Red de radios

02.08.2024

La Justicia porteña hizo lugar a una medida cautelar presentada por las familias que fueron desalojadas el martes pasado de un edificio del barrio de La Boca. “Ordenar la suspensión de la desocupación administrativa ordenada por el Decreto 277/2024, hasta tanto se acredite debidamente en autos el carácter de bien de dominio público del inmueble sito en Avenida Don Pedro de Mendoza N° 1.485/89/97 esquina calle Necochea número 1.492, así como el cumplimiento de todas las notificaciones ordenadas en dicho acto”, se lee en el fallo de la Justicia.

El fallo, firmado por el juez Juan José Albornoz del juzgado de 1ra instancia en lo contencioso, administrativo y tributario, expuso todas las irregularidades y violaciones constitucionales con las que el Gobierno porteño ejecutó un desalojo sin orden judicial y violando varios puntos protocolares establecidos en diferentes normas como la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad; y la no publicación del decreto en el Boletín Oficial, entre otras normativas.

Por estas y varias razones más “no estarían acreditadas debidamente razones que autoricen a que el GCBA proceda al desalojo sin intervención judicial”, argumentó el juez en el fallo. Además, la administración porteña, sigue violando la Ley 2240 que hace referencia a la emergencia urbanística y ambiental del barrio de La Boca.

“Es un barrio que sufre una grave crisis habitacional de falta de vivienda, de hacinamiento y de desalojos recurrentes como es este caso. Por eso, desde hace unos años, nosotros denunciamos que el Gobierno no viene cumpliendo las obligaciones que le impone la ley 2240 para atender a la emergencia y para empezar a tomar medidas para solucionar los problemas habitacionales del barrio”, señaló Ramiro Dos Santos Freire, defensor oficial a cargo de la unidad de Barrios populares del Ministerio público de la Defensa.

El especialista denunció que el GCBA no solo no cumple con la ley 2240, “sino que, como en este caso, hace un desalojo con lo cual agrava las condiciones habitacionales del barrio. Tomó medidas que empeoran la situación habitacional que ya es grave en el barrio de La Boca”, agregó

Al ser consultado sobre el fallo del juez Albornoz, el defensor analizó que en este caso puntual, “el juez actuó correctamente porque el desalojo que se había realizado flagrantemente viola garantías constitucionales como el derecho de defensa, ya que las personas nunca habían sido notificadas y no se les dio oportunidad de ser oídas, ni de defensa en juicio, es decir, fue una medida unilateral del Gobierno de la Ciudad vulnerando el derecho de defensa, invocando causales que no son reales”, explica Freire y agrega: “invocó un aparente destino público del inmueble que no es tal y no cumplió con los procedimientos jurídicos legales como notificaciones, intimaciones, etcétera”.

Por último, Freire, habló sobre el desalojo forzoso con el envío de la fuerza policial que no cumplió ningún tipo de garantías. “Esto que ya de por sí es muy grave, se agrava además cuando se trata de familias en situación de vulnerabilidad, familias que no pueden costear la vivienda, familias expuestas a quedar en situación de calle, por eso nos parece bien la determinación del juez de suspenderlo”, y termina: “ahora resta trabajar en el fondo de la cuestión, que haya políticas efectivas de acceso a la vivienda y soluciones reales para los problemas de vivienda en este caso particular, para las más o menos 20 familias afectadas y además para todas las que viven en el barrio que sufren la crisis habitacional”.

01.08.2024

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el aumento del 50% que se aplicará a partir de hoy jueves 1° de agosto. La medida fue acordada luego de que las autoridades reconocieron que hubo “una desactualización de las tarifas diurnas y nocturnas generada por los incrementos en los insumos y costos involucrados”.

El valor de la ficha pasará de ser de $85,40 a valer $128 en la jornada diurna, mientras que la nocturna subió de $102,50 a $154. Pero, no conformes, anticiparon que no será el único incremento, ya que tienen previsto repetirlo a comienzos de noviembre y con el mismo porcentaje.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine y el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindinetti, fueron quienes oficializaron el incremento a través de una publicación del Decreto N°278.

