como las computadoras”, según Tiempo Ar que se comunicó con la cartera educativa.

Los intentos fallidos en la instalación de cámaras

En agosto de 2011, la Justicia porteña suspendió la instalación de cámaras de seguridad en escuelas de la Ciudad, tras una medida que le impidió al gobierno de Mauricio Macri avanzar con la iniciativa de colocar los dispositivos en 90 establecimientos escolares, tanto jardines de infantes, primarias como secundarias. La decisión fue tomada por la jueza Elena Liberatori, al hacer lugar a un recurso de amparo que iniciaron algunos padres para evitar que sus hijos queden registrados por videocámaras en esas instituciones educativas.
El fallo –que alcanza a las escuelas a las que asisten hijas de los querellantes– advirtió que existe “un conflicto de derechos o intereses” donde “por un lado, se encuentra el legítimo interés del Estado local en la protección de sus bienes y edificios, pero, por el otro, entra en juego el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional”, y que “no debe perderse de vista que lo que aquí se encuentra en juego es el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas públicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó en su fallo la jueza.
En noviembre de 2017, durante la primera gestión de Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, la ministra Soledad Acuña iba a instalar cámaras en varias escuelas que habían sido tomadas por estudiantes. Fue la propia Elena Liberatori que, una vez más, prohibió la instalación de esos dispositivos de vigilancia al considerar, nuevamente, que se viola el derecho a intimidad de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Para dictar la medida, la jueza tuvo en cuenta que no está claro en el «Protocolo del servicio de vigilancia y seguridad electrónica en establecimientos educativos», dónde irían ubicadas las cámaras de vigilancia, ya que por un lado dice en la periferia de los establecimientos y luego infiere que se ubicarán en el interior del mismo. Tampoco estaba claro en ese protocolo de funcionamiento de dichas cámaras, los horarios en que funcionarían y si es o no en horario escolar.
«El marco normativo que rige actualmente al servicio en cuestión permite la filmación en todo momento y en todo lugar dentro de los establecimientos educativos», «el medio elegido aparece prima facie como desproporcionado respecto de la finalidad perseguida», sostuvo la jueza.

15.3.2023

POR MANUELA BARES PERALTA, AGUSTÍN MINA Y DIEGO MONETA

Diálogo con Paula Penacca, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. El plenario de la militancia en Villa Dominico, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y la agenda de seguridad y violencia institucional fueron algunos de los temas abordados.

¿Cómo vio el discurso de Cristina en Río Negro?
Paula Penacca: Una clase magistral, como bien estaba titulada. En todos los formatos es clara, pero en este creo además que es muy formativa. En este momento de tanta confusión e incertidumbre en la Argentina, pero en el mundo después de la pandemia y en el contexto de guerra, donde los modelos económicos parecen haber implosionado, es muy importante que como población, y quienes nos consideramos militantes todavía más, podamos formarnos y poder debatir.
En eso Cristina tiene una capacidad infinita porque todo lo que dice lo ha refrendado con todo lo que ha hecho. Habla de economía claramente, ya lo decía Arturo Jauretche que muchos lo hacen a propósito para que no lo podamos entender parte del pueblo y las decisiones sean inexplicables y no podamos encontrar culpables. Esa capacidad la debemos poder tomar en estos momentos. Creo que eso es lo central de las intervenciones de Cristina. Poder entender de dónde vienen los problemas y sobre todo cuáles son las decisiones que habría que tomar para que eso dejara de suceder en el país, o por los menos los modelos que ya se intentaron y no funcionaron, que son los neoliberales.

¿Qué opinión le merecen los comentarios de figuras del Frente de Todos que proponen discutir la inocencia y no la proscripción de Cristina?
PP: Cristina está proscripta, hay que decir las cosas como son. Hay instancias judiciales que falta que se sucedan, pero cualquier persona con dos dedos de frente, y justamente no es necesario tener ningún conocimiento judicial, sabe quiénes son los que integran esas instancias que podrían decidir para modificar la proscripción ya dictada. Hay un fallo que dice que no puede ejercer cargos públicos de por vida.
La Cámara la integran Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hay que decirlo con nombre y apellido. Los jueces que dictaron la condena de primera instancia jugaban al futbol en la Quinta Los Abrojos con Mauricio Macri. Los de la Cámara jugaban al paddle con Macri en la Quinta de Olivos, tienen más de veinte ingresos que coinciden además con sus decisiones en contra de Cristina en causas como AMIA, dólar futuro y vialidad. Más arriba, la Corte Suprema tiene dos de sus cuatro integrantes nombrados por decreto por Macri. Hoy hay en la Cámara de Diputados de la Nación un proceso abierto con más de sesenta denuncias contra la misma. Estos jueces han encontrado en la oposición, quienes entendemos son los beneficiados por la proscripción de Cristina, sus abogados defensores. No queda ninguna duda de cuál sería la posible definición de esas instancias.
Discutir la inocencia de Cristina no tiene que ser contradictorio con discutir la proscripción. Usan esos artilugios para conseguir algún tipo de diferenciación o poner en cuestión la claridad del pueblo argentino, que es que hoy Cristina está proscripta y defenderla es defender la democracia, porque efectivamente si vamos a elecciones y la mayor parte de la sociedad no puede presentarse, y por lo tanto no puede elegir a quien quiere, hay una democracia que no está funcionando del todo bien. También es algo que Cristina viene planteando hace bastante tiempo, con instituciones que no funcionan y donde no hay división de poderes. No hay que confundir, sobre todo quienes ocupan cargos de responsabilidad institucional.

