Red de radios

25.10.2022

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) rechazó por “inexistente y escandalosa” la paritaria en prensa escrita de la Ciudad de Buenos Aires. “Repudiamos la actitud de las empresas de pactar con un sindicato ilegítimo una pérdida del 40% en los sueldos del sector – remarcó el sindicato, en referencia a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) – En la previa de los paros, ceses de tareas, asambleas y ruidazos, recibimos un mensaje de las empresas de los principales diarios, agencias y revistas impresas y digitales del país radicadas en el AMBA: las famosas Clarín, Infobae, La Nación, Perfil, Página/12, Ámbito y El Cronista, entre otras. Lo firmado redobla el impacto por inédito y escandaloso. La revisión paritaria para quienes trabajan bajo el CCT 301/75 es igual a… 0% Sí, nada. Necesitamos salarios dignos que nos permitan, además de vivir en familia con tranquilidad, informar con calidad, sin la precariedad del pluriempleo y la preocupación constante del bolsillo”, destacó el sindicato, que renovó su reclamo de #SiPreBAEnParitarias.

“La decisión de las Cámaras empresariales es sostener negocios a costa de les trabajadores”
Las asambleas de trabajadoras y trabajadores de prensa de las redacciones de los principales medios de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen alcance nacional, recibieron la amarga novedad en la previa de la jornada nacional de lucha que llevaron adelante el miércoles 19 de octubre con “asambleas y ceses de tareas en medios de comunicación de más de 12 provincias“, impulsada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y sus gremios adheridos – entre ellos, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) – para visualizar “la emergencia laboral en el sector”. Un reclamo que apuntaba contra la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), la Asociación de Editores de Diarios de la ciudad de Buenos Aires (AEDBA) y las demás cámaras empresarias del sector, por pagar sueldos por debajo de la canasta básica, que llevan a que hoy un redactor o redactora de un diario cobre 90 mil pesos.
En ese marco, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y las cámaras empresarias acordaron una revisión paritaria en la prensa escrita a espaldas de los y las trabajadoras de prensa, que el SiPreBA rechazó categóricamente: “repudiamos la actitud de las empresas de pactar con un sindicato ilegítimo una pérdida del 40% en los sueldos del sector. Sostenemos nuestra lucha por #SiPreBAEnParitarias, para lograr salarios dignos y mejores condiciones de trabajo y así defender nuestro oficio y la información democrática. En prensa, en los medios, estamos en lucha. Tenemos muchos motivos y una urgencia: necesitamos salarios dignos que nos permitan, además de vivir en familia con tranquilidad, informar con calidad, sin la precariedad del pluriempleo y la preocupación constante del bolsillo”, remarcó el SiPreBA.
En la misma línea, agregó: “en la previa de los paros, ceses de tareas, asambleas y ruidazos, recibimos un mensaje de las empresas de los principales diarios, agencias y revistas impresas y digitales del país radicadas en el AMBA: las famosas Clarín, Infobae, La Nación, Perfil, Página/12, Ámbito y El Cronista, entre otras. ¿Acaso respuesta ante la convocatoria? ¿O una revisión paritaria fallida pactada con un sindicato que no representa a nadie y licúa los salarios desde antes de fundar el SiPreBA? Lo segundo. Pero para desafiar la capacidad de sorpresa y rebalsar de argumentos nuestra lucha, se superaron. Lo firmado redobla el impacto por inédito y escandaloso. La revisión paritaria para quienes trabajan bajo el CCT 301/75 es igual a… 0% Sí, nada. Apenas adelantan dos cuotas (de enero y marzo a noviembre y diciembre), mientras sostienen el 56% pautado en mayo como recomposición salarial hasta abril del 2023. En un año con una inflación que ya supera el 83% y se estima que sobrepasará el 100%, las empresas de los medios más importantes del país someten a les trabajadores a perder (al menos) un 40% del poder adquisitivo de sus ya magros salarios”.
“La decisión de las cámaras empresariales se convierte en una declaración de objetivos: sostener negocios a costa de les trabajadores – sentenció el SiPreBA – ¿Nuestra respuesta? Una declaración de principios: sostener la lucha por #SiPreBAEnParitarias, para lograr salarios dignos y mejores condiciones de trabajo y así defender nuestro oficio y la información democrática”.