A través de un estudio realizado por la Dirección General Gestión de Servicios de Movilidad sobre la rentabilidad de la actividad, analizaron “detalladamente la evolución de los ingresos y los costos involucrados en la explotación de la actividad”. Por eso, se definió que el tarifario sea revisado con el objetivo de evitar que se afecte el servicio.

Luego de que aumentara la tarifa a $128, las autoridades confirmaron que la bajada de bandera pase a ser de $1280. Se estableció que el precio cada 200 metros recorridos y el recargo por cada minuto de espera se equipare con $128. Por su parte, aseguraron que el equipaje de mano y una valija o un boleto menor deberá ser gratuito. Pero los bultos considerados adicionales, serán cobrados según el valor de cinco fichas, es decir, lo que sería equivalente a $640 por cada uno.

Los nuevos precios fueron fijados durante la audiencia pública que se realizó el 15 de julio donde participarán representantes de la Unión Propietarios de Autos de Taxis (U.P.A.T), la Asociación de Taxistas de Capital (ATC), la Cámara Empresarial del Autotaxi (CAMETAC), la Unión de Propietarios y Mandatario de Taxis de Capital Federal (SCT) y el Sindicato de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (SPAT).

En tanto, la nafta y el gasoil tendrán un nuevo aumento que será efectivo a partir del jueves 1° de agosto y quedará registrado en las refinadoras de YPF, Shell, Axion y Puma. El Gobierno definió aplicar una suba del 1% en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el incremento será de hasta un 3% promedio.

La prioridad del ministro de Economía, Luis Caputo, es apuntalar a la desaceleración de la inflación aunque requiera de resignar recaudación.

Desde un despacho oficial sintetizaron que “bajar la inflación es lo más importante ahora. Sería como los meses anteriores, trasladar al surtidor entre 10 y 20 pesos de actualización de impuestos, no más que eso, y recuperar un poco de la devaluación del oficial de forma que el aumento total no sea más que 2% a 3%”.

La nafta súper YPF, líder local con el 60% del mercado, pasa a costar de $941 hasta $970 por litro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El gasoil pasa de $979 a $1008 el litro, según los precios que indicó el portal Surtidores.

31.07.2024

Se elaboró un informe en base a un pedido de acceso a la información pública, para cuestionar sobre la precariedad que atraviesa el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) presentaron un pedido de informes en la Legislatura porteña para conocer de fondo esta situación.

“Luego de recibir distintos reclamos por parte de la comunidad educativa y sumado a la nota publicada este domingo, decidimos solicitar al Poder Ejecutivo de la Ciudad, conducido por Jorge Macri, un estado de situación en relación al SAME en la Ciudad, dado que hemos evidenciado distintos casos de la propia comunidad educativa, de padres, madres, que nos alertan en relación a los problemas de atención”, manifestó el diputado porteño de UxP, Andrés La Blunda.

Cabe destacar que, desde el 1° de enero de este año hasta el 10 de junio (fecha en que se realizó el pedido de información), el SAME recibió un total de 292.786 llamados por incidentes. De esa cifra, 6.488 fueron de las escuelas de la Ciudad, desde el 26 de febrero (inicio de clases) hasta el 10 de junio. De esos accidentes ocurridos en establecimientos educativos, apenas 3244 fueron asistidos con el envío de una ambulancia y equipamiento médico del SAME. Es decir, el 50% de los accidentes no fueron atendidos in situ.

“Comúnmente los accidentes se dan en el recreo o cuando los niños, niñas o jóvenes desarrollan sus actividades de educación física, entonces ante esas situaciones es el SAME que tiene que acudir rápidamente y lo que estamos observando es una ineficiencia muy marcada y muy notoria por parte del Servicio de Emergencias”, agrega el diputado.

