Red de radios

22.10.2022

El sábado 22 de octubre se realizará una jornada por la reapertura del Cine Artecinema de Constitución. Se proyectará el documental “¿Qué se hace para recuperar un cine?” de Eduardo Cartoccio, y luego se hará una charla-panel sobre la situación del Artecinema, coordinado por la Asamblea del Artecinema. Será a partir de las 18, en el Espacio Cultural La Casa de Apolo, ubicado en Vierrey Cevallos 768 de la Ciudad de Buenos Aires.

21.10.2022

“El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos” presentó una acción de amparo colectivo ambiental señalando que este plan no cumple con el contenido mínimo que exige la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (Ley N° 27.520) y no está reglamentada la participación ciudadana.

La acción fue presentada a través de los referentes Claudio Lozano (economista y presidente de Unidad Popular), María Eva Koutsovitis (ingeniera, CLIC/IPYPP) Jonatan Baldiviezo (abogado, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad) y Félix Cariboni (Fundador del ODC/IPYPP).
La causa judicial tramita en el Expte. N° 351953-2022/0 caratulado “ASOCIACION CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – AMBIENTAL”
En la demanda solicitan:
A. Se ordene al GCBA a incorporar los indicadores de progreso y monitoreo, y el financiamiento en la hoja de ruta correspondiente a cada una de las medidas (acción, sub acciones, acciones que complementan) del Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento del art. 20 y 25 de la Ley Nacional N° 27.520.
B. Se ordene al GCBA que la incorporación de los referidos indicadores de progreso y monitoreo y el financiamiento en la hoja de ruta correspondiente a cada una de las medidas (acción, sub acciones, acciones que complementan) del Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad de Buenos Aires, se realice a través de “procesos de participación” ciudadana respetando lo dispuesto en el art. 25 de la Ley Nacional N° 27.520, en el art. 10 de la Ley N° 3871 y en los arts. 7 y 8 del Acuerdo de Escazú.
C. Se ordene al GCBA reglamentar el art. 10 de la Ley N° 3871 de acuerdo a los principios y directrices de la Democracia participativa ambiental que surgen del art. 25 de la Ley Nacional N° 27.520 y de los arts. 7 y 8 del Acuerdo de Escazú.
D. Se ordene al GCBA implementar mecanismos de participación ciudadana para la discusión del contenido de la reglamentación del art. 10 la Ley N° 3871 en cumplimiento de la Democracia Participativa Ambiental (Opinión Consultiva N° OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; arts. 3, 5, 6 y 7 del Acuerdo de Escazú; arts. 1, 11, 27, 62, y 104, incisos 27 y 29 de la Constitución de la Ciudad; y arts. 4 y 19 de la Ley N° 25.675).
Ing. María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA e investigadora del IPYPP, expresó:
“La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en “emergencia urbanística, ambiental y habitacional”. Por este motivo, es sumamente grave que no contemos con una Plan de Acción Climática que respete los contenidos mínimos que exige la normativa nacional para afrontar la Crisis Climática. Con el Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad de Buenos Aires, que es un panfleto de enumeración acciones, nos encontramos huérfanos de una herramienta esencial para afrontar la crisis climática.
En los últimos años, la Legislatura local se ha dedicado casi con exclusividad a discutir y aprobar leyes relacionadas con la venta de tierras públicas, excepciones inmobiliarias a través de convenios urbanísticos, y a la actualización del Código Urbanístico y el Código de Edificación para continuar habilitando la especulación inmobiliaria y la sobreconstrucción.
