Red de radios

21.9.2022

Por Luciana Rosende

En medio de golpes y a punta de pistola, el joven y sus amigos fueron obligados por nueve policías a tirarse al Riachuelo. Era una forma de tortura habitual en el sur porteño. Pero el caso marcó un quiebre. Nueve agentes fueron condenados, en un hecho que se volvió emblema en la lucha contra la violencia institucional.

“A veces cuando te preguntan cómo estás decís ‘estoy quebrada’. Pero en realidad no. Porque viendo todo lo que pasó en este tiempo, con mis hijos también militando, la lucha por Ezequiel se hizo más grande. Y más jóvenes militan con la bandera de Ezequiel como lucha contra la violencia institucional. Eso te llena el alma. Como decimos con mis hijos, Ezequiel no es más nuestro: es de todos”. Quien habla es Dolores Sigampa. Dolly, para todo el mundo. La mamá de Ezequiel Demonty, el joven de 19 años que el 14 de septiembre de 2002 fue obligado por policías federales a arrojarse al agua desde Puente Alsina –en Pompeya- en medio de una persecución entre golpes y a punta de pistola. Siete días después, su cuerpo apareció en el Riachuelo. Fue el 21 de septiembre de 2002: se cumplen 20 años de un caso que se convirtió en emblema de lucha contra la violencia institucional.
“Hubo muchos casos antes, como Sebastián Bordón (en Mendoza) o Miguel Bru (en La Plata). Pero no tanto en CABA. Y yo siempre digo que no soy una heroína que enfrentó a la Policía. Yo salí a buscar a mi hijo. Lo particular fue que en los barrios se empezaron a levantar todos. Eso era algo raro en las villas. Porque no eran de salir a reclamar. Ahora sí. Ya en la primera marcha que hicimos para buscarlo vinieron vecinos conocidos y otros de Lugano, de Ciudad Oculta, de Soldati, de Zavaleta. Muchas personas de los barrios. No era gente que habitualmente acompañara a familiares de víctimas. En nuestros barrios no podías denunciar porque la policía te amenazaba. Optabas por la seguridad de tu familia. Pero desde ahí se empezó a denunciar más. Hubo un antes y un después”, dice Dolly.
Ese punto de inflexión implicó ponerle freno a una práctica que “era habitual en el sur de la Ciudad: obligaban a los pibes a tirarse al Riachuelo”. Después eso en el barrio se cortó. Sin embargo, la modalidad policial persecutoria que violenta cuerpos hasta lanzarlos al agua continuó y continúa en otros puntos del país. Uno de los casos más recientes fue el de Lautaro Rosé, en Corrientes. O Franco Casco, en Santa Fe, cuyo cuerpo apareció flotando en el Río Paraná. O Santiago Maldonado: desaparecido en el marco de una represión de Gendarmería y hallado en el Río Chubut.
A partir de la lucha por verdad y justicia para Ezequiel, la mujer impulsó la creación de la agrupación Madres en Lucha, contra la violencia policial que arremete especialmente contra pibes pobres. “El lema nuestro es que nunca más sea nunca más. Muchos agarramos esa frase. Pero cuando pasan los años te das cuenta que ese nunca más no llega. Tiene que llegar”, remarca. “Tenemos gobiernos como los de Néstor y Cristina, o ahora Alberto y Cristina, pero siguen matando pibes. Sin embargo hay una diferencia. En el gobierno anterior se avalaba la pena de muerte. Si recibís en Presidencia a un oficial que mató por la espalda y lo felicitás, no es lo mismo”, compara en alusión al caso de Luis Chocobar, el policía que mató a un presunto delincuente y fue elogiado y celebrado por Patricia Bullrich y el gobierno de Mauricio Macri, en lo que se instauró como la Doctrina Chocobar.

