Red de radios

3.10.2022

Por Martín Suárez

Familias, alumnado y docentes sufren el amedrentamiento de un gobierno porteño cada vez más reaccionario. Reclamos contra viandas en mal estado, prácticas laborales, persecución política y el accionar de la policía. Cómo se incentiva el odio hacia las chicas y los chicos de las escuelas públicas de CABA.

Llegaron a ser casi treinta, hoy son una decena, bajarán esta semana como gesto para un llamado al diálogo que no recibirán, pero los reclamos se mantienen estén o no tomadas las escuelas. Gran parte del alumnado público porteño denuncia la persecución política, el deterioro edilicio, el mal estado y escasez de las viandas, y las prácticas laborales gratuitas. Del otro lado, la respuesta del gobierno porteño con amedrentamiento, denuncias y policía, visibilizó un escenario en ebullición: el ataque de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es a toda la comunidad educativa, y al mismo tiempo. Familias, estudiantes y docentes. Cada uno de los sectores que la integran lo sufrió en todos estos años. Sin embargo, el 2022 es un punto de inflexión: con la pandemia, la cuarentena y el crecimiento de Javier Milei y los libertarios, la gestión de Juntos por el Cambio en CABA parece haber encontrado en la Educación la madre de sus batallas, compitiendo por el electorado más reaccionario.
Las embestidas se profundizaron en la última semana con las denuncias contra familias de estudiantes que toman escuelas, el hostigamiento de la policía porteña apareciendo de noche en los domicilios y las agresiones al movimiento estudiantil. Hace un par de días Larreta los calificó de “extorsionadores” y “agresivos”. Se negó a dialogar con ellos: «Seremos inflexibles». Y los vinculó con “grupos pseudomapuches”, con “la extorsión del sindicato del neumático” y «el kirchnerismo que intenta anular las PASO. Es todo lo mismo”.
Pero no es nuevo. Al hacer un racconto de los siete años de Acuña al frente del Ministerio sobresalen hechos de espionaje a familias que reclaman vacantes ; frases como “Pobres», «viejos», «de izquierda» y que «fracasaron” dirigidas a las y los docentes, la defensa de una directora denunciada por golpear estudiantes; el vaciamiento de los institutos de formación docente para crear la UniCABA; la falta de nuevas escuelas y más de 56 mil chicos y chicas sin vacante en la educación pública, entre otras.

Familias

Desde la comunidad educativa aseguran que el larretismo eligió a la educación como su caballito de batalla para situar a su enemigo, vaciarla y usarla como slogan electoral. En 2018 Acuña ya había denunciado a 40 familias por las tomas de sus hijos el año anteriores. Ahora acrecentó las denuncias penales y civiles, y contó con la complicidad de los medios y el protagonismo de la policía de la Ciudad.
Florencia García, mamá de una alumna de la EEM Nº 1 DE 16 «Rodolfo Walsh», relata la presión por parte de las autoridades del Ministerio para que los rectores identifiquen a las familias que acompañan a sus hijos durante las tomas, o que les llevan comida y elementos de limpieza: «como mi hija firmó el acta de la escuela apenas comenzada la toma, el rector me llama por teléfono diciéndome que yo soy la responsable de ella y me empezó a pedir mis datos personales”. El ‘protocolo anti–toma’ creado en 2018 y enviado a los establecimientos, exige que cada equipo de conducción solicite los datos de las personas mayores. Todas aquellas que figuren en el acta serán las responsables de supuestos daños materiales en el edificio y de quienes se encuentran realizando la toma. “Yo no se los pasé, les dije que él tenía todos mis datos personales, entonces me preguntó si yo estaba apoyando la toma y le dije que ponga que no me manifesté al respecto. Me comentó que no me quería perjudicar pero que es algo que lo obligan a hacer”.
No es el único ataque que sufrieron las familias este año. Hace un par de meses, CABA empezó a pasar a jornada extendida más de 30 colegios de manera compulsiva, sin consulta y sin un aumento de la inversión en infraestructura. La mayoría debió modificar su organización semanal, o cambiar de colegio. Y están las miles que no consiguieron vacante por ausencia de inversión. A pesar de que el 2022 fue un año récord de falta de vacantes, el Gobierno de la Ciudad no encaró ninguna escuela nueva.

