Red de radios

22.11.2021

La Justicia decidió correr traslado a la medida cautelar interpuesta por la lista opositora encabezada por Carlos «Chapita» Elías con miras a pedir la suspensión de las elecciones del gremio de municipales porteños. Fijó una audiencia con las partes a la que también citó al ministerio de Trabajo.

Los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires nucleados en el SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) están en vías de renovar autoridades. La lista opositora de Carlos Elías le disputa a la de Amadeo Genta por primera vez la conducción al histórico dirigente.
Ahora se pone en duda cuándo podrá efectuarse la elección y en qué condiciones.
El Juzgado Nacional de 1ra instancia del Trabajo N° 40 ordenó dar traslado a la cautelar que interpuso la agrupación opositora de Carlos Elías que continúa su pelea legal para suspender los comicios del SUTECBA hasta que se regularicen los procedimientos electorales.
En ese sentido, la Justicia designó una fecha de audiencia en la sede del juzgado, para el día 23 de noviembre de 2021 a la que convoca a la parte actora, la Junta Electoral de SUTECBA y al Ministerio de Trabajo.
«Ellos se confiaron pero la Justicia citó a todas las partes para el miércoles. Algo notaron que no estaba bien en todo este proceso electoral. Y por algo citaron al ministerio de Trabajo», afirmaron fuentes cercanas a Elías a InfoGremiales.
Genta, de 86 años, hace 38 primaveras que es el secretario General del gremio y si consigue su propósito de ser reelecto alcanzará más de 4 décadas ininterrumpidas en el poder.
El SUTECBA es un gremio clave y tiene una estratégica para mantener la imagen de orden en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho es conocida la buena sintonía entre el gremialista y las gestiones de Mauricio Macri primero y Horacio Rodríguez Larreta después.

20.11.2021

Los tres efectivos se presentaron ante la Justicia, luego de que el magistrado Martín del Viso firmara las órdenes de detención.

Gabriel Isassi, José Nievas y Fabián López, los tres policías de la Ciudad que interceptaron el auto en el que viajaba Lucas González con sus amigos el miércoles por la mañana, fueron detenidos por el asesinato del adolescente baleado en la cabeza. El arresto fue ordenado por el Martín Carlos del Viso tras el pedido formulado por los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim.
Según informó la agencia Télam, los efectivos se presentaron esta tarde ante la Justicia y quedaron formalmente detenidos, luego de que el juez Del Viso firmara las órdenes de arresto.
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A los tres efectivos de la fuerza de seguridad porteña sólo se les prohibió en un primer momento la salida del país. «No podemos creer que los asesinos estén en libertad», enfatizó ayer viernes Gregorio Dalbón, el abogado que representa a la familia del jugador de Barracas Central, en una conferencia que brindó junto a sus padres. Repitió este mensaje el sábado en conferencia de prensa junto al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro.
La detención de los policías implicados en el crimen había sido solicitada por los fiscales intervinientes. El pedido fue firmado el viernes por la noche por Gómez Barbella, titular de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y Heim, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
El juez Del Viso había delegado en ellos la instrucción de la causa. Ahora accedió a su pedido y ordenó el arresto de Isassi, Nievas y López.