La pandemia había creado la expectativa de rediscutir el rumbo de la ciudad, las concesiones de los servicios públicos, la prestación de los servicios de salud y educación, la planificación de la ciudad, el destino de las tierras públicas, entre otros temas. Sin embargo, estos debates nunca se iniciaron y estructuralmente no sucedió ningún cambio.
Al BA Ciudad Verde, un conjunto de colectivos y asambleas enfatiza el BA S.O.S. La emergencia ambiental se puede concretizar en la siguiente situación.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) informa que el aumento en la temperatura de la superficie global fue de 1.09°C en 120 años. En la ciudad, el modelo urbano ha potenciado el fenómeno de calentamiento. La temperatura máxima anual aumentó casi 1°C en las últimas tres décadas.
En los últimos 13 años, la ciudad privatizó 150 hectáreas de superficies verdes públicas. En el Parque de las Victorias, 45 hectáreas fueron destinadas nuevamente a una cancha de golf y 20 hectáreas del Parque de la Ciudad van a parcelarse para su venta. Los playones ferroviarios, últimas grandes reservas de suelo, fueron rematados por la dupla Macri-Larreta. Algunos sectores se salvaron por acciones judiciales o porque la derrota electoral de 2019 no les dio tiempo para terminar con el plan sistemático de traspaso de tierras públicas a manos privadas.
Los datos oficiales revelan que los valores medios de superficie verde por habitante en la Ciudad de Buenos Aires (6 m2) se encuentran muy por debajo de los estándares internacionales recomendados (entre 10 y 15 m2). Sin considerar cementerios, plazoletas secas, maceteros, bulevares, jardines verticales y otras categorías similares, la cifra real es de 4,7 m2. Este indicador ambiental no se distribuye de manera uniforme en el territorio, resultando extremadamente crítico en los barrios populares, donde alcanza valores 100 veces menores a los recomendados. Balvanera, Once y San Cristóbal (Comuna 3) y Almagro-Boedo (Comuna 5) cuentan con 0,4 y 0,2 m2 de superficie verde por habitante respectivamente. El promedio de arbolado público por habitante en la ciudad (un árbol cada siete habitantes) es inferior a la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (uno cada tres).
Todos nuestros ríos y arroyos se encuentran altamente contaminados. La recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo, a casi 15 años de la sentencia de la Corte Suprema, aún está lejos de concretarse. El GCBA, en el marco de su estrategia de marketing ambiental, presentó el proyecto denominado “Regeneración del Arroyo Medrano” en el Parque Saavedra. Este relato terminó cuando los propios estudios de impacto ambiental realizados por la consultora contratada por el GCBA informaron que el proyecto consistiría en un zanjón con agua de napa estancada y contaminada. Hasta el Banco Mundial se despegó de este proyecto, cancelando el financiamiento porque el GCBA no había garantizado la suficiente participación ciudadana.
Un tema que empeora es la contaminación sonora. El uso del espacio público está totalmente liberado. Situación que está destruyendo el equilibrio de los usos residenciales y comerciales (gastronómicos/bailables) en los barrios. El Casco Histórico de la ciudad es uno de los ejemplos más emblemáticos de este escenario.
Otro sector con grave contaminación sonora es el polo musical que se instaló en los predios del Campo Argentino de Polo, del Hipódromo Argentino y del Paseo de la Infanta. Estos predios son utilizados para realizar megaeventos musicales sin que cuenten con los permisos ambientales correspondientes en zonas donde el Código Urbanístico no lo permite. También se instalaron locales de baile y de música que no cuentan con habilitación ni con certificados de aptitud ambiental. En el Paseo de la Infanta, los “barliches” avanzaron ocupando las plazas que rodean los arcos ferroviarios y son parte del Parque 3 de Febrero que es el Área de Protección Histórica 2 y a la vez tiene zonificación Urbanización Parque (UP). Los boliches en parques públicos son el sueño cumplido del gobierno. También lo vemos cumplido en la costanera con el Distrito Joven”.
Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, manifestó:
“El GCBA pretende consolidar su marketing verde con el encuentro C40 ocultando deficiencias graves en la gestión de la crisis climática.
Por ejemplo, contamos con un Plan Urbano Ambiental, aprobado en 2008, que debió actualizarse cada cinco (5) años de acuerdo con la Ley N° 71. Transcurrieron 14 años desde la sanción del PUA y si bien debería haberse actualizado en el 2013 y en el 2018, todavía no tuvo ninguna actualización. Contamos con una ley marco de planificación que se encuentra desfasada temporalmente en más de 20 años. La ciudad sufrió una enorme transformación en estas últimas dos décadas.
Tampoco la Ciudad cuenta con un Modelo Territorial que espacialice el Plan Urbano Ambiental. Otro mandato legal incumplido. Pero el incumplimiento más grosero es la falta de aprobación del Código Ambiental, una deuda de 25 años.
Respecto al Plan de Acción Climática se pueden advertir dos hechos gravísimos, su elaboración sin participación ciudadana y que se asemeja más a un panfleto de acciones que realiza el GCBA que a un verdadero Plan de adecuación y mitigación al Cambio Climático.
En 2011 se votó la Ley N° 3871 que ordenó al GCBA a elaborar un Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
A estas alturas, el GCBA ya contaba con un Plan de Acción Climática aprobado en el año 2009. En el año 2015 aprobó el segundo Plan y el tercero fue aprobado en el año 2021. Estos dos últimos planes deberían ser la actualización del primero pero el GCBA los presenta como nuevos planes, desconectados unos de otros, en violación a la Ley de Cambio Climático que exige la actualización periódica cada 5 años. Por ende, no existe ningún informe de evaluación de los resultados de los dos primeros planes. El tercer Plan se aprobó sin considerar la existencia de los dos primeros. En 12 años no tenemos ningún análisis de si los otros planes funcionaron o no. Una década perdida.
Según lo expresado por el GCBA, estas acciones permitirán reducir nuestros riesgos climáticos presentes y futuros; lograr una distribución justa de los beneficios ambientales, sociales y económicos y alcanzar una reducción del 53% de nuestras emisiones para el 2030 y de más del 84% para el 2050. Sin embargo, este Plan no cuenta con ninguna forma de evaluación formal o algún sistema de indicadores que permita verificar el cumplimiento periódico de sus acciones y metas. Más que un Plan se asemeja a la suma de actividades que el GCBA viene implementado sin ton ni son con ausencia de indicadores cuantitativos.
En suma, resulta imposible controlar el cumplimiento de estos compromisos salvo cuando se llegue al plazo final. Es una estrategia perfecta para comunicar al mundo que la ciudad tiene un plan para ser carbono neutral y que nadie pueda expresar si se está incumpliendo, salvo cuando ya sea demasiado tarde.
Esto último fue exactamente lo que ya ocurrió con las metas de reducción de la disposición final de residuos sólidos urbanos en los rellenos sanitarios, metas que fueron establecidas por la Ley 1.854. El GCBA todos los años asumía que se encontraba en los plazos de la Ley, pero los mismos no podían ser monitoreados de forma efectiva en etapas intermedias, el resultado fue que llegó la fecha de cumplimiento donde se debería haber reducido un porcentaje y la meta fue incumplida y reprogramada con nuevos compromisos a futuros”.
Nota Completa AQUI

