Red de radios

29.07.2024

La semana pasada se llevó a cabo una reunión entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad y la Junta Comunal, para abordar la creación de cárceles modulares en la Comisaría de Ramallo de la Policía de la Ciudad. Este proyecto genera resistencia en comuneros y organizaciones sociales y vecinales, y por eso desde el propio oficialismo impulsaron este encuentro que, si bien tuvo momentos tensos, se desarrolló en paz.

El encuentro se dio en la Sede Comunal de Holmberg y Monroe, en el barrio de Villa Urquiza. Como es habitual en estas reuniones, se propició un sistema de inscripción previa a los interesados, que también actúa como filtro, y se estableció una restricción a la presencia de la prensa vecinal. Si bien había sido confirmada su visita, finalmente no concurrió el Ministro de Seguridad, Waldo Wolff, lo que generó cuestionamientos en algunos de los asistentes.

En representación del Gobierno porteño estuvieron José Ferrentino, Jefe de Gabinete del Ministerio, y Ezequiel Daglio, Subsecretario de Relaciones con la Comunidad, quienes llevaron la voz cantante. A su vez, asistió la presidenta de la Junta Comunal, Florencia Mattei, y los comuneros opositores Pablo Ortiz Maldonado y Vanesa Coria, aunque estos estuvieron entre los anotados para preguntar a los funcionarios. También participaron la juntista Mónica Machin y el ex comunero Matías Debesa.

La primera pregunta fue de la vecina Marta, que preguntó por qué se eligió a Saavedra y por qué en un espacio público (ya que se están haciendo en terreno lindero a la Comisaría Vecinal de Ramallo, en Avenida Goyeneche). “Lo hacemos en lugares que pertenecen a comisarías. Todos los espacios modulares en las respectivas comunas están emplazados en espacios que pertenecen a comisarías”, se defendió Daglio.

En ese marco, uno de los principales contrapuntos tuvo que ver con si hay autorización para crear estas unidades modulares en el eje del Parque Goyeneche. José Olivo, de Vecinos por Saavedra, fue uno de los más enfáticos en plantear que el eje verde de Goyeneche es “Unidad Parque”, y que por eso no se podría hacer una construcción como esta. “La Ley de Impacto Ambiental le da a los espacios policiales una afectación diferente, y dentro de ellos podemos hacer construcciones. Las Comisarías son preexistentes al Código Urbanístico de 2019”, respondió el Subsecretario.

Olivo consultó cuál es el resultado del informe de impacto socio ambiental, y por qué “no tiene cartel de obra”. “No hubiéramos avanzado si no hubiéramos podido hacernos cargo de la normativa”, indicó Daglio, ante lo que fue interrumpido por vecinos que plantearon que se construye “a espaldas de los vecinos, los días domingo, inclusive de noche y con los obreros sin casco”. “No sé por qué no hay cartel de obra”, agregó. “Me llama la atención porque en general se cumplen las medidas de seguridad”, planteó el representante oficial, lo que elevó la tensión con algunos vecinos.

Otra duda, de parte de la vecina Sonia, fue por qué “están haciendo cárceles containers” cuando las alcaidías “no son lugares de detención”, ya que las personas solo pueden permanecer 48 horas. “Coincido con vos 100%, pero si un juez no dictamina la liberación, ¿Qué hacés?, ¿Lo dejás en la calle?”, fue la respuesta de Daglio.

En tanto, los funcionarios negaron que haya “zona liberada”, y dijeron que “hay personal” para atender la Seguridad en las futuras celdas modulares, tras el comentario de algunos vecinos que señalaron que “los comisarios dijeron que no hay más personal”.

Jorge Marchini, de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, definió al problema de las detenciones como “serio”, y recordó “la experiencia de este barrio en relación al Arroyo Medrano, donde estaba todo mal hecho”. “En este tema pasa exactamente lo mismo: es un tema tan serio, que por qué no hacemos un debate abierto y le sumamos participación social. Hasta ahora es un hecho consumado”.

“Me ofrezco a seguir hablándolo. Pero quiero destacar que nosotros estamos buscando soluciones de fondo que no tienen que ver con estos módulos. Esto es provisorio”, planteó, a lo que algunos presentes le refutaron esto, ya que a su juicio “siempre dicen eso y termina quedando para siempre”. “Estamos haciendo una alcaidía central para mudar a todos los detenidos en la Ciudad”, adelantó.

