Red de radios

23.2.2022

Por La Retaguardia

El CeSAC N° 15 del barrio porteño de San Telmo se encuentra en una situación de extrema gravedad en sus condiciones edilicias y falta de insumos. Piden una solución de parte del Ministerio de Salud. María Elena Folini, jefa médica de la institución dialogó con el programa radial Tengo una Idea y brindó más detalles sobre el pedido de los y las trabajadoras de un edificio nuevo. Aún no obtuvieron respuesta.

—¿Dónde está ubicado el CeSAC y desde hace cuánto tiempo funciona?
—Está en la calle Humberto Primo 470, entre Bolívar y Defensa. Se fundó en el año 90. Empezamos una serie de médicos de otras disciplinas. Yo entré como pedíatra. A lo largo de la historia, se crearon 48 CeSAC y el cargo de jefa del N° 15 lo concursé hace 13 años.
—¿Cuáles son los problemas que están sufriendo hoy en día?
—El problema más serio es el edilicio. Este es un edificio de más de 120 años, pertenece al casco histórico de San Telmo. Cuando se fundó la salita era un edificio precioso, pero actualmente y cinco años atrás, antes de la pandemia, venimos denunciando las inadecuadas condiciones. No tiene ventilación, y esto se sintió. Lo que nosotros pedimos es el arreglo del predio conocido como ex Padelai, antes Patronato de la Infancia, que es un espacio que quedó desalojado desde 2016 y que bien podría adecuarse para que pudiera funcionar el CeSAC. Hoy funciona como sede de la Comuna 1 donde se pueden hacer ciertos trámites. Recibimos la promesa del exvicejefe de gobierno Diego Santilli. Desde ese momento tuvimos que empezar a soportar ciertas situaciones como las que continúan: tener que subir para acceder por escalera, no tener rampas por ende las condiciones para discapacidad. Allí también una profesional de nuestro equipo sufrió una caída. Nuestro edificio tiene una sola salida, con el riesgo que eso conlleva si hubiera problemas de incendio. Últimamente empezamos a tener caídas de cielorraso. Esto se fue agravando, de manera que empezamos a atender en la calle. Hoy se puede ver a los enfermeros y enfermeras vacunando, a los psicólogos atendiendo en la calle, porque no podemos estar encerrados en un edificio que no tiene ventilación. Si bien hay una empresa de mantenimiento, por más que arregla los techos, se vuelven a romper.
—¿Ante quiénes han hecho los reclamos y cuál ha sido la respuesta?
—La empresa de mantenimiento responde. Nosotros somos un CeSAC que está muy instalado en el barrio, y la gente no hace más que agradecer. Hemos sido amigables con la población del barrio, mucha de ella migrante, y eso el Ministerio de Salud también lo sabe. Somos un ente estatal que hemos atravesado todas las gestiones y jamás hemos cerrado las puertas, tal es así que hemos salido a la calle. El edificio ya no requiere remodelaciones, no resiste. Lo que necesitamos es un edificio nuevo. Después de aquella promesa de hace cuatro años recién ahora están evaluando el edificio y ojalá que el edificio del exPadelai sea para el CeSAC N° 15 porque la población se merece una mejor atención. Hay que poner gente a reciclarlo, allí sí tendríamos un lugar como corresponde y todo el equipo tendría donde atender a la gente, con jardines, sin escaleras, con ventanas y ventilación.
—¿Cómo han hecho más visible el reclamo?
—Hicimos protestas en la calle, en las puertas del CeSAC. Además están cambiando los adoquines de la calle Humberto Primo y eso debe ser lo que produjo, por el movimiento de vibración de los taladros que utilizan, la caída de los techos. Estamos peor. Hubo médicos que en protesta se pusieron cascos. Creemos que el cambio de adoquines es una obra innecesaria.

23.2.2022

El siniestro ocurrió pasado el mediodía en la entrada del Barrio Chino, cuando una losa de cinco metros de altura estaba siendo llenada con hormigón. En el lugar se construye un paseo comercial y, a pesar del incidente, en otros sectores de la obra continuaron con las tareas de albañilería.