“Volvimos a demostrar que tenemos la potencia en nuestro oficio y pusimos en tapa nuestros reclamos”

Asimismo, el sindicato realizó un balance de la jornada nacional de lucha que se llevó adelante en las redacciones el miércoles 19 de octubre: “volvimos a demostrar que tenemos la potencia en nuestro oficio. Y pusimos en tapa nuestros reclamos. En una campaña decidida por el plenario de delegades a nivel nacional, las medidas fueron acompañadas por portadas de diarios versionadas por sus asambleas, con la noticia central para les trabajadores: los sueldos bajos y el reclamo de SiPreBA en paritarias”.
También recorrimos emisoras de radio y les compañeres se sumaron a la lucha en los diarios, como en Radio con Vos, AM 530, Futurock y La Patriada, entre otras. Y, así como hubo paro en Página/12 y ceses de tareas en Clarín e Infobae, estuvimos frente a Diario Popular: exigimos que en ese medio se pague el sueldo completo en tiempo y forma. Para cerrar el día, organizamos en nuestra sede un plenario de medios públicos, que reunió a más de cien compañeres de Radio Nacional, Televisión Pública y Télam“, enumeró el sindicato de prensa.
“La del 19/10 fue la segunda jornada nacional de reclamo convocada por FATPREN durante octubre – explicó el SiPreBA – La Federación, conducida por nuestra dirigenta Carla Gaudensi, entre otres compañeres del SiPreBA, está en lucha ante la discusión paritaria con la cámara empresarial que tiene medios en 12 provincias. Esa instancia, gracias a la organización y democracia sindical, se define con participación en asambleas y plenarios. Así debería pasar en CABA con la representación de nuestro sindicato y por eso seguiremos insistiendo: ¡Queremos #SiPreBAEnParitarias!”, remarcó, nuevamente, el sindicato.

25.10.2022

Trabajadores y trabajadoras de la salud nucleadas en la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) y la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) denuncian el vaciamiento a la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires e informaron el cierre del único servicio de recuperación cardiovascular del Hospital Durand, el cual atiende patologías cardíacas severas y otros cuidados de altísima complejidad desde hace más de 25 años.

Trabajadores y trabajadoras de la salud denuncian el cierre del único servicio de recuperación cardiovascular del Hospital Durand, el cual atiende patologías cardíacas severas y otros cuidados de altísima complejidad desde hace más de 25 años.
La falta de personal, la precarización salarial y la infraestructura deficiente, son algunas de las causas que alentaron el desmantelamiento del área por parte del gobierno de Larreta, indicaron los y las trabajadoras.
El servicio se atienden pacientes provenientes de diferentes provincias que sufren patologías cardíacas severas y están en etapa de recuperación luego de intervenciones como ‘by pass’ coronario, marcapasos, cambios de válvulas aórticas, mitrales y tricúspideas, entre otros tratamientos de alta complejidad.
Mario Acosta, enfermero del Hospital Durand, explicó al medio El Destape: «Acá llegan muchos pacientes en las peores condiciones, desahuciados, de muchas provincias, pidiendo ayuda porque en su Obra social o Prepaga no los quieren operar por el riesgo de mortalidad, y terminan operándose en el Durand”.
Por su parte la enfermera y presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), Andrea Ramírez, explicó mediante un comunicado los efecto que tendrá el cierre del servicio ya que «deja sin atención en salud pública a decenas de pacientes sin prepaga», y agregó que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires «ajusta en salud, con salarios de miseria, en especial a la enfermería».

22.10.2022

El sábado 22 de octubre se realizará una jornada por la reapertura del Cine Artecinema de Constitución. Se proyectará el documental “¿Qué se hace para recuperar un cine?” de Eduardo Cartoccio, y luego se hará una charla-panel sobre la situación del Artecinema, coordinado por la Asamblea del Artecinema. Será a partir de las 18, en el Espacio Cultural La Casa de Apolo, ubicado en Vierrey Cevallos 768 de la Ciudad de Buenos Aires.