Alumnas y alumnos

La lista que enumeran los chicos es larga. Trabajo gratuito en empresas privadas, viandas escolares que llegan en mal estado, intromisión del Ejecutivo porteño en los centros de estudiantes, y descalificaciones tales como los chicos fueron “fogoneados” por el kirchnerismo y por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE). “Desde hace 15 años sufrimos en la Ciudad el brutal desfinanciamiento, el destrato a las comunidades educativas, la persecución política a docentes, estudiantes y familias, viandas podridas, techos que se caen», destacaron la Coordinadora de Estudiantes de Base (C.E.B.) y la Unión de Centros de Estudiantes Secundarios (UnCeS). “Nuestro colegio tiene serios problemas estructurales y muy graves. Hace cinco años comenzaron la construcción de otro edificio sobre la calle Yerbal que iba a ampliar nuestra escuela pero hoy la obra está abandonada. La concesión de ese edificio venció”, narra a Tiempo Juana, integrante del centro de estudiantes de la Escuela N°6 Fernando Fader del barrio de Flores, que fue tomado el jueves. “Hay compañeros que están estudiando en el subsuelo a oscuras porque no tienen luz. Y están ahí porque no hay espacio, las aulas son muy chiquitas. Las falencias edilicias que tenemos no se arreglan poniendo cemento y pintando las paredes, estamos en una grave situación”, remata.
Los ataques del gobierno porteño encuentran eco en un sector de la sociedad adepto al clima de odio. Hace un par de días, dos personas se acercaron a insultarlos al Lengüitas. Una estaba armada con cuchillo. El viernes arrojaron piedrazos y huevos al patio, donde estaban los pibes y las pibas. En las redes y los medios hegemónicos se incentiva la acusación contra ellos, y promovían marchas de padres «antitoma». En ese marco, la policía fotografió a varios alumnos, y requirió los datos.
El jueves, vecinos y vecinas recibieron llamados a sus celulares desde un número sin identificar: «¿Los alumnos que toman escuelas deberían ser expulsados?», era una de las preguntas de la encuesta. El Ministerio negó haberla realizado. “Son medidas contrarias y violatorias a las normas establecidas en la Constitución de la Ciudad, porque los chicos y chicas son sujetos de derecho y por lo tanto su reclamo deben ser escuchados y reconocidos”, destaca María Elena Naddeo, integrante de la mesa directiva de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH). “Incluso las amenazas de aplicar el Código Contravencional con sanciones millonarias a las familias, son totalmente violatorias de los derechos y la Constitución”.
Pero los problemas de fondo persisten. Las prácticas laborales, llamadas ACAP (Actividades de Aproximación al mundo laboral) por el gobierno porteño para no decirles «pasantías» –las cuales tienen su propia ley–, es uno de los más graves. En la semana se conoció el caso de las estudiantes de la escuela EEM N° 2 DE 20 de Lugano, que realizan las pasantías en el Hotel Hyatt de Recoleta, y que fueron obligadas a vestir zapatos de taco alto cerrado de color negro, con un costo de entre 5 mil y 17 mil pesos. Otra escuela debe ir al Palace Hotel – Ferrari SA, en Suipacha 960. Durante 80 horas, en horario escolar, cinco días a la semana, grupos de diez estudiantes para ser “ama de llaves” (sic). Entre las tareas figuran: limpieza de vidrios y espacios comunes y acompañar a las mucamas en el aseo de habitaciones “con todo lo que ello implica”. En el Lengüitas los mandaron a empaquetar sándwiches. El alumno sostiene que los trabajos deben ser «con contenido» acorde a su orientación y que no afecten la cursada. En la práctica, se convierten en una «flexibilidad y precariedad laboral» en favor de las empresas, y al ser en horario escolar pierden horas de contenido curricular.
El servicio de viandas (por el que la Ciudad pagará 12 mil millones de pesos en 2022 a firmas amigas) tampoco mejoró. Son escasas y de baja calidad. Aun así, en algunos casos ni siquiera las enviaron esta semana, como represalia a escuelas que hayan reclamado. En el Normal 8 pernoctaron solo la noche del martes, sin perjudicar el dictado de clases. Al buscar las viandas el jueves, no estaban. El viernes tampoco. «Llamamos a la empresa que las trae y nos comunicaron que el Ministerio de Educación les bajó que no podían traer viandas a este colegio porque estábamos en toma», denunció el centro de estudiantes.

Docentes

La agresión a maestras y maestros porteños no es una novedad: más de 35 mil docentes porteños sin titularizar, el salario que se ubica 19° en todo el país, modificación inconsulta del estatuto, y hasta represión. “Pero ahora se le sumó una persecución a todo lo que es organización comunitaria estudiantil, es por eso que paramos y marchamos el 4 de octubre, porque el ataque a la escuela pública es también el ataque a la democracia, a la autonomía de los jóvenes para defender sus derechos”, expresa Angélica Graciano, secretaria general del gremio UTE-CTERA. “Larreta necesita estudiantes sumisos que vayan a trabajar gratis a cualquier lado, en condiciones indignas, porque quiere trabajadoras y trabajadores a futuro que no se organicen y que no reclamen”. Otro eje central del paro será la decisión reciente del GCBA de que las y los docentes deban capacitarse los sábados, por primera vez en la historia. Igual la convocatoria no se refiere solo a ellos. Es más amplia. Involucra a todo el sistema. Dice: «Basta de hostigar y perseguir a la comunidad educativa».

