Red de radios

19.1.2022

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), dependiente del Gobierno, fijó una multa irrisoria a una de las empresas responsables del apagón de la semana pasada en plena ola de calor en el AMBA. Un “castigo” que no les hace ni cosquillas a Vila y Manzano, que el año pasado recibieron un 75 % más de subsidios por parte del Estado.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) impuso este martes una multa de $ 20 millones a la distribuidora Edenor por los cortes masivos del servicio eléctrico registrados la semana pasada en plena ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Así lo informó en organismo oficial mediante la Resolución 07/2022, donde responsabiliza a la distribuidora de “incumplimientos en las obligaciones contractuales en torno al deber de informar de manera inmediata las afectaciones del servicio en su área de concesión”.
Según el ENRE, Edenor no informó correctamente sobre los apagones ocurridos el martes 11, el viernes 14 y el sábado 15 de enero, eventos que perjudicaron aproximadamente a 2,3 millones de usuarios de las zonas norte y oeste de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
A su vez el organismo “regulador” (que no regula nada y deja hacer a las privatizadas lo que quieran) afirma en su resolución que resolvió iniciar un “sumario administrativo” y “formular cargos” contra Edenor por “incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública”.
En ese sentido intimó a la empresa propiedad del grupo Vila-Manzano a que presente “los registros de mantenimiento de la franja de servidumbre e informes de inspección”, realice y acredite “las mediciones de altura de conductores corrigiendo por las condiciones climáticas y el factor de carga del día y horario del evento”, acredite “las medidas preventivas que se realizaron y deberían realizarse en la Línea de Alta Tensión en resguardo de las viviendas allí instaladas”. Todo ello bajo “amenaza” de aplicarle más multas y/o sanciones “para prevenir fallas de este tipo o similares”.
Edenor ahora tiene un plazo de diez días hábiles para hacer su descargo ante el ENRE. Algo que sus equipos de abogados y contadores sabe hacer muy bien desde hace décadas para siempre terminar bien parados y sin mayores consecuencias.
Vale recordar que tras el corte del martes 11, Edenor justificó el apagón por un supuesto incendio en una casa del partido de San Martín. Esa explicación rayana con lo bizarro fue replicada nada menos que por el mismo ENRE y hasta por voceros del Gobierno nacional.
Se trata del mismo Gobierno que, según información publicada por el periodista Diego Genoud, en 2021 aumentó los subsidios para la empresa de Vila y Manzano en un 75 % respecto a 2020 y un 130 % respecto al último año de la gestión de Mauricio Macri. En números, esos subsidios representaron el año pasado una friolera de U$S 11.000 millones para las energéticas.
Sin dudas, la multa de $ 20 millones aplicada en las últimas horas a Edenor es una burla a la población afectada por los reiterados cortes que se repiten año tras año.

19.1.2022

Por La Retaguardia

Pamela Andrade, vecina de la Villa 31 e integrante de La Poderosa se refirió a la situación en las villas porteñas con respecto a la ola de calor en medio del cemento de las urbanizaciones no finalizadas. También habló de la falta de luz, agua, y el aumento de casos de Covid-19.

—¿Cómo se vive la ola de calor teniendo en cuenta el cemento de la urbanización en las villas?
—Acá en los barrios populares la pasamos mucho peor ya que no está completa la urbanización. Es horrible tener que cocinar tantas horas en los comedores, pero tenemos que hacerlo porque somos los únicos que le podemos dar algo de comer a los vecinos del barrio que de verdad lo necesitan. Todo esto es peor cuando no tenemos luz, agua. Los cortes que hubo en la Villa 31, como en otras villas de capital, no afectaron un montón. No pudimos cocinarles a los más de 400 vecinos, tuvimos que repartirles la comida cruda para que se la puedan cocinar. A veces estas personas están en situación de calle y no tienen como cocinar.
—¿Se acercaron desde la empresa proveedora de luz?
—Todavía no hubo respuesta de ningún tipo. En algunos lugares estamos sin luz y en el único lugar que había un generador es el Ministerio de Educación. Los pocos sectores donde hay luz, no tienen agua.
—¿Qué diálogo existe con el Gobierno de la Ciudad para estos casos?
—No tuvimos diálogo, acá nos organizamos entre todos los vecinos tratando de mandarnos mensajes, nos ayudamos. Si yo tengo una botella, le doy a mi vecina, quienes tuvieron o tienen luz ayudan a los que no tienen con cables.
—¿Cómo está la situación con el aumento de casos de Covid-19?
—La situación es crítica. Para hacerse un hisopado hay gente que hace filas interminables desde las tres de la mañana. Actualmente dan 180 cupos en la UFU (Unidad Febril de Urgencia) para hisopar. Y a veces menos. A las nueve ya no hay más cupos. Y si no te hisopás acá en el barrio no te ayudan con bolsones de mercadería para pasar el aislamiento. Con respecto a la vacunación y debido a los rebrotes que hubo tuvieron que cerrar los centros de vacunación en el barrio. Por otro lado, en el barrio Rodrigo Bueno no hay ningún lugar donde te puedas testear o vacunar. No podemos seguir así.

