Red de radios

4.10.2021

El viernes por la tarde, vecinos y vecinas de Villa Crespo y Chacarita realizaron un banderazo con radio abierta para reclamar por las obras inconclusas por parte del Gobierno de la Ciudad de la estación Villa Crespo del Ferrocarril San Martín.

La finalización de las obras del Viaducto San Martín y de las estaciones La Paternal y Villa Crespo/Chacarita continúa demorándose. El sábado 25 de septiembre se cumplieron cuatro años de que el tren pasa, pero no para. A dos años de las promesas de campaña del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, los y las vecinas siguen esperando que se finalicen las obras y se reabran las estaciones inconclusas.
Es por eso que ayer viernes por la tarde, organizaciones políticas y sociales de la Comuna 15, junto a vecinos y vecinas de los barrios de Chacarita y Villa Crespo realizaron un banderazo y radio abierta sobre la avenida Corrientes entre Dorrego y Humboldt para visibilizar esta situación: a la Comuna 15 la dejaron sin tren.
Luis Cúneo, referente de la agrupación Nueva Comuna dijo que “La elevación de los ferrocarriles San Martín y Mitre fue una inversión desmesurada para una obra que nadie había reclamado ni demandado. Hoy, después de 4 años, las estaciones Villa Crespo y La Paternal siguen cerradas, nuestros barrios se llenaron de nuevos baldíos y los terrenos del bajo viaducto se encuentran en estado de abandono. Exigimos al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta que termine con las inconclusas obras del viaducto San Martín. Que le devuelva a la Comuna 15 el tren y abra en forma inmediata las estaciones de Villa Crespo y La Paternal.
A la radio abierta se sumaron diferentes voces como la del comunero por el Frente de Todos en la Comuna 3 Miguel Varela y la ex legisladora María José Lubertino. La velada estuvo acompañada al ritmo de la murga Destacados por la Alegría de Villa Crespo.
En tanto el comunero por el Frente de Todos Leonardo Lucchese expresó que “En 2019 Larreta anunciaba la inauguración de estas estaciones, sin embargo, hoy en día siguen cerradas y el Gobierno de la Ciudad no da respuesta. El cierre de las estaciones es una problemática que afecta a usuarios, vecinos, vecinas y comerciantes. En lugar de generar respuestas, el Gobierno porteño propone concesionar la obra del bajo viaducto, ignorando el reclamo de vecinos y vecinas y perpetuando sus negociados para pocos”.
Todo comenzó durante el gobierno de Mauricio Macri cuando Nación traspasó las obras de los viaductos de los trenes Mitre y San Martín a la Ciudad. La elevación de las vías fue, junto al Paseo del Bajo, una parte central de la campaña electoral de 2019.
El Viaducto San Martín se inauguró con bombos y platillos el 10 de julio de 2019 durante la campaña para las PASO. Sin embargo, la postal que se ve ahora son calles cortadas, obradores abandonados, carteles que anuncian la obra, estructuras de grúas, escombros y basura. Lo que sucedió fue que la Ciudad tomó la polémica decisión de suspender los trabajos.
La UTE Green-Rottio, que tenía a cargo la obra, comenzó con problemas financieros a pesar de los pagos puntuales que realizaba el gobierno de Rodríguez Larreta. El concurso preventivo no tardó en llegar dejando una deuda de más de $400 millones (a septiembre 2019), perjudicando a 50 PyMEs que Green-Rottio subcontrataba para la realización de las obras.
Al comienzo de las obras el Gobierno porteño contrató colectivos para que los pasajeros puedan hacer el tramo que les faltaba, partía de Villa del Parque y llegaban hasta Palermo, pero, tras la ficticia inauguración, este servicio se dio de baja.
En 2020, desde el Gobierno de la Ciudad aseguraron que “no se considera prioritario terminar las obras de las estaciones Villa Crespo y La Paternal”. La excusa esta vez fue por la quita del 1.8 de la Coparticipación Federal y por la pandemia de Covid-19.
Lo cierto es que mucho antes de la pandemia de coronavirus las obras estaban abandonadas. Y ante este abandono, el Gobierno de la Ciudad decidió este año que le devolvería las obras al Estado nacional para que termine lo que Rodríguez Larreta no pudo. “Más allá de lo que corresponda la gente necesita usar esas estaciones y nuestra prioridad es que se termine, por eso estamos evaluando qué hacer”, dijeron desde Nación.
La Ciudad no quiere el dinero para terminar las obras, sino que directamente la Nación se haga cargo de licitarlas, un proceso que puede llevar varios meses. Desde el Ministerio de Transporte que conduce Alexis Guerrera explicaron que estuvieron evaluando el estado de las obras en Villa Crespo y La Paternal y se encontraron que están en estado de abandono, algo que se repite en otras paradas del ferrocarril San Martín.
En las estaciones La Paternal y Villa Crespo-Chacarita queda pendiente completar la construcción de escaleras y losas de andén, instalaciones (sanitarias, eléctricas de iluminación, de incendio, de calefacción), mobiliario urbano, provisión de cubiertas, y puesta en servicio y habilitación de ascensores y escaleras mecánicas. Además, falta terminar reparaciones de muros, ejecución de descargas pluviales, colocación de paneles acústicos, reparaciones de vigas, columnas y dinteles, y demolición de estructuras provisorias relacionadas con la posterior desmovilización de obra que comenzó en junio de 2017.
También participaron de la actividad la comunera Jazmín Tello; La Cámpora; el colectivo de vecinos de No a las Torres en La Isla de La Paternal; Peronismo Militante; la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes; Vecinos Inquietos de La Paternal; el colectivo Dos Mil Tres; la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud; Política Obrera.

