08.07.2024
Por tercer año consecutivo, unas 200 personas que defienden la llamada “memoria completa” sobre los años 70 se movilizaron el sábado pasado para pedir que se cambie el nombre de la estación Rodolfo Walsh del subte porteño. Los manifestantes se reunieron en la esquina de la estación, en las avenidas San Juan y Entre Ríos, a pocos metros de donde Walsh fue baleado y secuestrado por un grupo de tareas en 1977. Con permiso de la Policía de la Ciudad, taparon el nombre de Walsh con impresiones del mismo color y tipografía que decían “Víctimas del terrorismo”. Les sacaron fotos para las redes sociales y luego las descolgaron.
Con la presencia en bajo perfil de referentes negacionistas como Cecilia Pando y Juan José Gómez Centurión, después marcharon algunas cuadras hasta el edificio donde funcionaba la Coordinación Federal de la Policía Federal, rebautizada durante la dictadura como Superintendencia de Seguridad Federal. El martes pasado fue el aniversario del atentado de Montoneros contra ese edificio, el 2 de julio de 1976, que dejó 24 muertos, casi todos policías, y más de cien heridos. Dentro de Coordinación Federal operaba uno de los principales centros clandestinos de detención de la Policía Federal. El edificio sigue funcionando actualmente como dependencia policial.
Desde 2022, la fecha convoca en la estación Rodolfo Walsh a grupos que se oponen a los juicios a represores, y que afirman que Walsh habría sido el “ideólogo” del atentado. La marcha del sábado, convocada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación Familiares y Amigos De Víctimas del Terrorismo de Argentina (AfaVitA) y el Centro de Estudios Cruz del Sur, avanzó por un carril de la avenida Entre Ríos con carteles que denunciaban al escritor y periodista como “asesino”. También había pancartas contra el autor material del atentado, José María Salgado, un joven militante de Montoneros que revistaba infiltrado en la Policía. Salgado fue quien ingresó el explosivo que voló el comedor de Coordinación Federal. El martes pasado, día del aniversario, la Policía homenajeó por primera vez a los muertos y heridos en su edificio y colocó una placa recordatoria, con la presencia en el acto de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La teoría de que Walsh participó en el atentado a Coordinación Federal circula desde la posdictadura, pero nunca fue más que una acusación sin pruebas. No se conocen testimonios o documentos que lo involucren directamente en el ataque. Pese a la falta de evidencias, algunos actores repiten la cantinela desde hace décadas. El que la llevó más lejos fue el comisario retirado Hugo Biazzo, herido en el atentado, quien presentó en 2006 una denuncia penal contra varios ex montoneros, entre ellos Walsh, a los que acusó por el hecho. Asistido por Norberto Giletta, ex juez de la dictadura y abogado de represores, Biazzo sostuvo que el atentado calificaba como un “delito de lesa humanidad”.
La denuncia era tan poco seria que ni siquiera acertaba el nombre del autor material, José María Salgado, a quien llamaba Juan Carlos. Con respecto a Walsh, la única fuente citada por Biazzo es un libro de 1985, “Confesiones de un montonero”, del periodista tucumano Eugenio Méndez, basado en el testimonio de un miembro de Montoneros que el autor obtuvo de algún modo que no explica. El hecho de que Méndez no revelara la fuente, sumado a su cercanía con el general Antonio Bussi, causaron sospechas de que las “confesiones” del militante, posiblemente arrancadas bajo tortura, podrían haberle llegado a través de los servicios de inteligencia militares.
En 2006, la denuncia penal del comisario Biazzo fue rechazada por la jueza federal María Servini de Cubría. La decisión de Servini fue luego avalada por la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema, bajo la doctrina de que los ataques de las organizaciones armadas de los años setenta no configuran crímenes contra la humanidad y por lo tanto son prescriptibles. El ataque a Coordinación Federal no fue “un crimen de guerra, como categoría integrante del derecho penal internacional”, señaló la Cámara Federal, y agregó que no se debe “confundir la pretensión de acceder al poder político, que caracteriza a toda agrupación política –violenta o no–, con el ejercicio del poder político, de dominio sobre una población civil determinada”.
