16.9.2022
Por Jonatan Baldivieso y María Eva Koutsovitis
En el contexto de emergencia económica en el que se encuentra el país, con índices de inflación que no bajan y el ajuste en el gasto que se implementa a nivel nacional, otras situaciones críticas quedan ocultas.
Entre ellas las problemáticas urbanas, que no cesan de profundizarse y que tienen como principales aristas la necesidad habitacional de la población, los procesos de inquilinización, la desigualdad en el acceso a los servicios y la ausencia de planificación.
Al nivel de la Ciudad de Buenos Aires, un conjunto de asambleas lanzó en la última semana la campaña para que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta genere políticas urbanas acordes a la “emergencia urbanística, ambiental y habitacional” en la que se encuentra la Capital Federal, con actividades en 15 puntos del territorio porteño.
En los últimos años, la Legislatura local se ha dedicado casi con exclusividad a discutir y aprobar leyes relacionadas con la venta de tierras públicas, excepciones inmobiliarias a través de convenios urbanísticos, y a la actualización del Código Urbanístico y el Código de Edificación para continuar habilitando la especulación inmobiliaria y la sobreconstrucción.
La pandemia había creado la expectativa de rediscutir el rumbo de la ciudad, las concesiones de los servicios públicos, la prestación de los servicios de salud y educación, la planificación de la ciudad, el destino de las tierras públicas, entre otros temas. Sin embargo, estos debates nunca se iniciaron y estructuralmente no sucedió ningún cambio.
Por estos motivos, la denuncia de que la ciudad se encuentra en emergencia urbanística, ambiental y habitacional no es una proclama superficial sino un eje central en la disputa de sentidos y en la orientación de las prioridades de los recursos y herramientas estatales.
Emergencia urbanística
Con la sanción del Código Urbanístico en 2018, bajo la excusa delirante de una ciudad para 6 millones de personas, se consolidó una planificación orientada a la especulación inmobiliaria; a la sobreconstrucción del suelo urbano sin considerar la calidad de vida, el ambiente urbano y el patrimonio; y a la concentración de la tierra en pocas manos.
Todos los días ingresan a la Ciudad de Buenos Aires alrededor de 3 millones de personas y un millón de autos. Esta situación llevó al gobierno del PRO a considerar como solución la adopción de medidas para incrementar un 100% la densidad demográfica. ¿Si la ciudad duplica su población durante parte del día, por qué no hacerlo de forma permanente? Con esta lógica, se aprobó una nueva normativa urbanística que aumentó la capacidad constructiva en toda la ciudad entre un 300% y 400%, y disminuyó la superficie mínima de una vivienda a 18 metros cuadrados.
Se utilizó el argumento del incremento de la densidad demográfica sólo para habilitar el incremento de la densidad constructiva, es decir para incentivar la especulación inmobiliaria.
La política del GCBA de estímulo a la sobreconstrucción iniciada con el Código Urbanístico y el Código de Edificación se complementó con la sanción de excepciones para la construcción de torres suntuosas y la privatización histórica de tierras públicas, que alcanzó un récord en esta última década, superando las 500 hectáreas. Estas políticas sólo resultan comprensibles cuando se entiende que no conciben a los edificios como viviendas, sino como activos financieros inmobiliarios, destinados al 3% de la población que cuenta con los recursos necesarios para acceder a ellos. Estas políticas urbanas impuestas autoritariamente, sin participación ciudadana, donde grandes torres irrumpen en los barrios de casas bajas destruyendo la morfología y la identidad barrial, ha llevado además al colapso al conjunto de los servicios públicos.
Actualmente existen 164.000 viviendas en venta y alrededor de 150.000 inmuebles ociosos. La construcción es una de las fuentes de contaminación más importantes a nivel mundial (produce el 39% de las emisiones de CO2). La política de desarrollo urbano, para ser más sustentable, debería estar orientada a la rehabilitación integral de viviendas existentes y no a seguir apostando a la construcción planificada desde los intereses financieros, que no mitigan el déficit habitacional.
Emergencia ambiental
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) informa que el aumento en la temperatura de la superficie global fue de 1.09°C en 120 años. En la ciudad, el modelo urbano ha potenciado el fenómeno de calentamiento. La temperatura máxima anual aumentó casi 1°C en las últimas tres décadas.
En los últimos 13 años, la ciudad privatizó 150 hectáreas de superficies verdes públicas. En el Parque de las Victorias, 45 hectáreas fueron destinadas nuevamente a una cancha de golf y 20 hectáreas del Parque de la Ciudad van a parcelarse para su venta. Los playones ferroviarios, últimas grandes reservas de suelo, fueron rematados por la dupla Macri-Larreta. Algunos sectores se salvaron por acciones judiciales o porque la derrota electoral de 2019 no les dio tiempo para terminar con el plan sistemático de traspaso de tierras públicas a manos privadas.
