Red de radios

16.6.2022

Se trata de las “concesionarias del curro”, las mismas que abastecen a las escuelas con comida podrida, cometen fraudes, negocios y realizan aportes de campaña con las ganancias provenientes de los comedores escolares porteños.

El gobierno de la Ciudad, extendería las licitaciones a las concesionarias de comedores escolares, que entregan comida podrida en las escuelas porteñas hasta 2025. El Frente de Izquierda Unidad, (FIT-U), recibe cientos de denuncias por la mala calidad de la comida en las escuelas, mientras que el Gobierno porteño no cumple los fallos que lo obligan a garantizar una alimentación saludable. La izquierda denunció en la Legislatura, terminar con el negocio de las concesionarias de comedores escolares y propuso que la comunidad educativa controle la calidad de la comida.
Son 19 las compañías que hoy tienen a cargo el servicio y que se presentaron a una licitación que tiene irregularidades. A partir de las denuncias de la comunidad educativa junto a organizaciones y sindicatos, movilizaciones y presentaciones en la Legislatura porteña, la Justicia emitió fallos que obligan al gobierno de Rodríguez Larreta a garantizar una alimentación saludable, debiendo modificar los menúes que ofrecen los comedores escolares.
Sin embargo, el Ejecutivo porteño no cumplió ninguno de estos fallos y los niños y las ninas continuaron recibiendo viandas insuficientes y de pésima calidad: fruta machucada, gusanos en la lechuga, pollo crudo, yogurt vencido, etc. Así y todo, el gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, parece estar conforme, ya que abrió una licitación donde estas 19 empresas privadas, que dan el servicio, hoy extiendan su contratación hasta 2025.
Se conocieron datos sobre la Licitación 7192-1818-LPU21, para entregar el servicio de viandas en escuelas porteñas que contiene la comida de más de 291.000 estudiantes. Así se supo que se inscribieron las mismas 19 empresas y cada una de ellas ofertó el mismo valor para las diferentes viandas: cada desayuno a $ 35,57, cada almuerzo a $ 302,95 y cada refrigerio a $ 105,17.
Este dato, sobre lo ofertado, llamó la atención de diferentes sectores de la sociedad que advirtieron de acuerdos previos existentes, entre las empresas privadas y la administración pública de la Ciudad, más cuando muchas de las firmas que manejan los comedores escolares son aportantes de campaña de Juntos por el Cambio.
Estas empresas concesionarias manejan los comedores porteños, ofreciendo comida barata y escasa, para obtener mayores ganancias, y cobrando dobles subsidios. Luego de meses de idas y vueltas, el Ministerio de Educación finalmente informó sobre el servicio de comedores. De estas cifras surge que en solo 7 meses de servicio existe una diferencia de alrededor de 860 millones de pesos entre el costo total del servicio de comedores y el presupuesto realmente ejecutado por el gobierno. Es grave el hecho de que se subejecuta el presupuesto en comida de los chicos.
Algunas de las concesionarias beneficiadas por este esquema son: Alfredo Grasso, Arkino S.A., Bagala S.A., Caterind S.A, Dassault S.A. E Hispan S.A., Diaz Velez S.R.L., Enrique Tavolaro S.R.L., Friends Food S.A., Servicios Integrales de Alimentacion S.A., Servir´C S.A, y Treggio S.R.L.”.

Gran estafa a costa de la alimentación de los chicos y chicas

Además, G 25 y Formar, ONG vinculadas a Guillermo Dietrich y Esteban Bullrich, recibieron durante la campaña más de 14.000 dólares en concepto de donaciones por parte de la empresa Friends Food SA. También obtuvieron financiamiento de Teylem SA y de la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios, de la cual participan ambas firmas. En ese período aportaron más de 18.000 dólares, según consignó Chequeado, que accedió a los balances presentados ante la Inspección General de Justicia.
Para terminar con este negocio millonario y fraudulento que lucra con el hambre de miles de pibas y pibes, resulta urgente terminar con la privatización del servicio, que los comedores escolares vuelvan a ser públicos y sean gestionados por sus trabajadores y la comunidad educativa, con la guía de nutricionistas y controles de las cooperadoras y comisiones de padres y madres, junto a las y los trabajadores de cocina.