«Importantísimo»

A las estudiantes de la escuela N° 2 de Lugano les hacen hacer la práctica laboral en el Hotel Hyatt de Recoleta, debiendo asumir la compra de indumentaria y zapatos de taco alto. ¿Sus tareas? Almacenamiento de materias primas, control de vencimientos; rotulación y rotación de mercadería, y preparación de mesas de salón, entre otras. Javier Ortiz, rector de la escuela, defendió las prácticas: “Consideramos importantísimo que vivan la realidad de tener que viajar independientemente y en medios de trasporte (subte) con los cuales no están habituados, para saber que sus oportunidades no terminan en el barrio”.

«Están ejerciendo el derecho a manifestarse»

La policía yendo a casa de familias a entregar notificaciones, de noche, a la misma hora en que estaba jugando la selección. La guardia de uniformados en las puertas de los colegios tomados y las amenazas mediáticas de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Un combo que, el ciudadano común, no está acostumbrado a soportar más allá de la “espectacularización” de los hechos. “Para el caso de las personas que hayan sido denunciadas por alguna contravención, lo que hay que hacer es una defensa, porque hay que ver de qué se los imputa, y explicar que lo que se está haciendo ahí es el ejercicio del derecho a manifestarse y de peticionar a las autoridades”, explica a Tiempo la abogada del Grupo de Litigio Estratégico, María Cecilia Fernández.
La letrada considera que estas denuncias no tienen ningún asidero legal «porque tanto las familias como los estudiantes tienen derecho a hacer lo que están haciendo, que es el derecho a peticionar a las autoridades. Esto tiene diversas formas, dado que los alumnos dieron cuenta de todas las instancias previas que intentaron antes de llegar a las tomas. Los padres están cuidando de sus hijos y los chicos están pidiendo una respuesta a sus demandas, es decir, es un reclamo legítimo”. Los casos de las familias a las que les llegó la notificación se estarían tramitando en la Fiscalía de Flagrancia: “es una fiscalía especial para concentrar todas estas causas para que no se esparzan por otras fiscalías y las pueda controlar un solo organismo”, acota.
Quien también habló fue el ministro de Educación de Nación, Jaime Perczyk: «En la educación los problemas se resuelven escuchando y gestionando».

Cronología de un conflicto que se agrava

Enero: Soledad Acuña declara sobre los alumnos que abandonaron la escuela: “Hoy en 2022 ya es muy tarde para ir a buscar a los chicos, seguramente están perdidos en los pasillos de una villa. Ya cayeron en actividades de narcotráfico”. En 2020 ya había declarado que los docentes son personas “cada vez más grandes de edad» y de «los sectores más bajos socioeconómicos».
Febrero: Tiempo revela en exclusiva que al inicio del ciclo lectivo había 50 mil chicos y chicas sin vacante en CABA.
Abril: se conoce que este año la Ciudad les pagará 12 mil millones de pesos a las firmas concesionarias de los alimentos en las escuelas porteñas, algunas de ellas aportantes del PRO. Denuncian intoxicaciones y viandas escasas y en malas condiciones. Ofelia Fernández presenta un proyecto legislativo para crear un nuevo sistema que excluya a empresas denunciadas y que se busque alimentación saludable.
Mayo: comienzan las acciones de estudiantes porteños contra las pasantías laborales gratuitas.
Junio: Acuña prohíbe el lenguaje inclusivo en los colegios y advierte que sancionará a las y los docentes que lo promuevan.
Agosto: sin consulta ni inversión en infraestructura, Ciudad encara un pase a jornada extendida de más de 30 escuelas, afectando la organización de miles de familias.
Septiembre: en seis semanas, diez escuelas denuncian aparición de roedores. En los meses previos se denunciaron graves hechos de infraestructura como la caída del techo en el Comercial 6 de Lugano.
En estas dos semanas, el Normal 1 sufrió tres robos. Se llevaron más de cien computadoras del Plan Sarmiento que el gobierno porteño se niega a dárselas a los chicos fuera del horario escolar, tablets, proyectores y bicicletas
En los últimos diez días, comenzó la toma de colegios. El alumnado reclama contra la persecución política, la falta de inversión en infraestructura, el estado de las viandas y las pasantías laborales. Acuña responde denunciando a los padres, manda a la policía de noche a notificarlos, y surge una encuesta para ver si se apoya la idea de echar a los chicos de las escuelas.

