Red de radios

21.10.2022

Por Raúl Moroni

Introducción a la precarización laboral en las escuelas porteñas.

Uno de los fundamentos esgrimidos por lxs alumnxs de las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires para las recientes tomas fue su disconformidad con las “prácticas educativas” a las que fueron obligados por el Ministerio de Educación de la jurisdicción.
En efecto, lxs jóvenes del ciclo superior de las Escuelas Medias han sido enviados a trabajar obligatoriamente en empresas u organizaciones de la ciudad, iniciativa que la cartera a cargo de Soledad Acuña ha llamado “prácticas educativas”. Así pudo leerse en la página de los “compromisos” del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: “Nos comprometemos a facilitar la inserción laboral de 10.000 jóvenes mediante la realización de Prácticas Educativas”.
Cabe destacar que el trabajo que lxs alumnxs realizan en las empresas no guarda vínculo alguno con la orientación académica que cursan por elección en sus escuelas. De hecho, luego del Ciclo Básico (1º a 3er. año), la Escuela Media cuenta con un Ciclo Superior (4º y 5º año) con diferentes orientaciones a elegir: Ciencias Sociales, Economía y Administración, Ciencias Naturales, Arte, Educación Física y Lenguas Extranjeras, por ejemplo.

Teoría y práctica

Las “prácticas educativas” para estudiantes secundarios son prácticas de trabajo, que deben estar integradas en los planes y programas de estudio y formar parte de los proyectos institucionales de cada escuela. En ese contexto, cualquier práctica educativa debe vincularse con la o las orientaciones de cada escuela.
Una práctica educativa debe proporcionar a lxs alumnxs una aproximación formativa y pedagógica al campo laboral de la orientación elegida. Se procura asimismo que lxs jóvenes cuenten desde su Escuela Secundaria con una noción de acercamiento a lo que será su profesión, con aspectos de la dinámica laboral que esta requiere y con algunas de las actividades prácticas que forman parte del campo disciplinar elegido.
Este tipo de prácticas constituyen un nexo entre el conocimiento logrado durante el cursado de la orientación y la transmisión de dichos saberes al campo concreto de lo laboral. Como una mirada a futuro, como un puente entre la Escuela Secundaria y el mundo del trabajo.
Dichas actividades implican la salida de las escuelas y la concurrencia a locales de trabajo. Son un complemento que requiere legislación acorde para su realización, como por ejemplo la normativa vigente (Ley de Educación Nacional 26.206/2006 y Ley 3541/2010 de Prácticas Educativas Pre-profesionales de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras). La Ciudad de Buenos Aires no hizo nada de lo descripto. La leyes aludidas y otras no se cumplen porque el Ministerio de Educación porteño tiene otras metas, que no son precisamente educativas.

Someter al otro

Cumplir con las leyes e invertir en experiencias de educación y trabajo ciertas, para las que sobran antecedentes en la historia de nuestra educación, no requería para el gobierno de la Ciudad de un esfuerzo presupuestario que no pueda afrontar. Pero se optó por obligar a hacer otro tipo de tareas.
Las mismas no disponen de estrategias ni actividades formativas que, como parte de una propuesta curricular, tengan como meta que jóvenes cercanos a la finalización de sus estudios secundarios consoliden, amplíen e integren capacidades y conocimientos relacionados con otros saberes que ya venían estudiando.
La cultura del trabajo está íntimamente relacionada con la educación. Trabajar es, además, un hecho socialmente dignificante, siempre y cuando las condiciones pactadas para hacerlo sean aceptables para las partes que intervienen. Pero ello debe hacerse dentro de la ley y respondiendo, como en el caso que nos compete, a una lógica educacional.

