Red de radios

26.02.2023

Por Gabriela Figueroa

La ex diputada fue nombrada por Larreta para dirigir el organismo que, junto a organizaciones civiles, debe proponer políticas públicas. Sin embargo, su conformación despierta polémica: grupos anti abortos, anti cannabis y con fuerte presencia evangélica.

“El programa de Hotton es provida y profamilia, una economía de corte liberal”, anunció el sitio Evangélico Digital hace unos días, cuando la ex diputada Cynthia Liliana Hotton asumió al frente del Consejo Social porteño. Consolidó así la alianza del partido conservador que fundó en 2009 (Valores para mi País) con Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de un intento del jefe de gobierno porteño de «pelearle» el voto de ultraderecha a Patricia Bullrich y Milei que incluyó, por ejemplo, la incorporación al gabinete también de Waldo Wolff. Pero ese Consejo, creado para evaluar y proponer políticas en la Ciudad con el aporte de las distintas organizaciones comunitarias, ya exhibe un claro perfil, en base a su nueva integración anti derechos y con una fuerte presencia evangelista.
«Estoy en la gestión de la Ciudad, pero mi recorrido político y mi corazón están en la provincia de Buenos Aires”, declaró a la prensa Hotton, que obtuvo el 1,5% de los votos en las PASO del 2021. En septiembre había admitido acercamientos “con espacios afines con nuestra forma de pensar”. Mantuvo conversaciones con “parte del equipo de Javier Milei, lo mismo con gente del equipo de Patricia Bullrich, tenemos que ver cuáles van a ser las propuestas para salir de la crisis, pero también de la grieta”. Al frente del Consejo, la diversidad de pensamientos e ideologías no parecería condecirse con ese deseo.
Los frutos del acuerdo político con Larreta la colocaron como titular de un espacio de articulación y diseño de políticas públicas para la ciudadanía porteña. En diálogo con Eduardo Feinmann, definió sus ejes de gestión: «Tenemos cinco ejes. El tema de la discapacidad y la inclusión con una mirada a la salida laboral. La adopción, el embarazo vulnerable y primera niñez y el tema de las adicciones que es una gran problemática dentro de los hogares». Su cargo en el Consejo Social, según anunció el propio mandatario, le permitirá a Hotton “tener una mayor interacción con ONGs, entidades religiosas, empresariales y fundaciones”. Así la definió: «representa a un sector muy importante de la sociedad que se identifica con la vida, la familia, la verdad y la justicia».
El consejo consultivo de organizaciones de la sociedad civil y del empresariado elegido por ella, será quien proponga al Ejecutivo porteño determinadas políticas acorde a sus criterios. ¿Cuáles son esas organizaciones y a qué se dedican? ¿Cuál es la agenda política que refleja su participación?

Un Consejo antiderechos

Más de 45 organizaciones se unieron al Consejo consultivo de Hotton, según un comunicado oficial. Entre ellas se destacan la Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, representada por Susana Mobilia, que se creó en 2019 en oposición a la Ley del Aborto Voluntario y que, entre otros, promueve una línea telefónica gratuita que desinforma sobre los abortos. En octubre informaron que desde su constitución ya habían recibido 856 llamadas, 1088 casos surgidos por WhatsApp e incluso asistieron a 24 mujeres del extranjero que se contactaron a partir de las redes sociales.
Otra que figura es la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, por medio de su presidenta Rosa Inés Scioti, que durante el debate de la ley IVE difundió un comunicado en el que afirmaba que “la eliminación de restricciones al aborto deriva en prácticas eugenésicas en personas con Síndrome de Down”. Participa también Marisa Kulanezynsky en representación del Frente Nacional Provida y de la Comisión Federal Abogados Provida, quienes expusieron ante el Senado en contra de la ley IVE. La abogada Gabriela Micucci participa en representación del Observatorio Por la Vida y la Familia “Juan Pablo II”, creado por el partido Democracia Cristiana de Buenos Aires, que a todas luces se opuso a la ley del aborto.
Otra participación resaltada es la de las organizaciones nucleadas en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera) –férrea opositora a la ley IVE, a la Educación Sexual Integral y a los derechos de la comunidad LGBT– que tiene una representante directa: la pastora María Teresa Celli. Además, son parte del Consejo Social el pastor Diego Celli (esposo de María Teresa) por la Red Evangélica de Adicciones; Fernando Rimoldi, por Semillas de Esperanza; la pastora Graciela Jiménez, presidenta de la Asociación Mujeres por la Nación (red de asociaciones sociales cristianas) y Noelia Ferreira de Abrazo del Cielo Argentina, entidad que surge con la “misión de intervenir en la vida de bebés cuyos padres han decidido abortarlos sin importar las razones”.
El evangelismo, según datos del Conicet, creció de forma exponencial: en 2008 representaba un 9% de la población y en 2019 pasó a ser de un 15,3 por ciento. La creciente influencia de las iglesias evangélicas en la vida política se vio reflejada en diciembre pasado cuando Alberto Fernández recibió a representantes de Aciera en la Casa Rosada y funcionarios de su cartera participaron de los festejos de los 40 años de la entidad.

