Familias exigen respuestas de Larreta y Acuña frente a un nuevo ajuste en escuelas especiales
31.8.2022
Por Joaquín Andrés
Esta semana un grupo de familias de estudiantes de la escuela especial se hicieron presentes en la escuela de oficios en Parque Patricios donde estuvieron presentes el Jefe de Gobierno porteño junto a la Ministra de Educación, porque se intenta limitar la edad de permanencia de les participantes de 30 a 22 años. Basándose en una resolución del Consejo Federal de Educación de 2011se realiza este nuevo ataque a la educación pública.
El martes pasado un grupo de familias de alumnes de la escuela especial se movilizaron a la escuela de oficios de la UOCRA en Parque Patricios donde iban a estar presentes el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su Ministra de educación, Soledad Acuña. Desde hace meses un grupo de familias de alumnes de escuelas especiales viene haciendo un reclamo, tanto al Gobierno porteño como al gobierno nacional.
Basándose en una resolución del Consejo federal de Educación, la 155/11, el gobierno porteño limita la permanencia de la población estudiantil en las instituciones educativas hasta los 22 años, sin ofrecer ninguna alternativa, ni en formación laboral o de algún tipo de continuidad pedagógica en la modalidad de educación especial para adultos.
Las familias reclaman al gobierno porteño
Después de meses de no recibir respuesta de ningún gobierno, un grupo de madres y alumnes se hicieron presentes en la escuela de formación laboral n° 37, perteneciente a la UOCRA, donde el jefe de gobierno y la ministra Acuña se hicieron presentes para un acto. Las familias abordaron a los funcionarios exigiendo explicaciones. Después de unos minutos, la ministra “recibió” a las madres por unos escasos 15 minutos en plena calle, donde osciló entre desconocer la problemática del sector (adujo que no sabía que no había micros para transportar a estudiantes discapacitades) hasta justificar el ajuste que viene haciendo diciendo que “no es un tema del ministerio darles un centro de día para sus hijos para que puedan ir a trabajar”. No hubo propuestas, nadie les pidió su número a las madres presentes ni nadie del gobierno quedó en relación con ellas.
Como publicaron en las redes sociales: “Señora Acuña esta claro su desinterés por las PCD, aunque hable de inclusión es puro marketing”.
¿Qué dice la resolución?
La resolución 155/11 (que fue votada por casi todos los ministros de educación de las provincias, la ciudad y nación) da marco a una reorganización del área de educación especial, estableciendo competencias, niveles, formas de organización, etc. Entre otras cosas, deja establecido que el área de educación especial debe “definir las transformaciones de las escuelas de Formación laboral en escuelas o centros de educación para adolescentes y jóvenes con discapacidad (franja etárea entre 12/14 años hasta 20/22 años) incorporando en el mediano plazo a otros cargos docentes y técnico docentes acordes con los trayectos educativos que se implementen”.
La resolución no establece ningún criterio más allá del etario, cuando es claro que no es lo único que debe influir en una decisión de esta naturaleza, donde deben considerarse tanto los condicionantes o la patología de cada alumne, como su trayecto pedagógico, la relación con la comunidad educativa, su situación social, entre otros factores claves. Además, es cada jurisdicción la que aplica la resolución “como le parece”, las autoridades establecen el cómo y el cuándo. Ninguna escuela ni centro fue acondicionado para dar formación laboral ni se pensó en un plan integral para el sector. Mucho menos fueron consultades docentes y familias para elaborar políticas educativas que puedan dar respuesta a las complejidades del sector. El único criterio cierto, al parecer, es recortar la inversión educativa.
Unir a familias y docentes para enfrentar el ajuste en la educación
En estos meses vimos un salto en los ataques a la educación pública en la ciudad y en el país, con (contra)reformas del estatuto docente, el intento de extensión de la jornada simple sin consulta a los docentes, la mala alimentación de niñes que llevaron a una muerte en una escuela del sur de la ciudad o los recortes en el presupuesto educativo que hizo el gobierno nacional. También vimos cómo se movilizan las familias afectadas por la falta de pago a los prestadores de salud de personas discapacitadas. El ajuste en educación y salud está a la orden del día. Se hace imprescindible coordinar a docentes y familias para enfrentar esta situación para que no sea la educación, y especialmente la que reciben les jóvenes con discapacidades y condiciones especiales, quienes paguen la crisis.