La acusación contra los policías

Los tres policías están acusados del delito de «homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones», que se castiga con la pena de prisión perpetua.
Los fiscales, que además solicitaron diversas medidas en la causa, habían remarcado en su pedido que los imputados «tergiversaron los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no solo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también entorpecer la investigación».
Tras el asesinato de Lucas, los efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron instalar la versión de que la balacera contra los adolescentes fue «un enfrentamiento entre delincuentes». Pero esa versión quedó descartada ante las evidencias recolectadas en las que quedó demostrado cómo los policías interceptaron a los jóvenes que volvían de entrenar en Barracas Central, les dispararon y tras la balacera detuvieron a dos amigos de Lucas durante 24 horas sin ninguna acusación en su contra.
Gómez Barbella y Heim advertían también que en libertad los policías podían «amedrentar y hostigar a testigos y familiares, más aún conociendo los pormenores de un proceso penal por la función propia».
«Cabe destacar que este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no pueden descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento», habían señalado los fiscales en su escrito.
Por su parte, también el Ministerio de Seguridad de la Ciudad había pedido la adopción «medidas urgentes» luego de que el joven falleciera en el Hospital El Cruce tras varias horas de agonía.
Lorena Blanco, abogada que representa a los tres adolescentes que viajaban con Lucas, afirmó este viernes que los efectivos «montaron una obra» para «tapar el error garrafal que cometieron».
«Creo que todo esto se hubiera tapado si los papás (de Lucas) no hubieran hablado» con los medios y contado lo que había pasado. Gracias a esto, agregó, «se cayó el telón de la obra que (los efectivos de la Policía de la Ciudad) montaron desde la hora cero, para tapar el error garrafal que cometieron».
Desde el primer momento la madre de Lucas denunció el accionar de las fuerzas de seguridad y lo dijo claramente: «Este fue un caso de gatillo fácil. No tiene que quedar en la nada».
La familia del adolescente asesinado convocó a una marcha el próximo lunes a las 19 en el Palacio de Tribunales para reclamar justicia. “Que esto no pase más, que no haya ningún Lucas más”, es la consigna que planteó el padre del joven.

El sobreseimiento de los menores

Del Viso quedó a cargo de la causa luego de que el juez de menores Alejandro Cilleruelo se declarara incompetente para seguir adelante con la investigación. Ese magistrado intervino inicialmente ante la hipótesis planteada por la versión policial de que los adolescentes estaban robando. Ante la comprobación de que eso no era cierto, ese magistrado sobreseyó a los tres amigos de Lucas y se apartó del caso.
«Los únicos y verdaderos imputados resultaban los policías», remarcó Cilleruelo en su resolución dejó asentado que los adolescentes sobreseídos “fueron víctimas de la policía”. “La policía en una democracia no puede actuar bajo ningún concepto de modo subrepticio y sin debida identificación, menos cuando están ordenando la detención de un vehículo del cual como se comprobó no partió agresión de ninguna naturaleza”, añadió.

19.11.2021

Por Equipo de Sacerdotes para las Villas y Barrios Populares de CABA y PBA

“Lucas se encontró con tres Policías de la Cuidad de Buenos Aires que actuaron completamente fuera de la ley. Matando a Lucas, se fueron al extremo. Ya ni debiéramos hablar de “gatillo fácil”. Fue un gatillo que nunca debería haber estado en esa escena”, aseguraron.

Estamos conmovidos por el asesinato de Lucas González, un adolescente cuyo único “delito” entre comillas fue querer crecer como jugador de futbol en un club de la Villa y llevar a probar a sus amigos para que tengan mejor vida.
Lucas se encontró con tres Policías de la Ciudad de Buenos Aires que actuaron completamente fuera de la ley. Matando a Lucas, se fueron al extremo. Ya ni debiéramos hablar de “gatillo fácil”. Fue un gatillo que nunca debería haber estado en esa escena.
Necesitamos que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires replantee sustancialmente los criterios de formación de la Policía a su cargo, así como los responsables de las demás fuerzas de seguridad que actúan en nuestros barrios.
Sería importante que todos aprendamos de la decisión de la familia de Lucas que quiso donar sus órganos que seguirán vivos en quién sabe quién. Este gran acto de amor contrasta con los que odian, los que discriminan, los que matan desde el estado.
Sabemos que la violencia institucional en nuestros barrios no es cosa nueva. Lo venimos advirtiendo desde hace años. La no dedicación a corregir estos errores es también la causa de este hecho aberrante. Si no se cambia, seguirá habiendo este tipo de muertes, como sigue habiendo abusos a autoridad y violencia en el accionar de estas fuerzas de seguridad.
Como dice nuestro Papa Francisco: “El abuso de poder es una trompada a la dignidad humana y eso no lo podemos permitir y contra eso hay que luchar”.
Exigimos justicia para este caso y pedimos a la Virgen que nos ayude a vivir como hermanos.