Una agenda «Pro vida»

“Tenemos claro que este trabajo en equipo va a lograr que seamos agentes de cambio para transformar juntos esas realidades que tanto nos preocupan y duelen. Siempre nuestra mirada y compromiso es con la vida, la familia”, declaró Hotton al asumir su cargo en la CABA. En conversación con Radio Rivadavia, añadió que trabajarán con embarazos vulnerables y primera niñez, adicciones, problemáticas de adultos mayores “no desde el asistencialismo sino abrir espacios para que puedan trabajar desde el voluntariado”.
Si bien durante 2021 había expresado que “si se pudieran dar las condiciones de ver que hay mayoría, por supuesto que se intentaría revertir la ley del aborto. Trabajaría muchísimo en ver qué proyectos de ley pueden ser aprobados”, en nuevas declaraciones se mostró cautelosa: “en nuestro espacio, por supuesto, siempre decimos que estamos a favor de la vida en todas las instancias, pero hay momentos para dar los debates”. Y prosiguió: “hay un contexto, en este momento no hay debates, sino que hay una ley. Cuando se votó el aborto también se votó la ley de contención para la mujer y la primera infancia y vamos porque esa ley se implemente”.

Una carrera con una obsesión: quitar la Ley IVE

“No soy igual que Florencia de la V, aunque ella quiera decirlo y aunque muchos la defiendan no soy igual y no quiero que ella esté defendiendo la causa de las mujeres desde un lugar de mujer”, afirmó Cynthia Hotton en 2021. “Hay que despojarnos de esta imposición ideológica, dogmática, y también de las ideologías de género que quieren imponerles a nuestros hijos. Con los chicos no se metan”, publicó. “Terminemos con el #RelatoVerde. El aborto no es salud. Es matar a una persona, a un hijo y uno de los procesos más traumáticos que puede atravesar una mujer. La vida es el único camino”, afirmó cuando se debatía la ley IVE. “La muerte de Lucio es consecuencia del feminismo exacerbado y de un Estado ausente”, dijo hace unas semanas.
Hotton llegó a la política de la mano de Ricardo López Murphy. De familia diplomática y evangélica pentecostal, cursó la secundaria en el College Calvin de Ginebra (Suiza), se recibió de economista en la UBA y habla cinco idiomas. Hizo carrera en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Entre 2007 y 2011 fue elegida diputada nacional por el PRO, hasta que en 2019 fundó su partido: “Valores para mi país”, con el apoyo de las iglesias evangélicas. En 2019 se tomó licencia de su cargo de diplomática en la OEA para candidatearse a vicepresidenta del exmilitar Juan José Gómez Centurión.
Los vínculos entre el larretismo y el evangelismo no son nuevos. A cargo del Instituto de la Vivienda está Gabriel Mraida, hijo de un pastor evangelista. Junto a Hotton se sumó al gabinete Silvia Lospenatto, que en su momento defendió la Ley IVE, razón por la que, aseguran, no hay buena relación. En las últimas elecciones Hotton declaró: «Si se pudieran dar las condiciones de ver que hay mayoría, por supuesto que se intentaría revertir la ley del aborto. Trabajaría muchísimo en ver qué proyectos pueden ser aprobados».

