Red de radios

8.12.2021

Por María Jagoe

En un país donde una persona es asesinada cada 20 horas por fuerzas del Estado argentino, la ciudad de Buenos Aires tiene la policía más nueva y, a su vez, una de las más cruentas del país, tanto en asesinatos bajo la modalidad del llamado gatillo fácil, como la represión y violencia ejercida contra los sectores populares.

Medida la violencia institucional por millón de habitantes, la represión es uniforme en todo el territorio argentino. Las primeras de la lista son las provincias de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Pampa, Río Negro y la referida Ciudad de Buenos Aires.
La particularidad de la policía porteña está dada por el hecho de ser la más nueva de todas las provincias (nació en 2017), por las infundadas expectativas de que podría haber nacido como una fuerza policial moderna y por los recientes hechos violentos, incluyendo asesinatos y represión con fuerte estigmatización de los sectores populares.

Antes y después de Lucas González

La Ciudad de Buenos Aires registró 472 hechos de violencia institucional entre julio y noviembre de este año, lo que equivale a tres por día. Los datos surgen de un informe del Ministerio Público de la Defensa porteño. En el 90% de los casos, la violencia provino de la Policía de la Ciudad.
La Defensora General, Marcela Millán, destacó que estas prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios de distintas fuerzas no son casos aislados. “Son sistemáticas, rutinarias y, en algunos casos, hasta legitimadas normativamente y bordeando la legalidad y la ilegalidad, pero naturalizadas por algunos agentes del sistema penal”, explicó.
La discusión sobre el accionar de la Policía de la Ciudad resurgió en noviembre a partir del asesinato de Lucas González, un jugador de fútbol de 17 años. Lucas iba en auto con otros tres amigos cuando fueron interceptados por policías de civil, sin identificación, que los balearon. Luego, para encubrir el hecho, realizaron un informe con datos falsos que hablaba de una supuesta persecución y tiroteo. Hay cinco efectivos detenidos.
Este caso expone un modus operandi que parece ser común dentro de la fuerza: grupos de policías sin identificación, en automóviles particulares, que supuestamente deberían realizar sólo tareas de investigación pero terminan participando en balaceras y detenciones. Cuando estos operativos devienen en casos de “gatillo fácil”, lo que suele seguir es el encubrimiento.
“El caso de Lucas visibiliza una lógica que tiene que ver con la cuestión de las brigadas y los policías sin identificación. Eso es algo muy extendido”, dijo Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la TV Pública. “Lo que hay que pensar es cuáles son las formas de funcionamiento de la institución que permiten y a veces promueven estas formas de actuación, más allá de que después haya mejores o peores policías”, agregó.
Tufró también señaló: “Esto que sucedió con Lucas es un hecho bastante extremo, pero no es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, donde a veces pareciera que la policía se maneja con reglas diferentes de las que aplican en el resto de la ciudad”.

Estigmatización geográfica y social

Según el Ministerio Público de la Defensa, las comunas del sur de la capital argentina concentran la mitad de los hechos de violencia institucional registrados en la ciudad entre julio y noviembre de 2021. También son las zonas que tienen menores ingresos per cápita y mayores índices de desocupación. Esto incluye a Barracas, el barrio de la Comuna 4 donde fue asesinado Lucas González.
Los casos también son más frecuentes dentro de ciertos grupos sociales. La Defensora General Marcela Millán afirmó que esta práctica “se reitera con migrantes, sobre todo senegaleses, y con la población trans, en comunas determinadas”. Las personas senegalesas, que suelen trabajar en la venta ambulante informal, representaron el 85% de los detenidos que fueron víctimas de violencia institucional asistidos por el Ministerio durante 2019. Las personas trans, el 55%.
La Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional de la ciudad recibió 290 casos entre julio y septiembre de 2021. El perfil de las víctimas está bien definido: 8 de cada 10 son varones, argentinos y habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, con un promedio de edad de 33 años. El 56% no completó la educación secundaria, el 67% atraviesa una situación laboral de vulnerabilidad y el 37% se encuentra en una situación habitacional precaria.