15.6.2022

Por Martín Massad

Diálogo con Luciana Viera, comunicadora y activista trans del Bachillerato Popular Mocha Celis, sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas.
* El artículo contiene lenguaje inclusivo

¿Qué opinas de la medida implementada por Soledad Acuña de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas?
Luciana Viera: La ministra Soledad Acuña hace referencia al lenguaje inclusivo como un obstáculo. Es importante dejar en claro que, lejos de ser un obstáculo, el lenguaje inclusivo es un tipo de comunicación verbal y escrita que incluye a todas aquellas identidades que escapan al binarismo hombre-mujer que nos inculcan desde que somos niñes.

¿Cómo tomaron esta prohibición en el Mocha Celis, un bachillerato abierto a la diversidad?
L.V: Nosotres somos una institución que repudia por completo la medida tomada por Soledad Acuña, porque dentro del Mocha Celis utilizamos el lenguaje inclusivo. Su prohibición no sólo violenta la libertad de expresión, sino que va en contra de las identidades de género de las personas, es decir, es muy extraño pensar que en un país que tiene marcos normativos y leyes como el DNI no binarie haya resoluciones que no permitan usar el lenguaje inclusivo. Sin ir más lejos, dentro del espacio educativo puede haber también infancias trans, travestis y no binaries, como así también educadores que se perciban con estas identidades, por lo que no permitir el uso del lenguaje inclusivo sería un intento de incivilización y un gran acto de violencia. En el último tiempo tratamos de promover y fomentar en la sociedad esta idea de que presumir la identidad de la otra persona por su expresión de género, por si es más masculina que femenina y definir si es hombre o mujer, es violenta. Esta prohibición, en cierta medida, va en detrimento de todos los derechos ya adquiridos, hay marcos normativos como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Educación Sexual Integral que se da en las escuelas porteñas y está a favor del uso del lenguaje inclusive y, ahora de repente, un retroceso. Esto no es casual, acá hay un trasfondo político y una puja de votos con la ultraderecha.

La gestión de Soledad Acuña frente al ministerio de Educación también trajo como resultado problemas edilicios y faltantes de gas en las escuelas ¿Qué falencias encontrás vos en el sistema educativo de la Ciudad?
L.V: Un obstáculo es que les pibes que van a estudiar, a gozar de un derecho básico como es el derecho a la educación, no tengan calefacción o gas en su escuela. Obstáculo también es que les llegue comida putrefacta y no en buen estado, como ha pasado en los últimos tiempos y se ha viralizado, en los espacios donde estudian, eso es un obstáculo. Creo que deberíamos hacer más foco ahí a la hora de pensar cómo educamos a les niñes y los resultados que obtenemos.

Muchas expertas y expertos han sostenido que el lenguaje inclusivo abre puertas, genera conocimiento y permite que las chicas y chicos aprendan y se generen inquietudes. ¿Vos qué opinas al respecto?
L.V: Muchas veces se piensa que cómo somos personas que habitamos los espacios y colectivos de las disidencias hablamos todes lenguaje inclusivo, la realidad es que no. Es un acto que se va construyendo, que se va aprendiendo día a día. A mí como mujer trans, activista y militante, aún al día de hoy, hay palabras que repienso, me pongo en cuestionamiento y me cuesta. No es algo que nos sale natural, porque nos han criado y educado con otro lenguaje, que es absolutamente binarie y sexista y que no es el lenguaje inclusivo. Entonces, es una práctica que cuesta, pero que incluye a las personas que no se autoperciben con el binarismo que nos imponen. Utilizar pronombres neutros, cambiar apenas una letra, puede aportar muchísimo. La lengua es algo dinámico, que construye, visibiliza y expresa, aquello que no se nombra no existe. Aquellas personas que estamos invisibilizando a través de la resolución de la ministra Acuña, existen y están en esos espacios. Existen las infancias trans, travestis y no binaries, y están en los espacios educativos donde ahora prohíben el lenguaje inclusivo.

