Red de radios

16.8.2022

Por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

A un mes de su lanzamiento, la fiscal porteña Celsa Ramírez pidió que se bloquee el acceso a la plataforma web, que sirve para recabar información sobre abusos de las fuerzas de seguridad. Esto sucedió luego de que el oficialismo porteño lanzara una fuerte campaña en contra de la iniciativa.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la fiscal porteña Celsa Ramírez quieren censurar al “Mapa de la Policía”, una herramienta ciudadana que se propone denunciar la violencia policial y transparentar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad.
La ofensiva mediática comenzó a los pocos días del lanzamiento de la plataforma y estuvo liderada por el ministro de Seguridad Marcelo D´Alessandro, quien identificó esta voluntad de participación popular con una persecución a funcionarios que deben rendir cuentas ante la población. De esta manera, D´Alessandro amplificó eco de los discursos de odio manifestados por algunos exponentes de ultraderecha que integran el oficialismo.
Aun así, el Mapa de la Policía consiguió una gran repercusión pública y tuvo excelente recepción en la ciudadanía. Ahora, el poder judicial intenta censurar la iniciativa. El día miércoles 10 de agosto la fiscal Celsa Ramírez, reconocida por sus estrechos vínculos con el poder ejecutivo porteño, solicitó “la clausura/bloqueo preventivo de la página web www.mapadelapolicia.com”. El intento de censura debe ser analizado ahora por el juez de Primera Instancia en el fuero Penal Contravencional y de Faltas, Pablo Casas, quien debe resolver si hace lugar o no a la medida cautelar.
El argumento propuesto por la fiscal Ramírez constituye un acto de persecución política, al apuntar directamente contra la legisladora Ofelia Fernández por supuesto “abuso de autoridad”. Ofelia es una de las impulsoras de la Plataforma Ciudadana en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la revista Crisis, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Equipo de Investigación Política (EDIPO), la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), el portal Grito del Sur, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), entre otras organizaciones de la sociedad civil.
El “Mapa de la Policía” conformó una defensa técnica integrada por abogades de extensa trayectoria y presentó ante el juez un escrito solicitando el rechazo del planteo. Esta denuncia penal, además de una nueva agresión contra Ofelia Fernández, es un intento de censurar la libertad de expresión de distintas organizaciones de la sociedad civil, y una reacción antidemocrática contra la exigencia de un gobierno abierto con control activo de la ciudadanía.
Desde el Mapa ratificamos nuestra voluntad de construir una Red de Cuidados Ciudadanos contra la violencia policial, que haga frente a los abusos de las fuerzas de seguridad y aporte a la transparencia de las instituciones de gobierno. E invitamos a todas las personas que sientan la necesidad de participar en esta iniciativa a manifestar su solidaridad y a brindar su aporte, denunciando activamente o difundiendo el mensaje.

16.8.2022

Este martes la capital y del norte del Gran Buenos Aires amanecieron con un fuerte olor a humo y en amplias zonas la visibilidad se vio restringida. Según diversas fuentes, se trata de los incendios intencionales en humedales e islas del Delta del Río Paraná que ya provocó la reacción de la población en Santa Fe. El viento del noroeste acercó sus consecuencias al AMBA.