Más allá de Buenos Aires

La organización independiente CORREPI (las siglas de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) lleva un registro de todos los casos que impliquen la aplicación de una política represiva estatal y tengan como resultado la muerte de la víctima. Son 7.587 casos en toda Argentina desde el retorno de la democracia, en diciembre de 1983, hasta noviembre de 2020.
Según este archivo, las modalidades más frecuentes son las muertes de personas detenidas (50%) y los fusilamientos de gatillo fácil (36%). El 44% de las víctimas tenía 25 años o menos. Las policías provinciales son responsables de más del 46% de los casos. Desde la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que entró en funciones el 1 de enero de 2017, se le imputan 121 muertes.
“La represión policial y la función que ejerce el aparato estatal no va a cambiarse con una ley o un decreto. Tiene que ver con una cuestión sistémica de las fuerzas de seguridad”, dijo María del Carmen Verdú, abogada y militante de CORREPI, a FM La Patriada. Y afirmó: “Más de la mitad de las muertes por gatillo fácil se producen cuando el funcionario policial se encuentra de civil. Si sacamos el arma reglamentaria cuando no están cumpliendo sus tareas, reducimos las muertes a la mitad”.
Verdú resaltó que en sólo una semana se produjeron cuatro muertes por violencia institucional en el país. “Primero tuvimos la desaparición y muerte de Lautaro Rosé; luego el fusilamiento por gatillo fácil de Lucas González”, enumeró. “Después sufrimos la muerte y tortura en una comisaría de Antonio Martínez, y por último la represión a la comunidad mapuche en Cuesta del Ternero (Río Negro), donde asesinaron a Elías Garay”.
Sobre el caso de Lucas González, Verdú destacó que “puso en forma muy evidente en los medios de comunicación, que habitualmente no acompañan la lucha antirrepresiva, todo el cuestionamiento que existe sobre los policías de civil”. Y añadió que la mediatización sirve porque “si no se modifica la percepción social de estos hechos, que está permanentemente manipulada y cooptada por los discursos de estigmatización, de odio y de punitivismo, es muy difícil que se logren los cambios normativos que son necesarios”.
CORREPI también pide al Estado argentino que tome una serie de medidas concretas incluidas en su “Agenda Antirrepresiva”. Ellas incluyen: la eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones, la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio, la prohibición de requisas personales y de pertenencias por mera sospecha, y el fin de la militarización de los barrios populares, entre otras.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad de cambios a nivel legal e institucional para terminar con los casos de gatillo fácil. Estas muertes no son consecuencia del accionar aislado de “malos policías”, sino la consecuencia de prácticas extendidas y silenciadas en todas las fuerzas. Mientras tanto, las víctimas parecen ser siempre las mismas.

7.12.2021

La Comisión Familiares y Amigos/as de las Víctimas del 19 y 20 convoca para este jueves 9 de diciembre, a las 12.30, a una conferencia de prensa en la puerta de los Tribunales Federales de Comodoro Py en el barrio porteño de Retiro. Será para denunciar los “20 años de impunidad de la que gozan los responsables políticos y materiales de la represión del 19 y 20 de Diciembre de 2001”.

Compartimos comunicado:
Queremos recordar a nuestro pueblo acerca de los 20 AÑOS DE IMPUNIDAD de la que gozan los responsables políticos y materiales de la represión del 19 y 20 de Diciembre de 2001, a merced de un Poder Judicial que hasta aquí no ha hecho más que dilatar el cumplimiento efectivo de las condenas de los acusados, garantizando que los asesinos de nuestras/os seres queridos se paseen libres por las calles de Argentina.
A 20 años de aquellas históricas jornadas y a 5 años y medio de haber finalizado el juicio, aún no quedaron firmes las condenas de los responsables, aunque haya sido ampliamente comprobada su actuación en los hechos tanto de Enrique Mathov (ex Secretario de Seguridad de Fernando De la Rúa) como de la cadena de mando de las fuerzas policiales que han intervenido.
Por todo esto, solicitamos el acompañamiento de los medios de comunicación para denunciar que los asesinos de nuestro pueblo continúan impunes.

