3.10.2022
Por Martín Suárez
Familias, alumnado y docentes sufren el amedrentamiento de un gobierno porteño cada vez más reaccionario. Reclamos contra viandas en mal estado, prácticas laborales, persecución política y el accionar de la policía. Cómo se incentiva el odio hacia las chicas y los chicos de las escuelas públicas de CABA.
Llegaron a ser casi treinta, hoy son una decena, bajarán esta semana como gesto para un llamado al diálogo que no recibirán, pero los reclamos se mantienen estén o no tomadas las escuelas. Gran parte del alumnado público porteño denuncia la persecución política, el deterioro edilicio, el mal estado y escasez de las viandas, y las prácticas laborales gratuitas. Del otro lado, la respuesta del gobierno porteño con amedrentamiento, denuncias y policía, visibilizó un escenario en ebullición: el ataque de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es a toda la comunidad educativa, y al mismo tiempo. Familias, estudiantes y docentes. Cada uno de los sectores que la integran lo sufrió en todos estos años. Sin embargo, el 2022 es un punto de inflexión: con la pandemia, la cuarentena y el crecimiento de Javier Milei y los libertarios, la gestión de Juntos por el Cambio en CABA parece haber encontrado en la Educación la madre de sus batallas, compitiendo por el electorado más reaccionario.
Las embestidas se profundizaron en la última semana con las denuncias contra familias de estudiantes que toman escuelas, el hostigamiento de la policía porteña apareciendo de noche en los domicilios y las agresiones al movimiento estudiantil. Hace un par de días Larreta los calificó de “extorsionadores” y “agresivos”. Se negó a dialogar con ellos: «Seremos inflexibles». Y los vinculó con “grupos pseudomapuches”, con “la extorsión del sindicato del neumático” y «el kirchnerismo que intenta anular las PASO. Es todo lo mismo”.
Pero no es nuevo. Al hacer un racconto de los siete años de Acuña al frente del Ministerio sobresalen hechos de espionaje a familias que reclaman vacantes ; frases como “Pobres», «viejos», «de izquierda» y que «fracasaron” dirigidas a las y los docentes, la defensa de una directora denunciada por golpear estudiantes; el vaciamiento de los institutos de formación docente para crear la UniCABA; la falta de nuevas escuelas y más de 56 mil chicos y chicas sin vacante en la educación pública, entre otras.
Familias
Desde la comunidad educativa aseguran que el larretismo eligió a la educación como su caballito de batalla para situar a su enemigo, vaciarla y usarla como slogan electoral. En 2018 Acuña ya había denunciado a 40 familias por las tomas de sus hijos el año anteriores. Ahora acrecentó las denuncias penales y civiles, y contó con la complicidad de los medios y el protagonismo de la policía de la Ciudad.
Florencia García, mamá de una alumna de la EEM Nº 1 DE 16 «Rodolfo Walsh», relata la presión por parte de las autoridades del Ministerio para que los rectores identifiquen a las familias que acompañan a sus hijos durante las tomas, o que les llevan comida y elementos de limpieza: «como mi hija firmó el acta de la escuela apenas comenzada la toma, el rector me llama por teléfono diciéndome que yo soy la responsable de ella y me empezó a pedir mis datos personales”. El ‘protocolo anti–toma’ creado en 2018 y enviado a los establecimientos, exige que cada equipo de conducción solicite los datos de las personas mayores. Todas aquellas que figuren en el acta serán las responsables de supuestos daños materiales en el edificio y de quienes se encuentran realizando la toma. “Yo no se los pasé, les dije que él tenía todos mis datos personales, entonces me preguntó si yo estaba apoyando la toma y le dije que ponga que no me manifesté al respecto. Me comentó que no me quería perjudicar pero que es algo que lo obligan a hacer”.
No es el único ataque que sufrieron las familias este año. Hace un par de meses, CABA empezó a pasar a jornada extendida más de 30 colegios de manera compulsiva, sin consulta y sin un aumento de la inversión en infraestructura. La mayoría debió modificar su organización semanal, o cambiar de colegio. Y están las miles que no consiguieron vacante por ausencia de inversión. A pesar de que el 2022 fue un año récord de falta de vacantes, el Gobierno de la Ciudad no encaró ninguna escuela nueva.