Verdad y justicia

La justicia por el caso de Ezequiel llegó en 2004. Fueron condenados a prisión perpetua el subinspector Gastón Somohano, a cargo del operativo; el inspector Gabriel Alejandro Barrionuevo; y el cabo Alfredo Ricardo Fornasari, por los delitos de tortura seguida de muerte, privación abusiva de la libertad y torturas reiteradas. Los otros recibieron entre 3 y 5 años. “Hubo nueve detenidos y todos fueron condenados. En su momento dije que lo único que quería era la verdad y que no los iba a perseguir judicialmente, y así lo hice. Si bien a los que les dieron cinco años merecían una condena mayor, acepté la condena porque dijeron la verdad. Fue parte de que el juicio saliera como salió”, dijo Dolly sobre los oficiales que hablaron.
Eso ayudó a reconstruir que en la madrugada del 14 de septiembre de 2002 Ezequiel Demonty salió del boliche “Panambi” con sus amigos Claudio Maciel, de 14 años, Julio Paz, de 18, y una adolescente llamada Gloria, de 17. Fueron en taxi al barrio Illia, en Pompeya. Ezequiel pasó por su casa a dejar una campera y los cuatro caminaron hacia una remisería, porque Claudio necesitaba pedir un auto. Un patrullero de la seccional 34ª de la Federal llegó al lugar. Luego, se sumaron otros dos. Los agentes obligaron al grupo a tirarse al piso, los revisaron y golpearon. Argumentaron luego que buscaban al ladrón de una bicicleta.
A Gloria la dejaron ir. Los varones fueron obligados a subir a los patrulleros. Nueve policías los llevaron hasta orillas del Riachuelo, bajo amenazas y a punta de pistola. Y los obligaron a saltar. De acuerdo al expediente, Ezequiel fue el primero en entrar. Sus amigos lograron salir. Él permaneció desaparecido una semana, hasta que su cuerpo fue hallado en el agua.
Jésica, la nova de Ezequiel, cursaba por entonces un embarazo de tres meses. David, quien en marzo cumplirá 20 años, no llegó a conocer a su papá. Cuando tenía 15, durante la ceremonia que Dolores encabeza cada año en el Riachuelo en homenaje a su hijo, el adolescente quiso saber.
“Bajó conmigo a la orilla y me dice ‘¿acá lo tiraron?’. Le digo ‘sí, cuando quieras hablar con alguien hablá con tus tíos’, pensando que no se iba a animar a preguntarme. Me miró y me dijo ‘quiero saber ahora’. Ahí me quebré y le entró una realidad que quizás la madre no le había contado. Pero él la verdad la tenía que saber. Me abrazó, nada más. Después vinimos al festival y había un chico que hacía rap de barrio y contaba la historia de Ezequiel tal cual se la conté yo. Ahí David se quebró”, cuenta su abuela.
Esta tarde, como cada 21 de septiembre, Dolores, su familia y compañeres de militancia dejarán una balsa con flores y la imagen de Ezequiel en el Riachuelo. Será en Agustín de Vedia y 27 de febrero, allí donde el joven fue obligado a saltar. Además, destaparán la señalización del ex puente Uriburu –conocido como Puente Alsina-, que desde 2015 lleva el nombre de Ezequiel Demonty. Luego, el domingo 25 habrá un festival de cumbia y trap en Piedra Buena 3211, Ciudad Oculta.

21.9.2022

Este martes un supervisor de Emova agredió a un trabajador del subte por negarse a manipular material cancerígeno, y en defensa propia sus compañeros realizaron un paro de la línea B, junto a la AGTSyP. Haciéndose eco, la legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, presentó en la legislatura un proyecto de repudio ante el hecho y solidaridad con el histórico reclamo de desasbestización.