Desde la madrugada este martes las y los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y otras zonas del AMBA (especialmente el norte) se vieron afectados por el fuerte olor a humo, que en amplias zonas implica también una sensible falta de visibilidad.
Alberto Cárita, director de Defensa Civil de CABA, dijo al diario La Nación que el humo “proviene de los distintos focos de incendio que se registran en Entre Ríos principalmente, pero que también existen en el norte de Santa Fe y Corrientes”. En ese sentido, afirmó que el fin de la avanzada del humo sobre el AMBA “va a depender de la evolución del viento”.
El lunes por la noche el Gobierno de Entre Ríos decidió interrumpir el tránsito en el puente que une las ciudades de Victoria con Rosario (en Santa Fe), debido precisamente a las densas columnas de humo registradas en la región.
Vale decir que tanto las gobernaciones como al Poder Ejecutivo nacional, especialmente el ministro de Ambiente Juan Cabandié, hacen declaraciones de ocasión mostrando una poco creíble “preocupación” por la situación generada a partir de las quemas. Pero lejos de demostrar que van por una solución de fondo, lo que hacen día a día es actuar en favor de los mismos terratenientes y las mismas corporaciones agroindustriales que se benefician con los incendios para sus negocios.
En un informe publicado este domingo en el semanario Ideas de Izquierda, Julia Tessio e Irene Gamboa relatan cómo en los últimos días irrumpió en santa Fe “una movilización masiva que volvió a poner en la mesa el problema de las quemas de los humedales en el Delta del Paraná”. El miércoles pasado en Rosario miles de personas se concentraron en el Monumento a la Bandera y realizaron una asamblea popular que votó un “plan de lucha” con corte del Puente Rosario-Victoria durante el fin de semana.
“El reclamo contra el humo que acecha el cordón industrial de San Lorenzo- Rosario-Villa Constitución-San Nicolás y la sanción de la Ley de Humedales cobran más vigencia que nunca”, afirman Tessio y Gamboa. A su vez, denuncian “décadas de impunidad que se intensificaron en los últimos tres años”, donde “la quema de los humedales ya arrasó con más de 800.000 hectáreas”.
Según un estudio del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, producto de las quemas intencionales el aire triplicó su nivel de contaminación respecto a los niveles promedio. “En la localidad de Villa Constitución los gases y cenizas tuvieron semejante densidad que desde la Dirección de Tránsito debieron cortar la circulación de la autopista Rosario-Buenos Aires, porque hubo un accidente mortal. Las calles y los pisos con cenizas, problemas respiratorios, olores insoportables que, fundamentalmente, luego de las 10 de la noche se volvieron moneda corriente”, dicen las cronistas en Ideas de Izquierda
Según información oficial, hasta el momento fueron detenidas cuatro personas “por intentar prender fuego en las islas del Paraná”. Se trata de un hombre y sus dos hijos de Villa Constitución (Santa Fe) y uno de Victoria (Entre Ríos). En el caso del hombre y sus hijos fueron interceptados el domingo cerca de Arroyo Seco en una lancha con motor fuera de borda. El otro fue detenido el lunes cerca de Victoria.
Si bien de forma esporádica en la Ciudad de Buenos Aires aparece el humo y el mal olor, las quemas de humedales y pastizales a lo largo del Río Paraná son algo cotidiano que sucede ante la contemplación pasiva de todos los gobiernos. Nada se puede esperar de funcionarios cuyo objetivo máximo es garantizarles las ganancias a los terratenientes y corporaciones agroindustriales, quienes suelen estar detrás de los incendios o crean las condiciones estructurales para que se desarrollen de forma catastrófica, como se vio este verano en Corrientes y otras provincias.
Por eso, como expresan Tessio y Gamboa, “es necesario poner en pie comités de base en las facultades, escuelas y lugares de trabajo que obliguen a los sindicatos no sólo a convocar, como lo hicieron el pasado miércoles, sino a realizar asambleas y votar desde abajo un plan de lucha para parar las quemas”. Si no se actúa de esa manera, obligando a las conducciones sindicales a tomar medidas de fondo, será mucho más difícil frenar la destrucción de la flora y la fauna y el deterioro de la salud de la población.
“Para ello es necesario la organización democrática que replique la asamblea del miércoles pasado en cada lugar de trabajo y de estudio y confluya en medidas de acción cada vez más contundentes. No podemos permitir que sus ganancias valgan más que nuestras vidas. Necesitamos que se vote ya la Ley de Humedales consensuada con las organizaciones, pero sabemos que el problema es de fondo y para ello hay que avanzar en medidas estructurales y debatir sobre otros de los grandes problemas ambientales, como la megaminería y la producción de energía en base al combustible fósil”, afirman en Ideas de Izquierda.
Además, plantean que “para acabar con la especulación con las tierras hay que avanzar en expropiar los humedales para preservarlos y ponerlos al servicio de las necesidades de la mayoría de la población. El agropower no sólo está en la tierra. Es una enorme red que llega a los puertos, las aceiteras, las cerealeras. Hay que nacionalizarlas y ponerlas bajo gestión de sus trabajadores para que se pongan a disposición de los 17 millones que viven bajo la línea de la pobreza en la Argentina gobernada por el Frente de Todos y el FMI. En este sistema los empresarios del campo deciden todos los días sobre la vida de toda la población y el medio ambiente. Esto sólo se puede modificar con medidas de fondo, con una planificación de la economía racional, democrática y en armonía con el medio ambiente, algo que solo podría conquistar duraderamente un gobierno de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo pobre”.