Fue legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ve el último año que le queda a Horacio Rodríguez Larreta y cómo se da ese debate en la oposición?
PP: En primer término, hace rato que delegó su función pública como jefe porteño porque lo vemos recorriendo el país haciendo campaña y dejando de atender prioridades urgentes de la Ciudad, que son muchas ridículamente en el distrito más rico. Si hubiera un poco de decisión política, menos desidia y un poco más enfoque de su parte, ya debería estar resuelto.
Es imposible que haya la crisis de infraestructura educativa que hay, que no haya vacantes año tras año, lo que redunda en la brecha de acceso al trabajo entre hombres y mujeres. En la Ciudad es una responsabilidad constitucional del Estado ofrecer educación pública desde los 45 días. Cuando el Estado no da respuestas suelen ser las mujeres quienes quedan a cargo de los hijos. Hay muchísimas falencias inexplicables con el presupuesto que tenemos.
El Gobierno de la Ciudad está despezado. No hay ministro de Seguridad, porque tuvo que pedir licencia al estar involucrado en un caso de corrupción fenomenal, y Larreta debería ocuparse de gobernar más y no hacer campaña. Creo que es importante que haya consciencia en el pueblo de que estamos sin Jefe de Gobierno. Veremos qué sucede con su interna, aunque todos tienen el mismo proyecto político, que la están dando con poca seriedad.

¿Qué opina sobre el pedido de la Ciudad para utilizar pistolas taser? ¿Cómo ve el debate en torno a la seguridad en general?
PP: Nuestra posición la expresamos cuando gobernamos, y eso a veces se pierde de vista. Fue revolucionario en materia de seguridad la política pública que llevó adelante el kirchnerismo. El gran acuerdo por una seguridad democrática, la creación del Ministerio de Seguridad, la formación en derechos humanos a todos los integrantes de las fuerzas, ocuparse de que sus propios derechos sean cumplidos.
Fue una política que desarrollamos con mucha claridad y que impactó. En la Ciudad el Programa Cinturón Sur habilitaba a que integrantes de Gendarmería y Prefectura cumplieran un rol preventivo en barrios populares. Transformó la vida cotidiana de vecinos y vecinas que para Macri y después Larreta siempre fueron de segunda. Cuando llegan al gobierno eso se desarticuló.
Hay que partir de ahí para pensar cómo nuestra fuerza concibe la seguridad, que es como un derecho. Después hay una utilización sesgada y perjudicial para la sociedad cuando se entiende como sinónimo de seguridad a la mano dura. Ahí hay una vulneración de derechos no sólo de quienes delinquen sino del conjunto de la sociedad.
La creación de la Policía de la Ciudad la acompañamos. Debatimos la ley, contiene muchos aspectos de la seguridad democrática y que haya una fuerza es cumplir con la constitución local y el proceso de autonomía. Ahora, la implementación nos puso en peligro a todos por cómo la hemos visto actuar y las impericias políticas. El discurso que habilita que la violencia institucional sea la regla, que no haya cumplimiento de la norma que rige el funcionamiento de la policía, que no se cumplan los protocolos, las actuaciones represivas, constantes y continuas, los abusos y violaciones de derechos incluso de las personas sobre las que está bien que actué. En cualquier barrio uno pregunta por el ejercicio de la Policía de la Ciudad frente a Gendarmería y Prefectura y los vecinos prefieren las fuerzas federales.
Primero, desmitificar que los proyectos populares no se ocupan de la seguridad. Después, falta el debate y profundizar la formación de efectivos en derechos humanos. Tercero, un debate puntual en relación a las taser. Hay un montón de estudios que demuestran que su utilización genera letalidad. No hay que tomarse nada a la ligera. Un arma de plomo también es letal y, sin embargo, como es potestad del Estado garantizar el orden y la seguridad, las tienen que usar. El tema es que no se construya sobre eso un debate mentiroso en torno a algo que es muy importante para la sociedad. Siempre hay víctimas, por eso hay que ser muy respetuosos y no hacer caranchismo.
El error es pensar que se resuelve con el ejercicio de la fuerza. Por ejemplo, en el caso de Rosario, empezamos a discutir la creación de fiscalías y juzgados que son muy importantes en la persecución al narcotráfico. La discusión también tiene que ver con lo económico, donde la oposición hace dos años se negó. Las sociedades anónimas simplificadas, creadas durante el macrismo, recientemente se descubrió que eran utilizadas por Los Monos, una de las bandas más importantes de Rosario. Habían creado por lo menos 50 a través de las cuales lavaban dinero. Si no hay redito económico se acaba el narcotráfico. Poder controlar esas herramientas, que son las que garantizan el negocio.
Hay que pensar la seguridad integralmente y dejar de darle una utilización, cada vez que viene una campaña electoral, para engañar a la población de que la mano dura es una solución mágica para un problema que es gravísimo y que hay que abordar desde muchos aspectos.

