Lucía Cámpora: “Necesitamos que el Gobierno de la Ciudad deje de hacer oídos sordos con la violencia institucional”
3.6.2022
Por Diego Moneta
Un año atrás la legisladora porteña Lucía Cámpora presentó un Proyecto de ley integral contra la violencia institucional, que retoma la voluntad del Frente de Todos a nivel nacional. Sin embargo, la Legislatura nunca lo puso a discusión.
Si el Proyecto de Ley integral contra la violencia institucional está trabado a nivel nacional, peor suerte corre en la Ciudad de Buenos Aires donde la Legislatura funciona como cuasi escribanía de acuerdo a la voluntad de Horacio Rodríguez Larreta y de su mayoría legislativa. En ese panorama, la legisladora Lucía Cámpora insiste en la urgencia de su tratamiento.
La iniciativa fue presentada en mayo del 2021 con el objetivo de generar herramientas para prevenir y erradicar casos de violencia institucional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Toma como base el proyecto a nivel nacional de la diputada Paula Penacca. La propuesta establece, entre otros puntos, la creación de Centros de Recepción de Denuncias atendidos por personal ajeno a la fuerza, de un Registro de violencia institucional que tenga a su cargo la tarea de registrar, clasificar y sistematizar las denuncias ocurridas en el ámbito porteño y de procesos de reentrenamiento en Derechos Humanos para la Policía de la Ciudad e incluye criterios para la participación en manifestaciones públicas.
“Cuando supimos que en el Congreso de la Nación estaba en tratamiento la iniciativa de Penacca, nos pusimos a disposición y comenzamos a trabajar con ella misma en uno para la Ciudad”, apunta Lucía, remarcando el paso de Penacca por la Legislatura porteña, su experiencia en la temática y su militancia común en La Cámpora. “Desde distintos espacios nos preocupa, interpela y moviliza todo lo relacionado a la problemática de la violencia institucional”, desliza y agrega: “Lo cierto es que, más allá de lo que se apruebe, alcanza a las fuerzas de seguridad controlados por organismos nacionales, y resulta necesario que los cuerpos legislativos locales y provinciales discutan leyes que regulen a sus propias fuerzas”.
La voluntad de legislar sobre la violencia institucional cobra especial relevancia en el territorio base del PRO. La Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), tras un pedido de acceso a la información pública a comienzos de marzo, denunció que uniformados de la Ciudad matan en la provincia de Buenos Aires, lo que se relaciona con el “estado policial” que rige y la posibilidad de portar el arma todo el día. En el mismo sentido, Cámpora destaca que se cuenta “con muy poca información”, más allá de algunos informes aislados del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo, y por eso uno de los puntos de su proyecto “es la creación de un registro de casos de violencia institucional”.
A la hora de hacer una radiografía sobre la violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires el primer dato, señala la legisladora, es que “es sumamente selectiva en cuanto a sus víctimas”, dado el promedio de edad y en términos geográficos. “Las denuncias se concentran en las comunas del sur -1, 3, 4, 7-”, complementa. Las pocas estadísticas existentes dan cuenta de la “pertenencia a los grupos más vulnerados”, ya sean migrantes, menores, personas en situación de calle o con discapacidad, del colectivo LGBT y de barrios populares. El otro gran componente es que, si bien la Policía de la Ciudad es joven, está “integrada por agentes que vienen de otras fuerzas y realizaron formaciones distintas”, por lo que cobra importancia el “reentrenamiento planteado en el proyecto en materia de derechos humanos”, completa Cámpora.
Sin embargo, el proyecto se dio a conocer hace más de un año atrás. Las prioridades del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de los legisladores de Juntos por el Cambio son otras. No dieron “ninguna señal de poder avanzar en su tratamiento, ni que se ponga en temario ni que se discuta otra propuesta”, enfatiza Cámpora, abierta a escuchar posibles mejoras para su propia iniciativa. “Tenemos la responsabilidad política de marcar la agenda”, señalan de todas formas desde la bancada del Frente de Todos. “Si bien ninguna fuerza de seguridad está exenta, hay muy pocos esfuerzos por parte del Gobierno de la Ciudad para trabajar y erradicar la problemática”, suma la legisladora.
En ese contexto, y en el marco del Día Nacional contra la Violencia Institucional, se congregaron en la Legislatura con el objetivo de “darle voz a los colectivos que vienen luchando porque son quienes la padecen”, cuenta Cámpora y enumera a Madres en Lucha, colectivos LGBT, migrantes y antirracistas, trabajadoras sexuales, voceros de las juventudes y referentes de barrios populares. En esa lista la legisladora también incorpora a los trabajadores de la economía popular, personas con discapacidad y otros espacios que “demandan que el tema sea discutido”. Es impostergable que se escuche el reclamo. Necesitamos que el Gobierno de la Ciudad deje de hacer oídos sordos”, cierra.