Red de radios

8.9.2022

La jueza porteña Elena Liberatori lo consideró como una vulneración de derechos. En abril de este año, Alejandrina Barry, legisladora del PTS FITU, había presentado un proyecto para su derogación y prohibición.

La jueza porteña Elena Amanda Liberatori, declaró la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), aplicado por el Gobierno porteño de Rodríguez Larreta, sosteniendo que dicho sistema “se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes” del distrito.
También consideró que “la mera eventualidad de estas falencias con las consecuencias que se derivan en los derechos personalísimos de las personas afectadas y la ausencia de controles – no por no estar contemplados en las leyes sino por la ausencia de debida implementación conforme a ellas-, demuestra un grave grado de riesgo de vulneración de derechos personales”.
El sistema de reconocimiento facial ya había sido cuestionado en 2020 por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (Odia), que había presentado un amparo colectivo contra Rodríguez Larreta, a la que la jueza Liberatori dio lugar en la actualidad, y denunciado por la izquierda en la Legislatura porteña, en las voces de Alejandrina Barry, legisladora del PTS FITU, y Myriam Bregman, en ese momento legisladora y hoy actual diputada nacional.
En abril de este año, Alejandrina Barry presentó un pedido de interpelación al ministro Marcelo D’Alessandro, ante las irregularidades que salieron a la luz en la utilización del sistema de reconocimiento facial y que implicaban la consulta de datos biométricos de dirigentes políticos, sociales y de Derechos Humanos. Luego, ante la falta de explicaciones, la legisladora presentó un proyecto de ley de derogación y prohibición de la herramienta. “Al sistema de reconocimiento facial no se lo regula, se lo prohíbe”, señaló.
Esta presentación se realizó luego de que el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, junto a otros dirigentes del Gobierno porteño, dieran una conferencia de prensa. Así lo expresaba Barry: “Se negaron a venir a la Legislatura a dar explicaciones, como pedimos desde la oposición. Y armaron una conferencia de prensa donde no pudieron explicar por qué fueron pedidos los datos biométricos de dirigentes políticos, de Derechos Humanos y sociales; por qué se buscó tanta cantidad de veces a esas mismas personas en horarios no hábiles; sólo por mencionar un ejemplo de este espionaje ilegal por razones políticas y de persecución, como se ve en todo el arco político que va desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta mis compañeros Nicolás del Caño y Myriam Bregman, Estela de Carlotto, entre tantos otros y otras”.
Por su parte, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (Odia) que había presentado el amparo en 2020, cuestionó la constitucionalidad de las normas que dispusieron la aplicación del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), destacando que “se conculcaba el debido proceso, en virtud de que, a su criterio, cualquier persona sería ’juzgada’ por un sistema de inteligencia artificial, sin la posibilidad de estar a derecho”, por lo que requirió como medida cautelar que “se suspendiese la aplicación de las normas indicadas”.
En principio, la causa que investiga irregularidades en la utilización de datos biométricos por parte de quienes tienen acceso al sistema de reconocimiento facial estuvo a cargo del juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Roberto Gallardo, hasta julio pasado.
Sin embargo, fue apartado por el Tribunal Superior de Justicia al hacer lugar a una recusación planteada por el Gobierno porteño en julio pasado, por lo cual Liberatori quedó a cargo del expediente.
La recusación presentada contra el juez Gallardo se produjo luego de que, en abril, el magistrado dispusiera, de modo cautelar, la suspensión por parte del Gobierno porteño del SRFP tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
Los datos otorgados por el peritaje daban cuenta de varias irregularidades que el Gobierno porteño no podía explicar. Quizás por ello, 5 días después de presentado en el juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ordenó remover al juez a cargo de la causa.
Las firmas para la remoción del Juez Gallardo, según informó Página 12, habían sido aportadas por Inés Weinberg, candidata fallida de Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación, Santiago Otamendi, ex número dos del Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano y Marcela De Langhe, allegada a Horacio Rodríguez Larreta.

7.9.2022

Horacio Rodríguez Larreta aceptó pagar las indemnizaciones y darle continuidad laboral a los 500 camioneros que se encargaban del servicio. Aplicar la “Ley Moyano” le garantiza paz social para hacerse cargo de las grúas porteñas en 15 días. Decepción en los halcones.

Horacio Rodríguez Larreta aplicó el pragmatismo, pese a que los halcones pedían confrontación, y acordó con Pablo Moyano la aplicación de la «Ley Moyano» para avanzar en el traspaso del sistema de grúas de la Ciudad de Buenos Aires.
La popularmente conocida “Ley Moyano” implica el pago de las indemnizaciones, como reconocimiento por el tiempo trabajado, y la continuidad laboral en la nueva firma que se hace cargo de prestar el servicio.
De esta manera, los 500 empleados cobrarán una indemnización dividida en dos partes. Por un lado, la correspondiente a los años de prestación de servicio en las antiguas concesionarias. Por el otro, la que corresponderá a los meses que trabajen bajo la órbita del Gobierno porteño.
Para zanjar la diferencia con Moyano, el Gobierno porteño negoció que, más allá de que AUSA se hará cargo del sistema de acarreo, los operarios dependerán de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).
De esta manera se garantizará que mantengan el convenio colectivo de trabajo de Camioneros, incluyendo sus salarios, adicionales y otros derechos laborales.
Por lo pronto, la resolución publicada esta semana aclara que el plazo de 15 días para que BRD y Dakota dejen de realizar el acarreo “podrá ser prorrogado en caso de que resulte necesario para garantizar el debido resguardo de los derechos de los trabajadores afectados al servicio”.

6.9.2022

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la propuesta de impulsar un proyecto de ley que le ponga un límite a los discursos de odio.