4.10.2021

Por CORREPI

Hace dos años, en Villa Crespo, tres policías de la Ciudad, Claudia Alejandra Beatriz Manzanelli, Daniela Isabel López y Darío Ramón Pérez, rodearon a Claudio Romano, remisero de 39 años que estaba ya herido, caído en el piso e incapacitado para levantarse, y le dispararon con sus armas reglamentarias hasta matarlo.

Las imágenes captadas por las cámaras de la cuadra de la calle Malabia al 900 no dejan espacio para la duda ni el debate. Claudio estacionó su auto, en doble fila, detrás de un patrullero. Por razones que no conocemos, se bajó y se dirigió a la ventanilla del móvil policial. Tenía algunas heridas superficiales de arma blanca en el abdomen y las muñecas, cuyo origen tampoco conocemos. Lo que sí sabemos, porque está filmado, es que Claudio introdujo su brazo derecho, en el que tenía una navaja tipo “kerambit”, por la ventanilla del patrullero, y realizó un movimiento, para de inmediato correr rodeando la tropa del auto. El policía Pérez, que estaba al volante del patrullero, tuvo una lesión también superficial en el cuello. En ese instante, sonaron dos disparos, uno de Pérez, otro de su acompañante, la oficial Manzanelli, que impactaron en la ventanilla del lado derecho del patrullero. Manzanelli bajó del auto y realizó un tercer disparo, que pegó de lleno en el muslo izquierdo de Claudio, que cayó al piso y permaneció inmóvil casi un minuto completo. En ese lapso, los dos policía, más la oficial López, que estaba en la vereda, lo miraron, se alejaron y usaron sus celulares. Luego, rodearon a Claudio, que seguía tendido en el piso. Cuando apoyó el codo en el piso e intentó levantar apenas el torso, el oficial Pérez le pateó la cara con tremenda fuerza, con lo que volvió a caer del lado izquierdo. Cuando intentó nuevamente sentarse, rodeado por los policías, los tres dispararon sobre Claudio, que apenas hizo unos movimientos espasmódicos entre disparo y disparo. La navaja estaba ya lejos de su cuerpo. Los disparos sólo cesaron cuando era evidente que estaba muerto.
Las contundentes imágenes (publicadas en muchos medios), sumadas a la reconstrucción de la cantidad y autoría de los disparos que permitieron la autopsia y las pericias, permitieron que sin mucha demora se ordenara el procesamiento de los tres policías de la Ciudad por homicidio calificado, con una expectativa de prisión perpetua para los funcionarios. A pesar de eso, incluso contra la opinión de la jueza que instruyó la causa, la cámara de apelaciones les dio el beneficio -privilegio es más exacto- de la excarcelación durante el proceso. Para fin del 2020, la causa ya estaba elevada al tribunal oral que realizará el debate, y antes del inicio de la cuarentena nuestra querella, en representación de la familia de Claudio, ya había ofrecido la prueba que utilizaremos en el juicio.
Poco después, a raíz de una presentación electrónica realizada por la defensa de los policías, nos enteramos, y denunciamos públicamente, que, a pesar de estar enfrentando un juicio por homicidio calificado, delito sancionado con prisión perpetua, los policías Pérez, López y Manzanelli no han sido separados de la fuerza, sino que continúan en funciones. Aunque, claro está, ante la difusión de la noticia, desde el GCBA “aclararon” que no están en tareas que impliquen contacto con personas. Traducido, están a resguardo de que los reconozcan y escrachen, pero siguen en actividad y cobrando a fin de mes.
Después de la histórica condena a prisión perpetua al policía de la Ciudad Adrián Otero por el fusilamiento de Cristian “Paragüita” Toledo, dictada en octubre de 2018 por el hecho ocurrido poco más de un año antes, éste es el siguiente juicio oral por un caso de gatillo fácil contra la Policía de la Ciudad. Apenas si dos de los casi 90 hechos semejantes protagonizados por la que dirige y defiende el Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta. Cuando decimos “defiende”, no es un giro retórico, es un simple y contundente hecho. Los tres policías que fusilaron a Claudio no se vieron en la disyuntiva de cualquier persona sometida a proceso, puesta a elegir entre una defensa oficial saturada de causas o una particular, de altísimo costo material. Tienen defensa particular, pero no la pagan: sus defensores son los abogados de la División Asuntos Penales de la Policía de la Ciudad.
Abogados que llegaron a simular una “pericia” de la policía científica de la misma fuerza, obviamente excluida de toda intervención en la causa, lo que valió que radicáramos una denuncia contra los funcionarios responsables de usar en provecho de tres imputados por homicidio calificado los recursos que la Ciudad dice que no tiene para afrontar las ingentes necesidades sobrevenidas por la pandemia.
A dos años de este hecho, seguimos exigiendo que se realicen las pericias correspondientes y se ponga fecha de juicio.
¡Basta de gatillo fácil! ¡Perpetua a los policías asesinos de Claudio!