El comunero Pablo Ortiz Maldonado preguntó “si podemos incorporar la opinión de la Junta Comunal y hacer una votación, al menos para que ustedes evalúen la obra hasta alcanzar el consenso”. “Estoy tratando como comunero abrir una instancia donde quede garantizada la participación ciudadana. Yo estoy en contra sobre todo por la ubicación”, destacó el representante de Unión por la Patria.

“Lo hacemos donde creemos que están dadas las condiciones de seguridad. Porque al poner las celdas allí, quedan más policías en la calle”, argumentó Ezequiel Daglio, y agregó: “Lo hacemos para evitar el peligro de fuga”.

La reunión casi se ve interrumpida porque algunos representantes de organizaciones vecinales reclamaron que “la información no la tienen”, y pusieron reparos sobre el sentido que tenía esa reunión si los representantes del Gobierno de la Ciudad “no brindan la documentación”. “Esto lo imponen como hecho consumado”, reclamaron.

Hacia el final, la comunera Vanesa Coria (que es abogada) planteó su reparo sobre los “Derechos Humanos de las personas que estarán detenidas, sobre todo al superarse los 30 grados de temperatura”. Y desde lo vecinal, indicó que sus dudas por “los gritos que puedan provenir del lugar, las filas para las visitas del fin de semana y la incomodidad sonora, visual y hasta de Seguridad”. “Hay un perjuicio tanto de los detenidos como de los vecinos”, argumentó.

“Estamos trabajando en la emergencia. Yo soy el primero que no quiere presos en la Ciudad de Buenos Aires. Que no quiere hacinamiento, pero entonces ¿Qué hacemos?”, le respondió el funcionario. En relación a los requerimientos vecinales prometió “aumentar el patrullaje policial” en la zona. Y destacó que el Jefe de Gobierno anunció la incorporación de más efectivos en la calle.

26.07.2024

Desde que asumió el PRO en el Gobierno de la Ciudad se decidió concentrar todos los llamados referidos a servicios y trámites de millones de vecinas y vecinos en una sola línea telefónica. Quienes se comunican al 147 pueden realizar reclamos o denuncias y solicitar turnos, información sobre turismo, rentas y mucho más. “Brindar asesoramiento e información de trámites de la Ciudad”, dice la información oficial respecto a uno de los objetivos principales de la Línea 147 de Atención Ciudadana porteña.

El servicio se gestó con la idea de agilizar y acortar los tiempos burocráticos que tiene el Estado, pero varias denuncias advierten que, en muchos aspectos, solo empeoró la situación. Existen denuncias que alertan sobre la venta de turnos en hospitales públicos porteños por más de $7000.

Cualquiera que intente sacar un turno médico debe esperar varias horas al teléfono. En las últimas horas, la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad (AMM) solicitó que se suspenda el sistema de turnos brindado por la línea 147 hasta que se transparente el mecanismo, se garantice la accesibilidad de los pacientes que en la actualidad encuentran serios obstáculos para obtener un turno y se respete las incumbencias del trabajo.

“Son varias las razones por la cual nosotros hemos pedido que el 147 deje de funcionar. Uno de ellos es la venta de turnos para las diferentes especialidades médicas y otras profesiones que venimos denunciando desde hace años”, dijo Carlos Rojo, presidente de la AMM.

Hace varios años que la asociación viene denunciando la venta de turnos médicos en hospitales públicos de la Ciudad por la línea 147. Los mismos, además, se ofrecen por whatsapp y hasta por diferentes plataformas de redes sociales.

“Desconocemos si hay alguna autoridad del Gobierno por encima de quienes venden los turnos, pero hay denuncias penales, ya hace más de un año y pico que nosotros venimos denunciando y esto sigue, así que nadie se está ocupando de velar para saber quiénes son los culpables. Incluso la misma persona que vende turnos los sigue ofreciendo, así que la preocupación me parece que no existe”, señala Rojo.