En conferencia de prensa desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, le dijo “no a la ley mordaza, sí a la libertad de expresión” y aseguró que no apoya ese tipo de iniciativas.
Además, anunció que el 31 de octubre se recuperará el día de clases perdido por el feriado nacional del viernes pasado, que fue decretado por el presidente Alberto Fernández tras el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner.
Larreta fue más allá y consideró que “el kirchnerismo solo nos intenta distraer. Ahora con esto nuevo que es proponer una ley mordaza, con el argumento totalmente inverosímil de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, de la Justicia, de la oposición”.
Para el alcalde de la Ciudad, “lo que están proponiendo es controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir”.
Por su parte, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Jorge Macri, minimizó la multitudinaria movilización del viernes en la Capital Federal que repudió el ataque a la vicepresidenta: “Respecto de la Plaza no hay ninguna duda que fue una convocatoria sesgada. Nosotros acá estamos respondiendo a esa convocatoria de una manera distinta, se perdió en toda la Argentina de manera inútil por una marcha de 40 o 60 personas, se paralizó un país”.
Mientras tanto, desde el gobierno nacional todavía no confirmaron la presentación del proyecto de ley contra los discursos de odio.
Esta semana se reunirá el Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias para debatir una ley contra los discursos de odio. La convocatoria fue realizada por la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda.
Según el comunicado del organismo en la reunión prevista para este jueves 8 de septiembre se buscará “debatir una Ley que refleje un consenso democrático necesario para que el Estado disponga de herramientas para actuar frente a estos discursos” de odio.

3.9.2022

En la sesión de la Legislatura porteña la diputada del FIT, Alejandrina Barry cruzó al libertario Ramiro Marra quienes fueron los únicos en no votar el repudio al atentado. “Uds son los que promueven el discurso de odio contra las organizaciones de desocupados, trabajadores y la izquierda” planteó Barry.

Este sábado se realizó una sesión especial en la Legislatura porteña, promovida por el Frente de Todos y el Frente de Izquierda, a la que se sumaron luego el resto de los bloques. En la misma se discutió y se aprobó un repudio contra el atentado contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. El único bloque que votó en contra fueron los libertarios de la Libertad Avanza, justamente quienes son los principales promotores de los discursos de odio, persecución y represión contra los trabajadores, desocupados y la izquierda.
La declaración aprobada fue categórica en repudiar el intento de magnicidio, mientras dejó para el debate sobre las distintas visiones y posiciones sobre el contexto en que se dio el grave hecho y los discursos de odio que no son otra cosa que una estigmatización permanente contra los sectores populares.
La diputada del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, fue categórica en denunciar los discursos que promueven estos hechos graves “Hace tiempo que venimos denunciando y enfrentando estos discursos de odio contra los desocupados, trabajadores, el movimiento de mujeres y la izquierda. No es de extrañar que los libertarios sean los únicos en no repudiar el hecho y catalogarlo como hecho delictivo. No son libertarios, son fachos” declaró la diputada del Frente de Izquierda Alejandrina Barry en respuesta a Ramiro Marra de Libertad Avanza.
Al mismo tiempo Alejandrina Barry fue categórica “Desde un primer momento salimos a denunciar el atentado contra la vicepresidenta. Fue un atentado fascistisoide y lo debemos enfrentar, pero no nos pidan que promovamos la ’paz social’ o la ’unidad nacional’ en medio de un ajuste contra el pueblo trabajador”.
Y remarcó “El discurso de la extrema derecha es la construcción del enemigo. Como hija de desaparecidos conozco muy bien que significa esto, por eso no lo dejamos pasar y somos categóricos en repudiarlo. Todos copian la agenda discursiva de la derecha contra los pobres y eso solo valentona aún más a los sectores reaccionarios”.

31.8.2022

Trabajadores y Trabajadoras Docentes del Programa “Teatro Escolar” realizan este jueves 1 de septiembre, a las 13, un cese de actividades para concentrarse frente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Carlos H. Perette 750, para exigir basta de ataques al programa y no al recorte de horas de asistencia técnica.

Compartimos comunicado:
Les trabajadores del Programa Teatro Escolar seguimos en estado de alerta y movilización ante un nuevo atropello a nuestras condiciones laborales.
La Dirección General de Escuela Abierta tomó la decisión unilateral e infundada de eliminar nuestras horas de Asistencia Técnica, una conquista histórica hace más de 30 años. Las mismas, ratificadas por la Dirección de Currícula, son fundamentales para llevar adelante la labor cotidiana:
Gestión de espectáculos, traslados, articulación de áreas, proyectos, organización de excursiones, Jornadas de Equipo, reuniones con equipos docentes y con directivos, entre otras actividades que realizamos en pos de cumplir con los objetivos fundamentales del programa.
Al quitarnos estas horas, el Ministerio estaría incumpliendo con la Ley que incluye a la materia Teatro dentro del Sistema Educativo, clausurando el trabajo sobre contextualización y apreciación, que son dos de los tres ejes propios de nuestro lenguaje explicitados y exigidos en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, los profesores del programa estamos sufriendo una situación de hostigamiento en nuestros lugares de trabajo, mediante mails y llamados telefónicos a las Conducciones Escolares por parte de la Dirección General, desconociendo a nuestra Coordinación, quienes gestionan el Programa. Este es un nuevo atropello que se suma a los que ya venimos resistiendo desde hace años.
Esta decisión modificaría de raíz nuestro trabajo, no vamos a permitir que se lleve adelante.
Basta de precarización laboral
Por más cargos que garanticen la anualidad del programa y presencia en todas las escuelas y grados.
¡NO AL RECORTE DE NUESTRAS HORAS DE ASISTENCIA TÉCNICA!
APERTURA DE NUEVOS CARGOS YA