Red de radios

14.6.2022

Por Matías Ayrala

La empresa de Autopistas Urbanas que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires despidió con causa al trabajador. Desde Autoconvocados AUSA denunciaron que todo es un “invento”.

Durante 17 años, Javier Suárez trabajó como empleado de AUSA, la empresa que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se ocupa del mantenimiento de las autopistas urbanas y, principalmente, del cobro del peaje. Ahí también tuvo unos años como delegado gremial. A fines de 2020, tras la etapa más dura de la pandemia de coronavirus, Suárez retomó sus tareas de manera presencial.
En aquel entonces, luego de una licencia psiquiátrica, las autoridades de AUSA lo había trasladado a un nuevo destino: al playón Zelada, una sede de la empresa ubicada en Zelada 4665, en Villa Luro, que primero servía de depósito y luego se transformó en la oficina de Discapacidad, donde se tramitan la exenciones para el pago del peaje. Después de meses de trabajo remoto, el trabajador se llevó una ingrata sorpresa. Su oficina había sido desvalijada. Faltaban televisores, sillas, computadoras y demás objetos de valor. Durante todo ese tiempo, ese lugar había quedado en custodia de la Policía Metropolitana.
De hecho, la presencia de oficiales de la Policía de la Ciudad se hizo cada vez más notoria con el correr de los meses. Tanto es así que el 1° de julio de 2021, Suárez llegó a su trabajo y se encontró con que su oficina había sido tomada por la Policía. Una oficial llamada Aldana Ayala había ocupado el lugar, había pegado el escudo de la Metropolitana en la puerta y hasta había colocado colchones sobre los escritorios. Lo había realizado por orden de otro policía: el principal de la Policía de la Ciudad, Diego Marchisio.
Ante esa situación, el trabajador notificó a su jefe Miguel Ferrer. Tras ese reclamo a la gerencia, la policía retiró todas las cosas del lugar. Un mes y medio después, el 16 de agosto de 2021, Marchisio se presentó en la oficina del trabajador. Según consta en la denuncia que Suárez realizaría horas después y que fue elevada a la empresa, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio Público Fiscal, el Principal de la Metropolitana ejerció “violencia policial”.
Según lo que contó el empleado de AUSA en la denuncia, Marchisio lo hostigó. “Me encontraba sólo en mi oficina realizando mis tareas habituales, cuándo entró el Principal Diego Marchisio filmándome con su celular a escondidas. Se dirigió a mí para cuestionarme que fumase sin barbijo, no me negué a dejar de hacerlo. Seguido a esto le explico que me encontraba sólo por eso no tenía barbijo puesto”, relató. Y continuó: “Me sigue increpando. Le pregunto si tiene algún inconveniente conmigo. Me dice: Yo recibí directivas claras”. Me pregunta si a mí no me llegaron esas directivas. Le respondo que a mí las directivas me las da AUSA a través de Miguel Ferrer y que no me informaron nada. Me responde: ‘Las directivas fueron para mí no para vos´, y afirma: ´Voy a hacer el informe que me pidieron hacer. A vos te filman, a vos te filmaron todos’. Le planteo que a mí la policía no me puede ni tomar asistencia, ni supervisar el trabajo, ni filmar”.
En ese punto de la denuncia, queda en evidencia la violencia ejercida por la autoridad policial: “Me continúa increpando por la calificación de mi trabajo, me dice que no hago nada. Le cuestiono que se tome atribuciones de calificar mi trabajo. Me dice: ‘Gerardo López lo sabe todo esto. La semana que viene vas a ver. En ese momento le planteo que lo que está haciendo es una amenaza. Reitera´: ‘Vamos a esperar a la semana que viene a ver que decide la empresa. No te voy a decir lo que me mandaron a hacer, ya te vas a enterar. Te estoy filmando, te estoy sacando fotos’. Reitero que no corresponde que el controle trabajadores de AUSA, que él es policía. Le digo que lo que hace es amenaza y abuso de autoridad, me dice que no, que él y Ferrer son abogados, que si lo quiero denunciar contrate un abogado”. Finalmente, el policía se retiró del lugar.