3.10.2022

Hace tiempo que los trabajadores de la obra social y sus asociados, empleados de la Ciudad, vienen denunciando la crisis sanitaria, sin respuestas de parte de las autoridades. La dirección de la obra social está a cargo de la intervención del Gobierno de Larreta y del sindicato Sutecba y sus dirigentes Amadeo Genta y Alejandro Amor, legislador del FdT.

Se viralizó en las redes sociales un video donde muestra las extensas colas para pedir turnos en el Sanatorio Dr. Julio Méndez dependiente de la ObSBA, obra social de los empleados de la Ciudad de Buenos Aires. Los empleados de la obra social, como así también los socios de la misma, vienen denunciando la crisis de la misma y la pésima o casi nula atención médica a decenas de miles de trabajadores. Hace meses que no tienen respuesta.
La Obra social se encuentra en crisis y denuncian un vaciamiento que llevó incluso, hace unos meses a la renuncia de su vicepresidenta Agustina Olivero Majdalani, miembro del directorio por parte de la intervención del Gobierno porteño.
La otra parte del directorio de la obra social, intervenida, es la directiva del Sutecba (Sindicato de Trabajadore y Empleados de la Ciudad de Bs. As.) de la que son sus principales dirigentes Amadeo Genta y Alejandro Amor quien a su vez es legislador del Frente de Todos. Ninguna de las dos partes del directorio da respuestas a los trabajadores y pacientes, mientras continua la crisis de la salud de decenas de miles de empleados que no logran atención, como así también de los trabajadores de la misma obra social que ven peligrar sus trabajos.
Sus números y balances están en rojo y muestran una deuda que supera los $4.000 millones (aunque por lo bajo se estima que asciende a los 7.000 millones de pesos). Empresas prestadoras de la entidad incluso ya están pidiendo la verificación de las deudas que mantiene con ellas, lo que enciende las alarmas ante una (muy) posible convocatoria a un concurso de acreedores.
Esta crisis mantiene en vilo a miles de trabajadores y debe tener una pronta respuesta, ya que el sistema de salud público no tiene la capacidad de incluir a todo el personal de la Ciudad y a su vez se debe investigar el desfalco que llevó a la ObSBA a esta crisis. Solo los trabajadores de la obra social y sus socios, los empleados de la Ciudad, son los únicos interesados en que se investigue y se resuelva esta crisis sanitaria.

1.10.2022

Mario Hernandez

El martes pasado por la noche violentaron una boletería de la estación Ángel Gallardo de la línea B del subterráneo, por casualidad ningún trabajador recibió heridas. Esta violencia contra los trabajadores es parte de una campaña de mentiras que la empresa Emova viene realizando hace días por los altoparlantes, endilgando a un supuesto conflicto gremial inexistente de las demoras en las formaciones.

Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea B, así lo denunciaba: “No hay medida de fuerza en la línea B. Emova está buscando enfrentar a trabajadores que viajan en subte con trabajadores del subte. Las demoras y la falta de mantenimiento son responsabilidad de la empresa, tenemos entre 8 y 12 trenes habilitados cuando deberían ser mínimo 22”.
Para desmentir este anuncio por parte de la concesionaria de subterráneos, hoy Emova y antes Metrovías, desde el sindicato se vienen sacando comunicados de prensa que ningún medio levanta, mientras la empresa sigue con las mentiras para enfrentar pasajeros con trabajadores y ocultar la falta de inversión en el mantenimiento de las formaciones y en especial en la desasbestización que se reclama hace años.
Recordemos que varias formaciones y en especial en los talleres se manipula material con asbesto, un componente cancerígeno. Entre el personal del subte se cuentan por decenas los trabajadores afectados en sus vías respiratorias por este material, que en tres casos llevaron al fallecimiento de los afectados.
La semana pasada los trabajadores de la línea B tuvieron que realizar una medida de fuerza luego de que un trabajador que se negaba a manipular material contaminante en los talleres Rancagua fuera agredido por un supervisor de la empresa. Y hoy intentan buscar que este mismo amedrentamiento sea de parte de pasajeros llevando la bronca por el mal funcionamiento del subte contra los propios trabajadores.
Una vez más Sbase y el gobierno de Larreta actúan en complicidad con la empresa en contra de los trabajadores y sus reclamos, en este caso particular, con el grave hecho de generar enfrentamientos entre pasajeros y trabajadores.