1.10.2021

Por Martín Suárez @MDSuarez

De un total de 16 convenios, se aprobaron 11. Las dos iniciativas fueron votadas en soledad con la mayoría del oficialismo porteño. Amplio repudio de la oposición parlamentaria.

En menos de dos semanas el ejecutivo porteño logró sancionar un ambicioso paquete de desarrollos inmobiliarios que tienen como objetivo construir 11 torres edilicias en casi todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un conjunto de 100 convenios urbanísticos que debatirá de acá a fin de año. Envalentonados por los resultados de las PASO, el proyecto fue presentado por el oficialismo a las pocas horas de obtener el 48% de los votos en el distrito porteño.
De esta manera, Larreta logró su cometido en pocos días, para modificar excepciones a las normas de edificación vigentes en diferentes parcelas de la Ciudad, es decir, una forma de quebrantar la ley de Edificación que el propio gobierno porteño sancionó hace un par de años en la legislatura. El documento votado habilita la construcción de torres que estarán distribuidas en 12 barrios, y entre ellas se destaca una de 20 pisos que la firma Nehuente SRL levantará en la esquina de Córdoba y Reconquista, al lado del monasterio de Santa Catalina, un edificio construido en el año 1745 y que es parte del patrimonio histórico de la Ciudad.
“Esto se suma a lo que ya pasó en la escandalosa última sesión, donde el grupo IRSA intenta avanzar en torres suntuosas en la Ciudad deportiva de La Boca en la costanera Sur para hacer un barrio de lujo sobre un humedal, hecho que va a producir un impacto ambiental”, afirma a Tiempo la legisladora porteña del FIT Mercedes Mendieta, que además considera que las nuevas torres no van a poder ser habitadas por ningún trabajador o trabajadora de los sectores populares. La oposición, además, coincide que el crecimiento de la vivienda ociosa en la Ciudad de Buenos Aires va a producir un fuerte impacto sobre el precio de las viviendas y de los alquileres: “Hoy un trabajador y una trabajadora que quiere acceder a un departamento de dos ambientes puede llegar a pagar de 35 mil a 50 mil pesos. Estamos hablando de una ciudad cada vez más expulsiva cuando en el mundo el problema del crecimiento de los inquilinos llevó, por ejemplo, a que en Berlín días atrás se votara un referéndum para expropiar 240 mil viviendas para evitar la especulación inmobiliaria”, remata Mendieta
El resto de las torres se construirán en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas; que fueron incluidos en otro proyecto con 15 convenios. Según datos oficiales, esto permitirá habilitar casi 200 mil metros cuadrados y crearán alrededor de 6.000 empleos. Asimismo, el Estado porteño recibirá contraprestaciones por casi 36 millones de dólares. Ahora los convenios urbanísticos aprobados deben pasar por el sistema institucional de Audiencia Pública antes de un segundo tratamiento por parte de los legisladores para su sanción definitiva.
El otro proyecto polémico que logró aprobar el oficialismo porteño amplía las facultades del Tribunal Superior de Justicia. En concreto: habilita al TSJ local a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales. Formalmente, el proyecto de ley que se votó este jueves lleva el nombre de “modificación de la normativa vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales” pero a último momento el macrismo introdujo en el texto del mismo un artículo que modifica la ley 402, la cual regula los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. Este artículo determina que los recursos ordinarios de apelación ante el TSJ de la CABA puedan proceder “contra las sentencias emanadas de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia nacional de la Capital Federal”. Desde la oposición advirtieron en varias oportunidades que esto busca traer la causa de Correo Argentino al distrito porteño para que tenga un fallo favorable al ex presidente Mauricio Macri. “Es el Congreso de la Nación el que tiene la potestad de sancionar proyectos como este, como lo establece la Constitución Nacional”, manifestó durante su exposición la diputada porteña Lucía Cámpora. “Esto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, ya lo viene implementando en varias causas. Pero ahora, en el fuero comercial, las causas en las que se pide el recurso ante el TSJ, por resoluciones de la justicia Nacional, son las del Correo Argentino por recurso de inconstitucionalidad; y SOCMA Americana sobre queja de recurso de inconstitucionalidad. Y ahí donde nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido, es Mauricio Macri”, remata Cámpora.