En aquel momento, luego de que la denuncia de Suárez fuera difundida en los medios de comunicación, AUSA se comprometió en el ministerio de Trabajo a “garantizar la seguridad del empleado” y a apartar a los policías de los lugares comunes. Ocho meses después, el 7 de junio, Suárez fue despedido de la empresa. Ese día, los representantes de la oficina de Recursos Humanos junto a una escribana aparecieron en la oficina y le informaron que su despido era con causa tras una denuncia en su contra de una policía por hostigamientos ocurridos a mediados del año pasado. ¿Quién era la denunciante? La misma policía a la que el trabajador había denunciado. Más que despido esto se parece a una represalia por las denuncias contra la Metropolitana.
En el comunicado de Autoconvocados AUSA afirman: “De esta forma, la empresa del Gobierno de la Ciudad no sólo convalidó el accionar de la Metropolitana, sino que dejó afuera de la empresa a quien se atrevió a denunciarlos. AUSA tomó acciones más directas como un despido persecutorio que le da mayor poder a la Metropolitana para amedrentar trabajadores”. Y completan: “Cabe recordar que el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ha hecho campaña en numerosas ocasiones con el proyecto ‘Autopistas sin barreras´ por el cual ya no habrá cajeros de peaje. El convenio ‘Free Flow’ tiene fecha para 2023 y si bien aseguran que está contemplada la empleabilidad de los trabajadores, al día de hoy muchos no saben dónde serán relocalizados. Ya son cientos los retiros y las jubilaciones anticipadas desde el comienzo de la pandemia”.
El trabajador despedido por denunciar los policías afirmó: “En la carta de la Policía me acusan, en una generalidad total y mal escrito, que realicé distintos hostigamientos, malas actitudes y hasta que quería acompañar a las policías a sus casas. Todo falso. De hecho, yo salgo de trabajar a las 18 y los cambios de guardia de los policías son a las 14 y a las 22. Así que mienten. Todo tiene que ver con la denuncia que le hice a la oficial y al Principal”.
Y afirma: “Es todo tan burdo y tan bizarro que ya no sé qué hacer. Primero me acusan de hostigar a una policía, cuando el hostigado fui yo por un jefe de la Policía Metropolitana. Yo no sabía qué podía hacer un tipo armado en mi oficina. No sé si me puede inventar una causa policial o inventar que me volví loco y lo ataqué. Tuve miedo. Ahora estoy entre indignado y triste. Y se metieron con mi vida privada porque podrían haber roto mi matrimonio porque mintieron diciendo que soy un ‘sátiro de mujeres policías’. Por suerte mi compañera sabe bien qué tipo de persona soy. Pero, ¿y si no me creía? ¿Quién se iba a hacer cargo de arruinarme la vida? Menos mal que tengo una mujer que es de 10. Estos tipos hacen daño”.
Por último, afirmó: “Si querían echarme con causa para quedarte con el puesto y hacer negocio, hacelo. Pero que no lastimen a mi familia. Evidentemente es una represalia por la denuncia que hice. Había un interés en que figurara el acoso contra una mujer tanto por parte de la empresa como de la Policía”. En pocas horas, el Sindicato de Comercio, que representa a los trabajadores de AUSA y el Ministerio de Trabajo tendrán su primera audiencia por el despido de Suárez. Todos tendrán la oportunidad de devolverle su puesto de trabajo. Si no lo hacen, quedará en claro que están listos para defender a la violencia ejercida por la Policía de la Ciudad y la empresa AUSA.