Este martes se conoció el hecho ante la pronta respuesta de los trabajadores que realizaron un paro de la línea B ante la agresión sufrida por uno de ellos por un supervisor de la empresa Emova. El motivo de la agresión fue la imposición hacia un trabajador, que se negaba a manipula material con asbesto, en los talleres Rancagua. El asbesto es un material cancerígeno ya reconocido como peligros por la empresa y el Gobierno porteño, a partir de la investigación y denuncia realizada por los trabajadores y su sindicato. Sin embargo, siguen denunciando que al día de hoy existen constantes presiones sobre los trabajadores para que sigan manipulando este tipo de material completamente dañino para la salud, que en estos años provocó afecciones respiratorias de distintas gravedades en 67 trabajadores y hasta el fallecimiento de 3 compañeros.
Ante este grave hecho la legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, presento de forma inmediata un proyecto para repudiar el accionar de la empresa Emova y llevar solidaridad con el histórico reclamo de los trabajadores y la preocupación por el lento o casi nulo plan de desasbestización con el cual se comprometieron la empresa y el Gobierno de Larreta. Así lo decía Alejandrina “Es grave que violenten a los trabajadores del subte por negarse a manipular material que contenga asbesto. Desde un comienzo, allá en el 2018, fuimos parte y acompañamos el reclamo de desabestización total del subte. Sin embargo, la empresa Emova y el Gobierno porteño tardaron años en reconocer la gravedad del manejo de este material y hoy siguen sin cumplir el 100% del plan que se comprometieron en beneficio de la salud de trabajadores y usuarios”.
A su vez Alejandrina Barry es parte junto a la diputada Myriam Bregman, el legislador (MC) Patricio del Corro y el miembro por la minoría del secretariado de la AGTSyP Claudio Dellecarbonada de un amparo judicial para frenar el tarifazo en el subte, que lleva el pasaje de 30 a 42 pesos, cuando en particular la empresa presentó como parte del necesario aumento el financiamiento para desabestizar. “Es de muy mal gusto que la empresa y el Gobierno aumente el pasaje con un item destinado para acabar con el asbesto, mientras prepotean trabajadores para continuar manipulando en los talleres del subterráneo”.

21.9.2022

Por Ernestina Arias

La terrible situación de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires se ve graficada hoy en día en el Hospital Durand, con una enorme acumulación de intervenciones quirúrgicas postergadas. Desde el gremio ATE les trabajadores de la Salud denuncian que se debe a la falta de personal e insumos. En entrevista con Héctor Ortiz, enfermero y delegado del hospital porteño, escuchamos el reclamo por mejoras e intervención inmediata del Gobierno de la Ciudad.

En el marco de un contexto precario para la salud pública el panorama es desolador: se suspendieron mil cirugías por la falta de insumos en el Hospital Durand, pacientes internados en camillas por más de siete días en boxes de la Guardia del hospital, el malo o nulo funcionamiento de la Red de Hospitales y además «se niega la inclusión efectiva a la Carrera Profesional de Salud, se firma un 8% de recomposición salarial, cuando la pérdida respecto a la inflación es del 30%».
En conversación con Héctor Ortiz, enfermero y delegado de ATE en dicho hospital de la ciudad de Buenos Aires, escuchamos de primera mano las denuncias de les trabajadores: “vemos con mucha preocupación lo que está pasando en nuestros hospitales. En el Hospital Durand con respecto al atraso de las cirugías hay una acumulación enorme de intervenciones, de oftalmología, de ginecología, de vesícula, la verdad que la operación de vesícula es una intervención muy simple, pero si se atrasa puede llevar a un sufrimiento enorme y hasta la muerte inclusive. Hay esperas de hasta un año, y es terrible que esté pasando esto”.
Ortiz, también integrante de la Agrupación Hospitales de la Ciudad, prosigue con la denuncia: “no puede ser que tengamos hospitales desmantelados sin equipo suficiente como para adaptarnos al momento en que vivimos. Hablamos de cirugías de gastroenterología, de hemodinamia, de oftalmología, donde vemos que el personal se jubila, personal médico prestigioso y no se repone, así como el personal de enfermería tan importante que ha sido contratado y hoy vemos que solamente se están reincorporando de 3 mil despedidos a 1200 y a cuenta gotas”.
“Por eso venimos a denunciar – concluye Ortiz – y decir a Rodríguez Larreta y Fernán Quirós que por favor tomen cartas en el asunto urgente, porque lo que sucede en el Durand sucede en la mayoría de los hospitales de la Ciudad”. En ATE se encuentran en estado de alerta y movilización en todos los hospitales porteños, hasta que Larreta atienda el reclamo de la falta de aparatología esencial para los tratamientos, de personal, y deje de pagar “salarios de pobreza”.
Garantizar la Salud de los ciudadanos es una responsabilidad del Estado, pero es notorio que para el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y para el ministro de Salud, Fernán Quirós esta premisa es solo una frase y no han dado respuesta alguna a la acuciante situación.

19.9.2022

“Estamos en Emergencia Urbanística, Ambiental y Habitacional”, afirman María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo en relación a la Ciudad de Buenos Aires en esta nota difundida a través del Observatorio por el Derecho a la Ciudad y que compartimos a continuación.