Contra el cannabis

El Consejo Social reúne a organizaciones que se oponen a la legalización del cannabis, como Stella Maurig de La Madre Marcha y Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidroga, que también impulsan un cambio en la Ley de Salud Mental y que haya una norma para adicciones. También se destaca la Mesa Nacional de Organizaciones que trabajan en Adicciones, representada por Silvia Alcantara y Javier Silberman. El 14 de febrero, difundió un comunicado: “Ante las declaraciones del flamante presidente de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal, Francisco Echarren, acerca de la intención del gobierno nacional de avanzar hacia la legalización de la marihuana en Argentina, expresamos nuestra profunda preocupación. Hace tiempo venimos denunciando sistemáticamente la promoción de lo medicinal y lo industrial como el Caballo de Troya de los promotores de la legalización de esta droga. No nos oponemos a la investigación científica y el desarrollo de fármacos cannabinoides, aislados en laboratorios y administrados por especialistas médicos, para el tratamiento de ciertas enfermedades. Pero de ningún modo validamos el autocultivo ni la producción casera de elaboraciones cannábicas”.
También forma parte del Consejo el ex puma Matías Dalla Fontana, psicólogo e impulsor del Proyecto Deporte Solidario. El año pasado expuso ante la Corte Suprema sobre el autocultivo de cannabis, rechazándolo enfáticamente: «La Corte debe ser taxativa en diferenciar las propiedades medicinales de una molécula respecto del efecto de numerosas otras moléculas del cannabis, como el THC, que tienen efectos psicoactivos, nocivos y adictivos. Hay mapeos cerebrales que confirman que el THC afecta las funciones cognitivas del cerebro y ese daño puede ser irreparable en un adolescente. Por eso, reitero, la Corte debe ser taxativa y aclaratoria, y eso es lo que fuimos a decir».
En una entrevista a Infobae rechazó cualquier posible legalización: «En términos sanitarios, no lo es bajo ningún concepto, ni siquiera es algo viable en nuestras condiciones institucionales y con 6 de cada 10 niños en la pobreza. Ahora bien, en términos geopolíticos, parece ser una prioridad, pero para otros agentes. Esto lo anuncian los propios agoreros globalistas hoy en boga, ayer pudo haber sido Fukuyama y hoy es otro adalid de ese pensamiento, como un Harari: están hablando de una parte de la humanidad ya condenada inexorablemente a ser reducida a una sub-especie con una deuda bio-neurológica que la hace no integrable al resto».

23.2.2023

Este jueves 23 de febrero, durante la mañana, las y los vecinos de la Villa 20, más las familias y maestras del Centro de Primera Infancia “Puentecito Latinoamericano” y docentes de escuelas del barrio de Lugano, realizaron un corte para visibilizar la situación.

Este jueves 23 de febrero, durante la mañana, las y los vecinos de la Villa 20, más las familias y maestras del Centro de Primera Infancia “Puentecito Latinoamericano” y docentes de escuelas del barrio de Lugano de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron un corte en la Avenida Cruz por cortes de luz, falta de agua y problemas de cloacas.
Maestras y comunidad educativa, en unidad, realizaron un corte para denunciar que el Centro de Primera Infancia “Puentecito Latinoamericano” ubicado en la Villa 20, no tiene luz, en consecuencia, tampoco agua y las cloacas están rebalsadas.
No es un caso aislado, ya que el barrio viene padeciendo largos períodos de cortes de luz y falta de agua. Por este motivo, las y los vecinos, hace unos días atrás, con altísimas temperaturas, salieron a cortar la Avenida General Paz y la autopista Richieri. La respuesta de los gobiernos, fue una gran represión por el simple hecho de no permitir el derecho a la protesta.
Las clases comienzan la semana que viene y las condiciones de infraestructura, nuevamente como suele ocurrir en la zona, demuestran qué poco les importa la educación a los gobiernos. Las empresas como Aysa y Edesur, lucran mientras que, a las grandes mayorías de los barrios, se les niegan derechos elementales.

23.02.2023

Por Marcelo Valko

¡SANDINO ES REVOLUCIÓN! Este jueves se realizó un hermoso acto conmemorando el 89° aniversario del paso a la inmortalidad del “General de Hombres Libres” Augusto César Sandino en el Auditorio de ATE. Allí, un público entusiasta colmó el anfiteatro para recordar las hazañas de aquella primera guerrilla del continente, aquel “pequeño ejército loco” como señala Gregorio Selser que logró derrotar por primera vez al Ejército de EE UU. Acompañaron el acto popular los embajadores de Cuba, Venezuela, Bolivia y Palestina y obviamente el embajador nicaragüense el intelectual Carlos Midance.