Usted presentó el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional. ¿En qué estado se encuentra en la actualidad?
PP: Logramos algo muy importante, que fue obtener un dictamen. Fue un debate muy arduo, tuvo muchas modificaciones. Creemos que un proyecto de esta naturaleza no sirve si no escucha la opinión de la sociedad, de quienes han sido directamente involucrados en estos temas, como familiares de víctimas y organismos de derechos humanos. Un involucramiento también del Estado, en este caso a través de la Secretaría de Derechos Humanos que fue la principal promotora de esta ley.
Todo dio como resultado una ley distinta a la pensada al principio. Creo que ahí es donde verdaderamente sirven las leyes, donde escuchan a la sociedad civil y se pueden transformar y mejorar varios aspectos. Encontramos poco eco en la oposición, luego de una preocupación inicial muy grande porque fue en medio de los abusos de las fuerzas de seguridad durante la pandemia. Eso que declamaban, al momento de ponernos de acuerdo, no ocurrió.
En una Cámara tan paritaria se vuelve más difícil pensar en una perspectiva de avance con normas que ya sabemos que no van a tener su acompañamiento, pero no quiere decir que dejemos de intentarlo. Ya lo tuvimos en el temario de sesiones extraordinarias, como muestra de voluntad de que se vuelva a debatir. Este año tenemos que volver a dictaminar, así que pasaremos nuevamente por ese proceso.

14.3.2023

En el marco de una agobiante ola de calor que agudiza los problemas de la infraestructura escolar porteña, las y los docentes de Ademys realizaron un paro este martes para reclamar junto a la comunidad educativa “una solución inmediata” por parte del gobierno de la Ciudad para que las escuelas sean lugares seguros para trabajadores y estudiantes.

Docentes porteños nucleados en el gremio Ademys convocaron a un paro y un “faltazo de estudiantes” este martes ante “la crisis de infraestructura escolar en plena ola de calor” y en reclamo al Gobierno porteño de “una solución inmediata para que las escuelas sean lugares seguros”.
En el marco de la medida de fuerza, el sindicato convocó durante la tarde a una asamblea de trabajadores y trabajadoras en la escuela Julio Cortázar, situada en la calle Bogotá 2759.
“Las condiciones de las escuelas de CABA, ante la falta de presupuesto educativo, son deplorables y no permiten garantizar el aprendizaje”, advirtieron desde Ademys en un comunicado en cual anunciaron un paro “ante la ola de calor, el recorte de infraestructura y la pérdida de salario”.
Indicaron también que en los establecimientos escolares de la Ciudad se registraron en los últimos días “falta de luz, de agua, ventiladores sin funcionar o insuficientes en aulas de más de 30 estudiantes”, en tanto que aseguraron que “la semana pasada tuvimos que asistir a decenas de estudiantes y trabajadores” por las altas temperaturas.
“Los docentes y la comunidad educativa exigimos una solución inmediata por parte del gobierno de la Ciudad porque el Estado es responsable”, argumentaron.
En ese sentido, informaron sobre situaciones puntuales que registraron en establecimientos escolares donde no contaban con ventiladores en funcionamiento como en la Escuela 2 del Distrito Escolar 21; y los cortes de luz en otras instituciones, como la Fernando Fader del barrio de Flores.