21.10.2022

Por Raúl Moroni

Introducción a la precarización laboral en las escuelas porteñas.

Uno de los fundamentos esgrimidos por lxs alumnxs de las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires para las recientes tomas fue su disconformidad con las “prácticas educativas” a las que fueron obligados por el Ministerio de Educación de la jurisdicción.
En efecto, lxs jóvenes del ciclo superior de las Escuelas Medias han sido enviados a trabajar obligatoriamente en empresas u organizaciones de la ciudad, iniciativa que la cartera a cargo de Soledad Acuña ha llamado “prácticas educativas”. Así pudo leerse en la página de los “compromisos” del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: “Nos comprometemos a facilitar la inserción laboral de 10.000 jóvenes mediante la realización de Prácticas Educativas”.
Cabe destacar que el trabajo que lxs alumnxs realizan en las empresas no guarda vínculo alguno con la orientación académica que cursan por elección en sus escuelas. De hecho, luego del Ciclo Básico (1º a 3er. año), la Escuela Media cuenta con un Ciclo Superior (4º y 5º año) con diferentes orientaciones a elegir: Ciencias Sociales, Economía y Administración, Ciencias Naturales, Arte, Educación Física y Lenguas Extranjeras, por ejemplo.

Teoría y práctica

Las “prácticas educativas” para estudiantes secundarios son prácticas de trabajo, que deben estar integradas en los planes y programas de estudio y formar parte de los proyectos institucionales de cada escuela. En ese contexto, cualquier práctica educativa debe vincularse con la o las orientaciones de cada escuela.
Una práctica educativa debe proporcionar a lxs alumnxs una aproximación formativa y pedagógica al campo laboral de la orientación elegida. Se procura asimismo que lxs jóvenes cuenten desde su Escuela Secundaria con una noción de acercamiento a lo que será su profesión, con aspectos de la dinámica laboral que esta requiere y con algunas de las actividades prácticas que forman parte del campo disciplinar elegido.
Este tipo de prácticas constituyen un nexo entre el conocimiento logrado durante el cursado de la orientación y la transmisión de dichos saberes al campo concreto de lo laboral. Como una mirada a futuro, como un puente entre la Escuela Secundaria y el mundo del trabajo.
Dichas actividades implican la salida de las escuelas y la concurrencia a locales de trabajo. Son un complemento que requiere legislación acorde para su realización, como por ejemplo la normativa vigente (Ley de Educación Nacional 26.206/2006 y Ley 3541/2010 de Prácticas Educativas Pre-profesionales de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras). La Ciudad de Buenos Aires no hizo nada de lo descripto. La leyes aludidas y otras no se cumplen porque el Ministerio de Educación porteño tiene otras metas, que no son precisamente educativas.

Someter al otro

Cumplir con las leyes e invertir en experiencias de educación y trabajo ciertas, para las que sobran antecedentes en la historia de nuestra educación, no requería para el gobierno de la Ciudad de un esfuerzo presupuestario que no pueda afrontar. Pero se optó por obligar a hacer otro tipo de tareas.
Las mismas no disponen de estrategias ni actividades formativas que, como parte de una propuesta curricular, tengan como meta que jóvenes cercanos a la finalización de sus estudios secundarios consoliden, amplíen e integren capacidades y conocimientos relacionados con otros saberes que ya venían estudiando.
La cultura del trabajo está íntimamente relacionada con la educación. Trabajar es, además, un hecho socialmente dignificante, siempre y cuando las condiciones pactadas para hacerlo sean aceptables para las partes que intervienen. Pero ello debe hacerse dentro de la ley y respondiendo, como en el caso que nos compete, a una lógica educacional.

Conclusión

Las tareas que el ministerio de Educación obliga a realizar a lxs alumnxs de las escuelas de Ciudad de Buenos Aires no cumplen con ninguna de las condiciones básicas que hemos mencionado para desarrollar prácticas educativas reales. Además, en las experiencias realizadas no se conoce presencia docente ni relación alguna de las empresas con las instituciones educativas, como marca la ley 3.541, que alude también al carácter educativo y a la no obligatoriedad de las prácticas.
Las “prácticas educativas” del Ministerio de la licenciada Acuña no tienen nada que ver con ninguna orientación del ciclo superior del nivel secundario. Por consiguiente, no son educativas ni corresponde que se obligue a lxs alumnxs a trabajar gratis, vulnerando su derecho a elegir.
Se nos ha informado sobre tareas que cumplen lxs estudiantes involucrados, como lavado de salones, limpieza general, lavado de platos, baños, tareas como servir café, cortar tickets para cines, etcétera, actividades que incluyen además exigencias de indumentaria.
Se trata de actividades cuya entidad como trabajo en sí mismo no se objeta, solo que al tratarse de prácticas y además educativas para alumnxs de escuelas secundarias deberían relacionarse indefectiblemente con la actividad académica de sus respectivas escuelas. Es lo que se espera. De lo contrario se convierten en una pérdida irrecuperable de tiempo escolar y una introducción a la precarización laboral, costumbre muy afecta al neoliberalismo porteño.
En el mismo sentido, resulta imposible contextualizar las prácticas implementadas en la ciudad en el área del Trabajo o la Educación, porque no se puede mandar, y menos a lxs alumnxs, a realizar tareas que no responden a ningún requerimiento institucional ni educativo oficial.
En reemplazo de la normativa que debió utilizarse se han dictado resoluciones internas del Ministerio de Educación que tienden a encubrir lo que en realidad y en definitiva son estas “prácticas educativas” sui generis: ejercicios laborales a cargo de menores de edad en beneficio de empresas u organizaciones que, recibiendo a estudiantes, evitan contratar personal y tener que pagar salarios.
Lxs estudiantes tienen razón en quejarse por ser obligados a hacer algo que, en definitiva, no tiene nada que ver con sus escuelas ni con la educación que en ellas se imparte.
Raúl Moroni es supervisor de Educación Media y Técnica (jubilado) y pertenece al grupo Rescate de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires.