El Secretario de ATE Hugo “Cachorro” Godoy como anfitrión abrió el evento dando la bienvenida a los presentes y haciendo un breve racconto de las luchas de la Patria Grande acotando un detalle significativo, ya que en 2023 se conmemoran los 200 años de la nefasta Doctrina Monroe “de América para los Norteamericanos”. A continuación, un lúcido Héctor Bernardo alertó que no hay que permitir que el poder simbólico se diluya. Es necesario cuidar y mantener en alto los símbolos como en este caso Sandino, no como héroe nicaragüense sino como un héroe de la Patria Grande. Tampoco hay que amedrentarse ante la desigual correlación de fuerzas como lo hizo Sandino que frente al Ejército más poderoso del mundo lo enfrentó haciendo granadas con latas de sardinas. A su vez Paula Klochko hizo un bosquejo histórico. Al embajador Carlos Midence le cupo dar una apasionada semblanza de lo que significa Sandino para su país acosado por el poder mediático. Aseguró que todos somos ciudadanos de la Patria Grande y brindó un dato que suele ser muy poco difundido: Nicaragua es el país del mundo que fue más veces invadido por EEUU. También, aprovechando que se encontraba presente el embajador de Palestina aseguró que se puede luchar con piedras contra tanques. El acto también contó con la presencia del notable pensador Atilio Borón y quien fuera vicepresidente, Amado Boudou. Finalizó con un hermoso número musical y una degustación de comidas típicas de hermano país centroamericano. Para cerrar esta nota un pensamiento del héroe de las Segovias: “Venid gleba de morfinómanos, venid a asesinarnos a nuestra propia tierra, que yo os espero a pie firme al frente de mis patriotas soldados, sin importarme el número de vosotros; pero tened presente que cuando esto suceda, con la destrucción de vuestra grandeza trepidará el Capitolio de Washington, enrojeciendo con nuestra sangre la esfera blanca que corona vuestra famosa White House, antro donde maquináis vuestros crímenes”. Es lento, pero viene…

22.02.2023

Parásitos capitalistas y funcionarios enriquecidos con subsidios del Estado sin control. Vaciamiento del ferrocarril y un servicio cada vez más decadente. Fue una masacre anunciada por los propios trabajadores ferroviarios y los usuarios, pero nunca prevenida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Un crimen social que se cobró 52 vidas del pueblo trabajador.

Este miércoles se cumplen once años de aquella mañana del 22 de febrero de 2012 que irrumpió con imágenes de horror y desesperación que quedaron en la memoria popular. La formación de tren 3772 de la Línea Sarmiento llegaba a la terminal de la Estación de Once de la Ciudad de Buenos Aires, pero no frenó a tiempo y chocó contra los frenos del andén 1. Como consecuencia del impacto fallecieron 52 personas y 789 resultaron heridas. Las cifras de un nuevo crimen social a manos de empresarios y funcionarios enriquecidos a costa de la vida del pueblo trabajador.
Familiares que buscaban desesperadamente noticias durante horas y días para enterarse del fallecimiento de sus seres queridos, emprendieron luego una lucha, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, el reclamo de juicio y castigo para los responsables.
Fue gracias a esta lucha que lograron llevar a juicio a empresarios beneficiados con los subsidios estatales sin control, y con el vaciamiento del ferrocarril, así como también a funcionarios y exfuncionarios responsables por las políticas de transporte, de todos los gobiernos, pero especialmente el kirchnerista. La Masacre de Once es un emblema trágico de un largo proceso de negociados y corrupción que atravesaron las concesiones de los ferrocarriles.