15.8.2022

Por Sonia Santoro

La Ciudad recortó un 94% de los fondos para el área, destinando sólo 330.000 pesos en todo el año, cuando la Legislatura había votado 7.000.000 millones en el Presupuesto.

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad encontró grandes deficiencias en la aplicación del programa que asiste a las víctimas de trata de personas en la Ciudad de Buenos Aires. En 2020 recortaron el presupuesto en un 94 % en relación con el año anterior. Destinaron 330.000 pesos a la asistencia a las víctimas de trata, cuando la Legislatura había votado 7.000.000 para ese fin. Según el informe, el programa no cuenta con trabajadoras/es sociales y la asistencia profesional depende de la articulación con otras áreas de gobierno. No existen acciones que promuevan la inclusión laboral y social de las víctimas con el fin de potenciar su autonomía. Y no hay articulación con la inspección de locales comerciales que permita la detección de situaciones de trata de personas, entre otras deficiencias. º
El informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires sobre el relevamiento al Programa Detección, Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas (Ley 2781), fue realizado por el auditor general de la Ciudad por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz. Analiza el año 2020 de la gestión y fue publicado recientemente, en consonancia con el día de lucha contra la trata de personas.

Problemas de presupuesto

«Los problemas empiezan en el presupuesto y llegan a todos lados, cuando uno lee la Ley de presupuesto se encuentra que las actividades que prevé la Ley 2781 para detección, protección y asistencia a víctimas de trata no están presentes en el descriptivo presupuestario, es decir no están contempladas en la asignación de recursos. Le dan a la Dirección General de la Mujer la responsabilidad de ejecutar el programa, pero los fondos se los asignan a la Unidad Ejecutora que administra la ministra de Desarrollo y Hábitat, María Migliore, en vez de la propia directora por lo que de esa manera se encuentra sin recursos para cumplir con sus funciones», explicó Teszkiewicz.
Además, el presupuesto bajó un 94 % con respecto al año anterior. “Lo que se imputó al programa durante 2020 fueron 330.000 pesos. Pero la Legislatura sancionó 7.058.000 pesos. El Ejecutivo, a través de las reasignaciones presupuestarias, lo redujo a 416.000 pesos y en efecto gastó 335.476″, explicó el auditor. Entonces, cuando se les pregunta qué porcentaje del presupuesto utilizaron, responden el 80 %. Pero es el 80 % de 416.000 pesos”.

Reducir y reasignar

“Además es difícil saber a qué otras áreas de gobierno derivaron. Normalmente, cuando el Ejecutivo hace reasignaciones presupuestarias, pone de donde sale el dinero y a dónde va. Con la ley de emergencia por Covid, una de las prácticas fue sacar resoluciones de partidas donde sacaban dinero sin decir adónde iba: iban a una bolsa. No sabemos con exactitud adónde fueron a parar. Y no tuvimos explicación”, reclamó.
La reducción presupuestaria sigue hasta el día de hoy. Según un análisis elaborado por el legislador porteño Matías Barroetaveña, en el 2021, el presupuesto asignado fue de 712.544 pesos, un 90 por ciento menos que en 2020 y en 2022, 420 mil pesos, es decir un 58 por ciento menos que en 2021. “Es llamativo que los montos por intervención se reduzcan tanto de año a año, cuando la formulación del programa es idéntica, alcanzado para el 2022 la irrisoria cifra de 210 pesos por cada intervención, cuando en 2020 llegó a $25.208”, planteó el legislador.
Desde la Comisión Especial de Trata de la Legislatura porteña, su presidenta, la legisladora Claudia Neira, informó que para 2020 y 2021 la cantidad de intervenciones esperadas era de 280. Para 2022 esas intervenciones aumentaron a 2.000, sin un consiguiente aumento presupuestario. “Si la política de atención no va a verse plasmada en términos presupuestarios, por lo menos debería verse en hechos concretos como acceso al subsidio habitacional, asistencia jurídica, asistencia psicológica, asistencia médica, etc. Y sin ningún tipo de barrera ni imposición burocrática que ralentice los tiempos”, dijo Neira.