Incluso un juez de Casación que no consideró prescripto el hecho advirtió que no existían “elementos de juicio que permitan fundar mínimamente una sospecha” contra los acusados. Y eso es así porque, en el momento de los hechos, las autoridades militares no iniciaron ninguna investigación oficial sobre el atentado. Ante la denuncia de Biazzo, la Justicia pidió desarchivar el expediente original, pero las tres fuerzas armadas, la Policía Federal y todos los juzgados federales de la Capital Federal respondieron que en la época no hubo ninguna actuación por el ataque. Las fuerzas represivas lo vengaron por mano propia.
A fines de 2021, el caso volvió a activarse cuando varias asociaciones contrarias a los juicios de lesa humanidad a militares le presentaron un recurso a Servini para que reabriera la causa impulsada por Biazzo. Los demandantes fueron asistidos por Ricardo Saint Gean, hijo del gobernador bonaerense de la dictadura Ibérico Saint Gean, y María Laura Olea, ambos abogados de represores. Servini rechazó el pedido pero, en junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, anuló la respuesta de la jueza y le exigió que la argumentara mejor. En septiembre de 2023, Servini falló por tercera vez que no hay investigación jurídicamente viable. En el largo trámite de la causa, tres jueces de Cámara, dos jueces de Casación y cinco jueces de la Corte Suprema votaron en línea con Servini. Bruglia, Bertuzzi y Llorens fueron los únicos en otra sintonía.
Pero el fallo de los tres camaristas de la Sala I no fue un grito solitario. Un par de meses antes, la editorial Sudamericana publicó el libro “Masacre en el comedor”, del periodista Ceferino Reato. Su autor lo presentó en la Legislatura porteña junto a Villarruel. Desde su publicación, el libro de Reato se convirtió en una especie de biblia para los grupos que militan la causa de Coordinación Federal. En la marcha de este sábado, varios ejemplares circulaban entre sus asistentes. Aunque Reato no asistió a la manifestación –tampoco Villarruel–, los oradores del acto frente al edificio policial citaron su libro en los discursos. “Si quedaba alguna duda, el libro de Reato demostró todo y causó un verdadero impacto”, dijo a elDiarioAR Emilio Hardoy, miembro de Justicia y Concordia, quien se encargó del megáfono mientras avanzaban por Entre Ríos.
“Masacre en el comedor” plantea como hipótesis que Rodolfo Walsh fue el “ideólogo” del atentado a Coordinación Federal. Aunque la acusación existe desde hace cuatro décadas, Reato la jerarquiza y la convierte en el gancho de su trabajo. Sin embargo, el libro no aporta ningún testimonio o documento que involucre a Walsh en el ataque. No hay ninguna novedad periodística al respecto. De hecho, lo único que cita Reato como supuesta evidencia concreta de la participación de Walsh es el viejo libro de Eugenio Méndez. Por lo demás, “Masacre en el comedor” es una gran conjetura, basada en dos elementos conocidos desde hace años: que Walsh fue una pieza clave del Servicio de Inteligencia e Informaciones de Montoneros; y que tenía un vínculo cercano con José María Salgado, tanto a nivel militante como personal.
El libro de Reato omite que, para julio de 1976, la relación de Walsh con la Conducción Nacional de Montoneros estaba deteriorada. Sus críticas se centraban en la deriva militarista de la organización: Walsh pensaba que hacía falta más política y menos “fierros”. El atentado a Coordinación Federal era el tipo de acción cuya efectividad cuestionaba. En agosto de 1976, Walsh escribió su primer documento crítico a la Conducción, en el que, entre otras cosas, advertía que “la ejecución indiscriminada de policías veda toda forma de acción política interna” e iba en contra del interés de la organización en infiltrar agentes en las fuerzas de seguridad. Reato cita la opinión de Walsh, escrita un mes después del atentado a Coordinación Federal, pero la atribuye a un repentino sentimiento de “autocrítica”.
En marzo de este año, la legisladora porteña Rebeca Fleitas, de La Libertad Avanza, ingresó un proyecto de ley para retirar el nombre de Walsh de la estación de subte y que vuelva a ser Entre Ríos. Las agrupaciones promilitares van por más: quieren que se llame “Víctimas del terrorismo”.