21.10.2022

“El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos” presentó una acción de amparo colectivo ambiental señalando que este plan no cumple con el contenido mínimo que exige la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (Ley N° 27.520) y no está reglamentada la participación ciudadana.

La acción fue presentada a través de los referentes Claudio Lozano (economista y presidente de Unidad Popular), María Eva Koutsovitis (ingeniera, CLIC/IPYPP) Jonatan Baldiviezo (abogado, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad) y Félix Cariboni (Fundador del ODC/IPYPP).
La causa judicial tramita en el Expte. N° 351953-2022/0 caratulado “ASOCIACION CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – AMBIENTAL”
En la demanda solicitan:
A. Se ordene al GCBA a incorporar los indicadores de progreso y monitoreo, y el financiamiento en la hoja de ruta correspondiente a cada una de las medidas (acción, sub acciones, acciones que complementan) del Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento del art. 20 y 25 de la Ley Nacional N° 27.520.
B. Se ordene al GCBA que la incorporación de los referidos indicadores de progreso y monitoreo y el financiamiento en la hoja de ruta correspondiente a cada una de las medidas (acción, sub acciones, acciones que complementan) del Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad de Buenos Aires, se realice a través de “procesos de participación” ciudadana respetando lo dispuesto en el art. 25 de la Ley Nacional N° 27.520, en el art. 10 de la Ley N° 3871 y en los arts. 7 y 8 del Acuerdo de Escazú.
C. Se ordene al GCBA reglamentar el art. 10 de la Ley N° 3871 de acuerdo a los principios y directrices de la Democracia participativa ambiental que surgen del art. 25 de la Ley Nacional N° 27.520 y de los arts. 7 y 8 del Acuerdo de Escazú.
D. Se ordene al GCBA implementar mecanismos de participación ciudadana para la discusión del contenido de la reglamentación del art. 10 la Ley N° 3871 en cumplimiento de la Democracia Participativa Ambiental (Opinión Consultiva N° OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; arts. 3, 5, 6 y 7 del Acuerdo de Escazú; arts. 1, 11, 27, 62, y 104, incisos 27 y 29 de la Constitución de la Ciudad; y arts. 4 y 19 de la Ley N° 25.675).
Ing. María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA e investigadora del IPYPP, expresó:
“La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en “emergencia urbanística, ambiental y habitacional”. Por este motivo, es sumamente grave que no contemos con una Plan de Acción Climática que respete los contenidos mínimos que exige la normativa nacional para afrontar la Crisis Climática. Con el Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad de Buenos Aires, que es un panfleto de enumeración acciones, nos encontramos huérfanos de una herramienta esencial para afrontar la crisis climática.
En los últimos años, la Legislatura local se ha dedicado casi con exclusividad a discutir y aprobar leyes relacionadas con la venta de tierras públicas, excepciones inmobiliarias a través de convenios urbanísticos, y a la actualización del Código Urbanístico y el Código de Edificación para continuar habilitando la especulación inmobiliaria y la sobreconstrucción.
La pandemia había creado la expectativa de rediscutir el rumbo de la ciudad, las concesiones de los servicios públicos, la prestación de los servicios de salud y educación, la planificación de la ciudad, el destino de las tierras públicas, entre otros temas. Sin embargo, estos debates nunca se iniciaron y estructuralmente no sucedió ningún cambio.