Una obra en construcción ubicada bajo las vías del Ferrocarril Mitre, en el barrio porteño de Belgrano, se derrumbó durante el mediodía de este martes y cinco personas debieron ser trasladadas al hospital como consecuencia de las heridas sufridas, según informaron desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El siniestro ocurrió alrededor de las 13 en Mendoza al 1.700, cuando una losa de cinco metros de altura estaba siendo llenada con hormigón.
Luego del hecho, cinco obreros debieron ser trasladados con politraumatismos a distintos centros de salud: tres de ellos fueron enviados al Hospital Fernández y dos al Hospital Pirovano, según informó Alberto Crescenti, titular del SAME.
Además, precisó que “no quedó ninguna persona atrapada en el derrumbe” y tuvieron que atender a cinco personas más que sufrieron “crisis nerviosas”.
El resto de los obreros fueron evacuados y reunidos en un punto de emergencia.
Crescenti también informó que el viaducto por donde circula el tren se encuentra “intacto” y que los daños se produjeron en el encofrado, donde la empresa ViaViva se encuentra realizando una obra que busca “integrar todos los ámbitos en un espacio cruzado por la tecnología, experiencias sociales, culturales, gastronómicas y de entretenimiento y el acceso a los servicios más modernos de la Ciudad”, según afirman desde su página web.
Pasado el momento del traslado de los operarios, el frente de la obra donde se produjo el derrumbe, en la entrada del Barrio Chino, se encontraba completamente cubierto con plásticos negros que obstaculizaban el ingreso y la vista hacia adentro del predio, mientras que el resto de la obra en construcción permanecía tapiada con carteles promocionales del desarrollo inmobiliario.
Los comerciantes de la zona manifestaron haber escuchado un “fuerte estruendo” pasado el mediodía, al caer la losa.
Desde las 16:00 estacionaron frente al predio, sobre la calle Mendoza, dos camionetas de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires de forma preventiva mientras que, a pesar del incidente, en otros sectores de la misma proseguían las tareas de construcción del paseo comercial bajo el viaducto ferroviario.
Por último, se informó que del operativo originado a partir del derrumbe participó personal de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad.

23.2.2022

Por Martín Suárez

El déficit crónico que vive la Ciudad cada año se profundizó en este ciclo lectivo, por más demanda de familias que venían del sector privado y la falta de construcción de nuevas escuelas. En nivel inicial, el 54% no obtuvo lugar.

En las próximas horas vuelven las clases en la Ciudad de Buenos Aires. En estos momentos hay familias angustiadas porque sus hijos o hijas aún no tienen un lugar asegurado. O porque lo que le ofrecen queda a 50 o 60 cuadras de su casa. Son más de 50 mil en esa situación.
Pero no se trata sólo de números. Detrás de cada cifra se encuentra una historia de lucha, reclamos, a veces resignación, y un futuro lleno de incertidumbre por el derecho a la educación que no es cumplido, y que la Constitución de la Ciudad lo contempla desde los 45 días de vida del bebé.
Este lunes, el nuevo ciclo lectivo comenzará sin 56.832 chicos que pidieron un lugar y no lo obtuvieron. Entre los tres niveles (Inicial, Primaria y Secundaria), hubo 118.169 solicitudes, y se asignaron 61.337. Esos datos relevó Tiempo a través de fuentes del Ministerio con acceso a la información del sistema online, porque el Ejecutivo porteño se niega a reconocer la carencia de vacantes. Esa falta de estadísticas oficiales suele ocasionar un desfase en la actualización de las cifras que se incrementan año tras año (ver recuadro), a la par de un déficit crónico en la construcción de nuevas escuelas. Y en muchos casos se sigue hablando de «20 mil pibes sin vacantes» cuando en la práctica es un número mayor. A su vez, con las crisis del macrismo y la pandemia, cada vez más gente sale de la privada en busca de un lugar en el sistema público. Pero a pesar de una mayor demanda, la oferta de sitios es la misma cada año. Y si no se lo reconoce, entonces no hay un problema.
El sector más crítico es el infantil. La falta de lactarios y jardines con salas de 3 a 5 años provoca un colapso en el nivel inicial, que es históricamente uno de los más castigados. De acuerdo a la información analizada en ese sector, este año se solicitaron 41.611 vacantes para niñas y niños de 45 días de vida a 5 años de edad, pero CABA asignó tan solo 19.416: el 53,4% de los inscriptos no obtuvo lugar en jardines públicos porteños.
“La falta de vacantes es un tema absolutamente invisibilizado, esta semana ningún medio concentrado le va a preguntar a Larreta por esto, todos van a decir cómo le interesa la educación al gobierno porteño y nada más”, advierte a Tiempo el secretario adjunto del gremio UTE, Eduardo López, y titular de la CTA porteña. “Larreta y Acuña lograron ocultar las vacantes que faltan al establecer un sistema de inscripción online donde solo ellos pueden saber qué cantidad de familias eligieron la escuela pública y cuántos se quedaron afuera –acota–. En vez de construir escuelas decidieron esconder los pibes y pibas que no tienen vacantes”.