20.10.2022

Se los investiga por las amenazas y los mensajes violentos contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es fundamental señalar que no se puede perseguir -política y/o judicialmente- a nadie, por más reaccionarias y retrógradas que sean sus ideas.

Cuatro referentes del autodenominado espacio Revolución Federal fueron detenidos este jueves. Se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos y por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Durante la mañana se produjeron las detenciones de Jonathan Ezequiel Morel, referente y vocero de Revolución Federal, y los integrantes de ese espacio Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Guerra.
Durante la tarde se entregó Sabrina Basile, hija del entrenador de fútbol Alfio “Coco” Basile, quien era buscada por sus vínculos con Revolución Federal. Se entregó en la justicia y fue trasladada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde quedó detenida, informaron a Télam fuentes del caso. Los detenidos durante los operativos de la mañana pueden ser indagados este viernes, según las mismas fuentes.
Las detenciones fueron efectivizadas por la PSA por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La investigación permanece bajo secreto de sumario y fue delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
Según los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por el agrupamiento a partir de mayo, pudieron haber funcionado como “caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó” el intento de asesinato de la vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
Es fundamental señalar que no se puede perseguir a nadie -política y/o judicialmente- por más reaccionarias y retrógradas que sean sus ideas. Este tipo de ideas reaccionarias tienen su propio “caldo de cultivo” en una país signado por una crisis social y económica que hunde el nivel de vida de las grandes mayorías mientras crecen las ganancias del gran capital. Signado, además, por un duro ajuste que se impone en función del acuerdo con el FMI.
Las detenciones se activaron luego de que Morel viajara en micro a Paraná, Entre Ríos, lo que implicó un riesgo para la investigación, según detallaron a Télam fuentes del caso.
Morel fue detenido en la ciudad entrerriana, mientras Sosa y Guerra fueron encontrados en sus respectivos domicilios en provincia de Buenos Aires, en el marco de 11 allanamientos a cargo de la PSA.

La acusación contra los integrantes de Revolución Federal

Los referentes detenidos pueden ser acusados de organizar o formar parte de agrupaciones que tuvieran por objetivo imponer sus ideas a la fuerza o infundir temor en otras personas, según explicaron a Télam fuentes con acceso a la investigación.
También se les achacaría la supuesta incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y la incitación a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Pollicita a través de un extenso dictamen en el que enumeró distintas declaraciones públicas y manifestaciones violentas convocadas por Revolución Federal.
Según Télam entre las manifestaciones enumeradas se encuentra la marcha de las antorchas convocada el 25 de mayo de este año frente al Congreso de la Nación bajo consignas tales como “Basta de Cristina”, “Basta de Alberto”, “Los vamos a sacar” y “Van a correr”.
Otra de las manifestaciones invocada por el fiscal fue la realizada en Plaza de Mayo el 9 de julio bajo consignas como “Es hora de accionar” y “Es ahora o nunca”, a la que Morel asistió con una guillotina de utilería de grandes dimensiones.
También fueron considerados por el juzgado y la fiscalía los mensajes publicados por los acusados en sus redes sociales, sus expresiones en medios de comunicación y las propuestas que realizaron en diálogos que transmitieron por Twitter Space, una herramienta utilizada para conferencias o diálogos virtuales.
El 26 de agosto, por caso, durante una de esas charlas que fue titulada “Hay que pudrirla”, una persona que se supone era Morel proponía infiltrarse entre la militancia kirchnerista que manifestaba su apoyo a la Vicepresidenta en la puerta de su casa, para llevar a cabo un ataque, algo que efectivamente ocurrió cinco días después cuando Sabag Montiel intentó asesinarla.
La información fue presentada en el expediente por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien además aportó las grabaciones de otras conversaciones públicas publicadas en redes sociales en las que se hablaba de la posibilidad de atentar contra el presidente Alberto Fernández.