Violentan a trabajadores del subte que se niegan a manipular asbesto

El martes 20 se conoció la agresión sufrida por un trabajador de parte de un supervisor de la empresa Emova. El motivo de la agresión fue la imposición hacia un trabajador, que se negaba a manipular material con asbesto, en los talleres Rancagua.
Ante el hecho los trabajadores de la Línea B realizaron un paro.
El asbesto es un material cancerígeno ya reconocido como peligroso por la empresa y el Gobierno porteño, a partir de la investigación y denuncia realizada por los trabajadores y su sindicato. Sin embargo, siguen denunciando que al día de hoy existen constantes presiones sobre los trabajadores para que sigan manipulando este tipo de material completamente dañino para la salud, que en estos años provocó afecciones respiratorias de distinta gravedad en 67 trabajadores y el fallecimiento de 3.
La legisladora del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, presentó de forma inmediata un proyecto para repudiar el accionar de la empresa Emova y llevar solidaridad con el histórico reclamo de los trabajadores y la preocupación por el lento o casi nulo plan de desasbestización con el cual se comprometieron la empresa y el Gobierno de Larreta. Así lo decía Alejandrina: “Es grave que violenten a los trabajadores del subte por negarse a manipular material que contenga asbesto. Desde un comienzo, allá en el 2018, fuimos parte y acompañamos el reclamo de desasbestización total del subte. Sin embargo, la empresa Emova y el Gobierno porteño tardaron años en reconocer la gravedad del manejo de este material y hoy siguen sin cumplir el 100% del plan que se comprometieron en beneficio de la salud de trabajadores y usuarios”.

CABA: Tras negarlo, admiten que los trenes españoles usados de la línea B tienen asbesto

Fuentes oficiales admitieron el hallazgo de piezas con asbesto en los trenes CAF 6000 de la línea B. Su presencia había sido negada años atrás. Los trenes fueron adquiridos con posterioridad a la prohibición de importar asbesto.
Los trenes CAF 6000 de la línea B, adquiridos de segunda mano al Metro de Madrid, se convirtieron en la séptima flota de la red de Subte con presencia confirmada de asbesto entre sus componentes.
Según confirmaron fuentes oficiales, el material cancerígeno fue detectado, tras la realización de diversos estudios, en juntas, arandelas y fusibles.
Esto obligó a que las formaciones fueran incluidas en el plan de desasbestización de la flota. Los primeros trenes ya han sido descontaminados por operarios de la empresa especializada Borg Argentina en un sector especialmente acondicionado del Taller Rancagua.
En marzo de 2018, inspectores del Metro de Madrid habían encontrado piezas con asbesto en un disyuntor de una de las formaciones CAF 6000 que no fueron vendidas a Buenos Aires y que continuaron operando en la línea 9 de la capital española. En aquel entonces, se aseguró que esos componentes no eran de fábrica, sino una reposición posterior.
Al conocerse la noticia, desde Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) habían negado enfáticamente que los CAF 6000 adquiridos para el Subte tuvieran piezas con asbesto, llegándose incluso a anunciar la conformación de una comisión para “reconfirmar que no había presencia de asbesto” en los coches.
El hallazgo de asbesto en los CAF 6000 es un tema particularmente sensible. Por un lado, porque expone la contradicción de la empresa estatal porteña y vuelve a poner bajo la lupa la operación de compra de la problemática flota, que a casi nueve años de su adquisición no ha sido puesta en marcha en su totalidad.
Por otra parte, porque si bien los trenes fueron fabricados entre 1998 y 1999 -con anterioridad a la prohibición del asbesto en España, que data del 2001-, su venta al Subte se concretó en 2013, cuando ese material ya se encontraba prohibido no sólo allí sino también en la Argentina.
Además, los CAF 6000 no son la única flota con asbesto que SBASE adquirió con posterioridad a la prohibición de la importación del material: en la misma categoría entran también los CAF 5000 (también ex Metro de Madrid), que ya fueron radiados, y los Nagoya 5000 (ex Metro de Nagoya), que serán reincorporados una vez avanzados los trabajos de desasbestización.
Distinto es el caso de las otras flotas de la red en las que también se encontró el peligroso material, como los CAF-GEE, Nagoya 250/300/1200, Fiat Materfer y Mitsubishi, cuya adquisición data de antes de la prohibición. Las primeras dos de ellas ya han sido retiradas de servicio en forma definitiva, mientras que las dos restantes fueron incluidas en los planes de desasbestización.
Más allá de la desasbestización de los Mitsubishi, los Fiat Materfer y los CAF 6000, la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) retomó recientemente su campaña para exigir la compra de nuevos trenes cero kilómetro y así reemplazar las flotas con presencia de amianto.
La adquisición de 25 nuevos trenes para la línea B -que permitirían reemplazar tanto a los Mitsubishi como a los CAF 6000- es mencionada como uno de los proyectos a futuro por SBASE. La propuesta viene siendo evaluada desde 2018 y registró tímidos avances en marzo de 2020. Sin embargo, el proyecto se frenó con la pandemia y si bien sigue siendo mencionado en el Presupuesto, no tiene financiamiento asegurado ni fecha prevista para su concreción.
En octubre de 2019, SBASE demandó al Metro de Madrid ante la Justicia española por la venta de los trenes CAF 5000 contaminados con asbesto, que se realizó en violación de las leyes españolas, europeas y argentinas, exigiendo una indemnización superior a los 16 millones de dólares.
La empresa porteña aseguró entonces que realizó la adquisición de buena fe y que el Metro de Madrid debería haberse asegurado de cumplir con las normativas españolas que prohibían la presencia del mineral en los trenes. Además, SBASE desestimó el argumento de que la presencia de piezas con asbesto estaba indicada en los manuales de los trenes, al afirmar que dichos documentos contaban con más de 30 años de antigüedad al momento de entregados y se asumió, por lo tanto, que los madrileños realizaban la venta conforme a las exigencias legales vigentes en ese momento (2011).