“Pasos a seguir para obtener tu turno: te pido que me envíes, especialidad que busca el turno, DNI , edad, hospital de preferencia, dirección, localidad, email, número de celular, horario de preferencia. Tener en cuenta que el turno sale $7300, tarda de 15 a 30 días, el pago se realiza una vez que te llega el turno al email para su seguridad”, es el mensaje que se distribuye por redes y teléfonos celulares de aquellas personas que en algún momento se contactaron con la Línea 147 para solicitar turnos.

La venta de turnos incluye a prácticamente todos los hospitales públicos de la Ciudad: el Ramos Mejía, Pirovano, Piñero, Tornú, y el Zubizarreta. También comercializan turnos para los hospitales Álvarez, Fernández, el Argerich, el Penna, el Rivadavia y el Durand, entre otros tantos.

Son varios los puntos clave del pedido de cierre de la Línea 147 de Atención Ciudadana. Los operadores que trabajan en ese sector no son profesionales de la salud ni médicos formados en alguna especialización: “Esto produce realmente problemas serios, por ejemplo, pacientes que son operados por determinados médicos en un hospital y cuando después del alta deben volver a ser revisado por el mismo médico, no pasa eso y pueden mandarlo a otro nosocomio”, argumenta Carlos Rojo.

El Presidente de la asociación médica denuncia, además, que muchas personas que solicitan turnos son derivadas a especializaciones que no tienen que ver con el problema de salud que padecen: “Pacientes que requieren un traumatólogo pueden ser mandados a un clínico y así pasan muchos de esos casos. En la medida de que no haya médicos dando los turnos, en el 147, no va a mejorar. Una solución para mí es un paliativo que haya un 147 exclusivamente para salud. Desde el GCBA dijeron que lo iban a hacer pero realmente no aparece, no funciona”, destaca.

“Muchos pacientes que necesitaban por ejemplo un traumatólogo, fueron derivados con un clínico, y a la hora de atender a los pacientes, el médico se ve en el problema de decirle que tiene que volver a llamar al 147 porque él no es traumatólogo y tiene que verlo un especialista. Es decir, la persona que va al hospital se tiene que volver a su casa, debe volver a llamar al 147 y esto genera una gran pérdida de tiempo”, continúa Rojo.

Por otro lado, la designación de turnos de forma masiva genera otras complicaciones. “La masividad de dar los turnos hace que el médico tenga poco tiempo para atender al paciente con lo cual disminuye la calidad de atención, es un punto importante. Esto no ocurre ni en la atención privada”, concluye Rojo.

25.07.2024

Trabajadores y trabajadores del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, ubicado en Av. San Juan 2021, en el barrio de San Cristóbal, denuncian que el Ministerio de Salud de la Ciudad cerró definitivamente el servicio de intervención quirúrgica de neurocirugía del nosocomio.

“Ya lo cerraron y nada se pudo hacer, yo tengo edad para jubilarme y si me despiden no puedo trabajar en ningún lado más”, señaló una profesional de la salud que hace más de 20 años trabaja en el reconocido Hospital Santa Lucía. Quienes trabajan en los diferentes organismos del Estado porteño aseguran que el vaciamiento que viene llevando adelante la administración PRO, sólo puede concretarse “instalando el miedo a perder el trabajo”.

El cierre quirúrgico de este servicio va en línea con varias medidas idénticas que ejecutó el GCBA en diferentes hospitales porteños. Desde el Santa Lucía, además, aseguran que dentro del centro médico no hay tomógrafo y faltan médicos terapistas, razón por la cual “no se podía seguir operando”.

Desde la agrupación Hospitales de la Ciudad nucleada en ATE Capital, confirmaron el cierre del servicio mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. “El Gobierno de Jorge Macri avanza con el desmantelamiento de la salud pública, con la complicidad de su ministro de Salud, el Dr. Fernán Quirós, quien es responsable del sistema sanitario en la Ciudad de Buenos Aires”, comienza la publicación. “Tomamos conocimiento por denuncias de los trabajadores del Hospital Santa Lucia que cerró un servicio tan importante para los vecinos de la Ciudad”, concluye.

El vaciamiento en este centro médico de alta complejidad se fue dando de manera gradual. “Hace unas semanas trasladaron los equipos y varias camas a otros hospitales como el Moyano”, destacan desde el nosocomio.