También, en la última semana se viralizaron talleres y publicidades que implementó el Gobierno de la Ciudad, ¿Qué opinas de esta contradicción respecto al uso del lenguaje inclusivo por parte de la administración porteña?
L.V: Son momentos complejos. Estamos en una coyuntura donde se vienen épocas electorales, donde lo único que importa es el voto. La derecha avanza y se han escuchado muchos discursos transodiantes hacia el colectivo de disidencias. Estas medidas no hacen más que legitimar estos actos y acciones de violencia, que parecieran que son resoluciones que se toman de manera casual, pero no. Creo que no es casual que se tome esta medida en el mes Internacional del Orgullo y cerca de un año electoral. Es sumamente contradictorio que en el mes de noviembre hayan participado con una carroza del “Pro-Diversidad” en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ y que, esas mismas personas, hoy estén a favor de esta resolución. Necesitamos políticos que aboguen por el bienestar y educación de las niñeces y el derecho a la identidad. Las personas travestis y trans existimos y no nos pueden seguir invisibilizando y violentando.

¿Van a llevar adelante alguna medida o acción en contra de esta resolución?
L.V: No vamos a permitir que se retroceda en lo que ya hemos logrado. Esta resolución va en contra de leyes que ya existen. No vamos a dar un paso atrás sobre derechos que hemos conquistado. Vamos a estar en la calle tomando acciones colectivas porque nosotres creemos que las acciones colectivas matan las acciones individuales.

15.6.2022

La ministra de Educación de Horacio Rodríguez Larreta firmó un convenio con la Policía de la Ciudad para que alumnos de quinto año “aprendan” en el Centro de Monitoreo Urbano.

Soledad Acuña y Horacio Rodríguez Larreta vienen impulsando que los alumnos del último año de la escuela secundaria porteña hagan pasantías en sus horarios educativos. Con el pretexto de insertarlos en el mundo laboral, los quieren obligar a trabajar gratis para empresas como Rappi o Mercado Libre, expertas en precarización laboral.
A nadie se le escapa que se trata de una forma de generar mano de obra joven y gratuita. En muchos colegios la bronca ya se siente y empezaron a surgir asambleas y medidas de protesta para rechazar estos ataques.
Sin embargo, la ministra de Educación porteña fue un paso más allá, y ahora quiere que alumnos y alumnas de 17 años se formen en una tarea fundamental para el Gobierno del PRO en la Capital Federal: espiar y vigilar a los habitantes de la Ciudad.
Así es como se firmó un convenio entre la Policía de la Ciudad y el ministerio de Educación para que 150 alumnos y alumnas hagan las pasantías y prácticas profesionales en el Centro de Monitoreo Urbano del ministerio de Justicia y Seguridad.
Como si fuera poco, lo festejaron con un video en redes sociales en el que hablan Acuña y su par de Seguridad, Marcelo D’Alessandro. “Es la vinculación entre el último año de la escuela secundaria y el mundo del trabajo”, declara la ministra. Sin embargo, la única vinculación de la Policía con el mundo del trabajo es cuando algún trabajador sale a luchar y recibe los palos y los gases de las fuerzas represivas. Lo mismo que les pasó a vecinas de la Villa 31 que peleaban por vivienda y fueron desalojadas hace unos meses.
“Es la oportunidad que se le está dando a los jóvenes de integrarlos, de incluirlos desde acá en las diferentes áreas del Gobierno”, completó D’Alessandro, la misma semana en la que fue noticia la insólita prohibición del lenguaje inclusivo.
Son medidas pensadas desde la óptica de la campaña electoral del 2023, para disputar votos con la ultraderecha de Milei. También, para complacer a los grandes empresarios y e intentar mostrar un modelo de súper explotación a los trabajadores que se proponen “exportar” al resto del país.

14.6.2022

Por Matías Ayrala

La empresa de Autopistas Urbanas que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires despidió con causa al trabajador. Desde Autoconvocados AUSA denunciaron que todo es un “invento”.