Un Tribunal Superior de Justicia adicto al gobierno porteño

En diciembre de 2020 y en un fallo sin precedentes, el TSJ determinó que sólo estarán habilitados para reclamar vacantes aquellas familias que no puedan abonar la matrícula en la educación privada. De esta manera, el TSJ se posicionó en contra de la Constitución porteña, que en su artículo 24 señala: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad”. De los 5 magistrados que tiene este tribunal, cuatro votaron contra la comunidad educativa y a favor del gobierno porteño: Marcela De Langhe fue la jueza que emitió el primer voto a favor del Ejecutivo; luego la jueza Inés M. Weinberg y el juez Santiago Otamendi hicieron lo mismo, al igual que el magistrado Luis Francisco Lozano, quien dentro de sus argumentos propuso que las causas sobre pedidos de vacantes se acumulen en la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que lleva adelante reclamos de las familias que demandan vacantes por la vía legal. La única jueza que votó a favor de que las familias puedan seguir demandando por la vía legal una vacante en la educación pública y gratuita fue Alicia Ruiz.

Pedido de juicio político al TSJ

Por el controvertido fallo anunciado, legisladoras y legisladores de la oposición, presentaron un pedido de juicio político a los cuatro integrantes del Tribunal Superior de Justicia porteño. El mismo promueve el inicio “del procedimiento previsto en los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y dispone que el proceso deberá “establecer si los jueces del Tribunal Superior de Justicia Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano han incurrido en alguna de las causales previstas” en la Carta Magna porteña, como mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones.

30.9.2021

Esta mañana la policía de la Ciudad desalojó una toma de tierras «Fuerza de Mujeres», en la zona de La Containera, en la Villa 31. Más de 200 personas en su mayoría mujeres con niños tomaron el predio que era un basural para instalar sus casas. Las mujeres denuncian que el operativo comenzó mientras niños y niñas dormían. Con topadoras, fuego y golpes se llevó adelante el desalojo que además culminó con dos personas detenidas. “Nos están sacando a todos de acá. Algunos no querían salir de sus casillas y la policía prendió fuego para que salgan. Ahora están con topadoras sacando todo. A una compañera la amenazaron con sacarle a su hija si no aceptaba el subsidio habitacional”.

Alrededor del 30 de junio unas 100 personas en su mayoría mujeres iniciaron una toma de tierras en la zona de La Containera, en la Villa 31 que se llamó «Fuerza de mujeres».
Muchas escapaban de la violencia de género y junto a sus hijos e hijas se instalaron en los terrenos al costado de la Villa 31 para luchar por una tierra dónde vivir. Hoy se iban a cumplir tres meses desde que se instalaron las primeras familias que hasta antes del desalojo contaba con 200 personas
Ésta mañana mediante un operativo policial con topadoras, fuego y violencia la toma fue desalojada. “Nos están sacando a todos de acá. Algunos no querían salir de sus casillas y la policía prendió fuego para que salgan. Ahora están con topadoras sacando todo. A una compañera la amenazaron con sacarle a su hija si no aceptaba el subsidio habitacional” explicó Eli en diálogo con Tiempo Argentino.
Las vecinas comentaron que la policía mostró la oden de desalojo en formato digital “la leyeron ellos, con firma digital, nadie tenía la aplicación para leerla ni nos dieron ninguna copia” explicaron.
Por su parte la Candidata a Diputada Nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman publicó en su cuenta de Twitter: «Guernica o la 31. La misma respuesta» señalando que las respuestas tanto del Gobierno Nacional como de la Ciudad frente a la crisis habitacional es el desalojo.
«En horas en que el Jefe de Gobierno entrega tierras y espacios públicos a la explotación y especulación inmobiliaria, las familias de las barriadas populares como es el caso de la Toma Fuerza de Mujeres son arrojadas a la calles sin respuesta por parte del Estado y sus instituciones» explicó Gabriel Solano dirigente y candidato a legislador del Partido Obrero – Frente de Izquierda.
Leer comunicado de la Asamblea Feminista de las Villas 31 y 31bis