6.12.2021

Será este jueves y se trata de una medida de autodefensa ante la falta de respuesta que le dan desde la patronal sobre las condiciones laborales.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), anunció que este jueves 9 de diciembre realizarán una medida de fuerza porque desde la empresa se niegan a abrir el diálogo.
El paro comenzará a las 14:00 y se extenderá por dos horas en todas las líneas del subte y el premetro. «Es una medida de autodefensa frente a la falta de respuesta a nuestro pedido de discutir condiciones laborales para la post pandemia«, arguyeron los metrodelegados.
Mediante un comunicado oficial, los trabajadores explicaron que «el día 23 de noviembre solicitamos a la empresa Metrovías, actualmente Emova, que se nos convoque para dialogar sobre las futuras condiciones de trabajo, teniendo en cuenta el nuevo contexto sanitario. El día 29 presentamos este mismo pedido en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Ninguno de estos pedidos tuvo respuesta. Lamentamos las molestias que esta medida pudiera ocasionar a los usuarios y usuarias».

6.12.2021

El juez Martín Del Viso hizo lugar al pedido del fiscal y dispuso la prisión preventiva de los tres oficiales acusados del asesinato del joven futbolista. Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas de la policía de la Ciudad.

El juez de la causa que investiga el asesinato de Lucas González procesó a los tres oficiales acusados balear y matar al joven futbolista. Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, integrantes de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, quienes continuarán en prisión preventiva.
Martin Del Viso hizo lugar al pedido del fiscal Leonel Gómez Barbella, quien el viernes 3 de diciembre había solicitado que se los acuse a Issasi, Nieva y López de “homicidio cuádruplemente agravado por alevosía, por placer, porque intervinieron más de dos personas y por haber sido perpetrado por efectivos policiales”. Sin embargo el juez dejó de lado la calificación del placer.
Gómez Barbella consideró que “la intervención policial ha estado marcada desde un inicio no sólo por la arbitrariedad sino también por una manifiesta ilegalidad, escogiendo el camino del delito para consumar una detención ilegal, matar a un joven e intentar matar a otros tres con sus armas reglamentarias, privarlos ilegítimamente de su libertad y falsear lo actuado en el hecho”, según informan varios medios.
Hasta el momento, además de los 3 efectivos procesados, otros 6 policías de la Ciudad se encuentran involucrados en un nuevo caso de “gatillo fácil”. Están acusados de privación ilegal de la libertad a los tres amigos de Lucas y por haber fraguado el operativo para presentarlo como un enfrentamiento y permanecerán detenidos gasta que se defina su situación procesal.
Se tratan del comisario Romero y el subcomisario Inca, a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; y el comisario Du Santos, el principal Cuevas y el oficial Fariña, estos tres últimos efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.
La persecución, hostigamiento y criminalización de la juventud, sobre todo en barrios populares, es un hecho recurrente. El gatillo fácil es una expresión más de un accionar que no deja afuera a ninguna de las fuerzas. Pero, que además tiene responsables políticos, como las Bullrich o los Berni que son quienes dirigen, envalentonan y apañan esta maquinaria de “control social”.

5.12.2021

Por Josefina García

Nos acercamos a hablar con estudiantes que asistieron al festejo por los 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Opinaron sobre su experiencia como estudiantes y los recortes en educación.