Informe del Banco Mundial sobre la desinversión en el subte

Según un informe del BM, uno de cada 3 automovilistas y motociclistas podrían usar el subte en lugar de su medio de viaje habitual, pero la falta de inversión lo dificulta. Los datos analizan la oferta y la demanda de transporte en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el marco de la pospandemia y recolecta información desde 2000 hasta principios de 2022.
El documento resalta que frente a otros tipos de transporte, el subte fue “el único que experimentó un aumento relativamente constante en los últimos veinte años antes de la pandemia”, pues incorporó un 35% más de pasajeros que a principios de siglo. Ese crecimiento se observa en las líneas B y D, que en 2019 transportaban 104 millones de pasajeros cada una.
El estudio fue redactado por Federico Poore, periodista especializado en temas urbanos y Magíster en Economía Urbana. Allí advierte que la Ley 317/1999, que encargó la construcción de la Línea H, recién entró en pleno funcionamiento en 2019, veinte años después.
Asimismo, relata el BM, en 2001 se promulgó la Ley 670, que autorizó las construcciones de la Lías F, G e I a partir de ese año, pero los procesos de licitación ni siquiera han comenzado. “Buenos Aires debió haber encarado hace tiempo la construcción de nuevas líneas. El problema es que estas demoras posiblemente hayan vuelto obsoletos algunos de los tramos planificados por la ley. Una de las primeras cosas que deberían hacerse es un buen estudio de demanda de transporte que refleje los cambios en la movilidad de los últimos años”, opina Poore.
Por ahora, hay pocas novedades en CABA. Solo se sabe que la empresa de la Ciudad que tiene a su cargo la administración de la red de subtes, dio de baja la licitación para los estudios de la Línea F y anunció que serán realizados por personal propio. Su presidente, Mauro Alabuenas, recalcó que el tramo prioritario es el que une Constitución con la Plaza Rodríguez Peña “ya que coincide con la zona densamente poblada, permitiría combinar con todas las líneas excepto la H y ayudaría a descongestionar la Línea C”.
El desarrollo de ese tramo beneficiaría a 213.000 personas, parte de la población residente en ese margen de Recoleta, y se calcula una demanda diaria entre 270.000/300.000 pasajeros.
“La construcción de otros tramos o líneas ya planificadas ayudarían a llevar el servicio a barrios que hoy no tienen como Paternal, Agronomía, Barracas, Pompeya o Villa del Parque, cuyos habitantes podrían beneficiarse, ante todo, de un menor tiempo de viaje en trayectos desde y hacia el área central”, agregó Poore. De esta manera, podría desacelerarse la creciente congestión en CABA a raíz del “aumento de la motorización y los límites de expansión de las carreteras”, alerta el documento.
Para el BM, “el 47% de todos los viajes en auto/moto con origen y destino en CABA duran menos de 20’. Si mejorás frecuencias y alcance del subte podés empezar a competir con el mundo privado individual y resolver problemas de congestión, contaminación y hasta de salud”, relata el especialista urbano.
La dilación de la construcción de la red subterránea encuentra una explicación en el metrobus. “En el discurso oficial y extra oficial, el metrobus funciona como reemplazo del subte, obviamente porque es una herramienta más fácil y barata. Es erróneo no entenderlas como dos políticas complementarias, porque la capacidad de movilidad de un subterráneo es mucho mayor a la de un metrobus, pero creen que el subte no les daría suficiente rédito político”, explica el especialista en Sociología Económica y Ciudades, Fernando Bercovich.
El BM también resalta que el subte fue el medio “más afectado por la pandemia y el que menos se ha recuperado”. El descenso del número de pasajeros “ha agravado aún más la insostenibilidad financiera del sistema de transporte público y plantea algunas cuestiones difíciles para su futuro”, vinculadas al retraso en el aumento de las tarifas, mayores costos de las operaciones de servicios y, por tanto, una recuperación de costos “muy baja”.
El subsidio para subtes representa U$S 0,48 por viaje, lo que para Poore hace de este medio “uno de los transportes más asequibles del mundo”, pero con bajo nivel de amortización de costos. O se aumenta el pasaje, o se incentiva el uso del subte para distribuir los costos operativos entre una masa mayor. El GCBA eligió aumentar un 40% el pasaje para fines de setiembre.
Por otro lado, detalla el organismo que ningún plan de ampliación subterránea incluye la extensión más allá de los límites de la CABA. Dato notable si se considera que el AMBA representa el 40% de la población argentina y el 50% de su PBI.
La frecuencia también es uno de los puntos nodales en el estudio del BM. Al respecto señala: “no cambió mucho en los últimos años pre-pandémicos (2016-19), con la excepción de la Línea H, que mejoró significativamente su nivel de servicio en 2016”, detalla el informe. De todos modos, menciona que las velocidades comerciales de todas las líneas son bajas porque el material rodante es anticuado, la distancia entre estaciones es corta y la congestión en varias líneas que genera obliga a que los vehículos deban esperar más de 30 segundos en varias estaciones. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se había comprometido a una frecuencia de tres minutos o menos en hora pico para 2017. Aún no se cumplió.

