20.08.2024
En un predio bajo la autopista 25 de Mayo, en el barrio de Flores, funciona una “minicárcel” ilegal donde el Ejecutivo porteño mantiene a más de 50 detenidos en un inmueble cuya construcción comenzó en 2018 pero quedó frenada sin finalizar. Hace más de un mes que los vecinos y vecinas del barrio buscan respuestas a los problemas que la “Alcaidía 7” causa en la vida cotidiana y la seguridad de la zona, y denuncian que la obra que la Ciudad instaló en lugar de la Comisaría Comunal que había prometido hace más de 6 años, no se alinea con el código urbanístico de CABA.
Luego de varias reuniones y acciones de protesta, este jueves convocaron a un “ruidazo” y abrazo al predio, ubicado en Rivera Indarte al 800, en rechazo a la Alcaldía y en reclamo a la instalación de la comisaría que el Gobierno porteño había anunciado.
El sábado pasado las y los vecinos autoconvocados de Flores se reunieron y decidieron movilizarse el próximo jueves. Hace semanas que los residentes del barrio se reúnen en asambleas cada vez más multitudinarias, donde discuten y proponen alternativas para abordar institucionalmente los problemas que genera la “minicárcel”.
En este último encuentro, uno de los puntos fundamentales que se plantearon fue la legalidad y la aprobación de esta alcaidía en un barrio residencial con zonificación U3. Los vecinos y vecinas destacaron que, según el código de planeamiento urbano y la ley de construcción en los bajoautopista, no está permitido construir una alcaidía en las zonas U3, por lo que dudan de que este predio esté habilitado para realizar las tareas que se están llevando adelante en la actualidad.
“La alcaldía la abrieron entre gallos y medianoche. No parece haber habido ningún tipo de evaluación de viabilidad, riesgo ni impacto ambiental. Parece que simplemente vieron el predio vacío y abrieron una alcaidía, cuya identificación es un cartel tipeado con computadora e impreso pegado con cinta scotch”, contó una vecina de Flores.
Además, los vecinos y vecinas denuncian que cuando consultaron con funcionarios porteños sobre la legalidad y habilitación del predio, estos respondieron que “el proceso de habilitación no es el mismo para el Gobierno que para los vecinos”. Sobre esto la vecina cuestionó: “Para abrir un negocio acá la cantidad de requisitos es infinita, pero si sos la Ciudad y decidís resolver un problema que no atendiste por años, habilitás una minicárcel en pleno barrio residencial y no te importa el código”. Debido a esto, las y los vecinos autoconvocados llamaron al Gobierno de la Ciudad y a la Junta Comunal 7 a “revisar el Código de Planeamiento Urbano para no dejar a los vecinos contribuyentes abandonados”.
Este problema tiene ya larga data en el barrio. “No somos un barrio privilegiado por la gestión, acá la inseguridad es moneda corriente. Casi todos los pasajes tienen alarmas vecinales, cuya instalación, al igual que la factura de luz que conlleva, la pagamos los vecinos. Y a eso sumale que en la medida de lo posible, las casas cuentan con alarmas privadas y cámaras”, narró la vecina.
Frente al fuerte problema de inseguridad que se vive en Flores, a mediados de 2018 el Gobierno de la Ciudad, en ese momento bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, había anunciado la realización de diferentes obras reclamadas por los vecinos, entre ellas la creación de una Comisaria Comunal sobre la calle Membrillar y la Autopista 25 de Mayo, que funcionaría como anexo de la Comisaría 38. De cara a las elecciones de 2019, las obras se iniciaron rápidamente a los pocos meses del anuncio, pero una vez reelecto Rodríguez Larreta la construcción frenó sus actividades. Recién a inicios del 2023 se reanudaron las obras, pero de todas formas el edificio quedó sin terminar.
“No podemos precisar en qué momento empezaron a trasladar detenidos porque nunca se nos comunicó nada”, denunció otra vecina. Y agregó: “Lo supimos por un funcionario de seguridad que empezó en diciembre. Algunos vecinos ya habían empezado a ver qué estaba pasando, pero tuvimos que ir averiguando. La información la tuvimos sobre todo por los informes de la procuración penitenciaria”.
A las preocupaciones generales sobre la instalación de la alcaldía, se suma el hecho de que diversos informes oficiales indican que hay unas 50 personas detenidas en un lugar que tiene capacidad para 30 y en un predio que está en obra. “De la situación de los detenidos no tenemos información”, afirmó un vecino. ”El predio está en obra y no se implementaron medidas para reforzar la seguridad. Desde el Gobierno de la Ciudad aseguran que está todo controlado y monitoreado, pero desde afuera vemos chapas, no se ve nada que indique que se haya reforzado la seguridad ni en el predio y ni en el barrio”, sumó.
Según los vecinos y vecinas, la Alcaidía 7 genera mucha preocupación y no aporta a reducir la inseguridad en la zona porque, “entre otras cosas, los oficiales de la Policía de la Ciudad son destinados a cuidar a los detenidos en lugar de hacer las tareas para las que fueron formados”.
En este contexto, se suma además la preocupación por el riesgo de fuga que genera la detención de personas en una obra sin terminar. La crisis de sobrepoblación de las comisarías y alcaidías en CABA viene ya desde el año pasado, pero este año ganó la mirada de la agenda pública cuando a principios de abril se produjeron cuatro fugas en sólo la primera quincena del mes. Esta situación llevó a fuertes cruces entre la gestión porteña y el Ministerio de Seguridad de Nación ya que la gran mayoría de los presos en la Ciudad pertenecen a procesos llevados adelante por los fueros federales y nacionales, por lo que la Ciudad reclama a Nación que se lleve a los detenidos al Servicio Penitenciario Federal. Este cruce terminó cuando anunciaron la creación de los polémicos módulos carcelarios en distintos barrios.
Los vecinos y vecinas de Flores se organizaron y llevaron adelante su reclamo a través de diferentes vías. Así, además del ruidazo planeado para el próximo jueves, profundizarán el reclamo administrativo que iniciaron hace varias semanas, harán seguimiento del pedido de informe a través de la Legislatura porteña, buscarán que las comisiones de Seguridad y Planeamiento Urbano hagan una revisión exhaustiva y se expresen sobre la instalación de la Alcaidía 7 y reclamarán a la Junta Comunal 7 para que tome las acciones necesarias. “No a la Alcaidía, Sí a la Comisaría”, es la consigna con la cual los vecinos y vecinas continúan reuniéndose y demandando por soluciones “que prioricen la seguridad y el bienestar del barrio”.