13.6.2022

Más de 65 trabajadores de la salud de distintos centros asistenciales porteños fueron echados en el marco de un «despido masivo» por parte de las autoridades del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, denunció hoy el titular de la Agrupación de Trabajadores de los Hospitales de CABA, Héctor Ortiz.

«Estamos indignados con lo que nos está pasando, es una pesadilla, donde a (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta nada le duele ni lo conmueve. Ahora fueron por más de 65 trabajadores y trabajadoras de la salud y los han despedidos como lo peor, cuando fueron estos trabajadores que dejaron su vida en la pelea frente a la pandemia de coronavirus», dijo Ortiz.
En ese sentido, el delegado general de los trabajadores del Hospital Durand nucleados en ATE consideró que, «en el fondo, parece un castigo para los trabajadores de la salud, enfermeros y enfermeras en particular: los que ofrecieron su vida en la pelea frente al Covid son despedidos como los peores empleados».
Ortiz alertó que el sector vive una «situación angustiante” en el Durand y otros hospitales porteños, “ya que hoy nos encontramos con una lista de despidos de 65 compañeros y compañeras”.
El gremialista aclaró que este tipo de situaciones “están ocurriendo en toda la ciudad» de Buenos Aires con el personal de salud que “realmente han dado todo y han entregado hasta su vida. Lo que ocurre es que hay mucho miedo a denunciar también».
“Que el gobierno en la Ciudad a cargo de Rodríguez Larreta y el Ministerio de Salud a cargo de Fernán Quirós dejen en la calle sin importarle nada, sin preocuparse que estén embarazadas o enfermos, realmente es una situación angustiante para toda la familia de enfermería”, lamentó.
Ortiz pidió también a las autoridades del Gobierno porteño que “recapaciten en forma urgente” y remarcó la necesidad de contar con enfermeras y enfermeros “en todos nuestros hospitales”.
Por ese motivo, los trabajadores de las áreas de salud y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) desarrollarán mañana una nueva jornada de protesta, con una concentración y acto desde las 11:00 en la sede del Hospital Durand, ubicado en la avenida Díaz Vélez 5044 del barrio de Caballito.

13.6.2022

Ademys rechazó la resolución de CABA de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas, al tiempo que desde Suteba repudiaron la mencionada prohibición en la ciudad de Buenos Aires.

La secretaria general de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys), Mariana Scayola, rechazó la resolución de la Ciudad de Buenos Aires de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas y expresó que «no tiene ningún argumento ni fundamentaciones científicas o pedagógicas».
Para la secretaria, el Gobierno porteño «corre la pelota» sobre la crisis educativa. «La pandemia ha profundizado muchos de los problemas que ya teníamos. Hoy dicen que es el lenguaje inclusivo, ayer fueron los docentes, otras veces son los sindicatos, pero nunca las políticas de vaciamiento y las faltas de presupuesto que vienen bajando los últimos años», explicó.
«La ministra Soledad Acuña es la misma que no garantizó equipos y conectividad en la ciudad más rica del país, y que hoy no está garantizando psicopedagogas, asistentes sociales o fonoaudiólogas para estudiantes que necesitan un acompañamiento. Las maestras están cargado solas esta situación», concluyó.
Por su parte, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) también rechazó la resolución y afirmaron que «tiene que ver con la matriz autoritaria de un gobierno al que le importan más los focus groups que lo que le sucede a la sociedad”.
En ese sentido, el titular de Suteba, Roberto Baradel, dijo que “intentan esconder un debate sobre la situación educativa en CABA. Lo planteó hasta (el diputado radical) Facundo Manes. Hicieron un recorte del presupuesto educativo. Con todo eso tiene que ver la decisión de plantear esta prohibición”, completó.
Suteba planteó, en un comunicado, que se tomó esa determinación «utilizando como argumento los resultados de exámenes de comprensión lectora realizados recientemente», y analizó que «con esto, demuestran la escasa lectura -vaya paradoja- del impacto de la pandemia en niños, niñas, niñes, adolescentes y jóvenes a escala mundial».
«Valdría que se preguntaran si la ausencia del Estado de CABA durante las etapas más duras del ASPO, que imposibilitaron la continuidad pedagógica, tuvieron algo que ver en las dificultades que hoy se presentan», indicaron desde el gremio.
En ese marco, recalcaron que «una ciudad que se autodenomina ‘gay friendly’, en la que se construyó el ‘lunfardo’, habitada por migrantes de diferentes zonas del país y el mundo, nos presenta hoy un hecho de prohibición como mero acto punitivista que no respeta el marco legal, incluyendo al que cita en la propia resolución, desconociendo que el lenguaje es un instrumento de transmisión y construcción de sentidos comunes».
«Como en cualquier otro proceso de transformación cultural, los debates deben estar presentes para que el discurso hegemónico, un poderoso modo de opresión y reproducción de la desigualdad, sea interpelado», indicaron.
Luego, señalaron que «el modo en que hacemos uso del lenguaje nunca es neutro», y precisaron que «el lenguaje no binario es solo una pequeña parte del llamado lenguaje inclusivo, que también incluye estrategias lingüísticas, anticapacitistas, antirracistas y anticolonialistas, entre muchas otras».
«Nos solidarizamos con el conjunto de la docencia porteña que enfrenta, una vez más, el autoritarismo, la unilateralidad en las decisiones que hacen al trabajo docente y la falta de respeto a las diversidades que habitan las escuelas», concluyeron.