Además, La Blunda indaga sobre la existencia del servicio de telemedicina por el cual el SAME dice que atiende la mayoría de los accidentes en las escuelas de la Ciudad. “Queremos saber de qué se trata, cómo es la atención y demás, porque esto va en línea con la permanente desinversión en todo el sistema sanitario y educativo, es decir, la salud y la educación son dos sectores dentro del presupuesto de la Ciudad que están siendo muy descuidados y se observa una disminución sistemática en el presupuesto año tras año, no solamente con Jorge Macri, esto ya venía desde la gestión de Larreta”, suma el diputado.

En junio de 2023 la Auditoría porteña también advirtió sobre el mal funcionamiento del SAME. En ese marco realizó un relevamiento que fue publicado en el informe “Proyecto Nº 3.21.01 SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA-SAME”. En ese documentó alertó sobre varias deficiencias del servicio. “No logró efectivizar el inicio del desplazamiento de las ambulancias en el tiempo requerido en todos los turnos del período auditado para todos los códigos (rojo, amarillo y verde)”, resume el documento.

“En la totalidad de los turnos del período objeto de examen, medido en tiempo promedio para cada uno de ellos, no se efectivizó el inicio del desplazamiento de las ambulancias, en un tiempo menor a tres minutos desde la asignación, de acuerdo a la pauta establecida en el Manual Procedimiento Operativo”, agregó y concluye: “Adicionalmente, no se cumple con los estándares internacionales que pretende (según lo manifestado por el responsable del área) alcanzar el auditado, dado que en ninguno de los turnos la suma total de los promedios, entre la solicitud de la ambulancia y la llegada de la misma, es menor o igual a 15 minutos”.

30.07.2024

En el marco del Plan de Parques Seguros, el Gobierno de la Ciudad abrió el Parque Ferroviario, terrenos de tres hectáreas en Colegiales que durante décadas estuvieron cerrados y abandonados. En su apertura estuvo presente Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño.

La misma incluyó stands de las Ferias Especiales de la Ciudad con productos gastronómicos, espectáculos artísticos y pruebas acrobáticas con skates y bicicletas. Con este nuevo espacio, más de 80 mil vecinos y vecinas se verán beneficiados.

Jorge Macri se refirió al nuevo lugar y sostuvo que es un “paso muy valioso para ir devolviéndole espacio verde a los vecinos en esta Ciudad tan pujante, pero que necesita de estos espacios para que las familias puedan disfrutar”. Además, indicó que se trata de un trabajo en el que se necesita ir “recuperando espacios e ir encontrando alternativas para avanzar con esas intervenciones y poder concretar soluciones que beneficien a los vecinos”.

En esa misma línea, explicó que se han plantado más de 250 árboles y se han instalado luces nuevas. Asimismo, se refirió al Plan de Parques Seguros y sostuvo: “Intenta no sólo desarrollar espacios que tienen que ver con un ambiente cuidado, con suelo absorbente y que sean recreativos, sino que además sean seguros y puedan ser usados por los vecinos con tranquilidad”.

Al mismo tiempo, el Jefe de Gobierno hizo mención de otra importante decisión que involucra a la Comuna 13: suspender la subasta de dos lotes en la calle Grecia y General Paz, en el barrio de Núñez. Según el funcionario, se trataba de un viejo reclamo por parte de los vecinos, quienes pedían que esa tierra no se venda para hacer una construcción, sino que sea un espacio verde. “Por eso dimos marcha atrás con esa venta”, aseguró.

El Parque Ferroviario está situado dentro del polígono que comprende las calles Virrey Olaguer y Feliú, Moldes, la Avenida Federico Lacroze y las vías del tren Mitre. Allí funcionaba la playa de maniobras del ferrocarril, algo que en el nuevo proyecto se mantuvo ya que en su diseño se respetó el patrimonio y la identidad ferroviaria.

