17.11.2021
El 98% de los expositores en la audiencia pública no vinculante por la construcción de un nuevo Puerto Madero en la ex ciudad deportiva Boca Juniors, se expresaron en contra del proyecto con argumentos contundentes como ocurrió con la venta de Costa Salguero. Los legisladores tienen la oportunidad de escuchar al pueblo en el tratamiento en segunda lectura hacia finales del período legislativo, ¿lo harán?
La construcción de un nuevo Puerto Madero en terrenos de la ex ciudad deportiva Boca Juniors recibió el rechazo casi unánime de la ciudadanía porteña en las audiencias públicas que concluyeron el pasado lunes, y a lo largo de las cuales 835 expositores –el 98%- se expresaron en contra del proyecto aprobado en primera lectura por la Legislatura el pasado 19 de agosto, por considerar que “es un delirio urbanístico”.
El porcentaje de intervenciones en oposición al proyecto Costa Urbana –que incluye la construcción de decenas de torres de 145 metros de altura– junto al barrio Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica Costanera Sur, fue similar al que entre enero y febrero le dijo que “no” a la venta de Costa Salguero, aunque este último antecedente sigue siendo histórico por la cantidad de participantes: 2.058 expositores.
La audiencia pública convocada tras la aprobación en primera lectura del convenio urbanístico celebrado entre la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA propietaria del terreno, se inició el pasado 15 de octubre y concluyeron el pasado 8 de noviembre, tras 14 jornadas durante las cuales se escucharon solo 14 alocuciones a favor del proyecto oficialista.
El predio de 71 hectáreas en cuestión se encuentra en manos privadas desde hace más de 30 años, cuando el Club Boca Juniors se lo vendió a una empresa que cinco años después compró la firma Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA).
Hasta ahora el gigante inmobiliario no había conseguido que la Legislatura le aprobara los diferentes convenios celebrados con la Ciudad, que en todos los casos implicaban rezonificaciones del mayor terreno en manos privadas de la Ciudad, donde solamente está autorizada la construcción de instalaciones deportivas. Pero la historia empezó a cambiar el 19 de agosto pasado, cuando la Legislatura aprobó en primera lectura el proyecto.
Y el principal argumento del nutrido movimiento socioambiental que se opone a la aprobación del convenio, es que “se trata de un humedal, de los pocos que le quedan a la Ciudad de Buenos Aires” y citan, como ejemplo de las consecuencias que su destrucción traería aparejada, los casos de Nordelta y Luján, donde el relleno para la construcción de countries es responsable de las recurrentes inundaciones de áreas que antes no se anegaban.
La historia de la ex ciudad deportiva comenzó a escribirse en 1964, cuando el Congreso nacional sancionó la ley 16.575 que autorizó al club de la ribera a rellenar hasta 40 hectáreas del Río de la Plata –que terminaron siendo 71-, entre la Avenida España y la prolongación de la calle Humberto I.
La norma establecía además que en un lapso no mayor a 10 años, el Club debería construir ahí un estadio con capacidad mínima para 140.000 espectadores; una sede social; canchas de fútbol, básquetbol y tenis; un gimnasio; piletas de natación; pista de atletismo y patinaje sobre hielo; espacios cubiertos para espectáculos deportivos y artísticos; un área de juegos para niños; y alojamiento para concentración de deportistas participantes de grandes torneos. Las obras avanzaron a buen ritmo hasta 1969, cuando entraron en una virtual paralización mientras el club se sumía en una crisis cada vez más profunda. Pero en vez de cumplir con lo que establecía la ley –que ordenaba que el terreno y las obras debían pasar sin indemnización a manos de la Ciudad de Buenos Aires en caso de incumplimiento- los sucesivos gobiernos fueron prorrogando los plazos hasta que en 1989 el Congreso sancionó la ley 23.738 que donó definitivamente los terrenos al Club -aunque hubiera incumplido sus compromisos- y le autorizaba a venderlo.
No obstante, la norma sólo permite realizar allí obras o actividades “propias de un complejo balneario, náutico, turístico, hotelero y/o comercial, con disposición para Centro de Convenciones, Ferias y/o Centro Habitacional”.
Tres años después, el club vendió el predio por un valor cercano a los 50 millones de dólares a la sociedad Santa María del Plata, que a su vez en el año 1997 se los vendió al grupo IRSA.
A fines de julio, el Juez Guillermo Scheibler, ordenó suspender el trámite del Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 (Costa Urbana) hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental respecto del convenio urbanístico (Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública Obligatoria).
Pero el pasado 16 de agosto, el juez Luis Ammirato del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10 revocó la medida precautelar de Scheibler y “entendió ahora que la audiencia debe realizarse solo antes de sanción definitiva y porque era antieconómico hacer dos audiencias” y por eso se pudo avanzar con el tratamiento y aprobación en primera lectura, que tuvo lugar el pasado 19 de agosto.
Justamente, la mayoría de las intervenciones contrarias al proyecto, hicieron hincapié en su “inconstitucionalidad” en relación tanto a la Constitución Nacional como de la Ciudad de Buenos Aires.
La pediatra e integrante del Observatorio de Derecho a la Ciudad Graciela Marzan, explicó durante su intervención que la iniciativa “viola los artículos 8 y 27 de la Constitución Nacional que claramente dice que la Costanera debe ser pública, de libre acceso y circulación”, pero también el artículo 14 de la carta magna porteña que establece que “deben analizarse las obras a realizar en CABA atendiendo a su integración sin conflicto con los factores ambientales”.
“También viola el artículo 9 de la ley 2930 de Plan Urbano Ambiental que tiene como objetivo el incremento, recuperación y mejoramiento del espacio público, de la circulación por parques, plazas, paseos y áreas de calidad patrimonial garantizando el acceso franco de toda la población a la ribera”, dijo.