10.6.2022

Con la autoría de la legisladora Alejandrina Barry y el acompañamiento de la diputada nacional Myriam Bregman del Frente de Izquierda, la Legislatura porteña deberá discutir sobre la polémica resolución de la ministra Soledad Acuña. “Las prohibiciones lingüísticas nunca funcionaron. Esto solo es un ataque a la libre expresión de una generación que enfrenta la discriminación machista” declaró Barry.

Ni bien se conoció la resolución ministerial a través de la Circular 4/2022 de la ministra de educación Soledad Acuña, de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, las redes sociales estallaron de bronca. Este viernes, acompañada por el Jefe de Gobierno la revalidaron en conferencia de prensa “Esta resolución responde sólo a un cálculo electoral, cediendo a los pedidos de Milei en su cruzada contra los derechos de las mujeres y la diversidad”, así definió la legisladora Alejandrina Barry esta resolución ministerial que poco tiene que ver con las problemáticas pedagógicas en las escuelas.
Ante esta resolución, la legisladora porteña Alejandrina Barry, con el acompañamiento de la diputada nacional por la Ciudad del Frente de Izquierda Myriam Bregman, redactaron un proyecto de resolución para su pronta derogación a ser tratado por la Legislatura porteña.
No se puede prohibir el lenguaje de una generación y de hecho en la historia de las sociedades, las prohibiciones lingüísticas jamás tuvieron éxito, así lo asevera la comprobación y los expertos en el tema. Sin embargo, como dice Myriam Bregman “la carrera de los derechistas por ver quien dice la barbaridad más grande está haciendo estragos”.
En las escuelas de todo el país, e incluso en esta Ciudad de Buenos Aires, se sigue reclamando por la efectiva implementación de la la Ley de Educación Sexual Integral-ESI, mientras la ministra Soledad Acuña sale con esta campaña. Nada más alejado a los verdaderos reclamos de la comunidad educativa en su conjunto y mientras por un lado prohíben el lenguaje inclusivo, por otro el lado se niegan a hacer cumplir la Ley.
En Conferencia de prensa Soledad Acuña justificó esta prohibición como “una medida más” ante los “bajos resultados” en la materia de Lengua en las escuelas porteñas. Mientras expertos se preguntan qué tiene que ver el uso de la “e”, “x” o el “@” con la lecto compresión o el uso de una correcta sintaxis, la ministra realiza una avanzada sobre la libertad de expresión de docentes y estudiantes. Esta es la verdad.
“El lenguaje se encuentra en constante proceso de cambio y ninguna norma, resolución o prohibición puede frenarlo”, aseveró Alejandrina Barry. Y agregó su compañera Myriam Bregman “En el caso del lenguaje inclusivo constituye una intervención política sobre el lenguaje de toda una generación que enfrenta la discriminación y viene peleando por los derechos de las mujeres y diversidades. Esta acción y movimiento popular de las, los y les pibes es lo que realmente le molesta a esta derecha conservadora, retrograda y antiderechos.