Conclusión

Las tareas que el ministerio de Educación obliga a realizar a lxs alumnxs de las escuelas de Ciudad de Buenos Aires no cumplen con ninguna de las condiciones básicas que hemos mencionado para desarrollar prácticas educativas reales. Además, en las experiencias realizadas no se conoce presencia docente ni relación alguna de las empresas con las instituciones educativas, como marca la ley 3.541, que alude también al carácter educativo y a la no obligatoriedad de las prácticas.
Las “prácticas educativas” del Ministerio de la licenciada Acuña no tienen nada que ver con ninguna orientación del ciclo superior del nivel secundario. Por consiguiente, no son educativas ni corresponde que se obligue a lxs alumnxs a trabajar gratis, vulnerando su derecho a elegir.
Se nos ha informado sobre tareas que cumplen lxs estudiantes involucrados, como lavado de salones, limpieza general, lavado de platos, baños, tareas como servir café, cortar tickets para cines, etcétera, actividades que incluyen además exigencias de indumentaria.
Se trata de actividades cuya entidad como trabajo en sí mismo no se objeta, solo que al tratarse de prácticas y además educativas para alumnxs de escuelas secundarias deberían relacionarse indefectiblemente con la actividad académica de sus respectivas escuelas. Es lo que se espera. De lo contrario se convierten en una pérdida irrecuperable de tiempo escolar y una introducción a la precarización laboral, costumbre muy afecta al neoliberalismo porteño.
En el mismo sentido, resulta imposible contextualizar las prácticas implementadas en la ciudad en el área del Trabajo o la Educación, porque no se puede mandar, y menos a lxs alumnxs, a realizar tareas que no responden a ningún requerimiento institucional ni educativo oficial.
En reemplazo de la normativa que debió utilizarse se han dictado resoluciones internas del Ministerio de Educación que tienden a encubrir lo que en realidad y en definitiva son estas “prácticas educativas” sui generis: ejercicios laborales a cargo de menores de edad en beneficio de empresas u organizaciones que, recibiendo a estudiantes, evitan contratar personal y tener que pagar salarios.
Lxs estudiantes tienen razón en quejarse por ser obligados a hacer algo que, en definitiva, no tiene nada que ver con sus escuelas ni con la educación que en ellas se imparte.
Raúl Moroni es supervisor de Educación Media y Técnica (jubilado) y pertenece al grupo Rescate de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires.

20.10.2022

Se los investiga por las amenazas y los mensajes violentos contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es fundamental señalar que no se puede perseguir -política y/o judicialmente- a nadie, por más reaccionarias y retrógradas que sean sus ideas.

Cuatro referentes del autodenominado espacio Revolución Federal fueron detenidos este jueves. Se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos y por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Durante la mañana se produjeron las detenciones de Jonathan Ezequiel Morel, referente y vocero de Revolución Federal, y los integrantes de ese espacio Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Guerra.
Durante la tarde se entregó Sabrina Basile, hija del entrenador de fútbol Alfio “Coco” Basile, quien era buscada por sus vínculos con Revolución Federal. Se entregó en la justicia y fue trasladada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde quedó detenida, informaron a Télam fuentes del caso. Los detenidos durante los operativos de la mañana pueden ser indagados este viernes, según las mismas fuentes.
Las detenciones fueron efectivizadas por la PSA por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La investigación permanece bajo secreto de sumario y fue delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
Según los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por el agrupamiento a partir de mayo, pudieron haber funcionado como “caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó” el intento de asesinato de la vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
Es fundamental señalar que no se puede perseguir a nadie -política y/o judicialmente- por más reaccionarias y retrógradas que sean sus ideas. Este tipo de ideas reaccionarias tienen su propio “caldo de cultivo” en una país signado por una crisis social y económica que hunde el nivel de vida de las grandes mayorías mientras crecen las ganancias del gran capital. Signado, además, por un duro ajuste que se impone en función del acuerdo con el FMI.
Las detenciones se activaron luego de que Morel viajara en micro a Paraná, Entre Ríos, lo que implicó un riesgo para la investigación, según detallaron a Télam fuentes del caso.
Morel fue detenido en la ciudad entrerriana, mientras Sosa y Guerra fueron encontrados en sus respectivos domicilios en provincia de Buenos Aires, en el marco de 11 allanamientos a cargo de la PSA.