Al BA Ciudad Verde, un conjunto de colectivos y asambleas enfatiza el BA S.O.S. La emergencia ambiental se puede concretizar en la siguiente situación.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) informa que el aumento en la temperatura de la superficie global fue de 1.09°C en 120 años. En la ciudad, el modelo urbano ha potenciado el fenómeno de calentamiento. La temperatura máxima anual aumentó casi 1°C en las últimas tres décadas.
En los últimos 13 años, la ciudad privatizó 150 hectáreas de superficies verdes públicas. En el Parque de las Victorias, 45 hectáreas fueron destinadas nuevamente a una cancha de golf y 20 hectáreas del Parque de la Ciudad van a parcelarse para su venta. Los playones ferroviarios, últimas grandes reservas de suelo, fueron rematados por la dupla Macri-Larreta. Algunos sectores se salvaron por acciones judiciales o porque la derrota electoral de 2019 no les dio tiempo para terminar con el plan sistemático de traspaso de tierras públicas a manos privadas.
Los datos oficiales revelan que los valores medios de superficie verde por habitante en la Ciudad de Buenos Aires (6 m2) se encuentran muy por debajo de los estándares internacionales recomendados (entre 10 y 15 m2). Sin considerar cementerios, plazoletas secas, maceteros, bulevares, jardines verticales y otras categorías similares, la cifra real es de 4,7 m2. Este indicador ambiental no se distribuye de manera uniforme en el territorio, resultando extremadamente crítico en los barrios populares, donde alcanza valores 100 veces menores a los recomendados. Balvanera, Once y San Cristóbal (Comuna 3) y Almagro-Boedo (Comuna 5) cuentan con 0,4 y 0,2 m2 de superficie verde por habitante respectivamente. El promedio de arbolado público por habitante en la ciudad (un árbol cada siete habitantes) es inferior a la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (uno cada tres).
Todos nuestros ríos y arroyos se encuentran altamente contaminados. La recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo, a casi 15 años de la sentencia de la Corte Suprema, aún está lejos de concretarse. El GCBA, en el marco de su estrategia de marketing ambiental, presentó el proyecto denominado “Regeneración del Arroyo Medrano” en el Parque Saavedra. Este relato terminó cuando los propios estudios de impacto ambiental realizados por la consultora contratada por el GCBA informaron que el proyecto consistiría en un zanjón con agua de napa estancada y contaminada. Hasta el Banco Mundial se despegó de este proyecto, cancelando el financiamiento porque el GCBA no había garantizado la suficiente participación ciudadana.
Un tema que empeora es la contaminación sonora. El uso del espacio público está totalmente liberado. Situación que está destruyendo el equilibrio de los usos residenciales y comerciales (gastronómicos/bailables) en los barrios. El Casco Histórico de la ciudad es uno de los ejemplos más emblemáticos de este escenario.
Otro sector con grave contaminación sonora es el polo musical que se instaló en los predios del Campo Argentino de Polo, del Hipódromo Argentino y del Paseo de la Infanta. Estos predios son utilizados para realizar megaeventos musicales sin que cuenten con los permisos ambientales correspondientes en zonas donde el Código Urbanístico no lo permite. También se instalaron locales de baile y de música que no cuentan con habilitación ni con certificados de aptitud ambiental. En el Paseo de la Infanta, los “barliches” avanzaron ocupando las plazas que rodean los arcos ferroviarios y son parte del Parque 3 de Febrero que es el Área de Protección Histórica 2 y a la vez tiene zonificación Urbanización Parque (UP). Los boliches en parques públicos son el sueño cumplido del gobierno. También lo vemos cumplido en la costanera con el Distrito Joven”.
Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, manifestó:
“El GCBA pretende consolidar su marketing verde con el encuentro C40 ocultando deficiencias graves en la gestión de la crisis climática.
Por ejemplo, contamos con un Plan Urbano Ambiental, aprobado en 2008, que debió actualizarse cada cinco (5) años de acuerdo con la Ley N° 71. Transcurrieron 14 años desde la sanción del PUA y si bien debería haberse actualizado en el 2013 y en el 2018, todavía no tuvo ninguna actualización. Contamos con una ley marco de planificación que se encuentra desfasada temporalmente en más de 20 años. La ciudad sufrió una enorme transformación en estas últimas dos décadas.
Tampoco la Ciudad cuenta con un Modelo Territorial que espacialice el Plan Urbano Ambiental. Otro mandato legal incumplido. Pero el incumplimiento más grosero es la falta de aprobación del Código Ambiental, una deuda de 25 años.
Respecto al Plan de Acción Climática se pueden advertir dos hechos gravísimos, su elaboración sin participación ciudadana y que se asemeja más a un panfleto de acciones que realiza el GCBA que a un verdadero Plan de adecuación y mitigación al Cambio Climático.
En 2011 se votó la Ley N° 3871 que ordenó al GCBA a elaborar un Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
A estas alturas, el GCBA ya contaba con un Plan de Acción Climática aprobado en el año 2009. En el año 2015 aprobó el segundo Plan y el tercero fue aprobado en el año 2021. Estos dos últimos planes deberían ser la actualización del primero pero el GCBA los presenta como nuevos planes, desconectados unos de otros, en violación a la Ley de Cambio Climático que exige la actualización periódica cada 5 años. Por ende, no existe ningún informe de evaluación de los resultados de los dos primeros planes. El tercer Plan se aprobó sin considerar la existencia de los dos primeros. En 12 años no tenemos ningún análisis de si los otros planes funcionaron o no. Una década perdida.
Según lo expresado por el GCBA, estas acciones permitirán reducir nuestros riesgos climáticos presentes y futuros; lograr una distribución justa de los beneficios ambientales, sociales y económicos y alcanzar una reducción del 53% de nuestras emisiones para el 2030 y de más del 84% para el 2050. Sin embargo, este Plan no cuenta con ninguna forma de evaluación formal o algún sistema de indicadores que permita verificar el cumplimiento periódico de sus acciones y metas. Más que un Plan se asemeja a la suma de actividades que el GCBA viene implementado sin ton ni son con ausencia de indicadores cuantitativos.
En suma, resulta imposible controlar el cumplimiento de estos compromisos salvo cuando se llegue al plazo final. Es una estrategia perfecta para comunicar al mundo que la ciudad tiene un plan para ser carbono neutral y que nadie pueda expresar si se está incumpliendo, salvo cuando ya sea demasiado tarde.
Esto último fue exactamente lo que ya ocurrió con las metas de reducción de la disposición final de residuos sólidos urbanos en los rellenos sanitarios, metas que fueron establecidas por la Ley 1.854. El GCBA todos los años asumía que se encontraba en los plazos de la Ley, pero los mismos no podían ser monitoreados de forma efectiva en etapas intermedias, el resultado fue que llegó la fecha de cumplimiento donde se debería haber reducido un porcentaje y la meta fue incumplida y reprogramada con nuevos compromisos a futuros”.
Nota Completa AQUI