10.6.2022

Por Néstor Espósito

Los jueces Bertuzzi, Llorens y Bruglia anularon el fallo de Servini que había rechazado un pedido de investigación por crimen de lesa humanidad o de guerra sobre un atentado de la guerrilla en julio de 1976, cuando ya gobernaba la Junta Militar.

Tres jueces de la Cámara Federal porteña reavivaron un debate superado por el tiempo y la historia. Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia anularon un fallo que había rechazado in limine un pedido para reabrir la investigación sobre el atentado cometido por la guerrilla Montoneros el 2 de julio de 1976, poco después del golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón, mediante la colocación de una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal.
Los tres jueces (Llorens y Bertuzzi son los padres de la teoría del “cuentapropismo” en el espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri; Bertuzzi y Bruglia fueron designados en sus actuales cargos por decreto de Macri y la Corte Suprema reprobó esos traslados) admitieron que aquel atentado podría ser un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra. Un reciente libro del periodista Ceferino Reato, quien entrevistó y documentó un reportaje a Jorge Rafael Videla poco antes de su muerte, alentó esa hipótesis.
Ambos conceptos encierran una enorme carga ideológica. Según el Tratado de Roma, un delito de lesa humanidad es aquel “especialmente atroz y de carácter inhumano, que forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometido para aplicar las políticas de un Estado o una organización”.
En julio de 1976, Montoneros no tenía ninguna vinculación con el aparato estatal. Sin embargo, los pretensos querellantes que buscan reabrir la causa invocaron la posibilidad de que la guerrilla tuviera “apoyo, cuanto menos, de tres Estados extranjeros y organizaciones terroristas islámicas”.
El fallo parece abrir la puerta para reinstalar la “teoría de los dos demonios”.
El tribunal sostuvo que la jueza federal María Servini, quien en noviembre pasado había rechazado la reapertura de la causa, debe investigar esa hipótesis, sugerida por Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica y Eduardo Emilio Kalinec y Alicia de León “por su hijo Ernesto Osvaldo Matienzo en su condición de víctimas directas”. Matienzo fue una de las 24 víctimas mortales de aquel ataque de Montoneros.
El otro concepto que reintrodujo el fallo es el de “guerra”. Los jerarcas del régimen que sojuzgó a la Argentina entre 1976 y 1983 sostienen que en el país hubo una guerra, pero la definición no encaja con lo que la Justicia argentina ya ha determinado y consolidado.
El fallo de Bruglia, Bertuzzi y Llorens recuerda que el atentado fue cometido “el 2 de julio de 1976, a las 13:20. Mediante la colocación de un poderoso artefacto explosivo, que detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en la calle Moreno 1431 de la Capital Federal, se ocasionó el fallecimiento de 24 personas y más 60 resultaron heridas. Al respecto (los pretensos querellantes), indicaron como responsables a Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza; entre otras personas que integraran la Organización Montoneros”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un documento en el que afirmó que “los hechos ocurridos en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal fueron declarados prescriptos y esa decisión está firme. En tanto los jueces ignoran este argumento, lo que hacen es reinstalar la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad. Aunque jurídicamente esta discusión esté saldada en la Argentina, cada cierto tiempo aparecen estas decisiones judiciales que reabren la cuestión y producen lo que está pasando ahora mismo: una ola de discursos que equiparan a las organizaciones de militantes con la violencia de Estado más cruenta del siglo XX, ola que, además, nutre los discursos que justifican el endurecimiento estatal contemporáneo”.
Servini deberá, por orden de la Cámara, “determinar si la organización Montoneros efectivamente tuvo apoyo, cuanto menos, de tres Estados extranjeros y organizaciones terroristas islámicas”.
“No se ha considerado el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas. El fallo desecha in limine la hipótesis delictiva remitiéndose a lo dispuesto en resoluciones anteriores adoptadas en las actuaciones. Esta circunstancia ha sido soslayada en el examen, sin mayor tratamiento”, le reprochó la Cámara.
“Esto, en cuanto a la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, con los nuevos elementos propuestos; o un posible caso de grave violación a los Derechos Humanos”.