Fuentes: www.enelsubte.com, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino

1.10.2022

Pasó este jueves cerca de las 21:30. Una pareja se acercó a la puerta de ingreso y empezó a provocar a las madres, padres y alumnos presentes.

Una pareja atacó a un grupo de padres y estudiantes de la escuela Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida como «Lengüitas«. Con un cuchillo, amenazaron a los alumnos por sostener la toma de la escuela, que junto con otros colegios porteños cumplen hoy su quinto día de reclamos por la falta de presupuesto para viandas y mejoras generales en las condiciones edilicias.
En este caso, la violenta situación tuvo lugar en la escuela «Lengüitas«. “Vivimos una situación bastante fea. Dos provocadores vinieron y estaban con un cuchillo. Agarraron a una mamá de los pelos. La tiraron del cordón. Escupieron a una alumna”, relató una madre de la institución anoche.
Según se pudo reconstruir, alrededor de las 21.30 una pareja se acercó a la puerta de ingreso y empezó a agredir y provocar a los padres y alumnos presentes. Después de que una madre de la escuela comenzó a filmar la situación, la agresora, supuesta vecina de la zona, atacó a la madre y cayeron al suelo.
En ese momento de la cartera de la supuesta vecina cayó un cuchillo que más tarde diría que se lo regalaron como souvenir en un restaurante. Aseguró que se acercó a la escuela a hablar porque “se rompe el alma trabajando” y que los violentos son los padres y estudiantes presentes.
Sin embargo, en un video se la puede ver tratando a las estudiantes como “boludas” y diciéndoles que vayan a estudiar porque ella “les paga el colegio”. No es lo mismo que lo que le dijo a los medios: “Me acerqué y una menor me escupió. Y una mujer me agarró de los pelos. Mi amigo me sacó de encima a esa persona. Quise tener un intercambio, pero no se puede”.
Tras lo sucedido, se pidió la presencia de la Policía para retener a los atacantes y se inició una investigación en el juzgado de la zona. “Por suerte somos muchos padres, los chicos están todos adentro y tranquilos”, añadieron además los adultos presentes en la toma.

El comunicado de la escuela tras el ataque

En un comunicado emitido desde el Colegio se exigió frenar con las actitudes de hostigamiento a estudiantes y padres y madres. “No estigmaticen, no agredan en ninguna de sus formas a ningún miembro de esta nuestra comunidad educativa”, señalaron después de debatir la continuidad de la protesta.
Y se añadió: “Los distintos actores institucionales: autoridades, los 4 niveles educativos, estudiantes, docentes, padres y miembros de cooperadora estamos trabajando en conjunto para encontrar una solución a este conflicto. Las agresiones solo nos dividen más y no construyen ningún tipo de vínculo sano y solo dificultan el camino hacia la solución”.

