Un barrio de feria

15.3.2022

Se realizó la 2° Feria del Libro de Flores, el sábado pasado. En Morón y Artigas participaron más de 100 editoriales con ensayos, novelas, cuentos, cómics y fanzines.

Tomar la calle, interrumpir momentáneamente la circulación, alterar el uso habitual de las veredas, transformar una porción ínfima de un insigne barrio de la Ciudad de Buenos Aires en espacio “común” para el cruce inesperado, extraordinario. Con sus propios ritmos, olores, ruidos y colores, en las ferias de libros –como en las de variedades– conviven lo conocido y desconocido, lo múltiple y lo heterogéneo, lo novedoso y lo primitivo. Tienen algo de ritual y de fiesta. Son territorio de ilusionistas, de poetas y de buscas.
Del negocio al ocio y viceversa, el mercado se dispone como espacio de intercambio no del todo regulado; pone a circular y produce escenas, como si el objetivo de la feria fuese ella misma, y la posibilidad de nuevas ferias. Con ese espíritu ponemos al descubierto, a cielo abierto, todo un ecosistema de libros autogestivos cuya relevancia para la vida social, cultural y económica no siempre es visible. Ensayos, novelas, cuentos, cómics y fanzines, libros vivos, orgánicos y mutantes, que disparan relaciones y alimentan redes. Una feria que no es solo una feria, sino dos. Y que a su vez es escuela, que va entretejiendo capas de una experiencia que finalmente es múltiple, de autogestión y vida cooperativa (¿poscapitalista?).
De ahí que la Feria es, también, una invitación abierta, genérica, disponible para quien la desee, no solo a discutir, sino a experimentar in situ con problemas que hoy son centrales, como los modos de habitar la ciudad, las posibilidades de la economía popular, los feminismos como un lugar donde se recrea la política, los desafíos actuales de la organización, los aspectos claves de una agenda ecosocial capaz de imaginar una alternativa a la devastación ambiental. Porque la feria es también una trinchera, lugar de resistencia y complot; de autorganización y encuentro. En una ciudad cada vez más asfixiante, sin opciones, donde todo viene empaquetado hasta volverse copia de sí mismo, la feria irrumpe intentando abrir un espacio.
Una Feria en un barrio, un barrio de Feria. Y sobre todo un ensayo más de pensar a gran escala a partir de tramas políticas de proximidad; de generar espacios abiertos, hospitalarios, capaces de seguir creciendo; de convocar a quiénes apuesten a existencias más vivibles a propiciar una ecología de organizaciones para otras vidas. Potenciarse los unxs a lxs otrxs. El 12 de marzo volvimos a ocupar el espacio público con alegría, con organización y con nuevos proyectos. Gratis y en la calle.

Legisladores presentan un acompañamiento a la campaña por absolución para Higui

14.3.2022

Este 15 de marzo comienza el juicio contra Higui, donde se la acusa de homicidio simple por defenderse ante una violación correctiva. Alejandrina Barry del Frente de Izquierda presentó ante la Legislatura un proyecto para acompañar la campaña por su absolución impulsada organizaciones y activistas LGBTIQ+.

Este lunes se presentó ante la Legislatura porteña un proyecto de declaración que “expresa su acompañamiento a la campaña por la absolución de Eva Analía de Jesús, más conocida como Higui, quien, luego de haber estado presa 8 meses, enfrentará un juicio acusada de homicidio simple por haberse defendido de una golpiza y de una violación correctiva grupal. Asimismo, expresa su repudio ante un nuevo caso de criminalización contra personas LGBTIQ+ por parte del Estado”. La misma lleva como autora la diputada porteña del PTS en el Frente de Izquierda Alejandrina Barry y la acompañan sus pares Gabriel Solano y Amanda Martin.
Esta presentación se realiza como parte de la campaña por la absolución para Higui por parte de organizaciones y activistas LGBTIQ+ en el marco del comienzo del juicio este 15 de marzo. Esta exigencia de absolución lleva varios años y un amplio arco de acompañamiento de distintas organizaciones sociales, de DDHH y políticas.
Recordemos que el 16 de octubre del 2016, Higui visitó la casa de su hermana en el barrio Mariló en el partido de San Miguel. Ella ya no vivía allí, se había mudado previamente ante las amenazas de violación, y el acoso y abuso callejero. En la puerta un grupo de hombres la esperó y atacó al grito de “te vamos a empalar, tortillera”.
Ante el intento de violación correctiva (aquella dirigida contra las personas LGBTIQ+ para “corregirlas”), Higui se defendió y como resultado uno de los agresores llamado Cristian Espósito murió, mientras el resto de los agresores continuaron golpeándola. Tras el hecho la policía, lejos de abrir una investigación, la detuvo a partir de la denuncia que realizaron los agresores en su contra. Así se inicia la causa en su contra bajo la carátula de homicidio simple.
El caso de Higui, es testigo de la criminalización que persiste y sufren las personas LGBTIQ+ por parte del Estado, tanto desde la Policía como la Justicia. Por eso la exigencia por su absolución debe escucharse en todas partes, incluso en la Legislatura porteña.