Sábado, cinco y media de la tarde. Las escalinatas de la facultad de derecho están llenas y el concierto todavía no empezó. Cada grupo de amigos va buscando algún lugar donde sentarse alrededor del Museo de Bellas Artes y por la Plaza Francia. Las miles de personas que van llegando cortan Avenida Del Libertador aunque está abierta al tránsito todavía.
Muchos llegan con caras de entusiasmo porque van a encontrarse con compañeras y compañeros de la facultad después de dos años de virtualidad. La UBA organizó este festejo por los 200 años donde participaron numerosos artistas como Cazzu, Abel Pintos, David Lebón y Pedro Aznar junto a la orquesta de la universidad.
Un grupo de chicas de Trabajo Social de la UBA comentaban que “Por la pandemia a muchos les sirvió la virtualidad para poder retomar. Pero por otro lado muchos tuvieron que dejar porque no tenían las herramientas para conectarse como internet o computadoras. Para los profes también porque tenían más horas que dedicarle a la virtualidad y eso no se los paga nadie. Venimos de dos años de pandemia y se recorta en educación, cuando la plata es necesaria para ampliar las condiciones en las cuales volvemos a la presencialidad.”
Una estudiante de la UBA de Filosofía y Letras que estaba con sus amigas opinó respecto del recorte en educación de los últimos cuatro años: “Evidentemente se saca en salud, en educación para pagar la deuda con el FMI. El estado le está sacando a los trabajadores y a nosotros. Eso no puede seguir pasando”.
Entre las personas que están sentadas dos chicas nos cuentan que estudian en la Universidad de La Matanza: “Está bueno estudiar algo que te gusta porque tenés que ponerle mucha cabeza. Sobre todo si trabajás y estudiás que es algo muy cansador realmente. Yo termino el día muy agotada.”
En otro de los grupos, hablamos con uno de los chicos que estudia en un terciario de artes del conurbano. “Todos trabajamos y estudiamos, intentamos llevarlo adelante pero es complicado. Para estudiar necesitas apoyo de tu familia, dinero y horas y horas para poder meterle a la carrera. Pero, no parás un segundo; trabajás estudiás todo el tiempo, querés pasar tiempo con tu familia y no podés. Es como si todos los días fuesen lunes”. Por el presupuesto que va a la deuda y no a la educación opinaba que: “Me defrauda pero no me sorprende que sea así. Tendría que cambiar con políticas que piensen en la gente y los estudiantes.”
En los últimos cuatro años se recortó un 34% el presupuesto para todas las universidades de todo el país. Sin embargo, durante ese tiempo se siguió pagando la deuda al FMI. Este año nada más se fue en deuda más de un presupuesto y medio de lo que fue a universidades nacionales.
Una chica que estudia medicina en la UNLP decía: “Muchos estudian y trabajan al mismo tiempo e igual no tienen la posibilidad de independizarse. Nuestros papás pudieron irse a vivir solos y para nosotros pensar que en algún momento vamos a tener vivienda propia es un sueño. Es un tema de prioridades. Y la educación es el futuro. La plata tiene que ir para la educación.”
Una de sus amigas respondía también a este medio: “Muchos están recansados trabajando y estudiando y encima la pobreza no para de crecer. Muchos después tienen que dejar o de trabajar o de estudiar porque no pueden sostener las dos cosas. Deberíamos trabajar menos para que todos tengan la posibilidad de estudiar.”
Otra chica acaba de terminar el secundario y ahora va a estudiar Multimedios en la UNA. Respecto del recorte en educación opinaba que: “Está mal. No se puede seguir sacando en algo prioritario que es para nosotros, es nuestra educación. Nuestra universidad es pública y tiene que seguir siendo así. No se puede recortar ahí.”
Como contaban algunos estudiantes, estos dos años la cursada en pandemia trajo algunas dificultades. Las autoridades ligadas al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, decidieron de forma inconsulta las nuevas condiciones de cursada sin garantizar el acceso a la educación de grandes sectores que no contaban con los medios necesarios, esto se ve como un obstáculo concreto durante estos dos años.
Además, a esto se suma el rechazo que había al recorte del presupuesto educativo; para el año 2022, a pedido de las oficinas de Washington, se prevé un 5% de recorte en universidades de todo el país, la UBA en particular es de las más afectadas.