Alumnas y alumnos
La lista que enumeran los chicos es larga. Trabajo gratuito en empresas privadas, viandas escolares que llegan en mal estado, intromisión del Ejecutivo porteño en los centros de estudiantes, y descalificaciones tales como los chicos fueron “fogoneados” por el kirchnerismo y por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). “Desde hace 15 años sufrimos en la Ciudad el brutal desfinanciamiento, el destrato a las comunidades educativas, la persecución política a docentes, estudiantes y familias, viandas podridas, techos que se caen», destacaron la Coordinadora de Estudiantes de Base (C.E.B.) y la Unión de Centros de Estudiantes Secundarios (UnCeS). “Nuestro colegio tiene serios problemas estructurales y muy graves. Hace cinco años comenzaron la construcción de otro edificio sobre la calle Yerbal que iba a ampliar nuestra escuela pero hoy la obra está abandonada. La concesión de ese edificio venció”, narra a Tiempo Juana, integrante del centro de estudiantes de la Escuela N°6 Fernando Fader del barrio de Flores, que fue tomado el jueves. “Hay compañeros que están estudiando en el subsuelo a oscuras porque no tienen luz. Y están ahí porque no hay espacio, las aulas son muy chiquitas. Las falencias edilicias que tenemos no se arreglan poniendo cemento y pintando las paredes, estamos en una grave situación”, remata.
Los ataques del gobierno porteño encuentran eco en un sector de la sociedad adepto al clima de odio. Hace un par de días, dos personas se acercaron a insultarlos al Lengüitas. Una estaba armada con cuchillo. El viernes arrojaron piedrazos y huevos al patio, donde estaban los pibes y las pibas. En las redes y los medios hegemónicos se incentiva la acusación contra ellos, y promovían marchas de padres «antitoma». En ese marco, la policía fotografió a varios alumnos, y requirió los datos.
El jueves, vecinos y vecinas recibieron llamados a sus celulares desde un número sin identificar: «¿Los alumnos que toman escuelas deberían ser expulsados?», era una de las preguntas de la encuesta. El Ministerio negó haberla realizado. “Son medidas contrarias y violatorias a las normas establecidas en la Constitución de la Ciudad, porque los chicos y chicas son sujetos de derecho y por lo tanto su reclamo deben ser escuchados y reconocidos”, destaca María Elena Naddeo, integrante de la mesa directiva de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH). “Incluso las amenazas de aplicar el Código Contravencional con sanciones millonarias a las familias, son totalmente violatorias de los derechos y la Constitución”.
Pero los problemas de fondo persisten. Las prácticas laborales, llamadas ACAP (Actividades de Aproximación al mundo laboral) por el gobierno porteño para no decirles «pasantías» –las cuales tienen su propia ley–, es uno de los más graves. En la semana se conoció el caso de las estudiantes de la escuela EEM N° 2 DE 20 de Lugano, que realizan las pasantías en el Hotel Hyatt de Recoleta, y que fueron obligadas a vestir zapatos de taco alto cerrado de color negro, con un costo de entre 5 mil y 17 mil pesos. Otra escuela debe ir al Palace Hotel – Ferrari SA, en Suipacha 960. Durante 80 horas, en horario escolar, cinco días a la semana, grupos de diez estudiantes para ser “ama de llaves” (sic). Entre las tareas figuran: limpieza de vidrios y espacios comunes y acompañar a las mucamas en el aseo de habitaciones “con todo lo que ello implica”. En el Lengüitas los mandaron a empaquetar sándwiches. El alumno sostiene que los trabajos deben ser «con contenido» acorde a su orientación y que no afecten la cursada. En la práctica, se convierten en una «flexibilidad y precariedad laboral» en favor de las empresas, y al ser en horario escolar pierden horas de contenido curricular.
El servicio de viandas (por el que la Ciudad pagará 12 mil millones de pesos en 2022 a firmas amigas) tampoco mejoró. Son escasas y de baja calidad. Aun así, en algunos casos ni siquiera las enviaron esta semana, como represalia a escuelas que hayan reclamado. En el Normal 8 pernoctaron solo la noche del martes, sin perjudicar el dictado de clases. Al buscar las viandas el jueves, no estaban. El viernes tampoco. «Llamamos a la empresa que las trae y nos comunicaron que el Ministerio de Educación les bajó que no podían traer viandas a este colegio porque estábamos en toma», denunció el centro de estudiantes.
Docentes
La agresión a maestras y maestros porteños no es una novedad: más de 35 mil docentes porteños sin titularizar, el salario que se ubica 19° en todo el país, modificación inconsulta del estatuto, y hasta represión. “Pero ahora se le sumó una persecución a todo lo que es organización comunitaria estudiantil, es por eso que paramos y marchamos el 4 de octubre, porque el ataque a la escuela pública es también el ataque a la democracia, a la autonomía de los jóvenes para defender sus derechos”, expresa Angélica Graciano, secretaria general del gremio UTE-CTERA. “Larreta necesita estudiantes sumisos que vayan a trabajar gratis a cualquier lado, en condiciones indignas, porque quiere trabajadoras y trabajadores a futuro que no se organicen y que no reclamen”. Otro eje central del paro será la decisión reciente del GCBA de que las y los docentes deban capacitarse los sábados, por primera vez en la historia. Igual la convocatoria no se refiere solo a ellos. Es más amplia. Involucra a todo el sistema. Dice: «Basta de hostigar y perseguir a la comunidad educativa».