La justicia declaró nulo convenio entre IRSA y el gobierno porteño

11.3.2022

Lo resolvió el juez Aurelio Ammirato. Se trata del convenio que autorizaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura entre otros edificios en plena Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica, y la destrucción de uno de los últimos humedales de la ciudad.

Compartimos la nota publicada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad:
El Juez Aurelio Ammirato, el 10 de marzo de 2022, declaró la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el GCBA y la empresa IRSA el 19 de julio de 2021 con respecto al inmueble situado en Av. España n° 2230/40. Este convenio autorizaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura entre otros edificios en plena Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica, y la destrucción de uno de los últimos humedales de la ciudad.
La sentencia fue dictada en los autos caratulados “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad Y otros c/GCBA y otros s/ Amparo – Otros”, Expte. N° 166469-2021/0.
La causa judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE). Estos espacios impulsaron el surgimiento de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos a fines del año pasado y desarrollaron campañas como la de “Costanera Verde Pública2 y “Resistencia Verde”.
En la causa judicial se cuestionó la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final.
Este convenio urbanístico, que recibió un rechazo casi unánime en la audiencia pública, fue aprobado por la Legislatura, en segunda lectura, el 2 de diciembre de 2021, dando origen a la Ley N° 6476.
Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, manifestó: “La política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación inmobiliaria. También, comprobamos que la empresa IRSA es la terrateniente urbana que más beneficios ha obtenido del GCBA en los últimos años (Adjudicación de la concesión del Centro de Convenciones y Exposiciones, la subasta del edificio de Berutti, autorización de Ciudad Palmera en Caballito, la subasta del edificio de El Plata, la autorización para el shopping Distrito Arcos, la autorización para el Shopping Dot, etc.). Tal es el extremo de la simbiosis política-inmobiliaria-financiera-electoral entre Rodríguez Larreta y el grupo IRSA que para autorizarle la construcción de un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur decidieron violar innumerables leyes y la Constitución de la Ciudad.
Firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes. Votaron en la Legislatura el Convenio sin las mayorías que exige la Constitución. No realizaron el análisis y las consideraciones que se exige frente a los cuestionamientos de cientos de personas realizadas en la audiencia pública. Firmaron adendas al convenio y las ingresaron por la ventana antes de la segunda sanción en la Legislatura de forma inconstitucional. Incumple el mandato constitucional de recuperar la totalidad de la Costanera para el uso común de la Ciudadanía porteña. Viola la protección del derecho al ambiente al decidir destruir uno de los últimos humedales de la ciudad, etc.
Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”.
La Ing. María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, investigadora del IPYPP y fundadora de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, expresó: “Este fallo histórico no solo pone en evidencia la emergencia ambiental y climática que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires que se manifiesta en el aumento sostenido de la temperatura máxima anual, sino que, además pone en valor la democracia participativa ambiental. En este punto, la sentencia enfatiza que también debe ser un interés público del GCBA el respeto de la participación ciudadana en la decisión de políticas ambientales. El paradigma democrático está cambiando. Las elecciones no son suficientes y las nuevas regulaciones exigen una co-decisión entre las comunidades y el GCBA. Así resalta el fallo al citar el Acuerdo de Escazú y la Constitución de la ciudad.