Con los chicos no

La Constitución porteña en su artículo 24 ordena al Estado local otorgar vacantes desde los 45 días de vida en adelante, algo que la ministra de Educación, Soledad Acuña, niega regularmente al asegurar que ellos cumplen con la carta magna y que garantizan las vacantes a partir de los cuatro años. Pero de acuerdo a los números del sistema de inscripción on line, hay miles de pibes de primaria y secundaria que tampoco consiguen lugar. Para ambos niveles se solicitaron 76.558 lugares y el Ejecutivo porteño entregó hasta esta semana 41.921, por lo que un 45% del total de inscriptos permanece sin vacante.
“La falta de escuelas afecta principalmente a los sectores populares, haciendo que las familias deban responsabilizarse por sí mismas de ver cómo garantizar el acceso a la educación. Y muchas de las que consiguen una vacante, lo hacen en una escuela que queda lejos de sus hogares, y tienen que tomar uno o dos medios de transporte”, analiza en diálogo con este diario la diputada porteña Maru Bielli (FdT), integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura. “Es necesario que se construyan escuelas también atendiendo a criterios de justicia, teniendo en cuenta las vacantes que hoy faltan, cuál es su distribución geográfica, y que se proyecte la necesidad de vacantes en los próximos años”.
Cada ciclo lectivo existe un incremento en la demanda de solicitudes pero, pese a esto, el distrito porteño se niega a construir de manera sostenida edificios escolares. Un informe elaborado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), afirma que creció casi un 20% la demanda en escuelas públicas y cayó un 40% en privadas: “Las subas de las cuotas trepan hasta un 40% en algunos establecimientos pagos y el éxodo hacia escuelas públicas rondaría el 20%”. Entre marzo de 2020 y mediados de 2021, el aislamiento total o parcial, como consecuencia de la pandemia, afectó los ingresos económicos de muchas familias que no pudieron cumplir con el pago de las cuotas mensuales. Cuando los colegios privados empezaron a aumentar las tarifas, se redujo la matrícula. Y creció la demanda en el sector público que, en el caso de CABA, no aprovechó los meses de aislamiento de los chicos para construir en ese momento más edificios, sabiendo el déficit crónico de vacantes que vive el distrito.
El Ministerio de Educación de la Ciudad implementa siempre la misma estrategia: dos o tres meses después de haber comenzado las clases, reacomoda en diferentes escuelas a miles de niños y niñas que quedaron en lista de espera (muchos de ellos en establecimientos que no eligieron y que les queda lejos de sus casas). Ese «reacomodamiento» ocasiona superpoblación en las aulas. Dónde tiene que haber 20 estudiantes termina habiendo 25, 30 o 35. Ya a mitad del ciclo lectivo, entre mediados o finales de junio, varias escuelas sufren la saturación de sus aulas. Aparecen estudiantes nuevos y baja la cantidad de pibes sin vacantes. Esta superpoblación de aulas también afecta gravemente la calidad educativa.

Lista de espera con ofrecimiento

Los 56.832 chicos y chicas sin lugar este año representan el 48,1% del total de solicitudes. De estos números surge una pregunta esencial: ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Están desescolarizados, pasaron a la educación privada, a Provincia, o en el caso de los más pequeños fueron derivados a los Centros de Primera Infancia (CPI) que no pertenecen a Educación sino a Desarrollo Social? Tiempo se lo consultó a la cartera que dirige Acuña y no supieron responder.
Pero el sistema online contiene «trucos» para que el número de familias sin vacantes parezca menor. No reconoce que esos casi 57.000 pibes carecen de lugar, y sostiene que son solo 11.804 quienes están en «lista de espera». Al resto que sigue sin vacantes los distribuye en diferentes categorías arbitrarias ubicadas dentro de su base de datos. Además de «Vacantes asignadas» y «Lista de espera», se suman ocho ítems: el más llamativo es “Lista de espera con ofrecimiento”: aquí figuran aquellas familias en lista de espera a quienes contacta el Ministerio de Educación porteño ofreciéndoles formalmente una vacante que ellas rechazan. Lo que no detalla esta categoría es porqué la decisión negativa de la familia. Son miles los casos en los que se les sugiere un lugar en escuelas muy alejadas, o de jornada simple cuando se pidió jornada completa, depositando la responsabilidad en las familias por su decisión. El resto de las categorías se dividen en: Documentación pendiente, Vacantes pendientes de validación, Deshabilitada, Validación completa, Validación parcial, Validación rechazada y pendiente con validación y Documentación parcial. Más allá de los rótulos, los chicos y chicas englobadas en esas categorías no empezarán mañana las clases en ninguna escuela porteña.
“Mientras éste lunes vamos a ver a funcionarios del Gobierno de la Ciudad en los medios diciendo que todos sus recursos están puestos en garantizar la educación de niñas y niños, ninguna autoridad se acercará a aquellas escuelas que no tienen docentes debido a los constantes errores técnicos que vienen sucediendo en el sistema de designación”, denuncia Florencia Rivero, docente y secretaria gremial de la Unión Argentina de Maestros y Profesores CAMYP. “Habrá miles de niñas y niños que verán los anuncios desde sus casas por no haber conseguido una vacante, debido a la baja constante del presupuesto educativo en CABA que denotan la falta de compromiso político para la construcción de escuelas”. «