Las asistencias

En 2020 el programa asistió a 120 personas, un número promedio en relación a los cinco años previos: se atendieron 77 en 2015, 84 en 2016, 130 en 2017, 158 en 2018 y 138 en 2019.
La mayoría de las víctimas atendidas fueron mujeres, aunque hay un porcentaje importante de varones (37,5 por ciento), especialmente en víctimas con fines de explotación laboral, dice el informe de la Auditoría. Dado este escenario, la Auditoría encontró que Dirección General de la Mujer, ocupada de ejecutar el programa, no se ajusta a las características de la población atendida. “Esta situación impacta particularmente en materia de dispositivos de alojamiento disponibles, así como en el acceso a las actividades y talleres (particularmente orientados a la atención de la problemática de la violencia de género)”, advierte el informe.
En este sentido, un trabajo elaborado por Bárbara Bonelli, defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, recomienda crear un refugio para sobrevivientes varones porque hoy “luego de salir de su situación de explotación, no tienen dónde refugiarse y muchas veces vuelven a recaer en las manos de tratantes y explotadores laborales que tienen a su cargo talleres clandestinos”.

Se trata de derivar

Por otro lado, según el informe de la Auditoría, durante el 2020 el programa no contó con trabajadoras/as sociales, profesión fundamental para la tarea de asistencia social que se requiere. “No hay trabajadoras sociales y no hay un cuerpo profesional puesto a disposición de las víctimas. No hay personal propio, no hay una abogada, psicóloga… todo es «articulación». Para el patrocinio jurídico tienen que articular con la Procuración, para asistencia psicológica derivan al Ministerio de Salud, para alojamiento derivan a los paradores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat o al programa habitacional en el que les dan un subsidio en dinero para que alquilen una pieza en un hotel, que normalmente no alcanza pero que la persona tiene que resolverlo», describe Bonelli.
Y agrega: «Estamos frente a personas que acaban de ser rescatadas de reducción a la servidumbre, vos no podés decirles ‘andá a conseguir un lugar a donde vivir’. A veces no tienen los recursos económicos ni simbólicos para poder reconstruirse. La atención debe ser integral, uno debe acompañar ese proceso, con atención psicológica, lugares donde alojarse, programas de reinserción educativa y laboral. De todo eso, no hay nada”.

Todo lo que falta

Entre otras “debilidades” del programa, la Auditoría encontró problemas en los siguientes aspectos:
*Dispositivos de alojamiento: “Las mujeres víctimas de trata laboral, varones con o sin hijos y familias son alojada/os en dispositivos dependientes de la DGDAI (hogares y paradores) que no son específicos para la población y, por ende, no se ajustan a la normativa vigente, como así tampoco a los lineamientos y directrices establecidas en la materia a nivel internacional”.
Estos espacios, además, son transitorios, “lo que dificulta la intervención sostenida y a largo plazo sobre esta población”.
*Inclusión laboral: “No se han informado acciones sistemáticas tendientes a la formación laboral y la empleabilidad, la incorporación al trabajo formal y la generación de recursos genuinos, tal como promueve la normativa vigente y los estándares internacionales”.
*Estadísticas: “Las estadísticas elaboradas no resultan confiables, en particular, en lo relativo a las prestaciones brindadas por el programa en materia jurídica y psicológica, además de registrar errores de cálculo” .
El programa, incluso, “carece de estadísticas que permitan dar cuenta de grupos particularmente vulnerables como la población transgénero”.
*Campañas: El programa no realiza campañas destinadas a desalentar la demanda que propicia la explotación conducente a la trata de personas.
Finalmente, dice, falta una enfoque integral del problema de la trata.
Sin control
“La ciudad viene obturando la posibilidad de hacer una atención integral a las víctimas y una persecución integral del delito. La Agencia Gubernamental de Control no tiene articulación con los programas de trata para prevenir y ubicar los lugares de detección temprana. Sería ideal que los inspectores pudieran identificar y detectar situaciones de riesgo de explotación sexual y laboral. Todo eso no está por un veto”, dijo el auditor en referencia a la Ley de atención integral de la trata impulsada por la diputada macrista María Eugenia Rodríguez Araya, aprobada el 3 de diciembre de 2009 y vetada un mes más tarde por el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri.
Desde entonces no se volvió a lograr consenso para una ley de ese tipo ni otras que apunten a dar soluciones concretas para las personas que son rescatadas de redes de trata.
“Desde la presidencia de la Comisión Especial de Trata de Personas venimos impulsando y solicitando el tratamiento de distintos proyectos de ley que faciliten el acceso a las víctimas de trata a los distintos dispositivos sociales y de atención a las víctimas”, dijo Neira. Entre ellos se encuentra un proyecto de la Defensoría del Pueblo, que ya perdió estado parlamentario, que apuntaba a dar asistencia económica inmediata y específica a las víctimas, así como otro presentado por el mismo organismo (“Obligaciones del Estado en Vivienda y Empleo para víctimas de violencia doméstica explotación sexual y trata”), que fue reiteradamente rechazado por la mayoría oficialista en la Legislatura.