La emergencia climática y ambiental se ha ido profundizando en la última década. En paralelo en la ciudad se sacrificaron 150 hectáreas de espacios verdes públicos y se impulsa la consolidación de la ocupación y privatización de todo el entorno ribereño. Con el proyecto de Costa Urbana se cometería un ecocidio al destruir nuestro humedal costanero. La resistencia verde que venimos sosteniendo en defensa de nuestra costanera está rindiendo frutos. Frenamos la Venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteña desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder público”.
En la sentencia, que realizó un desarrollo profundo de la democracia participativa ambiental, se sostuvo:
1. El reglamento dictado por el Secretario de Desarrollo Urbano para el tratamiento de los convenios urbanísticos (resolución n° 119/SECDU/20, del 30 de diciembre de 2020) no prevé ninguna instancia de participación pública, y de los expedientes administrativos remitidos a requerimiento de este estrado no surge que en sede administrativa tal participación haya sido implementada.
2. El Acuerdo de Escazú exige participación pública en las etapas preliminares del tratamiento de las cuestiones ambientales, y con respecto a los convenios urbanísticos esa disposición fue interpretada por el legislador; quien, a nivel nacional, reconoció el derecho de toda persona a expresar su opinión en los procedimientos administrativos que se relacionen con el ambiente (ley 25.675, arts. 19 y 21) y en el ámbito local determinó que tal participación debe tener lugar antes de la firma del convenio. La suscripción del convenio por parte del titular del Poder Ejecutivo expresa una decisión estatal, y la ley determina que estos convenios deben ser decididos e implementados en marcos participativos.
3. Esta participación, en consecuencia, debe ocurrir ante el Poder Ejecutivo, y su inexistencia en este caso plasma un incumplimiento objetivo. El régimen jurídico prevé instancias participativas tanto ante el Poder Ejecutivo, que debe implementarla antes de adoptar la decisión de suscribir el convenio; como ante el Poder Legislativo, que debe convocar la audiencia pública antes de expresar su voluntad con respecto al convenio remitido a su consideración por el Poder Ejecutivo, aprobándolo o rechazándolo.
4. Suponer que la audiencia pública del procedimiento legislativo de doble lectura puede suplir la instancia de participación pública que el PUA exige antes de la firma del convenio urbanístico, implica aceptar que el legislador haya dictado esta norma ignorando la previsión constitucional, alumbrando de esa manera una disposición legal inútil, extremo que no cabe presumir (CSJN, Fallos: 343:140, sentencia del día 03/03/2020, entre muchos otros precedentes).
5. La autoridad de aplicación dictó un reglamento que no prevé ninguna instancia de participación previa a la firma del convenio, lo cual incumple el tratado internacional (Acuerdo de Escazú), la ley 25.675 y la ley marco, directamente prevista por el constituyente (art. 29, CCBA), a la que deben ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas (PUA).
6. Respecto a la segunda de las adendas al convenio urbanístico no se completó el procedimiento de doble lectura previsto por el constituyente, toda vez que fue efectuada después de la primera lectura del proyecto y de la celebración de la audiencia pública. Por ello, con relación a ella no existió ninguna instancia de participación pública, esto es, ni ante el Poder Ejecutivo ni ante el Poder Legislativo.
7. El procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico está viciado, en tanto omitió la instancia participativa que la ley impone. Este vicio del trámite se traslada al convenio que es su consecuencia y a la ley que lo aprobó.
8. Con estos argumentos, el Tribunal resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo entablada, admitiendo en parte la pretensión formulada en la ampliación de la demanda, y, en consecuencia, acogiendo la impugnación del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA el 19 de julio de 2021 con respecto al inmueble situado en Av. España n° 2230/40, de sus adendas, y de todos los actos que sean su consecuencia.