La acusación contra los integrantes de Revolución Federal

Los referentes detenidos pueden ser acusados de organizar o formar parte de agrupaciones que tuvieran por objetivo imponer sus ideas a la fuerza o infundir temor en otras personas, según explicaron a Télam fuentes con acceso a la investigación.
También se les achacaría la supuesta incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y la incitación a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Pollicita a través de un extenso dictamen en el que enumeró distintas declaraciones públicas y manifestaciones violentas convocadas por Revolución Federal.
Según Télam entre las manifestaciones enumeradas se encuentra la marcha de las antorchas convocada el 25 de mayo de este año frente al Congreso de la Nación bajo consignas tales como “Basta de Cristina”, “Basta de Alberto”, “Los vamos a sacar” y “Van a correr”.
Otra de las manifestaciones invocada por el fiscal fue la realizada en Plaza de Mayo el 9 de julio bajo consignas como “Es hora de accionar” y “Es ahora o nunca”, a la que Morel asistió con una guillotina de utilería de grandes dimensiones.
También fueron considerados por el juzgado y la fiscalía los mensajes publicados por los acusados en sus redes sociales, sus expresiones en medios de comunicación y las propuestas que realizaron en diálogos que transmitieron por Twitter Space, una herramienta utilizada para conferencias o diálogos virtuales.
El 26 de agosto, por caso, durante una de esas charlas que fue titulada “Hay que pudrirla”, una persona que se supone era Morel proponía infiltrarse entre la militancia kirchnerista que manifestaba su apoyo a la Vicepresidenta en la puerta de su casa, para llevar a cabo un ataque, algo que efectivamente ocurrió cinco días después cuando Sabag Montiel intentó asesinarla.
La información fue presentada en el expediente por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien además aportó las grabaciones de otras conversaciones públicas publicadas en redes sociales en las que se hablaba de la posibilidad de atentar contra el presidente Alberto Fernández.

La hipótesis de Cristina

La vicepresidenta Fernández de Kirchner interviene como querellante en este expediente en el que es representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes además la asisten en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio, que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
En el escrito presentado el lunes pasado, cuando solicitó ser tenida por querellante, la vicepresidenta sostuvo que veía “probable” que existiera algún tipo de vinculación entre la organización Revolución Federal y las personas acusadas de haber querido asesinarla.
La Vicepresidenta también puso el foco en el posible financiamiento de esa organización que tiene como referente a Morel, el dueño de una carpintería que en el último tiempo recibió pagos millonarios de parte de Caputo Hermanos, una empresa integrada por hermanos del ex ministro del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo, aunque no por él.
La ruta de ese dinero y su destino final está también bajo investigación de la justicia, que dispuso allanar tanto la sede porteña de la firma Caputo Hermanos como la de dos fideicomisos a través de los cuales se canalizaron los pagos a la carpintería de Morel.
Caputo Hermanos realizó el miércoles por la noche una presentación espontánea para ponerse a disposición de la justicia y asegurar que los pagos realizados a Morel y sus socias de la carpintería fueron por trabajos realizados de los que se adjuntaron fotos.
Entre otras decisiones que tomó este jueves el juez Martínez de Giorgi, está la de plantearles a distintos colegas de Comodoro Py que se inhiban de seguir interviniendo en causas por acciones violentas llevadas a cabo por miembros de Revolución Federal y que le remitan las causas para poder investigarlas todas juntas.

18.10.2022

Los trabajadores de salud se concentraron a las 10:00 en avenida Callao y Corrientes y comenzaron a movilizarse nuevamente hasta las oficinas del ministro Quirós, en Bolívar 1, frente a Plaza de Mayo.

Médicos residentes y concurrentes porteños realizaron «un paro de actividades por tiempo indeterminado» en reclamo de una «recomposición salarial», y se movilizaron hacia la sede del Ministerio de Salud de la Ciudad para seguir reclamando un encuentro con el ministro de esa cartera, Fernán Quirós.
Los trabajadores de salud se concentraron a las 10 en avenida Callao y Corrientes y comenzaron a movilizarse nuevamente hasta las oficinas del ministro Quirós, en Bolívar 1, frente a Plaza de Mayo.
Los residentes y concurrentes de los hospitales porteños se unieron luego a la movilización que realizaron los trabajadores del Hospital Garrahan hacia el Ministerio de Economía para pedir a Nación también una «recomposición salarial».
«Continúa la movilización de residentes y concurrentes, se va unir con la movilización que realiza hoy el Hospital Garrahan, y se va a llevar un gran gesto de unidad. Lo vamos a hacer carne, es algo importante porque la consigna es en defensa de la salud pública, nos están ajustando a todos y los salarios de los trabajadores de salud no tienen correlación con los precios en el supermercado», aseguró en declaraciones para Télam el residente del Hospital Penna y miembro de la Agrupación Marrón, Franco Capone.
«Paramos porque no tenemos confianza en el Gobierno de la Ciudad (de Buenos Aires) ni en la Asociación de Médicos Municipales (AMM)», indicó la residente de la Maternidad Sardá, Carina Goya.
Según se le informó a esta agencia, AMM se comprometió a llevar a cabo una reunión con Quirós la próxima semana, pero sin «apoyar el reclamo de paro de los residentes ni la movilización».
«Queremos una reunión para discutir nosotros el aumento salarial como colectivo de residente y concurrentes», sentenció Capone.
En tanto, las últimas semanas marcharon hacia el Ministerio de Salud porteño, el Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gobierno sin obtener «una respuesta clara» por parte de los funcionarios.
Los residentes dicen que los sueldos están «por debajo de la canasta básica y los concurrentes no perciben salario ni ART».
Actualmente, los médicos residentes perciben un salario promedio por debajo de la canasta básica, con sueldos de $110.000, mientras que los concurrentes trabajan ad honorem, se explicó.
«Si salimos a la calle es por los pacientes, nosotros podemos agarrar otro laburo, pero los pacientes se ven perjudicados por la precarización. El reclamo sigue siendo el mismo, la recomposición salarial que lleva años perdiendo contra la inflación, y el aumento salarial de emergencia», indicaron.