Por otro lado, Marzan aseguró que el tratamiento del proyecto de convenio urbanístico, “presenta irregularidades de distinto tipo que resultan del incumplimiento de normas vigentes y de informar con falsedades o con datos inexactos”.
En ese sentido, mencionó que “no se respetó el artículo 63 de la Constitución de CABA que exige la presentación de un estudio de impacto ambiental y diagnóstico antes de ser firmado cualquier convenio” y en la Legislatura “se votó sin respetar la mayoría que exige la Constitución –dos tercios del cuerpo- en un tratamiento súper veloz -tan sólo 8 días- que comenzó un domingo”.
“Ni las personas que nos presentaron este proyecto, defendiéndolo, disfrazándolo con supuestos beneficios para les ciudadanes, se lo creen. Saben fehacientemente que se trata de un claro ejemplo de extractivismo urbano, de un mega emprendimiento para generar ganancias para una reducida minoría en perjuicio del resto: es muy obvio, demasiado evidente….¡no subestimen el sentido común y la inteligencia de las y los ciudadanos!”, dijo.
Las pocas voces que se alzaron a favor del proyecto, argumentaron la “mixtura de usos” que éste supone; que traerá “más desarrollo más trabajo y más seguridad” al lugar; y que es deber de los estados “generar las condiciones ofrecer los incentivos necesarios para potenciar al sector privado; y que permitirá “integrar una zona inaccesible al resto de la Ciudad”.
A su turno, el referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad Jonathan Baldiviezo, calificó el convenio como “uno de los mayores fraudes a la democracia participativa y ambiental, y a la identidad Porteña”, al tiempo que acusó a los legisladores que lo avalaron en primera lectura de “romper todo vínculo de representación de la voluntad ciudadana”.
“Escuchamos recién argumentos para justificar este delirio urbanístico. Por ejemplo, que para recuperar la costanera tenemos que ampliar el concepto de espacio público para habilitar la mixtura de usos, que las torres ayudarán a integrar la zona a la ciudad, que tenemos que reivindicar Puerto Madero, que la historia de la ciudad justifica este proyecto, etcétera”, dijo.
“Pero, en el fondo, la aprobación de este nuevo barrio suntuoso tiene por principal objetivo garantizar al Jefe de Gobierno el financiamiento de su campaña presidencial en el 2023 y de que IRSA pueda cubrir los 700 millones de dólares que debe en Israel. A cambio, con este convenio urbanístico, decidieron sacrificar uno de los pocos Humedales que tiene la Ciudad, y poner en grave peligro a la Reserva Ecológica”, agregó.
El activista advirtió que “de aprobarse será la consolidación del mayor despojo de tierras públicas de la historia de la Ciudad” dado que “se trata de 71 manzanas que perdimos sin recibir absolutamente nada a cambio”.
“Estamos inmersos en un plan sistemático de saqueo de lo público y si no organizamos la resistencia ciudadana, vamos a perder de forma definitiva toda la Costanera.
La ciudad será fracturada en una ciudad ribereña para los sectores concentrados de la economía y en una ciudad mediterránea agobiada de los problemas urbanos que se profundizan”, dijo.
Por su parte, la integrante de la Campaña por una Costanera Verde Pública y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA María Eva Koutsovitis, planteó que “nuestra resistencia en la recuperación de la Costanera, viene también a plantear un modelo de ciudad completamente diferente al que desde hace 30 años nos propone el poder económico en connivencia con parte del poder político” en la Capital Federal, un nuevo paradigma urbano “basado en la democracia participativa ambiental”.
“Mientras en el marco de la crisis climática, las ciudades del mundo, recuperan los bordes costeros para afrontar eventuales ascensos del nivel de las aguas, permitir el ingreso de los vientos y las brisas desde la costa para mitigar el efecto de isla de calor urbana y reducir el impacto de las inundaciones, la propuesta del gobierno consiste en destruir un humedal y uno de los pulmones verdes más importantes para construir un nuevo Puerto Madero”, dijo.
“De avanzar este emprendimiento van a generarse un conjunto de impactos ambientales irreversibles para la Ciudad y en particular para el barrio popular Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica, uno de los sitios ambientalmente más protegidos por tratarse de un sitio Ramsar”, agregó.
La también integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Zoe Durruty, argumentó que “este proyecto no solo le pasa totalmente por el costado al déficit habitacional, sino que lo profundiza”.
“Como consecuencia directa de este proceso aumenta el valor de la tierra, volviéndose cada vez más inaccesible para la ciudadanía. En menos de 10 años entre 2011 y 2017, aumentó un 19% el porcentaje de inquilines en la Ciudad. Sabemos que esta cifra creció considerablemente en la pandemia y que son cada vez más también las personas en déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo”, dijo.
“Vale aclarar que este fenómeno no afecta solo a la Ciudad, sino que repercute en todo el AMBA. La capital nos expulsa, nos envía hacia los contornos metropolitanos cada vez más alejados. Y esto representa un nuevo problema: mayor presión en el transporte, aumenta la necesidad de construir infraestructura para el acceso a servicios básicos, deterioro de los ecosistemas… Cuestiones que pesan a todes les argentines”, agregó.
La legislatura tiene un año parlamentario para volver a tratar el proyecto en segunda lectura, que antes de llegar al recinto deberá pasar por comisiones como si se tratara de una iniciativa que ingresa por primera vez.
“El gobierno va querer votar Costa Urbana y de Costa Salguero a fin de año, como ha ocurrido en los últimos años en la Legislatura, donde se terminan de votar estos proyectos inmobiliarios en diciembre: recordemos que Costa Salguero se votó el 5 de diciembre de 2019”, dijo Baldiviezo.