La Ciudad sin emergencias
En el contexto de emergencia económica en el que se encuentra el país, con los índices de inflación que no bajan y con el ajuste en el gasto que se está implementando a nivel nacional, otras situaciones críticas quedan ocultas. Entre ellas, las problemáticas urbanas que no cesan de profundizarse en el país y que tienen como principales aristas la necesidad habitacional de la población, los procesos de inquilinización, la desigualdad en el acceso a los servicios y la ausencia de planificación.
A nivel de la Ciudad de Buenos Aires, en la última semana un conjunto de asambleas lanzó la campaña para que el gobierno genere políticas urbanas acordes a la “Emergencia Urbanística, Ambiental y Habitacional” en la que se encuentra la ciudad, con actividades en 15 puntos del territorio porteño.
En los últimos años, la Legislatura porteña se ha dedicado casi en su totalidad a discutir y aprobar leyes relacionadas con la venta de tierras públicas, la aprobación de excepciones inmobiliarias a través de convenios urbanísticos, la actualización del Código Urbanístico y el Código de Edificación para continuar habilitando la especulación inmobiliaria y la sobre construcción.
La pandemia había creado la expectativa de rediscutir el rumbo de la ciudad, las concesiones de los servicios públicos, la prestación de los servicios públicos de salud y educación, la planificación de la ciudad, el destino de las tierras públicas, entre otros temas. Sin embargo, estos debates nunca se iniciaron y estructuralmente no sucedió ningún cambio.
Por estos motivos, la denuncia de que la ciudad se encuentra en Emergencia Urbanística, Ambiental y Habitacional no es una proclama superficial sino un eje central en la disputa de sentidos y en la orientación de las prioridades de los recursos y herramientas estatales.

Estamos en Emergencia Urbanística
Con la sanción del Código Urbanístico en el año 2018, bajo la excusa delirante de una ciudad para 6 millones de personas, se consolidó una planificación de la ciudad orientada a la especulación inmobiliaria; a la sobreconstrucción del suelo urbano sin considerar la calidad de vida, el ambiente urbano y el patrimonio; y a la concentración de la tierra en pocas manos.
Todos los días ingresan a la Ciudad de Buenos Aires alrededor de 3 millones de personas y un millón de autos. Esta situación llevó al GCBA a considerar como solución la adopción de medidas para incrementar un 100% la densidad demográfica de la ciudad. ¿Si la ciudad duplica su población durante parte del día por qué no hacerlo de forma permanente durante todo el día? Con esta lógica, se aprobó una nueva normativa urbanística que aumentó la capacidad constructiva en toda la ciudad entre un 300% y 400% y disminuyó la superficie mínima de una vivienda a 18 metros cuadrados.
Se utilizó el argumento del incremento de la densidad demográfica sólo para habilitar el incremento de la densidad constructiva, es decir, incentivar la especulación inmobiliaria.
La política del GCBA de estímulo a la sobreconstrucción iniciada con el Código Urbanístico y el Código de Edificación se complementó con la sanción de excepciones para la construcción de torres suntuosas y la privatización histórica de tierras públicas, que alcanzó un récord en esta última década, superando las 500 hectáreas de tierras públicas privatizadas. Estas políticas sólo resultan comprensibles cuando se entiende que no conciben a los edificios como viviendas, sino como activos financieros inmobiliarios, destinados al 3% de la población que cuenta con los recursos necesarios para acceder a ellos. Estas políticas urbanas impuestas autoritariamente sin participación ciudadana, donde grandes torres irrumpen en los barrios de casas bajas destruyendo la morfología y la identidad barrial, además ha llevado al colapso al conjunto de los servicios públicos.
Actualmente, existen 164.000 viviendas en venta y alrededor de 150.000 inmuebles ociosos. La construcción es una de las fuentes de contaminación más importantes a nivel mundial (produce el 39% de las emisiones de CO2). La política de desarrollo urbano para ser más sustentable debería estar orientada a la rehabilitación integral de viviendas existentes y no a seguir apostando a la construcción planificada desde los intereses financieros, que no mitigan el déficit habitacional.