17.1.2022

Por Julieta Lalama

Es el Hogar San Martín, donde trabajan unas 300 profesionales de la salud, entre ellas muchas trabajadoras. Cobran salarios de indigencia y tienen consecuencias físicas por sobrecarga de trabajo ante la falta de personal.

El “Servicio de Asistente Gerontológico Domiciliario y Hospitalario” es un programa orientado a destinar atención a adultos/as mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. Está compuesto por trabajadoras/es precarizadas/as que realizan jornadas extenuantes, como sucede en el Hogar San Martín, una residencia permanente para adultos/as que depende del Gobierno de Larreta. Allí, las trabajadoras denuncian la brutal precarización que las atraviesa. Cobrando 35 mil pesos, han sido parte de la primera línea durante toda la pandemia, exponiéndose a condiciones de riesgo y, lejos de reconocer su tarea, son parte de la política de descarte del Gobierno de la Ciudad. Cobran su salario con depósito de un cheque, ni siquiera están registradas, una escalada más en la precarización a la que nos tiene acostumbrados Larreta. Trabajan en turnos de 6 a 12 hs, realizando tareas que implican poner su cuerpo y sobrecarga física, ya que muchas de ellas brindan atención a personas con movilidad reducida y/o sobrepeso.
Alejandrina Barry, legisladora porteña por el PTS Fit Unidad, se presentó en el lugar para conversar con ellas y llevar su solidaridad, apoyando su pelea y su demanda por ser reconocidas y acceder a derechos básicos que hoy no tienen, como vacaciones, aguinaldo, cobertura médica, entre otros.
Este ataque a la salud de las y los trabajadores es generalizado, ya que a partir del 1 de enero el gobierno nacional decidió dejar sin vigencia la norma que obligaba a las ART a presumir que la infección por coronavirus era una enfermedad profesional, por lo que debía ser cubierta por las aseguradoras.
Esta realidad atraviesa a muchas/os trabajadoras/as de la ciudad, donde la precarización es cada vez más alarmante. Mientras tanto, buscan formas cada vez más denigrantes para hacerse de “mano de obra barata”, para que los servicios y programas sigan funcionando y que las consecuencias de la crisis en curso recaiga sobre las espaldas de las y los trabajadores.
Por esto acompañamos su pelea por las siguientes demandas:
• Reconocimiento del trabajo, considerado esencial desde el principio de la emergencia sanitaria.
• A Igual trabajo, igual salario.
• Pase a planta y salarios acordes a la canasta básica
Reproducimos la declaración de los/as trabajadores/as:
“Hemos sido convocados de manera extraordinaria en el marco de la emergencia sanitaria decretada en marzo de 2020 y hemos aportado todo nuestro esfuerzo y conocimientos al servicio de los adultos mayores que residen en el Hogar San Martín durante todo este tiempo, esperando que nuestro compromiso al servicio fuese valorado en igual medida por las directivas del hogar como por quienes llevan las riendas del programa desde el Gobierno de la ciudad. Pero después de tanto esfuerzo hemos visto cómo tanto la institución, exceptuando el departamento de sociales quienes hacen lo que está a su alcance, pero desde la dirección tanto como desde el programa nos mantiene desprotegidos, recibiendo la mitad del salario que el personal de planta, sin recibo, sin bonos ni aguinaldos ni acceso a la ART y sin embargo nos exigen compromiso de nuestra parte, cuando ellos de ninguna forma nos apoyan, y evaden cualquier avance en las mejoras de nuestras condiciones de trabajo, en salas donde hay en entre 25 y 80 personas y nos pagan como cuidadores domiciliarios como si tuviésemos a cargo solo 3 residentes cuando en realidad se atiende a la sala en general, mientras que en otras instituciones como el Rawson entraron en planta transitoria desde el inicio de su vinculación. En el Hogar San Martín no se hicieron contratos y la explicación, NO LA HAY. Cuando sin temor a equivocarnos, sabemos que hemos entregado cuerpo y alma durante este año y 10 meses, primero por el bienestar de los adultos y segundo por nuestra anhelada estabilidad laboral, para que nuestra mente y cuerpo puedan seguir aportando día a día lo mejor, pues el tiempo pasa y sin mejoras en nuestra situación menguan las fuerzas y apremian las responsabilidades y ni qué decir del estado de abandono de algunas de las instalaciones en las que deben habitar indignamente los adultos mayores, quienes deben resistir la incertidumbre así como nosotros del día a día en el Hogar San Martín.”

12.1.2022

Por Agencia FARCO

La interrupción del suministro afectó a unos 700.000 usuarios y usuarios de Edenor, en la zona norte del AMBA y otras 60.000 de Edesur, al sur del Conurbano bonaerense, justo en la semana en la que se registran temperaturas de hasta 40º.