La obra se llevó adelante en tres etapas. En las primeras dos, más de 6.600 metros cuadrados entre las calles Avenida Federico Lacroze, Moldes, Palpa, Teodoro García y el borde de la estación, otros 17.000 metros cuadrados entre Moldes, Zabala, la plaza Juan José Paso, la proyección de Virrey Olaguer y Feliú y el lateral de las vías del ferrocarril Mitre fueron intervenidos.

En tanto, la última etapa se centró en la prolongación de la calle Virrey Olaguer y Feliú y se completó el tramo entre las calles Zabala y Palpa, y las veredas de la calle Moldes. Además se realizó la apertura y prolongación de las calles Palpa y Aguilar junto con la vinculación entre los extremos del parque para conectar el principal camino peatonal.

Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, se refirió al motivo por el que decidieron llevar adelante el proyecto y sostuvo que Colegiales era uno de los barrios con “menor superficie verde”. Esto hacía que los vecinos tengan la necesidad de contar con estos lugares, por esa razón, se inauguró este espacio “que suma 19 mil metros cuadrados de suelo absorbente, superficie peatonal y recreativa y áreas de descanso”.

En materia de espacio público, se inauguró hace unos días el Parque Costero, una playa urbana que conecta la Ciudad con el río. Además, el nuevo Paseo Carlos Perette, en Retiro, fue habilitado luego de tres meses de obras debido al desalojo de la feria ilegal que se encontraba allí hacía 5 años.

Mientras tanto, la Ciudad continúa con las intervenciones para la recuperación del frente ribereño del Plan BA Costa, que contempla obras en 110 hectáreas, y avanza en la zona sur con la puesta en valor en la costa del Riachuelo.

29.07.2024

La semana pasada se llevó a cabo una reunión entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad y la Junta Comunal, para abordar la creación de cárceles modulares en la Comisaría de Ramallo de la Policía de la Ciudad. Este proyecto genera resistencia en comuneros y organizaciones sociales y vecinales, y por eso desde el propio oficialismo impulsaron este encuentro que, si bien tuvo momentos tensos, se desarrolló en paz.

El encuentro se dio en la Sede Comunal de Holmberg y Monroe, en el barrio de Villa Urquiza. Como es habitual en estas reuniones, se propició un sistema de inscripción previa a los interesados, que también actúa como filtro, y se estableció una restricción a la presencia de la prensa vecinal. Si bien había sido confirmada su visita, finalmente no concurrió el Ministro de Seguridad, Waldo Wolff, lo que generó cuestionamientos en algunos de los asistentes.

En representación del Gobierno porteño estuvieron José Ferrentino, Jefe de Gabinete del Ministerio, y Ezequiel Daglio, Subsecretario de Relaciones con la Comunidad, quienes llevaron la voz cantante. A su vez, asistió la presidenta de la Junta Comunal, Florencia Mattei, y los comuneros opositores Pablo Ortiz Maldonado y Vanesa Coria, aunque estos estuvieron entre los anotados para preguntar a los funcionarios. También participaron la juntista Mónica Machin y el ex comunero Matías Debesa.

La primera pregunta fue de la vecina Marta, que preguntó por qué se eligió a Saavedra y por qué en un espacio público (ya que se están haciendo en terreno lindero a la Comisaría Vecinal de Ramallo, en Avenida Goyeneche). “Lo hacemos en lugares que pertenecen a comisarías. Todos los espacios modulares en las respectivas comunas están emplazados en espacios que pertenecen a comisarías”, se defendió Daglio.

En ese marco, uno de los principales contrapuntos tuvo que ver con si hay autorización para crear estas unidades modulares en el eje del Parque Goyeneche. José Olivo, de Vecinos por Saavedra, fue uno de los más enfáticos en plantear que el eje verde de Goyeneche es “Unidad Parque”, y que por eso no se podría hacer una construcción como esta. “La Ley de Impacto Ambiental le da a los espacios policiales una afectación diferente, y dentro de ellos podemos hacer construcciones. Las Comisarías son preexistentes al Código Urbanístico de 2019”, respondió el Subsecretario.