La hipótesis de Cristina

La vicepresidenta Fernández de Kirchner interviene como querellante en este expediente en el que es representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes además la asisten en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio, que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
En el escrito presentado el lunes pasado, cuando solicitó ser tenida por querellante, la vicepresidenta sostuvo que veía “probable” que existiera algún tipo de vinculación entre la organización Revolución Federal y las personas acusadas de haber querido asesinarla.
La Vicepresidenta también puso el foco en el posible financiamiento de esa organización que tiene como referente a Morel, el dueño de una carpintería que en el último tiempo recibió pagos millonarios de parte de Caputo Hermanos, una empresa integrada por hermanos del ex ministro del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo, aunque no por él.
La ruta de ese dinero y su destino final está también bajo investigación de la justicia, que dispuso allanar tanto la sede porteña de la firma Caputo Hermanos como la de dos fideicomisos a través de los cuales se canalizaron los pagos a la carpintería de Morel.
Caputo Hermanos realizó el miércoles por la noche una presentación espontánea para ponerse a disposición de la justicia y asegurar que los pagos realizados a Morel y sus socias de la carpintería fueron por trabajos realizados de los que se adjuntaron fotos.
Entre otras decisiones que tomó este jueves el juez Martínez de Giorgi, está la de plantearles a distintos colegas de Comodoro Py que se inhiban de seguir interviniendo en causas por acciones violentas llevadas a cabo por miembros de Revolución Federal y que le remitan las causas para poder investigarlas todas juntas.

18.10.2022

Los trabajadores de salud se concentraron a las 10:00 en avenida Callao y Corrientes y comenzaron a movilizarse nuevamente hasta las oficinas del ministro Quirós, en Bolívar 1, frente a Plaza de Mayo.

Médicos residentes y concurrentes porteños realizaron «un paro de actividades por tiempo indeterminado» en reclamo de una «recomposición salarial», y se movilizaron hacia la sede del Ministerio de Salud de la Ciudad para seguir reclamando un encuentro con el ministro de esa cartera, Fernán Quirós.
Los trabajadores de salud se concentraron a las 10 en avenida Callao y Corrientes y comenzaron a movilizarse nuevamente hasta las oficinas del ministro Quirós, en Bolívar 1, frente a Plaza de Mayo.
Los residentes y concurrentes de los hospitales porteños se unieron luego a la movilización que realizaron los trabajadores del Hospital Garrahan hacia el Ministerio de Economía para pedir a Nación también una «recomposición salarial».
«Continúa la movilización de residentes y concurrentes, se va unir con la movilización que realiza hoy el Hospital Garrahan, y se va a llevar un gran gesto de unidad. Lo vamos a hacer carne, es algo importante porque la consigna es en defensa de la salud pública, nos están ajustando a todos y los salarios de los trabajadores de salud no tienen correlación con los precios en el supermercado», aseguró en declaraciones para Télam el residente del Hospital Penna y miembro de la Agrupación Marrón, Franco Capone.
«Paramos porque no tenemos confianza en el Gobierno de la Ciudad (de Buenos Aires) ni en la Asociación de Médicos Municipales (AMM)», indicó la residente de la Maternidad Sardá, Carina Goya.
Según se le informó a esta agencia, AMM se comprometió a llevar a cabo una reunión con Quirós la próxima semana, pero sin «apoyar el reclamo de paro de los residentes ni la movilización».
«Queremos una reunión para discutir nosotros el aumento salarial como colectivo de residente y concurrentes», sentenció Capone.
En tanto, las últimas semanas marcharon hacia el Ministerio de Salud porteño, el Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gobierno sin obtener «una respuesta clara» por parte de los funcionarios.
Los residentes dicen que los sueldos están «por debajo de la canasta básica y los concurrentes no perciben salario ni ART».
Actualmente, los médicos residentes perciben un salario promedio por debajo de la canasta básica, con sueldos de $110.000, mientras que los concurrentes trabajan ad honorem, se explicó.
«Si salimos a la calle es por los pacientes, nosotros podemos agarrar otro laburo, pero los pacientes se ven perjudicados por la precarización. El reclamo sigue siendo el mismo, la recomposición salarial que lleva años perdiendo contra la inflación, y el aumento salarial de emergencia», indicaron.