«Importantísimo»
A las estudiantes de la escuela N° 2 de Lugano les hacen hacer la práctica laboral en el Hotel Hyatt de Recoleta, debiendo asumir la compra de indumentaria y zapatos de taco alto. ¿Sus tareas? Almacenamiento de materias primas, control de vencimientos; rotulación y rotación de mercadería, y preparación de mesas de salón, entre otras. Javier Ortiz, rector de la escuela, defendió las prácticas: “Consideramos importantísimo que vivan la realidad de tener que viajar independientemente y en medios de trasporte (subte) con los cuales no están habituados, para saber que sus oportunidades no terminan en el barrio”.
«Están ejerciendo el derecho a manifestarse»
La policía yendo a casa de familias a entregar notificaciones, de noche, a la misma hora en que estaba jugando la selección. La guardia de uniformados en las puertas de los colegios tomados y las amenazas mediáticas de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Un combo que, el ciudadano común, no está acostumbrado a soportar más allá de la “espectacularización” de los hechos. “Para el caso de las personas que hayan sido denunciadas por alguna contravención, lo que hay que hacer es una defensa, porque hay que ver de qué se los imputa, y explicar que lo que se está haciendo ahí es el ejercicio del derecho a manifestarse y de peticionar a las autoridades”, explica a Tiempo la abogada del Grupo de Litigio Estratégico, María Cecilia Fernández.
La letrada considera que estas denuncias no tienen ningún asidero legal «porque tanto las familias como los estudiantes tienen derecho a hacer lo que están haciendo, que es el derecho a peticionar a las autoridades. Esto tiene diversas formas, dado que los alumnos dieron cuenta de todas las instancias previas que intentaron antes de llegar a las tomas. Los padres están cuidando de sus hijos y los chicos están pidiendo una respuesta a sus demandas, es decir, es un reclamo legítimo”. Los casos de las familias a las que les llegó la notificación se estarían tramitando en la Fiscalía de Flagrancia: “es una fiscalía especial para concentrar todas estas causas para que no se esparzan por otras fiscalías y las pueda controlar un solo organismo”, acota.
Quien también habló fue el ministro de Educación de Nación, Jaime Perczyk: «En la educación los problemas se resuelven escuchando y gestionando».
Cronología de un conflicto que se agrava
Enero: Soledad Acuña declara sobre los alumnos que abandonaron la escuela: “Hoy en 2022 ya es muy tarde para ir a buscar a los chicos, seguramente están perdidos en los pasillos de una villa. Ya cayeron en actividades de narcotráfico”. En 2020 ya había declarado que los docentes son personas “cada vez más grandes de edad» y de «los sectores más bajos socioeconómicos».
Febrero: Tiempo revela en exclusiva que al inicio del ciclo lectivo había 50 mil chicos y chicas sin vacante en CABA.
Abril: se conoce que este año la Ciudad les pagará 12 mil millones de pesos a las firmas concesionarias de los alimentos en las escuelas porteñas, algunas de ellas aportantes del PRO. Denuncian intoxicaciones y viandas escasas y en malas condiciones. Ofelia Fernández presenta un proyecto legislativo para crear un nuevo sistema que excluya a empresas denunciadas y que se busque alimentación saludable.
Mayo: comienzan las acciones de estudiantes porteños contra las pasantías laborales gratuitas.
Junio: Acuña prohíbe el lenguaje inclusivo en los colegios y advierte que sancionará a las y los docentes que lo promuevan.
Agosto: sin consulta ni inversión en infraestructura, Ciudad encara un pase a jornada extendida de más de 30 escuelas, afectando la organización de miles de familias.
Septiembre: en seis semanas, diez escuelas denuncian aparición de roedores. En los meses previos se denunciaron graves hechos de infraestructura como la caída del techo en el Comercial 6 de Lugano.
En estas dos semanas, el Normal 1 sufrió tres robos. Se llevaron más de cien computadoras del Plan Sarmiento que el gobierno porteño se niega a dárselas a los chicos fuera del horario escolar, tablets, proyectores y bicicletas
En los últimos diez días, comenzó la toma de colegios. El alumnado reclama contra la persecución política, la falta de inversión en infraestructura, el estado de las viandas y las pasantías laborales. Acuña responde denunciando a los padres, manda a la policía de noche a notificarlos, y surge una encuesta para ver si se apoya la idea de echar a los chicos de las escuelas.