Trabajadora de la salud es la que lucha

10.3.2022

Por La Retaguardia

Trabajadoras de la salud del Hospital Santojanni y de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) de su Área Programática conformaron una Comisión de Género y Diversidad. Este 8M hicieron visibles sus reivindicaciones con una acción en las escalinatas del Hospital contra la violencia machista, por la aplicación del cupo travesti trans en salud, reclamando políticas de cuidados integrales y la efectiva aplicación de la ley Micaela.

Cerca de las 8 de la mañana, una decena de mujeres pegaba prolijamente un afiche junto a otro en el pasamanos de las escalinatas del Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires. Las batas o guardapolvos que vestían algunas daban cuenta de que son trabajadoras de la salud. Otras estaban con ropa de calle, pero todas con barbijo. Saludaban a quienes llegaban y se sumaban a la entusiasmada pegatina. Las menos tímidas se acercaban a quienes ingresaban a este hospital público en el barrio de Mataderos, volante en mano, dispuestas a compartir las preocupaciones y reclamos con las personas usuarias del hospital. Hubo quienes escuchaban con atención, y otras incrédulas que tomaban el volante y se refugiaban dentro del edificio rápidamente. Pero todas ellas, con más o menos convencimiento, visibilizaron a las mujeres trabajadoras, leyeron sus consignas y participaron de algún modo de la acción.
La antropóloga Natalia Israeloff, trabajadora del Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) N°7 que pertenece al Área programática del Hospital Santojanni, nos habló de los orígenes de esta organización de trabajadoras: “Junto con un grupo de compañeras formamos, allá por fines del 2019, lo que hoy es nuestra Comisión de género y diversidad, con la finalidad de abordar distintas situaciones de desigualdades, de violencias, de inequidades que se dan en nuestros espacios de trabajo. Somos una comisión donde hay profesionales de múltiples disciplinas, gente de planta, residentes, y estamos haciendo una tarea que consideramos histórica, que es ponerle voz a esas desigualdades cotidianas que se dan en nuestros espacios de trabajo y que muchas veces son naturalizadas incluso por las mismas personas que las padecen”.
Decidieron, para este 8 de marzo, encontrarse en las escalinatas del hospital para hacer un gran empapelamiento y afichada, con una serie de consignas:
– Basta de violencia machista
– Por la efectiva aplicación del cupo travesti trans en salud
– Políticas de cuidados integrales
– Efectiva aplicación de la ley Micaela
Israeloff contó también que no están solas, que son muchas más las trabajadoras de salud de CABA que se han organizado alrededor de las mismas preocupaciones. “Estamos en una red con otros comités, comisiones, espacios de género y de violencias en distintos hospitales y centros de salud de la ciudad de Buenos Aires”.
En una hora ya eran muchas más las mujeres trabajadoras, las integrantes de la comisión de género, mezcladas con quienes fueron sumándose desde adentro del hospital, para ser parte de la asamblea improvisada que comenzó con un no muy prolijo círculo sobre la escalinata, pero que permitió que se escucharan las voces de muchas, de las pioneras, de quienes venían por primera vez, y también se hicieron tiempo para homenajear a aquellas que ya no están pero siguen siendo parte de la lucha.
Viviana Mazur, médica generalista del CeSAC N°7 y referente de IVE-ILE de la Ciudad desde la Coordinación de Salud Sexual, SIDA e ITS, recordó a una de las compañeras que motorizó la creación de la comisión. “Fue Gabriela Elías, iba a decir es pero me di cuenta que tengo que decir fue -aclaró-, una compañera enfermera que estaba padeciendo una enfermedad importante y a lo largo de la pandemia, a pesar de su enfermedad, trabajó muchísimo para garantizar el acceso al testeo y el acceso a las vacunas. Una la veía y la escuchaba y decía: ¿de dónde saca la energía en este marco, en medio de su tratamiento de quimioterapia para poder sostener un montón de prácticas de cuidado?
Alguien propuso un aplauso por Gabriela, fue sentido y extenso, y se hizo difícil de terminar.
Mazur reflexionó también en clave de género acerca de la tarea de las prácticas de cuidado a cargo de las enfermeras “que tienen que ver con su profesión y con la asignación de género desde donde muchas tomamos en relación a la necesidad de trabajar por los cuidados de otros y muchas veces esos cuidados no son reconocidos como corresponde”.
Carla, médica de la guardia de pediatría, desconocía la existencia de la comisión y se acercó por primera vez, “feliz de este espacio, que va a ser un espacio de lucha y de reconocernos entre todas, poder darnos la mano y avanzar”. También transmitió su preocupación por las demandas de las enfermeras: “Quiero visualizar la lucha que necesita el espacio de enfermería. No hay manera de que avancen, desconozco por qué no se suman masivamente a la lucha”. Calificó a la falta de reconocimiento de su profesionalización como “un desastre”, teniendo en cuenta la situación devastadora de la pandemia que “se llevó un montón de enfermeros, que laburaron al 90%”.
“Estamos juntas para combatir un poco por el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Nos juntamos en el Hospital Santojanni para poder mostrar que hay espacios que están esperando por aquellas personas, mujeres, disidencias sexo-genéricas, que necesitan denunciar y hablar sobre las cosas que están pasando en el trabajo, en sus ámbitos laborales, cosas que tienen que ver con violencia, cosas que tienen que ver con acoso, cosas que tienen que ver con la opresión de género con la que vivimos en esta sociedad”, afirmó Carolina, trabajadora social del Centro de salud N°7, que también es parte de la comisión y sumó a esta jornada su presencia, su alegría y sus convicciones.

