Red de radios

6.6.2022

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) advirtió sobre la «desinversión en educación» por parte del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y denunció falta de respuestas ante la ausencia de calefacción en las escuelas de CABA.

«Una vez más la desinversión en educación de Larreta y Soledad Acuña se visibiliza por los factores climáticos. Hace dos semanas fueron las lluvias. Esta vez se da con el frío en la Ciudad que se hace sentir en las escuelas porteñas», denunciaron desde UTE a través de un comunicado.
Y agregaron: «Pese a que el año pasado la comunidad educativa ya lo había denunciado fuertemente, el Gobierno de la Ciudad sigue sin dar soluciones a la falta de calefacción en los edificios escolares».
La organización recorrió distintas escuelas de la ciudad y armó un registro donde recibieron «cientos de denuncias y testimonios sobre una problemática que está afectando a miles de alumnxs de la Ciudad».
«Estudiantes, docentes y trabajadorxs no docentes, padecen el frío durante la jornada escolar. Esto afecta a su salud y claramente a las condiciones de enseñanza y aprendizaje», marcaron.
Entre las instituciones que recorrieron se encuentran la Escuela comercial 19 DE 8, la Escuela primaria 2 DE 7, la Escuela Media 1 DE 20 de Villa Lugano, la Escuela primaria 2 DE 2, la Escuela de nivel inicial JIC 4 DE 6 y la Escuela Especial 3 DE 17 de Villa Devoto.
“Se puede advertir la falta de obras de mantenimiento y puesta a punto de los sistemas de calefacción como así también edificios sin final de obra que no tienen habilitadas sus instalaciones de gas», informaron.

5.6.2022

Por Tomás Máscolo

Se viralizó un video que muestra como incendiaron la habitación de la referenta del Hotel Gondolín, espacio donde viven más de 45 travestis y también funciona como casa cultural. Repudiamos el ataque.

El Gondolín es un espacio auto gestionado en el barrio de Palermo, CABA que es la casa de más de 45 de trans y travestis, este espacio además funciona como casa cultural.
«En el mes del orgullo, y un día después de la marcha del #niunamenos, prendieron fuego desde afuera la habitación de Zoe, referenta de la Asoc. Civil el Gondolín, por suerte Zoe no se encontraba en su vivienda», difundieron mediante un comunicado.
Desde hace varios años Zoe es la presidenta de la Asociación Civil, figura legal que tomó el lugar y que pone formalidad a la organización de 47 mujeres trans que anidan en las 24 habitaciones que conforman el edificio de paredes azules.
Tras décadas de lucha la diversidad sexual logró importantes conquistas como la Ley de Identidad de Género. Sin embargo, la vida cotidiana sigue atravesada por la represión sistemática, la falta de acceso a la salud, educación, trabajo y vivienda. Los discursos de odio se inscriben en este marco, por eso expresamos todo nuestro repudio.

Recuperar el cuarto de Zoe

A las organizaciones que preguntan cómo ayudar, desde la asociación civil piden donaciones para poder recuperar el cuarto de Zoe antes de que vuelva, en una semana. Las reciben en calle Aráoz 924, CABA.

Liberar las villas, el sueño pro
Por Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis

Gentrificación y negocios en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires

El 8 de abril, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta remitió a la Legislatura el proyecto de ley 1031-J-2022, denominado “Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares”. El 24 de mayo, el proyecto fue despachado y será aprobado en la próxima sesión del jueves 2 de junio.
El proyecto crea el Distrito en los siguientes barrios populares: Rodrigo Bueno (ley 5798), Playón de Chacarita (ley 5799), Barrio 20 (ley 5705) y Barrio “Padre Carlos Mugica”, ex Villa 31 (ley 6129). Su objeto en teoría es “promover el desarrollo económico de los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el otorgamiento de beneficios impositivos e incentivos a quienes realicen inversiones destinadas al desarrollo de espacios en estos barrios populares”.

Beneficios y beneficiarios

Los beneficiarios serán las personas humanas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de la AFIP a partir de la categoría E o como Responsables Inscriptos, las personas jurídicas y uniones transitorias de empresas.
Para acceder al beneficio deberán realizar inversiones orientadas a desarrollar espacios destinados a actividades dentro de los barrios populares que componen el distrito.
Los beneficiarios podrán descontar un porcentaje del monto invertido del pago a cuenta del Impuesto a los Ingresos Brutos en todas las actividades económicas que desarrollen en la Ciudad de Buenos Aires. No se establece un criterio prioritario para acceder al beneficio. Solamente se dispone una escala de los porcentajes de inversión que serán cubiertos por la ciudad de acuerdo al orden de ingreso al Registro Único de Distritos Económicos:
1º al 15º = 80%
16º al 30° = 65%
31°en adelante = 50%
Este régimen promocional regiría hasta el 31 de enero de 2035.
El gobierno local subsidiará (regalará) hasta el 80% de lo que inviertan las empresas en estos cuatro barrios populares. De la forma que está estructurado el beneficio, el régimen de promoción le resulta más conveniente a las grandes cadenas comerciales que tienen sucursales en toda la ciudad. Esto, porque el subsidio se otorga a través de créditos fiscales del impuesto a los ingresos brutos por las actividades que realiza la empresa en toda la Ciudad. Una gran cadena comercial tiene que pagar más ingreso bruto por su actividad y por lo tanto el crédito fiscal que recibirá por este distrito podrá usarlo más rápido. En consecuencia, podrá recuperar la inversión casi inmediatamente.
La única contraprestación que se exige a las empresas, luego de recibir subsidios de hasta el 80% de la inversión, es un porcentaje ínfimo de la nómina del personal destinado a habitantes de los barrios populares (30%). Este porcentaje, en los hechos, quedará a discrecionalidad de la empresa, que tendrá como vía de escape el argumento de la falta de “trabajadores con experiencia” en los rubros requeridos.

Las actividades que se promocionan

En el listado de actividades se advierte que las empresas podrán instalar comercios de venta minorista de alimentos, bebidas, verdura, pan; lavanderías; venta de artículos de bazar y para el hogar; venta de artículos de ferretería, actividades relacionadas con la gastronomía, etc. Todas estas actividades se encuentran muy bien desarrolladas en las villas y sufrirán la competencia de las nuevas empresas que se quieran instalar con el apoyo económico del GCBA. Las actividades promocionadas están orientadas al sector de comercio y servicios, más que al productivo, debilitando las posibilidades de desarrollar cadenas de valor.
Se promueven actividades de “hoteles, hospedajes, alojamientos, albergues transitorios”, lo que podría significar una formalización de los alquileres informales en condiciones precarias y de hacinamiento, soslayando la necesidad de encontrar soluciones definitivas para cada familia del barrio, como establecen las leyes de reurbanización.

Sin participación ciudadana

Las cuatro leyes de reurbanización de barrios populares aprobadas establecen como órgano de decisión de estos procesos a las Mesas de Gestión Participativas. Estos ámbitos institucionales están integrados por organismos del GCBA, por representantes de los habitantes de los barrios y por organismos institucionales de control de la ciudad. Este proyecto de ley no fue tratado y ni siquiera anunciado en estas instancias de la democracia participativa.
Además, el proyecto va a tener una única sanción. No se aplicará el procedimiento de doble lectura, que dispone la convocatoria a una audiencia pública obligatoria entre ambas sanciones.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 89 que tienen el procedimiento de doble lectura, entre otras leyes: “Las que consagran excepciones a regímenes generales (…)”.
El proyecto de ley establece un régimen de beneficios fiscales que constituyen una excepción a la regulación del impuesto a los ingresos Brutos. Por regla general, ningún habitante de la ciudad puede descontar un porcentaje del monto invertido en un proyecto del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos. Tales beneficios fiscales se reciben en virtud de leyes de excepción a la normativa general de ingresos brutos en el Código Fiscal de la Ciudad.
La Constitución de la Ciudad ha querido establecer la participación ciudadana para garantizar la transparencia de la discusión porque estos beneficios fiscales constituyen privilegios económicos que beneficiarán a unos pocos con los recursos de toda la población. Por este motivo, constitucionalmente se estableció que toda excepción a normas generales debe contar con el procedimiento de doble lectura.
Nuevamente, el GCBA ha decidido saltear el procedimiento de doble lectura evitando la participación de la ciudadanía.

Una etapa más en el proceso de gentrificación

El verdadero espíritu del proyecto de ley es continuar profundizando la estrategia de expulsión lenta de los pobladores de estos barrios (gentrificación) para liberar estos suelos a la especulación inmobiliaria.
En reiterados informes sostuvimos que los actuales procesos de integración social-urbana se desarrollan bajo el paradigma de que el mercado inmobiliario es el encargado de reurbanizar estos barrios.
En este marco, se comprende por qué las viviendas nuevas en el Barrio Carlos Mugica tienen graves problemas de construcción, que las escrituras de las viviendas nuevas permitan la ejecución por falta de pago (la morosidad en Rodrigo Bueno es del 45%, en el Playón de Chacarita es del 33%, en el Barrio Papa Francisco es del 65%), que no sea una prioridad la formalización y regularización de los servicios públicos, que se intente implementar un sistema de transferencia de posesión que soslaye la prohibición de la Ley 27.453 de vender a personas jurídicas o a personas que ya tengan una propiedad, el remate de las tierras aledañas a estos barrios, etc.
Con la construcción de los complejos habitacionales muchas familias fueron relocalizadas sin reconocerles los espacios que tenían para sus comercios y actividades productivas. Las familias que consiguieron instalar sus locales en las viviendas nuevas perdieron ingresos porque no están ubicadas en lugares de bastante tránsito como antes.
Con este proyecto de ley se realiza un nuevo atentado directo a la economía de estos barrios y a sus sectores comerciales y productivos. Sin ninguna restricción, el GCBA impulsará, con recursos públicos, la instalación de nuevas empresas en el barrio, principalmente cadenas, que competirán directamente con los negocios existentes.
La obligación del GCBA, en cumplimiento del mandato constitucional de la reurbanización con radicación definitiva de sus habitantes, es proteger los emprendimientos existentes de la economía popular y no fomentar la instalación de empresas que constituyan, ya sea por la naturaleza y posición en el mercado o por los incentivos fiscales que se le otorgan, una competencia desigual que termine generando un desplazamiento o cierre de los actuales emprendimientos.
A la gentrificación de los habitantes se sumará la gentrificación de los locales comerciales y productivos. El proyecto de ley genera las condiciones para que las actividades comerciales y productivas existentes desaparezcan poco a poco, destruyendo la reproducción económica de la población. No se estipulan regulaciones que limiten la creación de monopolios o de concentración comercial en manos de pocos actores ni la instalación de grandes cadenas comerciales.
En diciembre de 2020 el GCBA aprobó la Ley 6.376 de Promoción de la Economía Social. Este proyecto de ley es contrario a los fines de esta ley. El objetivo de promover la economía en estos barrios debió ser articulado necesariamente con esta ley ya que en estos territorios es donde la economía social se desarrolla con mayor intensidad. Los beneficios que se otorgarán a las empresas inversoras son mayores que los previstos en la Ley N° 6376.
Se ha desoído permanentemente el reclamo de que en las leyes de integración social y urbana de estos barrios se establezcan medidas que mitiguen la gentrificación de estos territorios. No existe ningún estudio o medida que aborde el efecto que este proyecto de ley podría tener sobre el valor del suelo en barrios que están en plena transformación del régimen de propiedad. Estos procesos se encuentran en un momento de particular vulnerabilidad frente a la tendencia hacia la mercantilización de estas nuevas tierras que se están incorporando al mercado.

Los posibles beneficiarios

En los barrios Playón Chacarita y Rodrigo Bueno se encuentran en curso licitaciones para la adjudicación de los locales comerciales de los nuevos complejos de viviendas. El Instituto de Vivienda (IVC) decidió unilateralmente destinar estos locales a empresas privadas y no a productivos barriales.
El 23 de mayo, el IVC publicó la preadjudicación de la Licitación Pública 63/21, que tiene por objeto concesionar el uso y explotación de inmuebles del IVC ubicados en los barrios Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno.

¿Estas empresas que alquilarán locales del IVC pagarán el canon con los subsidios del GCBA? Este proyecto de ley lo estaría permitiendo. Las empresas no sólo recibirían apoyo económico del GCBA, sino que además lo utilizarían para pagar el canon por el uso de bienes públicos.
Gire S.A. inició sus actividades en la Argentina en mayo de 1991. Es una empresa conformada por los bancos Banco Santander Río S.A., Citibank y HSBC. Es una empresa integradora de soluciones transaccionales dedicada a proveer servicios de cobranzas electrónicas mediante: Rapipago y Pagophone.
La empresa NOBBS está registrada en AFIP en numerosos y diversos rubros: procesamiento de carne de ganado bovino, venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza, operaciones de intermediación de carne, etc.
Farmacity es una cadena de farmacias argentinas del grupo empresario Pegasus. Cuenta hoy con 241 farmacias en 14 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En la Argentina hay 16.817 farmacias y Farmacity representa el 1,43% del total. En la Ciudad de Buenos Aires hay 1.661 farmacias, de las cuales 146 (8,8%) son Farmacity.
¿Estas empresas necesitan el apoyo económico del GCBA? La corporación inmobiliaria, luego de lograr que los gobiernos destinen a sus negocios los principales terrenos libres de la ciudad, los playones ferroviarios, continúa preparando el camino para liberar las tierras de las villas en las próximas décadas.

3.6.2022

Por Diego Moneta

Un año atrás la legisladora porteña Lucía Cámpora presentó un Proyecto de ley integral contra la violencia institucional, que retoma la voluntad del Frente de Todos a nivel nacional. Sin embargo, la Legislatura nunca lo puso a discusión.

Si el Proyecto de Ley integral contra la violencia institucional está trabado a nivel nacional, peor suerte corre en la Ciudad de Buenos Aires donde la Legislatura funciona como cuasi escribanía de acuerdo a la voluntad de Horacio Rodríguez Larreta y de su mayoría legislativa. En ese panorama, la legisladora Lucía Cámpora insiste en la urgencia de su tratamiento.
La iniciativa fue presentada en mayo del 2021 con el objetivo de generar herramientas para prevenir y erradicar casos de violencia institucional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Toma como base el proyecto a nivel nacional de la diputada Paula Penacca. La propuesta establece, entre otros puntos, la creación de Centros de Recepción de Denuncias atendidos por personal ajeno a la fuerza, de un Registro de violencia institucional que tenga a su cargo la tarea de registrar, clasificar y sistematizar las denuncias ocurridas en el ámbito porteño y de procesos de reentrenamiento en Derechos Humanos para la Policía de la Ciudad e incluye criterios para la participación en manifestaciones públicas.
“Cuando supimos que en el Congreso de la Nación estaba en tratamiento la iniciativa de Penacca, nos pusimos a disposición y comenzamos a trabajar con ella misma en uno para la Ciudad”, apunta Lucía, remarcando el paso de Penacca por la Legislatura porteña, su experiencia en la temática y su militancia común en La Cámpora. “Desde distintos espacios nos preocupa, interpela y moviliza todo lo relacionado a la problemática de la violencia institucional”, desliza y agrega: “Lo cierto es que, más allá de lo que se apruebe, alcanza a las fuerzas de seguridad controlados por organismos nacionales, y resulta necesario que los cuerpos legislativos locales y provinciales discutan leyes que regulen a sus propias fuerzas”.
La voluntad de legislar sobre la violencia institucional cobra especial relevancia en el territorio base del PRO. La Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), tras un pedido de acceso a la información pública a comienzos de marzo, denunció que uniformados de la Ciudad matan en la provincia de Buenos Aires, lo que se relaciona con el “estado policial” que rige y la posibilidad de portar el arma todo el día. En el mismo sentido, Cámpora destaca que se cuenta “con muy poca información”, más allá de algunos informes aislados del Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo, y por eso uno de los puntos de su proyecto “es la creación de un registro de casos de violencia institucional”.
A la hora de hacer una radiografía sobre la violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires el primer dato, señala la legisladora, es que “es sumamente selectiva en cuanto a sus víctimas”, dado el promedio de edad y en términos geográficos. “Las denuncias se concentran en las comunas del sur -1, 3, 4, 7-”, complementa. Las pocas estadísticas existentes dan cuenta de la “pertenencia a los grupos más vulnerados”, ya sean migrantes, menores, personas en situación de calle o con discapacidad, del colectivo LGBT y de barrios populares. El otro gran componente es que, si bien la Policía de la Ciudad es joven, está “integrada por agentes que vienen de otras fuerzas y realizaron formaciones distintas”, por lo que cobra importancia el “reentrenamiento planteado en el proyecto en materia de derechos humanos”, completa Cámpora.
Sin embargo, el proyecto se dio a conocer hace más de un año atrás. Las prioridades del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de los legisladores de Juntos por el Cambio son otras. No dieron “ninguna señal de poder avanzar en su tratamiento, ni que se ponga en temario ni que se discuta otra propuesta”, enfatiza Cámpora, abierta a escuchar posibles mejoras para su propia iniciativa. “Tenemos la responsabilidad política de marcar la agenda”, señalan de todas formas desde la bancada del Frente de Todos. “Si bien ninguna fuerza de seguridad está exenta, hay muy pocos esfuerzos por parte del Gobierno de la Ciudad para trabajar y erradicar la problemática”, suma la legisladora.
En ese contexto, y en el marco del Día Nacional contra la Violencia Institucional, se congregaron en la Legislatura con el objetivo de “darle voz a los colectivos que vienen luchando porque son quienes la padecen”, cuenta Cámpora y enumera a Madres en Lucha, colectivos LGBT, migrantes y antirracistas, trabajadoras sexuales, voceros de las juventudes y referentes de barrios populares. En esa lista la legisladora también incorpora a los trabajadores de la economía popular, personas con discapacidad y otros espacios que “demandan que el tema sea discutido”. Es impostergable que se escuche el reclamo. Necesitamos que el Gobierno de la Ciudad deje de hacer oídos sordos”, cierra.

3.6.2022

Ocurrido en mayo de 2019 y se repudiarán los operativos de “limpieza” que se sufren a diario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La VI Jornada de Repudio y Visibilización de las Violencias hacia las Personas en Situación de Calle será de 11 a 16 en General Paz y Alberdi, organizado por la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle.

Compartimos convocatoria:
En mayo de 2019, dos compañeros que dormían bajo el puente de Alberdi y Gral. Paz fueron prendidos fuego y filmados por los agresores, que perversamente subieron a las redes sociales el video, tras lo cual el hecho tomó estado público. En ese entonces, distintas organizaciones hicieron una primera Jornada de denuncia, hito fundante de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle.
Tres años después, volvemos a juntarnos en una jornada de denuncia, en la que haremos un mural, una radio abierta, números artísticos y otras acciones de concientización para exigir:
Basta de operativos de “limpieza” de ranchadas y “desalojos” por parte de Espacio Público
Basta de ataques de odio hacia quienes están en situación de calle
Basta de subregistro de las PSC. El Censo es con las organizaciones sociales
Aumento de montos de subsidios habitacionales y basta de bajas indiscriminadas en el acceso
Políticas públicas integrales que contemplen las diversidades de quienes viven en situación de calle.

2.6.2022

Por María Eva Koutsovitis, Jonatan Baldiviezo y Alejandro Volkind – El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos

El gobierno de la Ciudad presentó la ejecución presupuestaria del Primer Trimestre 2022. En los primeros tres meses del año, el GCBA utilizó menos del 2% del presupuesto destinado a Becas Estudiantiles, el 12% del correspondiente a Políticas Alimentarias, y 0 (cero) pesos al Programa “Créditos 1era. Vivienda”. Mientras tanto, se gastaron casi 12 millones de pesos por día en publicidad.

De los más de $940.000 millones de Presupuesto con que cuenta la Ciudad para este 2022, en los primeros tres meses se utilizaron poco más de 226.000 millones. Pero, pese a que la ejecución fue la esperable (un 24%), la distribución fue sumamente despareja.
Van algunos ejemplos.

Pauta, pauta, y más pauta

Sin dudas, un área privilegiada por Horacio Rodríguez Larreta es la publicidad. Si tomamos en cuenta sólo el ítem Publicidad y Propaganda, para este año se han destinado casi 3500 millones de pesos ($3.478.951.683) para hacer propaganda gubernamental, de los cuales ya se ejecutó casi el 22% ($753.046.973). Pero el número se abulta aún más si le sumamos los casi 1500 millones que tiene de presupuesto la Subsecretaría de Comunicación Social, cuya función principal es “asistir a la secretaria de Medios en la ejecución y administración de las contrataciones que en materia de publicidad se realicen para las distintas áreas del Poder Ejecutivo”.
La suma de ambos ítems da un total de casi 5.000 millones de pesos para 2022 ($4.923.346.299), de los que ya se utilizaron más de $1.000 millones ($1.069.703.972), lo que equivale a casi 12 millones de pesos por día durante este año.
Si la cifra resulta llamativa, habrá que prepararse para más. Durante 2021, el ítem “Publicidad y Propaganda” tuvo un aumento del 97% (tenía un presupuesto votado de casi 2400 millones, pero terminaron destinando casi el doble 4.724.239.306), y la Subsecretaría de Comunicación Social tuvo un aumento del 117% (de 1.029.025.580 presupuestados a comienzos de año, se terminaron ejecutando 2.238.732.641).
Con estos números finales, en 2021, Horacio Rodríguez Larreta destinó más de 19 millones de pesos por día a hacer propaganda de su gobierno.

Si alquilás, tomate el Metrobús

En una Ciudad donde el 40% de los habitantes son inquilinos, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) destinó 0 (cero) pesos al Programa “Créditos 1era. Vivienda”, y para la tan publicitada “Garantía BA”, menos de un millón. Para el barrio de La Boca, donde se encuentra la mayor cantidad de conventillos de la Ciudad y con un enorme déficit habitacional, existe el programa “Rehabilitación La Boca”, pero hasta el momento se ejecutaron cero pesos.
Para el programa de reintegración, integración y transformación de villas se ejecutó menos del 10% ($710 de los $7.504,5 millones)
Claro, todo el presupuesto se está yendo a necesidades más urgentes, como el Metrobus del Bajo – Etapa II, donde cada parador que se está colocando va a salir más de $100 millones.

800 pesos por día para las Víctimas de Trata

La Dirección general de la Mujer ejecutó sólo el 13% de su presupuesto. Y el área de Detección, Protección y Asistencia a Víctimas de Trata tiene un presupuesto de menos de medio millón de pesos, de los cuales ejecutó 71.683, es decir menos de 800 pesos por día.

La prioridad número uno No es la educación

Para Becas estudiantiles, de casi $2.400 millones presupuestados, el Ministerio de Educación sólo utilizó 3 millones. En el caso de los subsidios a las Cooperadoras escolares, sobre 250 millones, ejecutaron el 8%. Y en Infraestructura Escolar sólo se utilizó el 10% de un presupuesto ya devaluado. Total, las escuelas están bárbaras, ¿no? La situación es aún peor respecto a Mantenimiento Escolar: de 5.541 millones de pesos sólo ejecutó $ 507 millones, es decir, el 9,1%.
Como siempre, el subsidio para la educación privada, tuvo una ejecución perfecta.

Urgencias no tan urgentes

Sobre los casi $1.500 millones presupuestados a la Asistencia Integral a los Sin Techo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat no ejecutó ni el 8%, y encima recortó $70 millones de ese presupuesto. Para la Asistencia Socio Habitacional, que tiene un presupuesto de más de 730 millones, se utilizó menos del 9%. La Secretaría de Inclusión Social y Atención Inmediata no llegó al 12% de ejecución presupuestaria. Y para la “Asistencia inmediata ante la Emergencia Social”, el gobierno porteño no sólo redujo el presupuesto votado por la Legislatura, sino que además sólo ejecutó el 15%.
¿Cómo se llama la obra? Urgencias no tan urgentes.

La Economía Popular y Social es un excelente discurso

La Dirección General de Economía Popular y Social tiene un presupuesto de más de $1.300 millones, pero para Fomento a la Comercialización de la economía popular y social, se destinaron cero pesos. Lo mismo para la Asistencia técnica y el fortalecimiento de los comercios populares.
Tendrán que hablar un poco más. La Dirección General Planificación y Discurso tiene un presupuesto de casi 50 millones y ya utilizó un 20%, es decir, poco más de 100.000 pesos por día.

Subastas inesperadas

El GCBA calculó como ingreso por la venta de inmuebles $ 2.819 millones, pero ya ingresó $3.610 millones. Vendió más de lo que tenía previsto.
¿Cuál es el inmueble que se vendió y que no estaba planificado? El edificio de Berutti y la Av. Coronel Díaz que el GCBA le vendió a la empresa IRSA por $ 2.158 millones.
Este monto se suma a los $ 1.451 millones que se obtuvo hasta el momento por la venta de parcelas del ex Tiro Federal que ahora llaman Parque de la Innovación.

Hay Hambre, y hay hambre Gourmet

En una Ciudad con un nivel de pobreza que afecta a uno de cada cuatro porteños, la ejecución presupuestaria de la Dirección General de Políticas Alimentarias no llegó al 13%. Eso sí, si tu hambre es gourmet, despreocupate: la Secretaría de políticas gastronómicas, con más de 115 millones de presupuesto, tuvo una ejecución perfecta en el primer trimestre y hasta le adjudicaron un aumento del 30%. Sólo para Eventos de Desarrollo Gastronómico se destinaron 105.000 pesos por día.

Los únicos beneficiados… serán los dirigentes del PRO

En estos primeros tres meses de 2022, el GCBA destinó menos de 200.000 pesos por día a Políticas destinadas a la Juventud.
Mientras desfinancia y subejecuta presupuestos clave, el gobierno de la Ciudad decide duplicar el Presupuesto de la “Secretaría de Transformación cultural” (Sic), que en tres meses ya gastó todo el dinero votado por la Legislatura para 2022.
¿A qué se dedica esta Secretaría? A financiar la formación de dirigentes del PRO, como lo demuestran sus contrataciones millonarias dirigidas a “impulsar el desarrollo de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad”.

Adicciones

La Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones sólo utilizó poco más del 11% de su presupuesto. Párrafo aparte para el rubro “Externación asistida”, de un mísero presupuesto de un millón de pesos, se ejecutaron 23.000, lo que equivale a 255 pesos por día.