Durante 17 años, Javier Suárez trabajó como empleado de AUSA, la empresa que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se ocupa del mantenimiento de las autopistas urbanas y, principalmente, del cobro del peaje. Ahí también tuvo unos años como delegado gremial. A fines de 2020, tras la etapa más dura de la pandemia de coronavirus, Suárez retomó sus tareas de manera presencial.
En aquel entonces, luego de una licencia psiquiátrica, las autoridades de AUSA lo había trasladado a un nuevo destino: al playón Zelada, una sede de la empresa ubicada en Zelada 4665, en Villa Luro, que primero servía de depósito y luego se transformó en la oficina de Discapacidad, donde se tramitan la exenciones para el pago del peaje. Después de meses de trabajo remoto, el trabajador se llevó una ingrata sorpresa. Su oficina había sido desvalijada. Faltaban televisores, sillas, computadoras y demás objetos de valor. Durante todo ese tiempo, ese lugar había quedado en custodia de la Policía Metropolitana.
De hecho, la presencia de oficiales de la Policía de la Ciudad se hizo cada vez más notoria con el correr de los meses. Tanto es así que el 1° de julio de 2021, Suárez llegó a su trabajo y se encontró con que su oficina había sido tomada por la Policía. Una oficial llamada Aldana Ayala había ocupado el lugar, había pegado el escudo de la Metropolitana en la puerta y hasta había colocado colchones sobre los escritorios. Lo había realizado por orden de otro policía: el principal de la Policía de la Ciudad, Diego Marchisio.
Ante esa situación, el trabajador notificó a su jefe Miguel Ferrer. Tras ese reclamo a la gerencia, la policía retiró todas las cosas del lugar. Un mes y medio después, el 16 de agosto de 2021, Marchisio se presentó en la oficina del trabajador. Según consta en la denuncia que Suárez realizaría horas después y que fue elevada a la empresa, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio Público Fiscal, el Principal de la Metropolitana ejerció “violencia policial”.
Según lo que contó el empleado de AUSA en la denuncia, Marchisio lo hostigó. “Me encontraba sólo en mi oficina realizando mis tareas habituales, cuándo entró el Principal Diego Marchisio filmándome con su celular a escondidas. Se dirigió a mí para cuestionarme que fumase sin barbijo, no me negué a dejar de hacerlo. Seguido a esto le explico que me encontraba sólo por eso no tenía barbijo puesto”, relató. Y continuó: “Me sigue increpando. Le pregunto si tiene algún inconveniente conmigo. Me dice: Yo recibí directivas claras”. Me pregunta si a mí no me llegaron esas directivas. Le respondo que a mí las directivas me las da AUSA a través de Miguel Ferrer y que no me informaron nada. Me responde: ‘Las directivas fueron para mí no para vos´, y afirma: ´Voy a hacer el informe que me pidieron hacer. A vos te filman, a vos te filmaron todos’. Le planteo que a mí la policía no me puede ni tomar asistencia, ni supervisar el trabajo, ni filmar”.
En ese punto de la denuncia, queda en evidencia la violencia ejercida por la autoridad policial: “Me continúa increpando por la calificación de mi trabajo, me dice que no hago nada. Le cuestiono que se tome atribuciones de calificar mi trabajo. Me dice: ‘Gerardo López lo sabe todo esto. La semana que viene vas a ver. En ese momento le planteo que lo que está haciendo es una amenaza. Reitera´: ‘Vamos a esperar a la semana que viene a ver que decide la empresa. No te voy a decir lo que me mandaron a hacer, ya te vas a enterar. Te estoy filmando, te estoy sacando fotos’. Reitero que no corresponde que el controle trabajadores de AUSA, que él es policía. Le digo que lo que hace es amenaza y abuso de autoridad, me dice que no, que él y Ferrer son abogados, que si lo quiero denunciar contrate un abogado”. Finalmente, el policía se retiró del lugar.
En aquel momento, luego de que la denuncia de Suárez fuera difundida en los medios de comunicación, AUSA se comprometió en el ministerio de Trabajo a “garantizar la seguridad del empleado” y a apartar a los policías de los lugares comunes. Ocho meses después, el 7 de junio, Suárez fue despedido de la empresa. Ese día, los representantes de la oficina de Recursos Humanos junto a una escribana aparecieron en la oficina y le informaron que su despido era con causa tras una denuncia en su contra de una policía por hostigamientos ocurridos a mediados del año pasado. ¿Quién era la denunciante? La misma policía a la que el trabajador había denunciado. Más que despido esto se parece a una represalia por las denuncias contra la Metropolitana.
En el comunicado de Autoconvocados AUSA afirman: “De esta forma, la empresa del Gobierno de la Ciudad no sólo convalidó el accionar de la Metropolitana, sino que dejó afuera de la empresa a quien se atrevió a denunciarlos. AUSA tomó acciones más directas como un despido persecutorio que le da mayor poder a la Metropolitana para amedrentar trabajadores”. Y completan: “Cabe recordar que el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ha hecho campaña en numerosas ocasiones con el proyecto ‘Autopistas sin barreras´ por el cual ya no habrá cajeros de peaje. El convenio ‘Free Flow’ tiene fecha para 2023 y si bien aseguran que está contemplada la empleabilidad de los trabajadores, al día de hoy muchos no saben dónde serán relocalizados. Ya son cientos los retiros y las jubilaciones anticipadas desde el comienzo de la pandemia”.
El trabajador despedido por denunciar los policías afirmó: “En la carta de la Policía me acusan, en una generalidad total y mal escrito, que realicé distintos hostigamientos, malas actitudes y hasta que quería acompañar a las policías a sus casas. Todo falso. De hecho, yo salgo de trabajar a las 18 y los cambios de guardia de los policías son a las 14 y a las 22. Así que mienten. Todo tiene que ver con la denuncia que le hice a la oficial y al Principal”.
Y afirma: “Es todo tan burdo y tan bizarro que ya no sé qué hacer. Primero me acusan de hostigar a una policía, cuando el hostigado fui yo por un jefe de la Policía Metropolitana. Yo no sabía qué podía hacer un tipo armado en mi oficina. No sé si me puede inventar una causa policial o inventar que me volví loco y lo ataqué. Tuve miedo. Ahora estoy entre indignado y triste. Y se metieron con mi vida privada porque podrían haber roto mi matrimonio porque mintieron diciendo que soy un ‘sátiro de mujeres policías’. Por suerte mi compañera sabe bien qué tipo de persona soy. Pero, ¿y si no me creía? ¿Quién se iba a hacer cargo de arruinarme la vida? Menos mal que tengo una mujer que es de 10. Estos tipos hacen daño”.
Por último, afirmó: “Si querían echarme con causa para quedarte con el puesto y hacer negocio, hacelo. Pero que no lastimen a mi familia. Evidentemente es una represalia por la denuncia que hice. Había un interés en que figurara el acoso contra una mujer tanto por parte de la empresa como de la Policía”. En pocas horas, el Sindicato de Comercio, que representa a los trabajadores de AUSA y el Ministerio de Trabajo tendrán su primera audiencia por el despido de Suárez. Todos tendrán la oportunidad de devolverle su puesto de trabajo. Si no lo hacen, quedará en claro que están listos para defender a la violencia ejercida por la Policía de la Ciudad y la empresa AUSA.