30.9.2022

Por La Retaguardia

El anuncio de Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad, sobre la capacitación docente los días sábados generó la respuesta gremial. Ante el fuerte rechazo docente y el anuncio del paro, la ministra no dudó en hablar en los medios tradicionales atacando a la docencia. Dijo que es una “movida política” y que no recibirán el “puntaje” quienes no realicen la capacitación.

En el marco del paro docente del jueves 22, se realizaron “semaforazos” y movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar el avasallamiento de los derechos de los y las docentes y el vaciamiento de la escuela pública por parte del Gobierno porteño. Además, por los problemas edilicios, las viandas y otros reclamos estudiantiles, hay más de 10 escuelas tomadas y otras realizando pernoctadas en los colegios.
Testimonio de Mariano Garrido delegado de Ademys de la escuela 7 del D.E 13:
“Fue una jornada de altísimo acatamiento, hay un nivel de mucho cansancio y bronca en las escuelas por todas las medidas de avallas amiento que se vienen tomando desde el Gobierno de la Ciudad, y en este caso el detonante, pero no así la única causa de este paro que fue muy contundente, fue esta medida que nos saca espacios de capacitación en servicio que tenemos como trabajadoras y trabajadores. Además de la pretensión del gobierno que trabajemos los días sábados en jornadas de reflexión o capacitación que antes teníamos dentro de nuestro horario de trabajo. Ahora, este no es el único punto, nosotros como movimiento docente venimos reclamando por distintas cuestiones: el salario que sigue estando muy por debajo de la inflación, por el vaciamiento de la obra social que está en quiebra literalmente, la falta de jardines de infantes y vacantes en general en el sistema educativo, el vaciamiento en educación especial, los problemas que hay en salud con la aplicación ‘MIA’ que dificulta la posibilidad de justificar días por enfermedad. Y por muchas otras cuestiones que hacen a la política de vaciamiento a la escuela pública y que usan como slogan la recuperación de días de clase y que cada día importa, sin embargo hay miles de pibes y pibas que no tienen vacante que para ellos evidentemente no les importa tanto”.

Testimonio de Tamara Amendola, docente de Historia:
“Estamos reclamando también para que esa capacitación sea real y que coincida con lo que necesitamos en la escuela. Además la tarea docente no se limita a la clase, muchas veces usamos los sábados o domingos para capacitarnos aparte, corregir, preparar clase o material que va a servir para la semana. También hay otras cuestiones que tienen que ver con los cambios que hubo en el estatuto, y que la mayoría de los docentes no estuvimos de acuerdo. Ellos dijeron que hicieron como un sondeo que cuales eran los cambios que considerábamos necesarios, y que en realidad eso vino a significar la reforma laboral del estatuto inconsulta y hecha por legisladores que son básicamente administradores de empresas. Otro tema también fundamental es el de la obra social, donde no están habiendo lugares de atención, hay recortes por todos lados, compañeros y compañeras que no pueden atender a sus familiares o a sus hijos por no tener el servicio de pediatría. Por otro lado, están las escuelas que se caen a pedazos y que te dicen que esta va a ser la escuela del futuro, y termina siendo un aula con una pantalla. Los pisos están levantados, hay aulas sin pintar, sin vidrios en las ventanas, con computadoras que no funcionan, sin conectividad o deficiente. Acuña, desde que está como ministra, cree que la escuela es como una empresa”.

Testimonio de otras docentes del D.E 13:
“Otro reclamo es el vaciamiento de la obra social ObsBa, donde nos quitan los prestadores y no tenemos atención médica o guardas pediátricas para nuestros hijos o hijas. Se suman las faltas de vacantes y las malas condiciones edilicias. Faltan jardines en inicial y en primaria. Los cambios inconsultos de la modalidad de jornada simple a completa, el hecho de creer que darles más horas no significa calidad educativa. Sufrimos maltrato laboral a raíz de la aplicación ‘MIA’, cuando nos dan un día para presentar el certificado para una suplencia que tenemos que gestionar nosotros mismos. Ellos se toman hasta 15 días para aprobar esto o no. Denunciamos persecución mediante mails a docentes y estudiantes por algunas decisiones particulares en Media, como tomar o no las escuelas en apoyo a nuestros reclamos. No está habiendo actos públicos por el Área Socioeducativa, del programa ‘Maestro + Maestro’, y de otros programas más que creemos son indispensables para la alfabetización de sectores vulnerables. Hace 4 meses que no hay actos públicos, y tampoco dan respuesta de porqué no. También suceden los de las multas por decreto tras renunciar a un cargo, que tienen que ver con las reformas que se hicieron en el estatuto docente, quedando abajo en los listados, perdiendo así el año laboral”.