18.10.2022

Alejandrina Barry, del PTS en el FITU presentó un proyecto de interpelación legislativa al titular de la cartera de salud porteña que, este martes, continuó sin dar soluciones como al pedido de aumento salarial de residentes y concurrentes porteños quienes llevaron su reclamo a la puerta de la oficina del ministro.

Alejandrina Barry, legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad presentó un proyecto de interpelación al ministro de salud Fernán Quirós en relación a su responsabilidad ante el pedido de aumento salarial y mejores condiciones laborales de las y los residentes y concurrentes del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires.
“Hacemos propio el reclamo y el comunicado de la Asamblea de Concurrentes y Residentes de CABA, quienes venimos realizando hace 5 semanas distintas medidas de lucha para que se atiendan sus reclamos sin que se les haya dado solución”, dice el proyecto en sus fundamentos.
Es que hace cinco semanas que los residentes y concurrentes de todos los hospitales y CeSACs porteños vienen de paros y movilizaciones por salario y por las condiciones laborales. Primero marcharon al ministerio de salud, luego a Jefatura de Gobierno y después al ministerio de Hacienda. Este martes, se manifestaron frente a las oficinas del ministro de salud. Mañana, miércoles 19 de octubre, movilizarán en unidad con trabajadores del hospital Garrahan.
“Los residentes cobran un salario de $120.000 por debajo de la canasta de pobreza, mientras que los concurrentes no perciben salario, trabajan gratis y no cuentan con obra social ni ART”, explica el documento.
Organizados en los hospitales y Cesacs a través de la Asamblea Trabajadorxs Residentes y Concurrentes CABA vienen llevando adelante esta pelea. Luego de cada marcha o concentración vuelven a decidir las medidas de fuerza con el método asambleario. Así fue que mientras las conducciones de AMM y Federación de Profesionales cerraron una paritaria a la baja y sin consultar a las bases de los gremios, recrudecieron los reclamos. Este miércoles buscarán confluir con el hospital Garrahan y docentes en lucha.

17.10.2022

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) realizará este miércoles 19 de octubre un nuevo paro, que incluirá una movilización al Ministerio de Economía de Nación, a partir de las 10. Exigen una “recomposición salarial del 80% y un piso salarial igual a la canasta familiar de 180.000 pesos”.

Durante la jornada habrá atención de pacientes internados y urgencias por guardia.
“En una nueva y multitudinaria asamblea y ante la falta de respuesta de las autoridades del Hospital Garrahan y del Gobierno Nacional, decidimos volver a parar”, explicó Norma Lezana, secretaria general de la APyT y licenciada en Nutrición.
Desde la Asociación detallaron que el Garrahan depende en sus fondos en un 80% del Poder Ejecutivo Nacional y 20% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) desde el pacto Macri – Larreta, cuando el PRO manejó el gobierno nacional y el gobierno de CABA (antes era 50% y 50%).
“Lamentablemente la Paritaria General no se acerca nada al reclamo que sostenemos ya que no se acordó ningún porcentaje por encima del 60% quedando por debajo de la inflación nuevamente. El bono de 30.000 pesos en diciembre es totalmente insuficiente. En septiembre una profesional de enfermería cobro 146.000 pesos en mano y con 10 años de antigüedad 155.000, por tomar solo un ejemplo de lo insuficiente que resultan los aumentos otorgados”, expresaron desde la Asociación en una nota enviada a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.
“Esta situación deviene insostenible y hace que muchos trabajadores y trabajadoras estén con pluriempleo o directamente opten por otro trabajo mejor remunerado, lo que produce una pérdida enorme para nuestros equipos de trabajo y ciertamente pone en riesgo el ‘modelo de hospital’ que defendemos”, agregaron.