El servicio de neurocirugía funciona solamente como consultorio externo, pero no se realiza ninguna intervención quirúrgica. En paralelo al cierre de este servicio, dejó de funcionar la sala de terapia “También la cerraron porque una vez que se realizaban las operaciones los pacientes pasaban a una terapia, pero dejó de funcionar porque el personal era contratado y no les renovaron los contratos”, agregan.

La crisis por la que atraviesan los hospitales porteños no es casual. Un informe del CEPA asegura que en los últimos años, el GCBA ajustó el presupuesto de la cartera sanitaria en casi $42.500 millones y que durante las últimas dos gestiones de Rodríguez Larreta, hubo un recorte en la inversión social en hospitales superior a los $36.000 millones.

En junio del año pasado, la administración porteña cerró varias salas de internación en diferentes hospitales. Hecho que consumaron ante la falta de personal. En algunos hospitales faltaban 10 enfermeras y en otros más de 100. Por entonces, por el cierre de salas y camas, denunciaron que había niños internados en los pasillos.

A finales del mes de abril, el Hospital Durand debió cerrar parcialmente su sala de terapia pediátrica por falta de personal y, un par de semanas después, el GCBA decidió avanzar con el cierre de Terapia intensiva del Durand.

La situación es tan grave que la cartera de salud que conduce Fernán Quirós emitió un comunicado y argumentó que ese sector está en obra: “Durante la última semana de mayo el Ministerio de Salud se encuentra realizando obras en la sala de terapia intensiva del Hospital Durand. Se trata de cambios en la red de oxígeno central que se prevé que finalicen en los próximos días”. En el mismo comunicado, además, reconoció el traslado de las y los pacientes a otro sector: “Mientras que la obra está en curso, las 19 camas de terapia intensiva con las que cuenta el hospital se encuentran funcionando con total normalidad en la sala de terapia intermedia. La semana próxima, una vez finalizada la obra, volverá a la habitual sala de UTI”.

24.07.2024

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) publicó un informe sobre el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ubicado en Av. San Juan 350, que revela serias deficiencias afectando la eficiencia y transparencia en la gestión de la institución.

Se identificaron problemas críticos que comprometen la operatividad y el buen manejo del museo. Uno de los aspectos más preocupantes es la ausencia de una estructura orgánica formalizada, lo cual genera confusión en los roles y responsabilidades dentro de la institución. Esta falta de claridad repercute negativamente en la eficacia de la toma de decisiones y en la rendición de cuentas.

Al respecto el Auditor General Lisandro Teszkiewicz de Unión por la Patria señala que “No es la primera vez que se detectan este tipo de irregularidades en las sucesivas gestiones del PRO en la Ciudad. La norma modifica permanentemente los organigramas creando espacios de autonomía, que pareciera generar la liberación de los funcionarios de sus obligaciones. Por ejemplo, para la gestión de este museo crearon una unidad de proyectos especiales, habilitando un manejo que colabora con la falta de controles y una discrecionalidad ajena a todo tipo de normativa, impiden el resguardo y seguimiento del gasto de los fondos de la institución”.

El uso adecuado de los recursos de los museos es fundamental para un buen manejo de la cultura. En este caso el informe detalla que se encontraron irregularidades en la gestión financiera. La imputación de gastos no está adecuadamente documentada, indicando falta de controles internos efectivos.

El informe además resalta un claro desequilibrio en la distribución de los gastos presupuestarios. La principal actividad del programa “Actividades culturales” representa solo el 17% del gasto total; mientras que las actividades de conducción y apoyo, ocupan el 83% restante del presupuesto total. Según expresan los propios auditores en el informe, evidencia “un reflejo presupuestario que no guarda relación adecuada con la estructura, naturaleza y acciones del Programa y una incorrecta imputación del gasto”.

En cuanto a la gestión de las concesiones comerciales del museo, se observó un desorden significativo, los contratos para la explotación del bar y la tienda de recuerdos no están formalizados correctamente, y los registros de los pagos son incompletos o inexistentes. Esta falta de transparencia en las transacciones comerciales pone en riesgo los ingresos propios del museo, que son vitales para su sostenibilidad financiera.