Nos encontramos en Emergencia Ambiental
El IPCC informa que el aumento en la temperatura de la superficie global fue de 1.09°C en 120 años. En la ciudad, el modelo urbano ha potenciado el fenómeno de calentamiento. La temperatura máxima anual aumentó casi 1°C en las últimas tres décadas.
En los últimos 13 años, la Ciudad privatizó 150 hectáreas de superficies verdes públicas. En el Parque de las Victorias nuevamente 45 hectáreas fueron destinadas a una cancha de golf y 20 hectáreas del Parque de la Ciudad van a parcelarse para su venta. Los playones ferroviarios, últimas grandes reservas de suelo, fueron rematados por la dupla Macri-Larreta. Algunos sectores se salvaron por acciones judiciales o porque la derrota electoral del 2019 no les dio tiempo para terminar con el plan sistemático de traspaso de tierras públicas a manos privadas.
Los datos oficiales revelan que los valores medios de superficie verde por habitante en la Ciudad de Buenos Aires (6 m2) se encuentran muy por debajo de los estándares internacionales recomendados (entre 10 y 15 m2). Sin considerar cementerios, plazoletas secas, maceteros, bulevares, jardines verticales y otras categorías similares, la cifra real es de 4,7 m2/habitante. Este indicador ambiental no se distribuye de manera uniforme en el territorio, resultando extremadamente crítico en los barrios populares, donde alcanza valores 100 veces menores a los recomendados. Balvanera, Once y San Cristóbal (Comuna 3) y Almagro-Boedo (Comuna 5) cuentan con 0,4 y 0,2 m2 de superficie verde por habitante respectivamente. El promedio de arbolado público por habitante en la ciudad (1 árbol cada 7 habitantes) es inferior a la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (1 árbol cada 3 habitantes).
Todos nuestros ríos y arroyos se encuentran altamente contaminados. La recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo, a casi 15 años de la sentencia de la Corte Suprema, aún está lejos de concretarse. El GCBA, en el marco de su estrategia de marketing ambiental, presentó el proyecto denominado “Regeneración del Arroyo Medrano” en el Parque Saavedra. Este relato terminó cuando los propios estudios de impacto ambiental realizados por la consultora contratada por el GCBA informaron que el proyecto consistiría en un zanjón con agua de napa estancada y contaminada. Hasta el Banco Mundial se despegó de este proyecto, cancelando el financiamiento aduciendo que el GCBA no había garantizado la suficiente participación ciudadana.
Un tema que empeora es la contaminación sonora. El uso del espacio público está totalmente liberado. Situación que está destruyendo el equilibrio de los usos residenciales y comerciales (gastronómicos / bailables) en los barrios. El Casco Histórico de la ciudad es uno de los ejemplos más emblemáticos de este escenario.
Otro sector de grave contaminación sonora es el polo musical que se instaló en los predios del Campo Argentino de Polo, del Hipódromo Argentino y del Paseo de la Infanta. Estos predios son utilizados para realizar megaeventos musicales sin que cuenten con los permisos ambientales correspondientes en zonas que el Código Urbanístico no lo permite. También se instalaron locales de baile y de música que no cuentan con habilitación ni con certificados de aptitud ambiental. En el Paseo de la Infanta, los “barliches” avanzaron ocupando las plazas que rodean los arcos ferroviarios que son parte del Parque 3 de Febrero que es el Área de Protección Histórica N° 2 y a la vez tiene zonificación Urbanización Parque (UP). Los boliches en parques públicos es el sueño cumplido del gobierno. También lo vemos cumplido en la costanera con el Distrito Joven.