13.6.2022

Más de 65 trabajadores de la salud de distintos centros asistenciales porteños fueron echados en el marco de un «despido masivo» por parte de las autoridades del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, denunció hoy el titular de la Agrupación de Trabajadores de los Hospitales de CABA, Héctor Ortiz.

«Estamos indignados con lo que nos está pasando, es una pesadilla, donde a (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta nada le duele ni lo conmueve. Ahora fueron por más de 65 trabajadores y trabajadoras de la salud y los han despedidos como lo peor, cuando fueron estos trabajadores que dejaron su vida en la pelea frente a la pandemia de coronavirus», dijo Ortiz.
En ese sentido, el delegado general de los trabajadores del Hospital Durand nucleados en ATE consideró que, «en el fondo, parece un castigo para los trabajadores de la salud, enfermeros y enfermeras en particular: los que ofrecieron su vida en la pelea frente al Covid son despedidos como los peores empleados».
Ortiz alertó que el sector vive una «situación angustiante” en el Durand y otros hospitales porteños, “ya que hoy nos encontramos con una lista de despidos de 65 compañeros y compañeras”.
El gremialista aclaró que este tipo de situaciones “están ocurriendo en toda la ciudad» de Buenos Aires con el personal de salud que “realmente han dado todo y han entregado hasta su vida. Lo que ocurre es que hay mucho miedo a denunciar también».
“Que el gobierno en la Ciudad a cargo de Rodríguez Larreta y el Ministerio de Salud a cargo de Fernán Quirós dejen en la calle sin importarle nada, sin preocuparse que estén embarazadas o enfermos, realmente es una situación angustiante para toda la familia de enfermería”, lamentó.
Ortiz pidió también a las autoridades del Gobierno porteño que “recapaciten en forma urgente” y remarcó la necesidad de contar con enfermeras y enfermeros “en todos nuestros hospitales”.
Por ese motivo, los trabajadores de las áreas de salud y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) desarrollarán mañana una nueva jornada de protesta, con una concentración y acto desde las 11:00 en la sede del Hospital Durand, ubicado en la avenida Díaz Vélez 5044 del barrio de Caballito.