Otro aspecto alarmante es el descuido del patrimonio cultural. Se encontró un incumplimiento en el registro de bienes culturales, así como una falta de cobertura de seguro adecuado para las instalaciones del museo. Estas deficiencias ponen en riesgo la conservación y protección del valioso acervo artístico del museo, comprometiendo su misión fundamental de preservar y difundir el arte moderno.

En este sentido, el informe menciona y advierte sobre un potencial riesgo por la falta de seguridad originada en las carencias de cuidado en alguno de los edificios que integran el museo. Al respecto el Auditor resalta que “Por el carácter compartido del edificio, los ventanales que dan al edificio lindero y los antecedentes de intrusión, el espacio utilizado por el museo no cuenta con buenas condiciones de seguridad”.

Finalmente, las deficiencias en la integración de sistemas de registro y gestión, así como en la comunicación institucional, reflejan una falta de modernización y coordinación del museo con otras áreas del Ministerio. La desconexión entre las diferentes plataformas de comunicación y la duplicación de tareas administrativas afectan la eficiencia operativa y la adecuada promoción de las actividades del museo. Por ejemplo, se señala la existencia de dos sitios web correspondientes a la institución: uno originado por el propio museo y otro del Ministerio de Cultura.

El auditor resalta que “Las observaciones son tantas y en todos los frentes que resulta escandaloso. Para tener una idea ninguno de los 14 expedientes de contratación directa, ni de los 28 de contratación menor contiene remito, factura, ni afectación definitiva del gasto, el convenio del Bar estaba vencido, el de la tienda de recuerdos sí formalizar, no hay registro del pago del canon de la tienda, hay trabajadoras y trabajadores sin legajo o con legajo incompleto. Llegando al extremo, el Museo ni siquiera tiene un seguro de responsabilidad civil comprensiva y de incendio para sus instalaciones”.

En concordancia con estos hallazgos, el informe de la AGCBA enfatiza la necesidad urgente de implementar una estructura organizativa clara y funcional, mejorar los controles financieros y administrativos, regularizar las concesiones comerciales de manera transparente, fortalecer los sistemas de registro y comunicación, y cumplir estrictamente con las normativas de patrimonio y seguridad.

El Auditor general Lisandro Teszkiewicz concluye: “El resultado del informe no es ajeno a la generalidad de la gestión cultural del PRO en la Ciudad. Si algunas cosas funcionan es merced a la buena voluntad de quienes día a día ponen al hombro en las instituciones para cumplir el importante rol que tienen en nuestra sociedad. Por lo tanto, es indispensable un cambio rotundo para terminar con los vicios de gestión que se han instaurado en las sucesivas administraciones macristas que reproducen prácticas poco transparentes e ineficientes, respecto de la utilización de los recursos públicos”.

23.07.2024

Por un problema con los molinetes, Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) no podrá cobrar completo el último aumento tarifario que se aplicará a partir del próximo 1° de agosto.

Tras ganar una larga pelea en la justicia para aumentar el precio del subte, el Gobierno porteño perdió la batalla contra la tecnología y no podrá aplicar la suba por un motivo insólito.

Por un problema técnico es necesario modificar todos los molinetes de la red y en el Gobierno de la Ciudad creen que no llegarán con los cambios antes de que termine julio.

“Tendrían que haber hecho un recambio tecnológico en 2015, pero lo pospusieron”, dijo una fuente al tanto de las dificultades que atraviesa la red de subtes.

Un problema con el hardware limita el precio que se puede cobrar el boleto. Con la tarifa actual no hay inconvenientes, pero la próxima suba no pasa el filtro. “Es difícil de entender, pero el problema es con el hardware, no con el software”, dijeron.

Cuando se cambiaron la totalidad de los molinetes para utilizar la tarjeta Subtepass, el boleto costaba 70 centavos. Ese precio se multiplicó casi mil veces y el sistema no soportará el próximo incremento.

El pasado 1° de junio la tarifa aumentó a $650 luego de que la Cámara de Apelaciones hiciera lugar a un pedido del Gobierno para suspender una cautelar dispuesta por Elena Liberatori.

En agosto el precio del viaje debería subir a $757, casi el doble que el costo de los colectivos que recorren el área metropolitana.