Cifras dolorosas

Según un relevamiento sobre situaciones de violencia basada en género en el ámbito laboral que elaboró la comisión, el 76% de quienes respondieron la encuesta identificaron haber sufrido agresiones, maltrato laboral o violencia sexual. Todas eran mujeres. Un 45% recibió maltrato verbal y dos encuestadas recibieron amenazas a agresiones físicas y dos agresiones físicas. El 17% recibió comentarios con connotación sexual y dos trabajadoras sufrieron exhibicionismo. En la mayoría de los casos, las acciones fueron realizadas por personas en roles laborales asimétricos y no se realizaron acciones administrativas o denuncias. A su vez, ante denuncias, en general no se tomaron medidas o se cambió a la víctima de lugar de trabajo. En las situaciones de agresiones sexuales, el 79% identificó que sufría estas acciones por ser mujer.
En relación a la tarea de la Comisión para revertir esta realidad, Leticia Andina, médica generalista y trabajadora del CeSAC 5, detalló: “vinimos a sensibilizar al resto de las compañeras del hospital, intentamos que la comisión crezca y poder ir acompañando los procesos de mejoría del trabajo y, sobre todo, prevenir la violencia, la violencia de género, institucional, aumentar el cupo trans, disminuir las desigualdades en el trabajo respecto a los compañeros hombres y todas aquellas cuestiones que hacen al género en el ámbito laboral y a las diferencias de género en el ámbito laboral, así que es un día recontra importante para nosotras. Es algo que está creciendo, es algo para lo cual hay que sensibilizar un montón y pensarse y ayudar a pensar a otros”.
Acerca del reclamo de aplicación de la ley Micaela en salud, en el hospital y su Área Programática, dijo: “no hay una normativa bajada o concreta de que (la formación en género) tenga que ser obligatoria para todos los funcionarios y funcionarias públicas, desde el director del hospital hasta el último. Lo que hay es un curso auto administrado que “no mueve la aguja” y la realidad es que lo que necesitamos es que se haga en serio, que nos capacitemos todos en la ley Micaela”.
Cuando le consultamos sobre qué temáticas han tenido que trabajar más fuerte estos años, y cuáles eran sus preocupaciones, respondió tajante: “la violencia de género institucional”.

Masacre de Luis Viale: Las obreras textiles paran las máquinas

8.3.2022

El 8 de marzo de 1908, marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres. En Nueva York, 129 trabajadoras murieron en un incendio luego de haberse declarado en huelga en la fábrica donde trabajaban. Murieron calcinadas y encerradas por el dueño, que decidió bloquear las puertas para obligarlas a desistir y abandonar el establecimiento. Desde entonces, se designó al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Está lucha fue importante para visibilizar la precarización laboral y el trato diferenciado hacia las mujeres trabajadoras. Esto dio inició a un periodo de luchas que no paró, hasta reconocer más derechos, como el voto femenino y el derecho a poder elegir. No obstante, nuevos tiempos sacan a la luz otras problemáticas antes invisibilizadas, como los feminicidios, la violencia de género y el maltrato a las mujeres migrantes y trabajadoras.
Como el caso del Taller de Luis Viale, un centro textil clandestino, en Caballito, CABA, donde se desató un incendio en el que vivían 65 personas y murieron una mujer embarazada, de 25 años y 5 niñxs: Wilfredo Quispe (15), Elías Carvajal (10), Rodrigo Carvajal (4), Luis Quispe (4), y Harry Rodríguez (3), el 30 de marzo de 2006,
Las llamas desnudaron años de explotación laboral, condiciones de vida inhumanas, a los que se somete generalmente a lxs migrantes que vienen a Argentina en busca de un futuro mejor. Dieciocho horas de trabajo, un solo baño, una habitación separada por nylon y cartón donde dormían lxs trabajadores y sus familias.
Hasta el día de la fecha, las víctimas no han recibido justicia y luchan por la expropiación del espacio de memoria cultural, que fue devuelto a sus dueños en el 2019, sobreseidos e impunes de la masacre. La lucha y pedido del espacio es para que no vuelva a suceder ni se reabra otra textilera clandestina, que futuras generaciones de migrantes puedan organizarse y capacitarse sobre sus derechos.
No es una casualidad que lxs migrantes, especialmente mujeres, sean víctimas de explotación por la situación de vulnerabilidad y discriminación en la que se encuentran en un país alejado de sus territorios; tienen un rol esencial en la economía nacional, sin embargo son invisibilizadxs por ser migrantes y mayormente mujeres.

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