«El destrato es terrible»

Brenda Calazanz hace dos años que intenta conseguir una vacante para su hija Azul. “En octubre de 2020 la inscribí para el ciclo lectivo del próximo año, y en 2021 para éste: no hubo caso, siempre quedé en lista de espera para sala de 1 y ahora para la de dos. En ambas oportunidades mandé correos, fui varias veces a la supervisión, a más 10 jardines y nada”. Como miles de familias, sufre el desgaste de seguir insistiendo con trámites posteriores luego de quedar en lista de espera. “No inicié amparo porque no tengo tiempo para ir al Distrito, hacer horas de fila y llevar y traer papeles. Además tengo una beba de 9 meses que me demanda otros tiempos y se me dificulta mucho estar de un lado a otro con ambas”.

El gobierno porteño no solo incumple con el acceso a la educación de miles de chicos, también viola la resolución 3571/15 firmada en 2015 y el Estatuto Docente, que establecen que los maestros de la Ciudad titulares e interinos con 2 años de antigüedad, y suplentes con 3, tienen prioridad en la asignación de vacantes. Es el caso de Florencia Cittadini (foto), docente de media en Lengua y Literatura, y su beba de 3 meses, Alma: “La inscribí ni bien nació para tener una vacante en algún lactario, soy único sostén de familia, no conseguí. Puse cinco opciones y en ninguna me fue otorgada una vacante. Fui a Supervisión y sólo me dieron un número de reclamo, a pesar de ser docente y demostrar la carga horaria que tengo”. Y agrega: “el destrato es terrible, no te dan bolilla y tratan de naturalizar el tema. Me dijeron que es algo que pasa todos los años, que el 70% de la plaza de vacantes en maternales se guarda para los trabajadores de la salud, dado que esos jardines sólo se encuentran en los hospitales. La verdad que no sé si esto es una realidad o no. Hasta les propuse que me venía bien cualquier distrito, porque a mí me es mucho más fácil conseguir a alguien que lleve y traiga a la gorda que conseguir una niñera que esté tantas horas en casa con ella, porque trabajo mucho en la escuela en los turnos tarde y noche. Y no puedo anotarla en privados porque arrancan desde los $ 18.000 para una jornada de tres horitas. Necesitaría una jornada completa, que cuesta hasta $ 37.000.»

Una crisis crónica

Más allá de que desde el Gobierno de la Ciudad se relativice la falta de vacantes y no se entregue información oficial, se trata de una crisis educativa que crece año a año. Y que incluso está judicializada con amparos contra la administración macrista por parte de familias y organizaciones. Otro relevamiento de Tiempo de 2020 demuestra que hace dos años hubo 55.520 inscriptos en inicial y sólo se entregaron 19.950. La asignación de vacantes fue prácticamente la misma que la de 2022, con una gran demanda, seguramente alentada por la crisis económica de la gestión macrista. Al comparar la cantidad de vacantes entregadas en 2019 (19.950) con las de este año (19.416), se aprecia incluso que, más allá de una merma en la demanda de este año (41.611), el gobierno porteño asignó menos vacantes. A pesar de conocer la falta de lugares que tiene el distrito, no creció la oferta de vacantes. En este punto la cartera educativa porteña tampoco supo explicar a Tiempo la disminución de solicitudes: resignación de las familias, transferencia de vacantes a las privadas, o si los chicos fueron derivados a los CPI.
Donde se destaca un crecimiento del déficit es en el nivel inicial. Los datos relevados por este diario en 2021 muestran que la cantidad de solicitudes es menor a la de este año en jardines (37.945) y que sólo fueron asignadas 18.384, es decir, quedó excluido el 51,6% del total de inscriptos: casi dos puntos menos que los pibes sin vacante de éste año (53,4%).