Los datos oficiales revelan que los valores medios de superficie verde por habitante en la Ciudad de Buenos Aires (6 m2) se encuentran muy por debajo de los estándares internacionales recomendados (entre 10 y 15 m2). Sin considerar cementerios, plazoletas secas, maceteros, bulevares, jardines verticales y otras categorías similares, la cifra real es de 4,7 m2. Este indicador ambiental no se distribuye de manera uniforme en el territorio, resultando extremadamente crítico en los barrios populares, donde alcanza valores 100 veces menores a los recomendados. Balvanera, Once y San Cristóbal (Comuna 3) y Almagro-Boedo (Comuna 5) cuentan con 0,4 y 0,2 m2 de superficie verde por habitante respectivamente. El promedio de arbolado público por habitante en la ciudad (un árbol cada siete habitantes) es inferior a la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (uno cada tres).
Todos nuestros ríos y arroyos se encuentran altamente contaminados. La recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo, a casi 15 años de la sentencia de la Corte Suprema, aún está lejos de concretarse. El GCBA, en el marco de su estrategia de marketing ambiental, presentó el proyecto denominado “Regeneración del Arroyo Medrano” en el Parque Saavedra. Este relato terminó cuando los propios estudios de impacto ambiental realizados por la consultora contratada por el GCBA informaron que el proyecto consistiría en un zanjón con agua de napa estancada y contaminada. Hasta el Banco Mundial se despegó de este proyecto, cancelando el financiamiento porque el GCBA no había garantizado la suficiente participación ciudadana.
Un tema que empeora es la contaminación sonora. El uso del espacio público está totalmente liberado. Situación que está destruyendo el equilibrio de los usos residenciales y comerciales (gastronómicos/bailables) en los barrios. El Casco Histórico de la ciudad es uno de los ejemplos más emblemáticos de este escenario.
Otro sector con grave contaminación sonora es el polo musical que se instaló en los predios del Campo Argentino de Polo, del Hipódromo Argentino y del Paseo de la Infanta. Estos predios son utilizados para realizar megaeventos musicales sin que cuenten con los permisos ambientales correspondientes en zonas donde el Código Urbanístico no lo permite. También se instalaron locales de baile y de música que no cuentan con habilitación ni con certificados de aptitud ambiental. En el Paseo de la Infanta, los “barliches” avanzaron ocupando las plazas que rodean los arcos ferroviarios y son parte del Parque 3 de Febrero que es el Área de Protección Histórica 2 y a la vez tiene zonificación Urbanización Parque (UP). Los boliches en parques públicos son el sueño cumplido del gobierno. También lo vemos cumplido en la costanera con el Distrito Joven.
Emergencia habitacional
En la ciudad más rica del país y la tercera más rica en Latinoamérica, uno de cada seis habitantes se encuentra en emergencia habitacional y uno de cada siete habita en villas o asentamientos sin acceso formal a los servicios de agua potable y cloacas. Día tras día aumenta la cantidad de personas en situación de calle y las políticas habitacionales no se debaten.
Mientras antes de la década del ‘90 sólo el 10% de la población porteña alquilaba, hoy más del 40% de los hogares son inquilinos, que deben destinar casi el 50% de sus ingresos a pagar el alquiler. En una nota periodística reciente se informa que la oferta de inmuebles para alquilar continúa reduciéndose en Buenos Aires: 30.000 viviendas dejaron de ser ofertadas en alquiler para pasar a estar en venta. Se estima que hay sólo 5.800 departamentos en locación, de los cuales más del 70% son en dólares y pertenecen a los mercados premium y temporario. Sólo unas 2.000 unidades están en pesos y las de tres ambientes, el estándar de una familia tipo, superan los 85.000 pesos mensuales en los distintos barrios porteños.
No existe acceso al crédito hipotecario. De cada 100 ventas de inmuebles, sólo tres se realizan mediante crédito hipotecario, lo que representa el mínimo histórico. Hoy se necesita el equivalente a 29 años de trabajo en el sector formal, suponiendo que el salario se ahorra por completo, para comprar una vivienda de 60 metros cuadrados cubiertos en CABA; son 19 años más de los que se requerían en 2017.
Entre 2011 y 2021 se construyeron efectivamente más de diez millones de metros cuadrados (un Puerto Madero cada dos años). Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires no disminuyó su déficit habitacional. La imposibilidad de acceso a la vivienda en propiedad fue resuelta por la población incrementando la densidad demográfica en las villas, hacinándose, alquilando o accediendo a viviendas alejadas de las centralidades, con las desventajas de conectividad y acceso a servicios públicos que ello implica.