19.11.2021

Cintia López, la madre de Lucas González, pidió que los policías implicados en el crimen de su hijo “estén presos” y “paguen” por lo que hicieron, mientras que Mario, el padre del adolescente, convocó para el lunes a “una marcha pacífica” con velas y banderas argentinas frente al Palacio de Tribunales.

López reclamó que «estas personas que están libres, estén presas, todos los culpables», en alusión a los policías que balearon a su hijo y aclaró: «Yo no meto a toda la policía en la misma bolsa pero quiero que ellos paguen por lo que hicieron”.
En una rueda de prensa realizada junto a su abogado Gregorio Dalbón, la mujer dijo que iba a hablar “como mamá” y explicó que Lucas “era una criatura, un bebé, un chico de 17 años que todos los días se levantaba a las 5 de la mañana para ir a entrenar”.
“Todas las mañanas me mandaba mensajes para avisarme que ya había tomado el tren o el colectivo, para que le prepare la comida. Después llegaba a casa se acostaba un ratito y se iba a la escuela. Lo habíamos cambiado de turno para que no se le junte con los horarios de entrenamientos”, señaló.
La madre explicó que el día del crimen le mandó un mensaje que decía “hola amor, ¿por dónde andás?” y que le pareció “raro” que tuviera una sola tilde, por lo que lo llamó varias veces y no obtuvo respuesta.
También contó que miraba televisión cuando pasaron la noticia de Barracas y le dijo a su marido que era “por dónde entrenaba Lu”.
“Resulta que al pibe, al ‘delincuente’ que le habían pegado un balazo en la cabeza, era mi hijo”, dijo llorando y agregó: “Mi hijo venía de entrenar, los cuatro venían de entrenar. Él no le hizo nada a nadie”.
“Yo pido por favor, que no me dejen sola, que me acompañen y que por favor estas personas que están libres, estén presas, todos los culpables. Yo no meto a toda la policía en la misma bolsa pero quiero que ellos paguen por lo que hicieron”, señaló la mujer.
Luego, Mario González, el padre del joven, dijo: “Somos gente trabajadora, gente humilde, no somos ningunos delincuentes porque yo tenga una viserita”.
«Ayer volvimos a la casa después de dos días de calvario. En cada rincón de mi casa está mi hijo, que era un chico que hacía deporte, a quien yo me encargaba de comprarle las zapatillitas, botines», dijo llorando el padre, mientras exhibió un tatuaje con el nombre Lucas y la fecha de su nacimiento en el antebrazo izquierdo.
Y remarcó: “Yo quiero que el nombre y apellido de mi hijo -Lucas González- quede limpio, porque era una criatura que perseguía su sueño. Estaba contento porque Barracas iba a jugar una final para ascender a primera división, y él quería competir en la máxima categoría. Le arrebataron el sueño estos asesinos”.
Luego, el padre de la víctima, anunció que se había organizado una movilización para el lunes 22, frente a los tribunales porteños.
“Convocamos el lunes a una marcha pacífica con una vela y banderas argentina, en frente al Palacio de Tribunales. Que esto no pase más, que no pase un Lucas más. A mí no me importa la política, a mí me importa hacer justicia por mi hijo porque ya no lo tengo”, afirmó.

19.11.2021

Por Santiago Asorey y José Cornejo (*)

Entre enero de 2017 y diciembre de 2020, el CELS registró 98 personas muertas a manos de agentes de la Policía de la Ciudad y al menos 23 casos entrarían dentro de la clasificación de casos de gatillo fácil.