21.2.2022

En el marco del comienzo de las clases en la Ciudad de Buenos Aires y la vuelta a la presencialidad en las aulas sin protocolos, tal como anunció Soledad Acuña, ministra de Educación de Horacio Rodríguez Larreta, la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) lleva adelante este lunes 21 un paro de actividades y a las 12 concentrará frente a la Jefatura de Gobierno porteño en reclamo de «salario igual a la canasta familiar», «recomposición salarial docente con todas las sumas al básico», «actualización mensual por inflación», «ningún cargo por debajo del salario inicial», «concursos y actos públicos transparentes bajo control de la docencia», la «restitución de las Juntas de Clasificación y Disciplina docente con sus funciones históricas y el voto directo de la docencia», la «titularización masiva en media, superior y programas socioeducativos», que haya «protocolos adecuados a la situación epidemiológica y vacunación», y «presupuesto para infraestructura y generación de vacantes genuinas con construcción de escuelas», entre otras demandas.

«Sin recomposición salarial, con ajustes, tarifazos y acuerdo con el FMI no podemos empezar». Con esa consigna central, acompañada del lema «La deuda es con la educación», los y las trabajadoras de la educación de la Ciudad de Buenos Aires nucleadas en la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) realizan un paro de actividades este lunes 21 y concentrarán desde las 12 frente a la Jefatura de Gobierno porteño.
Los y las docentes porteñas exigen «salario igual a la canasta familiar», «el «recomposición salarial docente con todas las sumas al básico», que haya «actualización mensual por inflación», «ningún cargo por debajo del salario inicial», «concursos y actos públicos transparentes bajo control de la docencia», la «disolución de la Comisión del Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (CoREAP)» y la «restitución de las Juntas de Clasificación y Disciplina docente con sus funciones históricas y el voto directo de la docencia», son algunos de los reclamos que el gremio porteño difundió en sus redes sociales.
También demandan que haya «titularización masiva en media, superior y programas socioeducativos», los «protocolos adecuados a la situación epidemiológica y vacunación», «presupuesto para infraestructura y generación de vacantes genuinas con construcción de escuelas», «jornada laboral equivalente a un cargo, en defensa de nuestras condiciones de trabajo y el #Estatuto Docente contra la reforma laboral», la «regularización de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba)», la «plena vigencia de las licencias estatutarias», y el rechazo a «la flexibilización laboral a través del MIA».
Al cierre de esta nota, los y las trabajadoras de la educación nucleadas en Ademys realizaban una conferencia de prensa frente a la Jefatura de Gobierno porteño.

20.2.2022

Por La Retaguardia

Javier Moral es abogado de familiares de las víctimas del incendio que ocurrió hace 8 años en un depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, donde fallecieron diez personas. Moral pasó por el programa Otras Voces Otras Propuestas de Radio La Retaguardia y contó en qué instancia se encuentra el proceso judicial contra los responsables de la tragedia.