Debido a la ola de calor que se registró en varias ciudades argentinas, con temperaturas de hasta 40º, y a la falta de inversión por parte de las empresas prestadoras del servicio, gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense sufrió un corte de energía eléctrica que, en algunos casos, llegó a durar días.
La interrupción del suministro afectó a unos 700.000 usuarios y usuarios de Edenor, en la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y otras 60.000 de Edesur.
Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, aseguró que los cortes masivos se deben a la falta de inversión de las empresas: “No creo que estas empresas inviertan para dentro de 30 o 40 años recoger los frutos de lo que invirtieron”.
“En estos 30 años lo único que hicieron fue, cuando se privatizó, llevarse las empresas y ganar sobre la falta de productividad que había en Argentina hasta el 2003, y esa plata se la llevaron toda”, comentó. Después, continuó, entre “el 2003 al 2015 se quejaban que el Estado tenía la tarifa más baja. Igualmente, con el subsidio estatal, vivieron y se llevaron todo lo que se daba de subsidio porque tampoco invirtieron”, completó.
“Con Macri, como no quedaba mucho más, fueron por las tarifas y llegamos casi al 4.000% (de aumento) y esa plata tampoco se invirtió en obras ni en mejoras”, finalizó.
Por su parte, Osvaldo Bassano, presidente de Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUCC) opinó que tanto Edesur como Edenor “no sirven más como prestadoras de servicios”.
“Va a haber cortes de luz, y va a seguir el tema, hasta tanto no tomemos conciencia que Edesur o Edenor que directamente no sirven más como prestadoras de servicios. Así se aumenta $1 o 5.000%, paguemos $10.000 por la luz de manera mensual, no se va a solucionar el tema”, sentenció.

12.1.2022

El dato surge de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y registra un incremento interanual del 46,8 % en la Canasta Básica Alimentaria. Al igual que el Indec, el método esconde bajo la alfombra el verdadero umbral de la pobreza.

Una familia tipo de dos adultos activos, propietarios de un inmueble y con dos hijos varones necesitó, en diciembre de 2021, $ 40.101 pesos para superar la indigencia y 76.177 pesos para traspasar el umbral de la pobreza.
Los datos surgen de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (DGEyC), que mide la situación de los hogares de manera estratificada, con distintos niveles de pobreza y el umbral de ingresos para lo que considera la “clase media”.
De acuerdo al informe, las familias “No pobres, vulnerables” son las que tienen ingresos que oscilan entre el valor de la Canasta Básica Total ($76.177) y el valor de la Canasta Total ($ 94.472). También considera al “Sector medio frágil”, cuyo ingreso familiar osciló entre los 94.472 y 118.091 pesos (1,25 veces la Canasta Total).
Para ingresar al estrato de la “Clase media”, el informe estipuló que una familia tipo, con vivienda propia, requirió ingresos que oscilaran entre los 118.091 pesos y 377.891 pesos (4 veces la Canasta Total). Los sectores “acomodados” serían aquellos hogares que perciben ingresos por encima de este último umbral. De esta manera, una familia compuesta de dos trabajadores formales de alguna industria más o menos importante, con algunos años de antigüedad y trabajando horas extras, con dos hijos, serían parte del sector más “acomodado” de la sociedad. Un verdadero disparate.
La metodología de la DGEyC, bajo el comando del gobierno porteño, no aporta información que ayude a medir el verdadero umbral de la pobreza, claramente subestimado por las estadísticas oficiales. Recordemos que el Indec midió el valor de la Canasta Básica Total en 73.918 pesos. Un valor semejante al que mide la DGCyE bajo la conducción del gobierno de Horacio Rodriguez Larreta.
Por ejemplo, basta con que una pareja de jubilados propietarios de un inmueble, tenga ingresos por encima de los 37.518 pesos (dos jubilados que no llegan a cobrar dos jubilaciones mínimas) para que deje de ser considerada como pobre, según el informe de la DGEyC.
Un método más aproximado a la realidad es el que desde hace años elaboran los técnicos de la Junta Interna de Ate-Indec, que estableció que en noviembre de 2021, una familia tipo necesitó $ 118.882 para satisfacer sus necesidades más elementales. Este umbral de “Consumos Mínimos” supera en más del 60% el umbral de pobreza que miden tanto el Indec, como la DGEyC, que considera a una familia con ese nivel de ingresos como parte de la “clase media”.
Según el Indec, hasta el tercer trimestre de 2021, más del 70% de los hogares no alcanzaba a cubrir esta canasta de consumos mínimos.
La subestimación de la pobreza y la indigencia busca ocultar bajo la alfombra las consecuencias de una política sistemática de ajuste contra el pueblo trabajador que vienen aplicando los gobiernos de Cambiemos y el Frente de Todos, a la vez que establecer un parámetro rastrero a las negociaciones paritarias y los aumentos de salarios y jubilaciones mínimas legales.
Es necesario romper el techo salarial para recuperar todo lo perdido en estos años, estableciendo un salario mínimo igual a la Canasta de Consumos Mínimos y la actualización automática de salarios y jubilaciones en función de la inflación.