30.9.2021

Este miércoles se conoció la resolución que desvincula a cientos de trabajadores de la salud en los hospitales porteños. “Somos esenciales y nos tratan como descartables” decía el personal que encaró el covid y tenían razón. Llaman a conformar comités de despedidos.

Durante la mañana de este miércoles transcendió en los medios la denuncia de ATE Durand. El Gobierno de la Ciudad al igual que el nacional y en las provincias comienza la desvinculación de miles de trabajadores de la salud que fueron contratados en condiciones precarias a plazo fijo, por horas o por monotributo. Todas modalidades tan conocidas y tantas veces denunciadas en este diario. Por la tarde se conoció la resolución, del ministerio de salud porteño, de los desvinculamientos, que no son más que despidos de quienes fueron esenciales para afrontar la pandemia y hoy son tratados como descartables.
Trabajadores muy valiosos que trabajaron sin descanso durante la emergencia sanitaria por el Covid 19 y que fueron el recurso que puso el Estado en sus diferentes dependencias para afrontar el colapso del sistema sanitario. “Más de la mitad de los despedidos solo tiene una fuente de trabajo y es lamentable que solo seamos desechables para el gobierno. Y que se nos deshagan asi de fácil sin por lo menos ofrecernos distribuirnos por diferentes servicios cuando faltan tantos enfermeros”. Con estas palabras un enfermero de terapia, contratado en el 2020 por la situación de pandemia, nos cuenta la gravedad de la situación y la incertidumbre por perder la fuente de trabajo.
Ya en diciembre del año pasado los trabajadores de los hospitales modulares de provincia de Bs As fueron despedidos bajo el gobierno de Kicillof. Así mientras, cada día, más trabajadores de la salud se ven obligados al pluriempleo en la ciudad, en las provincias y en las dependencias nacionales, la gestión macrista y también la del Frente de Todos busca recortar y desmembrar aún más el sistema de salud.
Recordemos que en la mayoría de los barrios populares de la Ciudad no poseen centros de salud y los que cuentan con este espacio dan cuenta de la escasez de personal en todas las áreas.
La Pandemia no terminó y las secuelas que el Covid 19 dejo a nivel físico y mental, distintas patologías asociadas que requieren una estrategia sanitaria con personal capacitado y con posibilidades de organizar programas y proyectos de atención territorial haciendo foco en la Rehabilitación, Promoción y prevención.
Semanas pasadas denunciábamos la falta de turnos para los servicios de salud mental en la ciudad con demora de hasta 3 meses, al igual que las operaciones y otros tipos de tratamientos.
“Los trabajadores de la salud que le hicimos frente a la pandemia sosteniendo un sistema de salud desabastecido, hemos dado sobradas muestras de fuerza a la hora de pelear por nuestros derechos. Sin embargo, la gran dificultad sigue siendo la división que nos imponen nuestros sindicatos. Sutecba que es el gremio mayoritario de los municipales de CABA, quienes incluso cuentan con Alejandro Amor como candidato a legislador en las listas del Frente de Todos, conserva un silencio de tumba ante la inminente pérdida de fuentes de trabajo de miles de enfermeros. Por otro lado, ATE realiza denuncias en los medios, sin preparar acciones contundentes para luchar por el pase a planta de los compañeros”, nos decía una trabajadora de años dentro del activismo en salud y de la agrupación Marrón.
Y agregaba “Es necesario poner en pie comités de despedidos en cada hospital y hacer asambleas en común con todo el personal, permanente, contratado, médico y no médico, para unir por abajo a todos los trabajadores. Debemos debatir y votar acciones para empezar a poner fin a la precariedad laboral y unir a los de planta con nuestros compañeros que pusieron el hombro junto a nosotros en los momentos más oscuros de la pandemia. Hagamos asambleas y no permitamos que miles de familias trabajadoras de la salud queden en la calle”.