12.8.2022

El 12 de agosto de 2018, oficiales de Prefectura asesinaron por la espalda a Cristopher “Bocha” Rego por no frenar en un control de tránsito. El año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de la Ciudad condenó a prisión perpetua al cabo segundo de la Prefectura Naval Argentina, Pablo Miguel Brites, como autor material del asesinato. A 4 años del crimen, este sábado 13 de agosto, a las 14, sus familiares y amigos convocan a un acto de señalización en homenaje en la esquina de Avenida Caseros y Monteagudo, en el barrio porteño de Parque Patricios.

El 12 de agosto de 2018 Bocha volvía a su casa en Ancaste e Iguazú. Iba en su camioneta y al encontrarse con un control de la Prefectura no frenó. El oficial Pablo Brítez le disparó, lo que provocó un choque contra un poste de luz. La víctima había recibido un balazo en la espalda y la mandíbula dio contra el volante. Murió a los pocos minutos. El joven, había sido padre hacía 40 días, y como ocurre en estos casos los policías intentaron ocultar y encubrir escondiendo las pruebas llevándose las vainas de los disparos.

11.8.2022

El gremio docente UTE definió hoy como «un nuevo anuncio de marketing y discriminación» la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quitar ayuda social a las familias cuyos hijos pierdan la regularidad escolar.

«Un nuevo anuncio que despliega odio de clase y estrategias de marketing político como acostumbra la gestión neoliberal en la ciudad de Buenos Aires», afirmó la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) en un comunicado.
El gremio encabezado por Angélica Graciano agregó que el anuncio de Rodríguez Larreta «omite» tanto la «responsabilidad de la gestión de la falta de vacantes, principalmente para las familias más vulneradas», como «la baja sistemática del presupuesto (educativo) que hacen desde que gobiernan» la ciudad de Buenos Aires.
Además, sostuvo que la medida «estigmatiza a las clases populares acusándolas de desinterés por la educación, cuando son ellas las que acompañan como comunidad educativa todos los reclamos frente a la vulneración del derecho social a la educación».
«En una clara jugada de marketing electoral -agrega el comunicado-, el Jefe de Gobierno se sube a lo que viene sosteniendo la derecha: ajuste y vigilancia sobre los sectores populares en un momento en el que la crisis golpea fuertemente en esas familias».
Y concluye: «Desde UTE nos solidarizamos con las familias de la comunidad educativa y reclamamos al Jefe de Gobierno que aumente el presupuesto educativo, construya escuelas para garantizar vacantes y termine con la persecución a los sectores populares».
Ayer Rodríguez Larreta anunció, junto a las ministras porteñas de Educación, Soledad Acuña, y de Desarrollo Humano, María Migliore, que el Gobierno de la Ciudad controlará la regularidad escolar de los hijos e hijas de las personas que perciben la ayuda social correspondiente al programa Ciudadanía Porteña y, en función de eso, determinará si continuarán recibiendo el 100% del beneficio o le restarán el monto que perciben en concepto de «adicional por hijo».