El 5 de febrero de 2014 por la mañana se produjo el incendio y derrumbe de uno de los depósitos que la empresa Iron Mountain tenía en el barrio de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, diez personas perdieron la vida y otras siete resultaron gravemente heridas. Rápidamente las investigaciones llegaron a la conclusión de que el incendio había sido provocado con el fin de eliminar documentación comprometida para la firma multinacional y hay evidencias concretas de que cuando inició el siniestro no se dieron las alertas correspondientes para contener el fuego.
El abogado de familiares de las víctimas de la tragedia, Javier Moral, contó parte del recorrido legal llevado a cabo para buscar justicia para las personas fallecidas y afectadas por el incendio: “En estos ocho años tuvimos que atravesar el laberinto judicial para pedir justicia para las víctimas y para aquellos que quedaron con lesiones de gran importancia. Estamos en un punto en que el juzgado de Instrucción que lleva la causa procesó a 17 de 23 personas que fueron encontradas, en un principio, responsables para ser llamados a declaración indagatoria. Las defensas apelaron. Nosotros como querellantes apelamos el sobreseimiento de los cinco que el juzgado entendió que no tenían responsabilidad. La Cámara, el organismo superior de ese juzgado, entendió que debían profundizarse las pericias realizadas. Aparecieron restos de combustibles, acelerantes y algunos transformadores que dan la pauta de la contingencia eléctrica con la cual habría empezado ese siniestro que se convirtió en un incendio de grandes características”.
Moral insistió en que “quedó claro a todas luces que (el incendio) fue intencional”. Se basó en “pericias muy exhaustivas” que se realizaron a lo largo de 2021 y que finalizaron el 17 de enero de este año. Esas investigaciones determinaron que el incendio fue provocado con el fin de hacer desaparecer documentación que comprometía a la multinacional: “Hubo peritos de las defensas, de los bomberos, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Cada uno tuvo un camino diferente para llegar a la misma conclusión. Esto estaba establecido para que se produjera un incendio de una alta voracidad y que redujera a cenizas documentación que luego conocimos como las ‘4.040 cuentas’ o los Panama Papers. Quisieron evitar que apareciera esa documentación”, afirmó.
La mayor cantidad de documentación eliminada en el incendio pertenecía a empresas de un poderío económico inmenso que estaba relacionada al lavado de dinero: “Cuando se presentaron a declarar los directivos de la empresa que administraba el depósito manifestaron que Iron Mountain es una de las 500 compañías más grande del mundo y que, a su vez, el 95% de las compañías que conforman esa lista son clientes de ellos. Había compañías de servicios financieros, bancarios, negocios”, expresó Moral y contó acerca de la evidencia que sí pudo rescatarse del fuego: “Muchas cajas se pudieron salvar. Hay una foto muy simbólica de uno de los bomberos rescatando una caja que tiene un rótulo frontal que dice ‘lavado de dinero’ y hay una que directamente dice ‘coimas’. Esa es la documentación que se pudo salvar”.

Querellantes y juicio oral y público

“Batallamos arduamente durante tres años para que reconocieran en carácter de querellantes a las familias. Las víctimas habían sido quitadas del proceso penal. Les habían quitado el rol de querellantes para que se evitara el conocimiento de la verdad material mediante una resolución que echó a los querellantes. La Cámara Nacional de Casación Penal les devolvió ese carácter. Después de estas pericias y consumados los procesamientos, el año que viene esperamos tener sorteado un tribunal oral que es el que va a intervenir en el juzgamiento de los imputados. A raíz de ese fallo de Casación, ahora llegaremos a juicio oral y público y lograremos las condenas de aquellos que tengan que ser condenados”, se esperanzó el abogado de las familias de las víctimas.

La demora de ocho años

Entre las maniobras dilatorias de las defensas, los “errores” de la Agencia Gubernamental de Control y el tiempo que llevó reconstruir la documentación, pasaron ocho años sin que los responsables del incendio puedan ser juzgados: “Demoró dos años solamente reconstruir la documentación. Lo que primero se perdió, extraordinariamente, es el expediente de habilitación. De acuerdo a la ley, esta empresa tiene lo que se llama criticidad. No es lo mismo habilitar una empresa que tiene acopio de papeles que un kioskito porque requiere mucho más papelerío. La habilitación se produjo con mucha celeridad. Para los investigadores se dio producto de un acuerdo espurio porque de ninguna manera se podría haber habilitado ese lugar y en esa zona. Dos años se tardaron en tratar de conseguir esos papeles que habían sido desaparecidos justamente por el organismo que procuraba tenerlos, la Agencia Gubernamental de Control. Una vez que se hizo la reconstrucción de la documentación y se hizo la visita ocular, a la que nosotros como querellantes fuimos, quedó claro que había que citar a indagatoria a los acusados. Había cables colgados por todas partes. La demora también fue generada mediante chicanas, apelaciones y planteos que tuvimos que apelar para que la causa no prescribiera”.

Incendio ordenado

Además de las evidencias encontradas en la investigación y las 23 personas indicadas como responsables de haber provocado el incendio, el abogado apuntó a una persona más: “De menor jerarquía, pero vital: el vigilador, que no declaró. No explicó por qué ocho veces desoyó una alerta temprano y permitió una ventana temporal de casi una hora en la que el fuego se expandió. No se explica por qué frente a un sistema que generaba una alerta que le obligaba por protocolo a la persona a ir a revisar si efectivamente se trataba de una falsa alarma o un peligro real, hizo caso omiso. Además, cuando vecinos vieron el humo y llamaron al lugar, les dijo que ya estaban los bomberos cuando los bomberos ni siquiera habían sido notificados. Esto forma parte de un trazado cuya responsabilidad es, a las claras, de funcionarios del Gobierno de la Ciudad”, acusó el abogado.