Los responsables y los juicios

En 2013, se elevó la causa a juicio oral con 28 procesados por los delitos de “defraudación contra la administración pública” y “descarrilamiento culposo”. Y el 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 2 dictó 21 condenas y 7 absoluciones. En este proceso quedó descubierto que el accidente fue causado, entre otras cosas, por el estado de la infraestructura ferroviaria a raíz de la falta de inversión para el mantenimiento del Sarmiento y el descuido de la seguridad con que las formaciones hacían su recorrido.
Julio De Vido, el poderoso exministro de Planificación Federal durante los doce años de gobiernos kirchneristas fue condenado en 2018 a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de “administración fraudulenta”. La sentencia del Tribunal Oral Federal 4 consideró que debió controlar los fondos públicos que la empresa TBA recibía y no invertía en el servicio. La Cámara de Casación confirmó la condena y remarcó que De Vido tenía conocimiento de todos los incumplimientos de TBA, basándose en informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
En septiembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas del exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (cinco años y medio de prisión), a los empresarios Sergio y Roque Cirigliano, el maquinista del tren Marcos Córdoba (tres años y tres meses) y de otros condenados en el juicio. Quedó pendiente la de Ricardo Jaime, también exsecretario de Transporte durante la gestión kirchnerista, pero en la actualidad está detenido y sometido a juicio en el marco de una pesquisa por enriquecimiento ilícito y otros hechos de corrupción.
Claudio Cirigliano, máximo responsable de la empresa TBA, obtuvo una condena firme a 7 años de cárcel y actualmente cumple arresto domiciliario desde abril de 2021.
Quedó expuesto que los funcionarios del kirchnerismo, que posaban de progresistas y opuestos a la derecha (que usó demagógicamente la masacre en beneficio propio), eran parte de una casta política que utilizó recursos públicos para su financiamiento político y enriquecimiento personal. La ganancia capitalista y la corrupción estatal tuvieron como víctimas al pueblo trabajador.
A partir de la crisis abierta en la administración bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner luego de la masacre, mientras defendía lo hecho por su gobierno y ponía el foco en la responsabilidad del maquinista, buscó darle una salida mediante la nacionalización de la gestión de los ferrocarriles, con su ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo, e invirtiendo en la renovación de trenes e infraestructura.
Sin embargo, desde entonces, nada se hizo para obligar a los Cirigliano y cómplices a devolver los fondos entregados por el Estado para sus negociados. Además de que muchos problemas del servicio continuaron, junto con la persecución estatal y de la burocracia sindical a los trabajadores ferroviarios que sistemáticamente denunciaron antes, durante y después de la masacre las condiciones laborales y de funcionamiento de los trenes.

21.02.2023

En CABA ya hay 70.000 viviendas en alquiler temporario. Además del turismo, también se usan para esquivar la Ley de alquileres. Crece el reclamo de regulación por parte del Estado. El alquiler turístico o “temporario” se expande como un virus por la Ciudad de Buenos Aires y ya es un problema también en otras partes del país como Bariloche.

Entre septiembre y diciembre de 2022, entre los alquileres ofrecidos en CABA a través de la plataforma Airbnb, el rubro “viviendas completas” -no habitaciones-, aumentó un 20%. Ya en diciembre, de 20.000 avisos publicados, 18.000 eran para viviendas completas. Esto eleva el número de alquileres temporarios a 70.000, sumando las ofertas de todas las plataformas. Y achica el margen de viviendas disponibles para alquileres permanentes que en CABA se estima en 530.000 hogares.
Esta nueva forma de contratación de alquileres, que esquiva la Ley de alquileres y Ley de alquiler temporario sancionada por la Legislatura porteña en 2019– hecha a medida de plataformas como Airbnb– propone nuevos desafíos al Estado a la hora de regular el acceso a la vivienda. La modalidad liderada por las plataformas enmascara una llana flexibilización del mercado inmobiliario: restringe la oferta de vivienda permanente y fuerza al inquilino a aceptar contrataciones fuera de la Ley nacional 27.551.
El objetivo es “generar mayor renta dolarizada”, dijo Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados. Por eso el alquiler turístico crece en CABA, Patagonia, en el centro del país, en ciudades que son destino y tránsito de viajeros. Y las inmobiliarias lo sostienen porque muchas son dueñas de departamentos y “cuanto más corto el contrato más comisiones cobran” afirma.
El efecto de esta renta desmedida es un desplazamiento de la vivienda permanente al turismo, generando alza de precios, cuando no dolarización. Este tipo de alquileres no es sólo para turistas, muchas personas que no cumplen los requisitos para alquilar de forma “permanente” se ven obligados a aceptar las condiciones de estas plataformas, que les piden menos requisitos a un mayor precio. De esta manera, el alquiler turístico se vuelve alquiler temporario para gente que vive en la Ciudad.
Algunas de las grandes ciudades del mundo ya regulan esta actividad, mientras otras debaten como hacerlo. El objetivo final es que las plataformas puedan funcionar sin que afecten el acceso a la vivienda de las personas que residen allí, tanto en disponibilidad como en precios.