Olivo consultó cuál es el resultado del informe de impacto socio ambiental, y por qué “no tiene cartel de obra”. “No hubiéramos avanzado si no hubiéramos podido hacernos cargo de la normativa”, indicó Daglio, ante lo que fue interrumpido por vecinos que plantearon que se construye “a espaldas de los vecinos, los días domingo, inclusive de noche y con los obreros sin casco”. “No sé por qué no hay cartel de obra”, agregó. “Me llama la atención porque en general se cumplen las medidas de seguridad”, planteó el representante oficial, lo que elevó la tensión con algunos vecinos.

Otra duda, de parte de la vecina Sonia, fue por qué “están haciendo cárceles containers” cuando las alcaidías “no son lugares de detención”, ya que las personas solo pueden permanecer 48 horas. “Coincido con vos 100%, pero si un juez no dictamina la liberación, ¿Qué hacés?, ¿Lo dejás en la calle?”, fue la respuesta de Daglio.

En tanto, los funcionarios negaron que haya “zona liberada”, y dijeron que “hay personal” para atender la Seguridad en las futuras celdas modulares, tras el comentario de algunos vecinos que señalaron que “los comisarios dijeron que no hay más personal”.

Jorge Marchini, de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, definió al problema de las detenciones como “serio”, y recordó “la experiencia de este barrio en relación al Arroyo Medrano, donde estaba todo mal hecho”. “En este tema pasa exactamente lo mismo: es un tema tan serio, que por qué no hacemos un debate abierto y le sumamos participación social. Hasta ahora es un hecho consumado”.

“Me ofrezco a seguir hablándolo. Pero quiero destacar que nosotros estamos buscando soluciones de fondo que no tienen que ver con estos módulos. Esto es provisorio”, planteó, a lo que algunos presentes le refutaron esto, ya que a su juicio “siempre dicen eso y termina quedando para siempre”. “Estamos haciendo una alcaidía central para mudar a todos los detenidos en la Ciudad”, adelantó.

El comunero Pablo Ortiz Maldonado preguntó “si podemos incorporar la opinión de la Junta Comunal y hacer una votación, al menos para que ustedes evalúen la obra hasta alcanzar el consenso”. “Estoy tratando como comunero abrir una instancia donde quede garantizada la participación ciudadana. Yo estoy en contra sobre todo por la ubicación”, destacó el representante de Unión por la Patria.

“Lo hacemos donde creemos que están dadas las condiciones de seguridad. Porque al poner las celdas allí, quedan más policías en la calle”, argumentó Ezequiel Daglio, y agregó: “Lo hacemos para evitar el peligro de fuga”.

La reunión casi se ve interrumpida porque algunos representantes de organizaciones vecinales reclamaron que “la información no la tienen”, y pusieron reparos sobre el sentido que tenía esa reunión si los representantes del Gobierno de la Ciudad “no brindan la documentación”. “Esto lo imponen como hecho consumado”, reclamaron.

Hacia el final, la comunera Vanesa Coria (que es abogada) planteó su reparo sobre los “Derechos Humanos de las personas que estarán detenidas, sobre todo al superarse los 30 grados de temperatura”. Y desde lo vecinal, indicó que sus dudas por “los gritos que puedan provenir del lugar, las filas para las visitas del fin de semana y la incomodidad sonora, visual y hasta de Seguridad”. “Hay un perjuicio tanto de los detenidos como de los vecinos”, argumentó.

“Estamos trabajando en la emergencia. Yo soy el primero que no quiere presos en la Ciudad de Buenos Aires. Que no quiere hacinamiento, pero entonces ¿Qué hacemos?”, le respondió el funcionario. En relación a los requerimientos vecinales prometió “aumentar el patrullaje policial” en la zona. Y destacó que el Jefe de Gobierno anunció la incorporación de más efectivos en la calle.