13.3.2023

En plena ola de calor, denuncian que llevan 4 días sin servicio eléctrico. Las consecuencias son: falta de agua, pérdida de comida y medicaciones. Las personas mayores, electrodependientes e insulinodependientes, junto a las y los niños son los más afectados.

Las y los vecinos del barrio de Villa lugano están llevando adelante dos cortes en la zona, uno en la Avenida Fernández de la Cruz y Guaminí y el otro en Avenida Fernández de la Cruz y Timoteo Gordillo. “Esto no se aguanta más, llevamos 4 días sin luz”, expresaba una de las vecinas.
Otro vecino decía: “Nosotros, las personas mayores, los enfermos y los niños, somos los más afectados, esto es inhumano, ¿hasta dónde piensan llegar? No tenemos ninguna respuesta, ni de parte de Edesur, ni de parte del gobierno.
No tienen agua, perdieron la comida y las medicaciones. Este lunes, se registró un número altísimo de usuarios sin energía en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La bronca de la población contra las privatizadas va creciendo.
Según los datos oficiales, entre las dos empresas privatizadas que prestan servicio en el AMBA, Edesur y Edenor, se registran al momento de publicar esta nota más de 100 mil usuarios sin suministro, superando los 190 mil durante el transcurso de este lunes.

13.3.2023

La legisladora Alejandrina Barry del Frente de Izquierda presentó un proyecto de emergencia para palear la ola de calor en escuelas porteña. Soledad Acuña solo envió botellitas de agua y la crisis en las escuelas continua al ritmo del calor agobiante. “Así no se puede estudiar. No solo el problema es el calor, sino en especial la falta de medidas para paliarlo y la falta de infraestructura escolar”, aseveró la legisladora.

Otra semana donde la crisis escolar en medio de la ola de calor sigue dejando a escuelas sin clases, chicos que se desmayan en las aulas y docentes que no tienen las herramientas suficientes para enseñar, el larretismo impidió que la Legislatura porteña trate este flagelo que parece no tener fin. ¿Habrán intentado la inoperancia de la ministra Soledad Acuña, actual precandidata a Jefa de Gobierno? ¿Habrán intentado ocultar que en los últimos 10 años cayó un 43% el presupuesto educativo respecto a la infraestructura escolar? Se cual fuera el motivo, la Legislatura porteña debería tratar este importante problema de la Ciudad.
Te puede interesar: Marzo recaliente. Ola de calor que no para, ¿hasta cuándo?
Ni bien el servicio meteorológico anunciara la continuidad de la ola de calor, la alerta naranja y los constantes cortes de luz y por ende la falta de agua, el pasado 6 de marzo, la legisladora Alejandrina Barry del PTS en el Frente de Izquierda, presentó un proyecto de resolución para encarar medidas de emergencia que permitiera la seguridad sanitaria para alumnos y docentes en las escuelas porteñas. “Entre el calor agobiante, desmayos de por medio y los cortes de luz, nadie puede estudiar ni enseñar. La ministra de educación Soledad Acuña sólo atinó a mandar botellitas de agua y a negarse suspender las clases. Propuse medidas de emergencia para que se pueda seguir estudiando de verdad y no que sea un simulacro, pero el larretismo impidió que se trate mi proyecto y ningún otro proyecto sobre este, uno de los principales problemas actuales de la Ciudad”, aseveró la legisladora.
El proyecto de declaración y preocupación planteaba “El Gobierno deberá garantizar suministro de agua fría potable, aires acondicionados portátiles y ventiladores que garanticen la salud del alumnado y la docencia en todos los establecimientos educativos considerando que hay escuelas también sin luz y/o agua”. Medidas mínimas de emergencia para garantizar las clases y abrir el debate en la Legislatura porteña para lograr su aplicación y elaborar otras medidas necesarias.
Esta nueva semana vuelven y continúan los problemas en las escuelas porteñas, asi lo denuncia el sindicato docente Ademys y en las redes sociales se pueden ver denuncias similares en la mayoría de las escuelas porteñas.
“Es necesario retomar este debate para tomar medidas de emergencia en medio de esta situación. En ambos lados de la Gral. Paz se viven los mismos problemas y la discusión no puede caer en suspender o no las clases. Debe de haber clases en condiciones mínimas para que los alumnos estudien y los docentes enseñen. Ese debe ser el rol de los gobiernos garantizar una educación digna, no puede ser solo una pelea de campaña electoral. Estaré al lado de los estudiantes, familias y docentes que pelean a diario por la defensa de la educación publica, los únicos interesados de verdad”, afirmó la legisladora del Frente de Izquierda.