21.10.2022

Por Raúl Moroni

Introducción a la precarización laboral en las escuelas porteñas.

Uno de los fundamentos esgrimidos por lxs alumnxs de las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires para las recientes tomas fue su disconformidad con las “prácticas educativas” a las que fueron obligados por el Ministerio de Educación de la jurisdicción.
En efecto, lxs jóvenes del ciclo superior de las Escuelas Medias han sido enviados a trabajar obligatoriamente en empresas u organizaciones de la ciudad, iniciativa que la cartera a cargo de Soledad Acuña ha llamado “prácticas educativas”. Así pudo leerse en la página de los “compromisos” del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: “Nos comprometemos a facilitar la inserción laboral de 10.000 jóvenes mediante la realización de Prácticas Educativas”.
Cabe destacar que el trabajo que lxs alumnxs realizan en las empresas no guarda vínculo alguno con la orientación académica que cursan por elección en sus escuelas. De hecho, luego del Ciclo Básico (1º a 3er. año), la Escuela Media cuenta con un Ciclo Superior (4º y 5º año) con diferentes orientaciones a elegir: Ciencias Sociales, Economía y Administración, Ciencias Naturales, Arte, Educación Física y Lenguas Extranjeras, por ejemplo.

Teoría y práctica

Las “prácticas educativas” para estudiantes secundarios son prácticas de trabajo, que deben estar integradas en los planes y programas de estudio y formar parte de los proyectos institucionales de cada escuela. En ese contexto, cualquier práctica educativa debe vincularse con la o las orientaciones de cada escuela.
Una práctica educativa debe proporcionar a lxs alumnxs una aproximación formativa y pedagógica al campo laboral de la orientación elegida. Se procura asimismo que lxs jóvenes cuenten desde su Escuela Secundaria con una noción de acercamiento a lo que será su profesión, con aspectos de la dinámica laboral que esta requiere y con algunas de las actividades prácticas que forman parte del campo disciplinar elegido.
Este tipo de prácticas constituyen un nexo entre el conocimiento logrado durante el cursado de la orientación y la transmisión de dichos saberes al campo concreto de lo laboral. Como una mirada a futuro, como un puente entre la Escuela Secundaria y el mundo del trabajo.
Dichas actividades implican la salida de las escuelas y la concurrencia a locales de trabajo. Son un complemento que requiere legislación acorde para su realización, como por ejemplo la normativa vigente (Ley de Educación Nacional 26.206/2006 y Ley 3541/2010 de Prácticas Educativas Pre-profesionales de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras). La Ciudad de Buenos Aires no hizo nada de lo descripto. La leyes aludidas y otras no se cumplen porque el Ministerio de Educación porteño tiene otras metas, que no son precisamente educativas.

Someter al otro

Cumplir con las leyes e invertir en experiencias de educación y trabajo ciertas, para las que sobran antecedentes en la historia de nuestra educación, no requería para el gobierno de la Ciudad de un esfuerzo presupuestario que no pueda afrontar. Pero se optó por obligar a hacer otro tipo de tareas.
Las mismas no disponen de estrategias ni actividades formativas que, como parte de una propuesta curricular, tengan como meta que jóvenes cercanos a la finalización de sus estudios secundarios consoliden, amplíen e integren capacidades y conocimientos relacionados con otros saberes que ya venían estudiando.
La cultura del trabajo está íntimamente relacionada con la educación. Trabajar es, además, un hecho socialmente dignificante, siempre y cuando las condiciones pactadas para hacerlo sean aceptables para las partes que intervienen. Pero ello debe hacerse dentro de la ley y respondiendo, como en el caso que nos compete, a una lógica educacional.

Conclusión

Las tareas que el ministerio de Educación obliga a realizar a lxs alumnxs de las escuelas de Ciudad de Buenos Aires no cumplen con ninguna de las condiciones básicas que hemos mencionado para desarrollar prácticas educativas reales. Además, en las experiencias realizadas no se conoce presencia docente ni relación alguna de las empresas con las instituciones educativas, como marca la ley 3.541, que alude también al carácter educativo y a la no obligatoriedad de las prácticas.
Las “prácticas educativas” del Ministerio de la licenciada Acuña no tienen nada que ver con ninguna orientación del ciclo superior del nivel secundario. Por consiguiente, no son educativas ni corresponde que se obligue a lxs alumnxs a trabajar gratis, vulnerando su derecho a elegir.
Se nos ha informado sobre tareas que cumplen lxs estudiantes involucrados, como lavado de salones, limpieza general, lavado de platos, baños, tareas como servir café, cortar tickets para cines, etcétera, actividades que incluyen además exigencias de indumentaria.
Se trata de actividades cuya entidad como trabajo en sí mismo no se objeta, solo que al tratarse de prácticas y además educativas para alumnxs de escuelas secundarias deberían relacionarse indefectiblemente con la actividad académica de sus respectivas escuelas. Es lo que se espera. De lo contrario se convierten en una pérdida irrecuperable de tiempo escolar y una introducción a la precarización laboral, costumbre muy afecta al neoliberalismo porteño.
En el mismo sentido, resulta imposible contextualizar las prácticas implementadas en la ciudad en el área del Trabajo o la Educación, porque no se puede mandar, y menos a lxs alumnxs, a realizar tareas que no responden a ningún requerimiento institucional ni educativo oficial.
En reemplazo de la normativa que debió utilizarse se han dictado resoluciones internas del Ministerio de Educación que tienden a encubrir lo que en realidad y en definitiva son estas “prácticas educativas” sui generis: ejercicios laborales a cargo de menores de edad en beneficio de empresas u organizaciones que, recibiendo a estudiantes, evitan contratar personal y tener que pagar salarios.
Lxs estudiantes tienen razón en quejarse por ser obligados a hacer algo que, en definitiva, no tiene nada que ver con sus escuelas ni con la educación que en ellas se imparte.
Raúl Moroni es supervisor de Educación Media y Técnica (jubilado) y pertenece al grupo Rescate de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires.