Red de radios

29.5.2022

Por Colectivo de Medios Populares

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación confirmó este jueves la condena a 16 años de prisión impuesta al policía de la Metropolitana, Ricardo Ayala, por el Tribunal Oral 1 en 2019. Con esta resolución, la Justicia volvió a dar por probado que aquel 9 de noviembre de 2015 en La Boca, Ayala no actuó en defensa propia sino con una actitud criminal.

Los jueces de Casación tomaron esta decisión luego de que la defensa del policía apelara la condena y pidiera la absolución de Ricardo Ayala. Los argumentos en la audiencia fueron los mismos que en el juicio oral: que el policía se defendió de una supuesta agresión de Lucas quien, según la versión de la fuerza, tenía un arma. Nada de esto es real. Se trató de típico caso de gatillo fácil, con una salvedad poco habitual: la víctima sobrevivió para contarlo.
Con esta resolución, la Justicia volvió a dar por probado lo que sentenció el Tribunal Oral 1 en 2019: que aquel 9 de noviembre de 2015 en La Boca, Ayala no actuó en defensa propia sino con una actitud criminal. Que no hubo ningún enfrentamiento. Que el policía, con su arma reglamentaria, le disparó tres veces a Lucas y que dos de los tiros fueron cuando ya estaba en el piso.
Carolina Vila, mamá de Lucas, declaró: “Estamos muy contentos que después de tanto esperarlo, Casación confirmó la sentencia, a menos de un mes de haber hecho la audiencia por zoom. No cambiará nuestra vida, seguiremos con las mismas dificultades pero necesitamos mucho cerrar esta etapa para poder concentrarnos en seguir adelante sin el peso y la angustia de la espera”.
Tras la resolución de este jueves la querella que representa a Lucas y a su familia pedirá que Ayala sea detenido y que la condena se haga efectiva. Lo hará en base a la nueva información que surgió de la audiencia en Casación: en 2019 el policía sumó otro delito: fue acusado por falsificación de documento por contar con una licencia de conducir falsa. En este expediente Ayala estuvo prófugo, motivo por el cual el 5 de junio de 2020 fue declarado en rebeldía hasta febrero de 2021, cuando finalmente fue detenido. Durante los meses que estuvo preso, la justicia le rechazó la excarcelación dos veces en base al riesgo de fuga y a la existencia de un proceso con condena que aún no está firme (la causa por el intento de homicidio de Lucas). El 30 de junio de 2021 Ayala fue condenado en un juicio abreviado a un año y medio de prisión en suspenso y puesto en libertad.
La defensa del policía Ayala aún puede recurrir a la instancia de la Corte Suprema de Justicia, estrategia que le permitiría seguir evitando que el fallo quede firme y que, de esa manera, quede detenido.
Pero Carolina no pierde las esperanzas: “Deseamos que pronto lo detengan. Esperamos ese día ya hace 7 años, mucho tiempo para tener justicia… pero seguiremos luchando sin perder la esperanza de que podemos hacer que esto cambie”.

28.5.2022

El inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial Juan José Nieva, todos de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, serán juzgados por el crimen del joven futbolista, quien fue baleado el 17 de noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas. Se los acusa del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo”.

Además, estos efectivos están acusados por el intento de homicidio agravado por las mismas causales de los tres amigos que estaban con Lucas y privación ilegal de la libertad “agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”.
Los otros procesados son Alberto Du Santos, Juan Romero, Roberto Inca, Héctor Cuevas, Sebastián Baidón, Ramón Chocobar, Jonathan Martínez, Angel Arévalos, Daniel Espinosa, Daniel Santana y Rodolfo Ozán. Todos acusados por el encubrimiento del crimen, ya que “alteraron los rastros y pruebas del delito que cometieron Nieva, López e Issasi, al arribar inmediatamente e intentar fraguarlo para aparentar que se había tratado de un ‘enfrentamiento’, colocando para ello un arma de utilería”.
También se los acusó de haber aplicado tormentos y sufrimientos psicológicos a través de expresiones como “a estos villeritos hay que darles un tiro en la cabeza” o “dónde tenés la falopa, dónde está el arma con la que mataste a tu amigo”, mientras “los mantuvieron durante más de dos horas esposados contra el piso boca abajo y luego sentados, sin intervención judicial alguna”, según surge del expediente.
Queda pendiente el sorteo que designará el Tribunal Oral.

El asesinato de Lucas

Lucas tenía 17 años y, como tantos pibes de su edad con talento para el fútbol, soñaba con llegar a primera. Antes de llegar a Barracas Central, había pasado por las inferiores de Defensa y Justicia y Racing.
Al salir del entrenamiento aquel 17 de noviembre, Lucas y sus amigos pararon en un kiosco. Fueron interceptados por un vehículo sin patente y sin la baliza de la Policía de la Ciudad, del cual bajaron los efectivos armados y de civil, que no se identificaron. Ante el miedo, ya que pensaron que querían robarles, los pibes subieron al auto. Comenzaron a ser perseguidos. Los policías realizaron varios disparos contra el auto y balearon a Lucas en la cabeza.
En aquel momento, mientras se pretendía instalar la versión de un tiroteo, la mamá del joven sostuvo: “Es un caso de gatillo fácil, porque no pueden sacar un arma y dispararle a unos pibes. Esa gente no está capacitada para andar con un arma. Tiraron a matarlo”.
Horas más tarde, en el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, Lucas fallecía a causa del criminal disparo.

27.5.2022

Fue la definición de la legisladora Alejandrina Barry de Frente de Izquierda, ante la información que surgió del Informe sobre ejecución presupuestaria publicado por el Ministerio de Hacienda porteño. Según sus propios datos, el gobierno de la Ciudad destina más recursos a publicidad que a infraestructura escolar o becas. Otro rubro que está muy por detrás es el de subsidios a cooperadoras escolares.

Ante los datos que surgieron del Informe sobre ejecución presupuestaria publicado por el Ministerio de Hacienda porteño, la legisladora porteña Alejandrina Barry expresó “Según sus propios datos, se demuestra que a Soledad Acuña no le importa la educación. El gobierno de la Ciudad destinó más recursos a publicidad que a becas escolares o infraestructura edilicia.”. Dicho informe también da cuenta que los subsidios a cooperadoras escolares es otro de los rubros que está muy por detrás su ejecución presupuestaria.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó, este lunes, el “Informe sobre ejecución presupuestaria, producción física y stock de deuda – Ejercicio 2022 al 1° trimestre 2022”, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Del mismo, surge que Larreta y Acuña gastan más en publicidad que en educación.

De lo presupuestado para becas estudiantiles, al 31 de marzo de 2022, solamente se ejecutó el 0,1%. Los subsidios a cooperadoras escolares llevan ejecutado un 8%. Ah, pero la publicidad y propaganda ya cuenta con un 22% de ejecución.
Ante estos datos, Alejandrina Barry expresó “Justo es el primer trimestre cuando más se necesitan las becas para los miles de chicos que las necesitan para estudiar, sin embargo, subejecutan ese rubro del presupuesto. Una canallada”.
Sobre los motivos de la subejecución Barry arroja una explicación “Son datos que eran de esperar, porque Larreta y Acuña, necesitan un cerco mediático y mucha publicidad para ocultar, entre otras cosas, la falta de vacantes y el incumplimiento permanente del Gobierno a un fallo judicial que logramos con un amparo que realizamos con mi compañera Myriam Bregman, docentes y familias de Vacante para Todos”.
La administración porteña, es sabido, cuenta con un blindaje mediático que muchos envidian. Pero, como se ve, no es gratuito. Barry agregó “Levantan la bandera de la educación como uno de sus pilares de gobierno, necesitan ocultar las denuncias que me llegan a diario desde las escuelas que se caen a pedazos, como ocurrió recientemente en el barrio de Belgrano”.
Mientras se conocían estos datos, la ministra Acuña, presentaba un libro en la Feria, pero no pierde ocasión para atacar a las y los docentes. De momento, ofreció una paritaria de miseria en la Mesa Salarial de este lunes. Con lo propuesto por Acuña, las y los docentes estarían cobrando, en diciembre, $10 000 menos que lo que indica la canasta de pobreza de hoy.
Por otro lado, Barry agregó “Mientras Acuña presenta su libro sobre educación, se la pasa atacando a los docentes que ponen el cuerpo todos los días frente al aula, algo que ella desconoce porque nunca fue docente. Por eso me solidarice con los docentes sancionados por denunciar que un funcionario del gobierno iba a las escuelas a hacer actos políticos de Juntos por el Cambio”.
Recientemente, también, como no podía ser de otra forma, con represión en las afueras de la Legislatura, Larreta impuso la reforma del Estatuto, mientras los docentes realizaron un paro total, convocado por UTE y Ademys, y se movilizaron masivamente junto a estudiantes terciarios y secundarios. No solo la comunidad educativa en su conjunto se oponía a la reforma, sino que incluso en la Legislatura, Larreta y Acuña, lograron imponerla con la aprobación, solo de su bloque.
La lista no termina ahí. La reforma del estatuto va de la mano del vaciamiento de los profesorados que inició la UniCABA. El ataque a la educación es por todos los flancos. La falta de vacantes constante, incluso con un fallo judicial en contra, es el elemento en el que se expresa el presupuesto destinado a educación.
Las denuncias de la situación en las escuelas son permanentes, otro tema del cual también nos comentó Barry es sobre las prácticas laborales en los secundarios “Con Myriam Bregman recibimos decenas de denuncias y la bronca en varias escuelas comenzó a organizarse contra las mismas. Sacan a los chicos del aula para mandarlos a trabajos precarios y que nada tienen que ver con sus estudios. Por ejemplo, chicos de un Comercial va a hacer las practicas a Rappi o chicas de una escuela lingüística van a un frigorífico. Es realmente vergonzoso”.
Pero, la pauta no para. El Jefe de Gobierno porteño, entre codazos con sus compañeros y compañeras de coalición, ya se ha lanzado a la campaña presidencial mintiendo gracias a la cobertura mediática que él mismo paga con los recursos de la Ciudad.

26.5.2022

Desde la Asociación Proyecto 7 ven con preocupación cómo nuevamente desde los gobiernos en general se invisibiliza y subregistra cada vez más a las personas en situación de calle. Por ello convocan este viernes 27 de Mayo, a un desayuno para paliar el frío de las personas en situación de calle a las 8hs en el Obelisco, y a las 10hs conferencia de prensa para decir denunciar las irregularidades de los censos, los números políticos, magros presupuestos, y todo lo demás sobre situación de calle.

Compartimos comunicado publicado en las redes sociales de Asociación Proyecto 7
El Censo nacional de INDEC no fue más que una gran fantochada, reproduciendo la metodología del Gobierno de CABA, metodología que hace años demostramos que subregistra, es ineficaz y funcional al magro presupuesto que en general se le adjudica a la problemática. La no participación de las organizaciones que hace años trabajamos en la problemática es intencional, de ese modo logran que todo los números que claramente son políticos den menos para demostrar menos pobreza, para subejecutar presupuesto, modificar y suspender programas a su gusto, sin tener en cuenta jamás la cuestión de ayuda y asistencia real a las decenas de miles de personas que sobreviven en las calles de Argentina, en la ciudad más rica del País y también en las distintas provincias incluyendo a la provincia de Buenos Aires.
Fotos y subregistros, subsidios que no subsidian, programas que no se ejecutan teniendo presupuesto asignado, leyes aprobadas y reglamentadas que no se cumplen, leyes aprobadas que son ley pero no están reglamentadas ni se les adjudica presupuesto, dispositivos de albergue que no tienen el presupuesto adecuado o no son adecuados para las necesidades de la gente en situación de calle.
La pobreza históricamente ha generado riquezas en determinados sectores del gobierno y del poder en general.
Por todos estos motivos convocamos mañana viernes 27 de Mayo, a un desayuno para paliar el frío de las personas en situación de calle a las 8:00en el Obelisco, y a las 10:00 conferencia de prensa para decir nuestras verdades sobre los censos, los números políticos, magros presupuestos, y todo lo demás sobre situación de calle.
Ahí también podrán hablar con las personas en situación de calle y preguntarles directamente cuántos de los que asustan fueron censados realmente.
LA CALLE NO ES UN LUGAR PARA VIVIR!
CENSOS REALES SIN FOTOS NI SUBREGISTROS!
QUEREMOS NUMEROS CUALITATIVOS TAMBIEN!
Proyecto 7

23.5.2022

Por Juan Borges

La querella solicitó que sea ratificada la sentencia al policía condenado a 16 años de prisión por el intento de homicidio agravado. Además, solicitan que la sentencia se haga efectiva.

El abogado de La Liga Argentina por los Derechos Humanos, organismo querellante en la causa Lucas Cabello, Matías Busso, conversó sobre el reclamo de Justicia del joven que fue víctima de un ataque policial el 9 de noviembre de 2015 en el barrio de La Boca a manos del uniformado Ricardo Ayala.

¿Qué lectura puede realizar sobre el proceso judicial en la causa Lucas Cabello?
Matías Busso: Obviamente al principio hicimos una lectura positiva por haber logrado una condena de 16 años a Ricardo Ayala. Nos parecía que sentaba un precedente muy importante. Obviamente que con el devenir y el hecho concreto que el efectivo policial no esté cumpliendo su condena nos lleva a un balance en cuanto al accionar de la Justicia. En estos casos se debe actuar con celeridad y mostrar la mayor firmeza posible. Consideramos que la Cámara de Casación no tiene otra alternativa que confirmar la condena. En el transcurso de esta causa se dio algo que desconocíamos, pero la fiscal lo tuvo en cuenta y es que Ayala tuvo una causa por falsificación de documentación pública. Más aun nuestros argumentos de que Ayala debería estar pagando su pena de manera efectiva. No solo por el temor que puedan tener las victimas hacia el acusado sino porque el peligro de fuga es cada vez mayor. Por eso consideramos categóricamente que Casación debiera confirmar la condena y hacerla efectiva.

¿Por qué considera que no se hace efectiva la condena?
M.B.: El tema de la prisión preventiva en Argentina es un recurso que se aplica de forma desproporcionada. Es un instituto de excepcionalidad, sin embargo, es la regla con los sectores populares. Cualquier pibe que tiene una causa mínima de hurto o robo se le dicta inmediatamente la prisión preventiva porque se considera que como es pobre o humilde no tiene arraigo y eso puede obstaculizar el accionar de la justicia. La mayoría de las personas detenidas no tienen condena, sin embargo eso no sucede con aquellas personas que están envestidas con algún tipo de poder. Tanto sea poder económico como poderes facticos. En ese caso se observa como empresarios o sectores políticos vinculados al poder económico o al neoliberalismo nunca pisan un calabozo, mientras que aquel pibe que roba una billetera se le dicta inmediatamente la prisión preventiva. Consideramos que responde a un factor de poder. En este caso Ricardo Ayala es un miembro de la policía metropolitana, por ende el poder judicial tiene ciertos resquemores a aplicar la pena a estos sectores.

El beneficio de ser integrante de una fuerza de seguridad…
M.B.: Es una justicia que es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Si bien al principio se actuó rápido para la condena, después la justicia va dilatando todo. Consideramos que es un error porque las garantías deben garantizarse para los débiles. Es la fragilidad del que anda a pie contra el poder del Estado y la justicia. Vemos como el estado protege a sus propios agentes. La corporación judicial se defiende entre ella, no hay ningún juez condenado por corrupción o encubrimiento cuando sabemos que hay muchos de esos casos. Lamentablemente tenemos un Poder Judicial clasista, racista que solo aplica todo su poder contra los sectores populares.