El negacionismo de la Emergencia Habitacional
En la ciudad más rica del país y la tercera más rica en Latinoamérica, 1 de cada 6 habitantes se encuentra en emergencia habitacional y 1 de cada 7 habita en villas o asentamientos sin acceso formal a los servicios de agua potable y cloaca. Día tras día aumenta la cantidad de personas en situación de calle y las políticas habitacionales no se debaten.
Actualmente, el 40% de la población de la ciudad es inquilina y debe destinar casi el 50% de sus ingresos a pagar el alquiler. Mientras antes de la década del 90 sólo el 10% de la población porteña alquilaba, hoy más del 40% de los hogares son inquilinos. En una nota periodística publicada recientemente se informa que la oferta de inmuebles para alquilar continúa reduciéndose en Buenos Aires, 30 mil viviendas dejaron de ser ofertadas en alquiler para pasar a estar en venta. Se estima que hay sólo 5.800 departamentos en locación, de los cuales más del 70% son en dólares y pertenecen a los mercados premium y temporario. Sólo unas 2.000 unidades están en pesos y las de tres ambientes, el estándar de una familia tipo, superan los $85.000 mensuales en los distintos barrios porteños.
No existe acceso al crédito hipotecario. De cada 100 ventas de inmuebles, sólo 3 se realizan mediante crédito hipotecario, lo que representa el mínimo histórico. Hoy se necesita el equivalente a 29 años de trabajo en el sector formal, suponiendo que el salario se ahorra por completo, para comprar una vivienda de 60 metros cuadrados cubiertos en CABA, 19 años más que los requeridos en 2017.
Entre los años 2011 y 2021 se construyeron efectivamente más de diez millones de metros cuadrados (un Puerto Madero cada dos años), sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires no disminuyó su déficit habitacional. La imposibilidad de acceso a la vivienda en propiedad fue resuelta por la población incrementando la densidad demográfica en las villas, hacinándose, alquilando o accediendo a viviendas alejadas de las centralidades con las desventajas de conectividad y acceso a servicios públicos que ello implica.

19.9.2022

Por Melina Michniuklic y Franco Capone

En una concurrida asamblea se votó la medida de lucha frente al atraso salarial, la precarización laboral y contra el ajuste en curso que golpea sobre todo a las mujeres. La concentración será a las 10hs en Avenida 9 de Julio y Diagonal Norte. El llamado es abierto a todo el equipo de salud. Se exige a los sindicatos que avalen la medida, que será el inicio de un plan de lucha.

El pasado jueves, residentes y concurrentes reunidos en una concurrida Asamblea CABA votamos un plan de acción para pelear por mejores salarios, contra la precarización y en repudio al ajuste en curso que afecta áreas tan sensibles como salud, vivienda y educación, donde la mayoría de la fuerza de trabajo somos mujeres. Esto impacta no solo en nuestros bolsillos sino también el de los usuarios y sus familias y, en nuestras condiciones de trabajo y atención. Por eso las trabajadoras de la salud nos plantamos por salario y contra el ajuste de Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández a nivel nacional, así como de Larreta en la CABA.

¡Peleemos en unidad todo el equipo de salud, junto a les usuaries y sus familias!
Mientras aumentan los alquileres, los servicios, los alimentos, el transporte y la lista sigue con una inflación del 95% proyectada para este año; $280 es el valor al que equivale una hora de trabajo de un residente de primer año en un hospital público de la CABA, según el cálculo realizado por los compañeros de la asamblea del hospital Fernández. Este valor, claramente, no refleja el valor real del total de las tareas realizadas, cuando las jornadas son interminables y se puede llegar a estar 36 horas seguidas en el hospital tras una guardia. Sí, como leyó, no solo es casi irreal que una residente piense que su jornada laboral va a ser de 8hs, sino que se trabaja 12, 24, 36 horas de corrido. Y como si esto fuera poco, seguimos teniendo compañeros que bajo la modalidad de “concurrencia” no perciben un peso por su tarea en el sistema de salud, cuando son parte fundamental de sostener los servicios a la población.
Pero por abajo la bronca se hizo escuchar a pesar de la complicidad de los sindicatos para sostener la paz social que beneficia el ajuste. Se decidió mayoritariamente realizar un paro contundente y movilización en el día de la sanidad, el 21 de septiembre desde la Avenida 9 de Julio hasta la Legislatura porteña y se exige a los diferentes gremios que nuclean al equipo de salud que adhieran a la medida, empezando por AMM y Federación, así como Sutecba y ATE ya que solo así se podrá garantizar la presencia multitudinaria de todes les que sostenemos el hospital público. Ese día estarán también movilizando enfermeras autoconvocadas que continúan peleando por el reconocimiento profesional, así como en provincia se movilizarán trabajadores nucleados en CICOP por salario y residentes solicitando la continuidad laboral.