Entre enero de 2017 y diciembre de 2020, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) registró 98 personas muertas a manos de agentes de la Policía de la Ciudad en AMBA. Dentro de esa cifra, al menos 23 casos entrarían dentro de lo que se podría considerar bajo la clasificación de casos de gatillo fácil.
En este mismo sentido, la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña denunció en diciembre que durante 2020 diez personas fueron asesinadas por miembros de las fuerzas de seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Añadió 14 casos de gatillo fácil cometidos por Policías de la Ciudad en territorio de la Provincia de Buenos Aires.
La flamante Policía de la Ciudad agudizó la práctica. Durante 2017 y 2018, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional ya había advertido sobre la cantidad de muertes de la fuerza porteña. En 26 meses, se habían registrado 43 asesinatos; mientras en los ocho años anteriores, la Policía Metropolitana había registrado 22 muertes.
El gobierno de la Ciudad no puede argüir desborde del personal policial. La tasa de cantidad de agentes policiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arroja un promedio de unos 617 agentes cada 100 mil habitantes. Es decir, más del doble de los 300 recomendados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Las víctimas

El registro de CELS de los 23 casos de gatillo fácil en manos de uniformados porteños son: Jonathan Echimborde (28), Claudia Ovejero (40), Maximiliano Ezequiel Martínez (sin registro de edad), Ana Estefanía Romero (29), Cristian Ramón Toledo Medina (25), Lorena Elizabeth Albarracín (37), Mauro Díaz (36), David Emanuel Asselborn (27), Matías Rodríguez (16), Giselle Noemí Martín (39), Andrés Vieira (35), Rubén Piñeiro (70), María Delia Speranza (63), Alberto Antonio Chirico (71), Jorge Martín Gómez (41), Claudio Hernán Romano (39), Sandra Constante (19), Nahuel Acosta (18), Emiliano Díaz (29), Ricardo Bulacios (20), Maximiliano Gorosito (40), Jonathan Mosqueda (31), además del caso de un hombre de 36 años de edad que no fue identificado.

El primer efectivo de la Ciudad condenado

El agente del cuerpo de Bomberos de la Policía de la Ciudad, Adrián Otero, fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Cristian “Paraguita” Toledo, un joven trabajador de la Villa 21-24, el 23 de octubre de 2018. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 dictó la sentencia por el hecho ocurrido el 15 de julio de ese año, convirtiéndose en la primera condena por gatillo fácil de la fuerza porteña.
Otero había perseguido a la víctima, que se encontraba junto a dos amigos, cuando volvían de bailar a su casa en su vehículo. A raíz de una discusión de tránsito, Otero comenzó a perseguirlos y a disparar contra los tres chicos. Ocho balas impactaron en el auto, una de ellas le causó la muerte a Cristián.

Criminalización de sectores populares

El gatillo fácil no es la única práctica policial vinculada a violaciones a los derechos en la Ciudad. Se han registrado múltiples denuncias en represiones a la protesta social o desalojos, desapercibidos por los medios masivos. Se trata de intervenciones naturalizadas por las fuerzas policiales y las autoridades de la Ciudad. Sería imposible abarcar todas esas situaciones de violencia, pero hay ejemplos notables:
En el Barrio Padre Mugica, a fines de febrero, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), junto a otros organismos de DD.HH., denunció una brutal represión policial, por parte de uniformados de la Ciudad, en un desalojo a una madre con 8 hijos. La acción se realizó pese a que sigue vigente el DNU 66/21 que establece la prohibición de hacerlo.
23 días antes, una marcha frente a la Embajada de Paraguay en Argentina, que reclamaba por las violaciones a los derechos humanos en el país vecino, terminó en una represión por parte de la Policía de la Ciudad y agentes de la Policía Federal. El hecho fue denunciado por la Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados/as – UTEP que sostuvo que los uniformados reprimieron y detuvieron a siete militantes.
En esta misma línea, en octubre del año pasado, el Bloque de Trabajadorxs Migrantxs (BTM) denunció que un referente de la comunidad senegalesa fue agredido por agentes policiales de la Ciudad. El hecho sucedió en Flores y la víctima fue un integrante del BTM, Papa Diaw.
La lista es mucho más larga. Criminalización y represión de la protesta social, gatillo fácil, persecución a trabajadores informales e inmigrantes. Todo bajo la dirección de un gobierno que lleva cuatro mandatos del mismo partido.
(*) Editor y director de Agencia Paco Urondo. Esta fue publicada originalmente en el portal Télam